El Defensor solicita la paralización de desahucios de vivienda por deudas de la Seguridad Social

No solo son deudas hipotecarias. El Defensor ha atendido desde el año pasado varias quejas de personas que han sido expulsadas de sus hogares por deudas con la Seguridad Social que han sido ejecutadas por la propia administración. lEl Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. describe determinados supuestos de personas en situación “de especial vulnerabilidad” que se verían beneficiados de una paralización del proceso judicial o extrajudicial dirigido al desahucio y lanzamiento de su vivienda. En opinión de esta Institución no resulta aceptable, ni razonable que por las autoridades públicas se apruebe una norma destinada a impedir a las entidades financiera que lleven a efecto el lanzamiento de sus viviendas de las personas que no pueden cumplir sus obligaciones hipotecarías, y, por otro lado, esas mismas autoridades públicas permitan que la Administración proceda a embargar y subastar las viviendas de quienes no pueden afrontar el pago de sus deudas a la Seguridad Social. El Defensor ha iniciado una queja de oficio para proponer soluciones a estas intervenciones recaudatorias que resultan especialmente lesivas.

El Defensor del Pueblo Andaluz tramitó una queja en la que un usuario había tenido que abonar derechos de extensión del servicio de suministro eléctrico ante la negativa de la compañía suministradora y distribuidora ENDESA a facilitar el servicio. El Defensor advirtió que esta queja tenía otros antecedentes y podía poner en evidencia un incumplimiento reiterado de la entidad en sus obligaciones. Para ello pedimos a la autoridad de Industria que vigilara estas précticas mediante una actuación inspectora y promoviera actuaciones de sanción en el caso de que se acreditaran prácticas indebidas. Desde luego, solicitábamos que se devolvieran a los usuarios perjudicados las cantidades indebidamente abonadas con sus intereses devengados.

Finalmente, estas peticiones han sido conocidas en la Comisión Nacional de la Competencia y han provocado la apertura de un expediente sancionador.

El Defensor ha recibido una representación de las entidades profesionales de Trabajo Social. Las asistentes ha explicado la situación del colectivo con un grave impacto en el empleo a partir de las limitaciones presupuestarias en política sociales. El colectivo que aglutina a los Colegios Profesionales de Trabajadores Sociales y han han destacado su papel esencial para grantizar la prestación eficaz de estos imprescindibles servicios.

Más información de las demandas de la entidad en www.catrabajosocial.es/

Nuevo Decreto de Fiscalía explicando las actuaciones realizadas hasta la fecha. Respuesta de la Secretaría General de Consumo informando de las actuaciones realizadas en cumplimiento de la Resolución dictada por el Defensor.

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. con fecha 12 de diciembre de 2012, se ha dictado un nuevo Decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía, informando de las actuaciones realizadas en relación con las denuncias sobre participaciones preferentes, relatando el resultado obtenido en las pesquisas policiales emprendidas respecto de algunas entidades financieras y ordenando nuevas actuaciones investigadoras por parte de las distintas Fiscalías Provinciales.

Asimismo, en el Decreto se incluye un análisis pormenorizado de las posibilidades de intervención de la Fiscalía ante la jurisdicción civil para pedir la nulidad de los contratos suscritos de forma irregular para la adquisición de participaciones preferentes y la devolución de las cantidades invertidas.

Secretaria General de Consumo. El 21 de diciembre de 2012, se recibe respuesta definitiva de este organismo a la Resolución que le fuera dirigida por esta Institución con fecha 20 de julio de 2012 con el fin de instarle a adoptar medidas efectivas para amparar los derechos e intereses de las personas consumidoras afectadas.

De la respuesta recibida se deduce la plena aceptación de la Resolución dictada por esta Institución y la realización de diversas actuaciones cuya finalidad es la salvaguarda de los derechos de los consumidores afectados por las participaciones preferentes, incluida la apertura de expedientes sancionadores a diversas entidades financieras.

·      Decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía

·      Respuesta de la Secretaría General de Consumo

·      Relato de las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz