La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía analiza anualmente asuntos que tienen una relevancia social o merecen de una atención especial por la sociedad en general y por los poderes públicos en particular. Pretendemos con estas iniciativas visibilizar una problemática emergente o que no está siendo suficientemente atendida, aportando recomendaciones y sugerencias que, desde nuestra posición de garantes de los derechos de las personas menores de edad, pueden contribuir al bienestar de muchos niños y niñas en Andalucía.En esta ocasión, abordamos una realidad de suma importancia para el bienestar y desarrollo de este sector de la población. Nos referimos a las situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia. Se trata de aquellas situaciones que, por diversas circunstancias, el niño o la niña se ve perjudicado en su desarrollo, bienestar o en sus derechos, siendo necesaria la intervención de las administraciones públicas para paliar el riesgo antes de tener que proceder a la adopción de una medida más drástica como es la separación del menor de su entorno familiar.
Nos enfrentamos a un fenómeno muy complejo por la pluralidad de causas que pueden motivar la situación de riesgo, por la especial vulnerabilidad en la que se encuentran sus protagonistas, por la pluralidad de administraciones con competencia en la materia y, también, por las extraordinarias consecuencias que una negligente o inadecuada intervención puede acarrear en la vida del niño o la niña al ser declarado en situación de desamparo y pasar a estar tutelado por la Entidad pública con la correspondiente separación del núcleo familiar.
La experiencia de esta Institución en el desempeño de sus labores nos ha permitido constatar que las administraciones con competencia en la materia no siempre se encuentran capacitadas para dar cumplimiento con rigor a los principios, directrices y actuaciones que han de regir las intervenciones públicas ante las situaciones de riesgo de niños y niñas. Comprobamos cómo las medidas preventivas no siempre son suficientes o, en su caso, no llegan a todas las personas menores de edad y familias que las demandan. En otras ocasiones, las intervenciones públicas ante dichas situaciones no se identifican con las verdaderas necesidades de las personas afectadas; o, en el peor de los casos, el abordaje de la situación no ha podido revertir el riesgo y culmina con una declaración de desamparo del menor por la Entidad Pública que conlleva su separación de la familia, con el coste emocional, social e incluso económico que de ello se deriva.
