El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado hoy las preocupaciones de la provincia de Málaga recogidas en el Informe Anual 2020, presentado en el Parlamento andaluz, con la entrega de esta memoria a la Delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

El Defensor del Pueblo andaluz ha saludado a los delegados  provinciales de la Junta de Andalucía en Málaga, que le han recibido en la sede de la Delegación. En la reunión con la Delegada del Gobierno andaluz, el Defensor del Pueblo andaluz le ha transmitido la importancia de aumentar la presencia de la Defensoría en esta provincia "dinámica, emprendedora y viva". Entre 2019 y 2021 esta Institución ha gestionado 1.457 quejas, una cuarta parte de ellas de servicios sociales, 350. En toda Andalucía, el Defensor acometió cerca de 30.000 actuaciones, entre la gestión de más de 12.000 quejas y de 16.000 consultas, de las cuales sobre un 12% pertenecieron a la provincia de Málaga.

En rueda de prensa posterior, Jesús Maeztu ha expresado los retos de la sociedad ante la Covid-19, "como son el reforzamiento de los servicios públicos, una economía de cuidados, el diseño de un sistema de acogida y de la humanización de la Administración". 

El Defensor del Pueblo andaluz ha presentado asimismo su Servicio de Mediación implantado de manera pionera en el conjunto de las Defensorías, y se ha reunido con entidades públicas con servicio de mediación en la provincia.

El Defensor del Pueblo ha conocido de manera directa los trabajos de la mesa técnica para la recuperación del barrio de Los Asperones en Málaga capital. Maeztu, que ha participado en el impulso de esta mesa y que ha visitado este barrio en varias ocasiones, ha recomendado a los miembros de la mesa técnica "conocer el perfil de las personas, enfocar el objetivo en el empleo, y trabajar de la mano con quienes ya están dentro en la inclusión".

El Defensor del Pueblo andaluz se reunirá esta tarde con una treintena de asociaciones de la provincia que han solicitado cita. Igualmente, la Oficina de Información y Atención Ciudadana sigue atendiendo presencialmente a la ciudadanía en el edificio del Rectorado hasta mañana miércoles. En la jornada de mañana 11 de mayo el Defensor del Pueblo andaluz mantendrá una reunión para conocer cómo funcionan los servicios sociales en la provincia y las problemáticas en cuanto a Ingreso Mínimo Vital, Erascis, dependencia, plantilla de los servicios sociales comunitarios, transformación digital,  vivienda y pobreza energética.

• Valora positivamente el proyecto de Ley de la Infancia y Adolescencia en Andalucía

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha valorado hoy muy positivamente el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Para el Defensor “esta futura ley va a constituir uno de los hitos más importantes en la tarea del Parlamento de Andalucía para la atención y protección de los niños y niñas andaluces”.

Durante su intervención, Jesús Maeztu, ha aportado algunas reflexiones sobre este proyecto legislativo, fruto del intenso trabajo que desarrolla en defensa de los derechos y las libertades de la infancia y adolescencia en Andalucía.

Para el Defensor es fundamental el acomodo de esta Ley a las prescripciones futuras de la norma estatal de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia de la que recientemente se pronunció como muy importante para visibilizar los casos de violencia y proteger a los niños y las niñas con todas las herramientas posibles.

Jesús Maeztu ha propuesta una nueva redacción del artículo 3 sobre el interés superior del menor, otorgando mayor protagonismo y concreción a este principio fundamental acorde con su triple dimensión como derecho sustantivo; principio general y norma de procedimiento.

El Defensor del Menor de Andalucía ha pedido un mayor reconocimiento del derecho del menor a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, así como que su opinión sea tomada en cuenta y a recibir la información en un lenguaje comprensible y en formatos adaptados a sus circunstancias. Este derecho del niño a ser oído y escuchado es una de las aportaciones más trascendentes en orden a considerar al menor como sujeto de derechos, ya que supone una transformación que convierte al menor en protagonista activo.

El titular de la Institución considera que este proyecto de ley reconoce el ejercicio de este derecho, sin embargo, a su juicio, es necesario un mayor reconocimiento, teniendo en cuenta la realidad de nuestra Comunidad Autónoma como destino de cientos de niños y niñas que llegan a las costas andaluzas sin referentes familiares en busca de un futuro mejor. Sobre estos menores, el Defensor también ha señalado la oportunidad de que la futura Ley de infancia contemple de manera expresa las señaladas garantías y condiciones para la infancia migrante sin referentes familiares, destacando la importancia de incidir en los aspectos recogidos en la señalada Ley Orgánica en cuanto que para dichos menores se procurará la búsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, siempre que dicha medida responda a su interés superior y no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en riesgo su seguridad.

Durante su exposición, Jesús Maeztu ha reclamado una mayor protección para los jóvenes que abandonan el Sistema de Protección al alcanzar la mayoría de edad. El titular de la Institución ha recomendado que la futura Ley andaluza reconozca el liderazgo del Sistema de Protección en la promoción y desarrollo de un proyecto integral de inclusión social para estos jóvenes.

El Defensor del Menor ha valorado positivamente el carácter prioritario de la reunificación familiar cuando la actuación protectora implique la separación de su entorno familiar, pero, a su juicio, es importante ampliar la regulación respecto de las garantías y condiciones en las que se deben realizar los procesos de reunificación del menor.

Asimismo ha pedido la retribución del acogimiento familiar para el sustento de los menores acogidos, sobre el que ha dicho que no puede ser concebido como una medida meramente asistencial, sino como la medida de protección más aceptable para la persona menor de edad y que evita los efectos negativos del internamiento prolongado en centros de protección. En este sentido considera que la obligación de la Administración de proteger al menor y garantizar su bienestar debe actuar en consonancia con las necesidades económicas de la familia que previamente ha declarado idónea para el acogimiento de la persona menor bajo su tutela.

Finalmente, el Defensor del Menor de Andalucía ha pedido que en la futura Ley de la Infancia y Adolescencia se contemple un mayor desarrollo de la figura de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, como garante de los derechos y libertades de estas personas menores de edad.

Han transcurrido más de dos décadas desde la creación del Defensor del Menor en Andalucía, y la experiencia y el trabajo desarrollado permiten poner de manifiesto la consolidación progresiva de la figura del Defensor del Menor de Andalucía como garante de los derechos de la infancia y adolescencia. Esta especial dedicación a los derechos de las personas menores de edad que contempla el nuevo Estatuto de Autonomía, las directrices establecidas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el incremento de la aspiración de la sociedad andaluza por dar una mayor trascendencia y seguridad jurídica al desarrollo y protección de los derechos de los menores, son razones que han de servir para que la futura ley contemple un mayor desarrollo de esta figura.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se reúne mañana martes 11 de mayo con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, para trasladarle las principales quejas y consultas de la ciudadanía de la provincia de Málaga recogidas en el Informe Anual 2020 y presentarle el servicio de Mediación de la Institución. El encuentro está previsto a las 10 de la mañana, en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga.

A las 11,30 horas está prevista una rueda de prensa. Los gráficos pueden tomar imágenes de la recepción y el inicio de la reunión previa.

Un equipo del Defensor del Pueblo andaluz ha participado hoy en la sesión de trabajo organizada por el Instituto Internacional del Ombudsman, la organización para la cooperación de los más de 200 instituciones independientes de Ombudsman presentes en más de 100 países en todo el mundo.

El Defensor del Pueblo andaluz y la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla han firmado hoy un protocolo de colaboración en el marco del programa de prácticas del alumnado. El protocolo de colaboración lo han firmado el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, Alfonso Castro.

Según recoge el texto del protocolo, la colaboración se adaptará a las necesidades y posibilidades de actuación de ambas instituciones y podrá concretarse, por ejemplo, en la elaboración de informes o dictámenes jurídicos que recojan el resultado del estudio llevado a cabo en relación a la demanda planteada por el Defensor del Pueblo; la elaboración de protocolos de actuación ante la violación de derechos, o la elaboración de guías divulgativas de derechos y deberes, entre otras actividades.

Asimismo, la colaboración entre el Defensor del Pueblo andaluz y la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla podrá desarrollarse en la participación en congresos, jornadas y seminarios tanto nacionales como internacionales sobre derechos fundamentales; la elaboración de textos formativos y cualquier otro material que sirva para el aprendizaje de la metodología clínica; o la realización de acciones formativas e informativas, tales como seminarios, talleres de trabajo, jornadas o cualquier otra que sirva a los objetivos de las partes, entre otros trabajos que atiendan a los objetivos comunes de las partes.

El protocolo de colaboración firmado hoy desarrolla el convenio suscrito con la Universidad de Sevilla el 29 de septiembre de 2020 sobre cooperación educativa para la realización de prácticas académicas externas curriculares en la institución del Defensor del Pueblo Andaluz por los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la misma.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha ensalzado hoy la igualdad de oportunidades y la importancia de defender la igualdad de derechos para los niños y las niñas con motivo del dibujo ganador del XIII Premio del Defensor del Menor 'Así veo mis derechos'.

En un acto en el municipio cordobés de Encinas Reales, el Defensor del Menor de Andalucía ha entregado el premio al centro educativo y a dos alumnas de Sexto de Primaria del Colegio Nuestra Señora de la Expectación por un dibujo sobre el derecho a la igualdad.

El Premio del Menor de Andalucía es una invitación directa a todos los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, con el objetivo de promover que conozcan sus derechos y fomentar la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Asimismo, el accésit en la modalidad de dibujo ha recaído en un grupo de alumnos y alumnas de Educación Especial del colegio Eduardo Lucena, de Córdoba.

En la modalidad de vídeo, el Defensor del Menor de Andalucía entregó el pasado 16 de abril el XIII Premio del Menor 'Así veo mis derechos' al Colegio de Educación Especial San Juan de Dios - Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se desplaza a la provincia de Málaga los próximos 10, 11 y 12 de mayo, para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a la ciudadanía en Antequera el lunes 10 de mayo, y en Málaga capital el martes 11 y el miércoles 12 de mayo.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

El lunes 10 de mayo la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos de la comarca antequerana, en concreto, de Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción. La atención será en el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Antequera, calle Picadero sin número, en horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

El martes 11 y miércoles 12 de mayo el Defensor del Pueblo andaluz estará en Málaga capital. La Oficina de Información atenderá, en horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas en el Rectorado de la Universidad, en avenida de Cervantes número 2, junto al Ayuntamiento.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se reunirá con la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, para interesarse por la situación de la provincia y trasladar las principales reclamaciones que le llegan de la ciudadanía. Asimismo, el equipo de Mediación del Defensor del Pueblo andaluz mantendrá una reunión con entidades de carácter público que cuentan con áreas de mediacion en la provincia de Málaga. La Oficina de Información y Atención Ciudadana mantendrá reuniones con representantes del movimiento asociativo y con trabajadores sociales.

Servicios sociales, vivienda e información y atención ciudadana han sido las materias con mayor demanda

Una de cada cuatro solicitudes de actuación presentadas por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo andaluz en el año 2020 estuvo directamente relacionada con la pandemia por coronavirus (SARS COVID-19). En concreto, fueron 2.128 quejas de las 8.752 iniciadas este año y 4.275 de las 12.573 consultas gestionadas.

Este impacto de la pandemia en las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz lo ha destacado hoy el titular de la institución, Jesús Maeztu, en la presentación del Informe Anual 2020 ante la Comisión de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones celebrada en el Parlamento andaluz.

Fueron 35.146 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario. De ellas, 8.665 presentaron quejas, lo que sumadas a otras 87 que abrimos de oficio, hicieron un total de 8.752 quejas. A estas sumamos 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. Este número de quejas y consultas, sumadas a las 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrecieron un balance total de 29.823 actuaciones.

Estos registros han sido históricos en la Institución. Las demandas de información y asesoramiento de la ciudadanía como consecuencia de la pandemia decretada por la extensión de la COVID han elevado un 25% tanto el número de quejas como el de consultas con respecto al informe del año anterior, 2019. Servicios sociales, vivienda, información y atención ciudadana, educación, empleo público, menores y salud han sido las materias más demandadas por la ciudadanía.

Jesús Maeztu ha señalado que “2020 ha sido el más duro y difícil de cuantos recuerda en los casi cuarenta años de historia de esta Institución”, si bien también “un año para no olvidar” en cuanto a las lecciones que se deben extraer de esta experiencia con un objetivo: avanzar hacia la igualdad real.

Jesús Maeztu ha expuesto que en el Informe Extraordinario Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia presentado por la Institución el pasado noviembre se recogen 13 retos para dar respuesta a las necesidad más urgentes y perentorias que está trasladando la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo andaluz ha condensado esos 13 retos en cuatro, como aportaciones o lecciones que nos está dejando la COVID, desde la perspectiva de la Institución como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía.

La primera lección sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos, en cuanto a los servicios sanitarios y de servicios sociales, con un nuevo modelo de gestión de las residencias de mayores.

En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que esta crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, al tiempo que ha dedicado una atención especial a la salud mental.

En tercer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que urge la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.

En cuarto y último lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad. Entre otros, este sistema debe dar acogida a las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales; las garantías de suministros mínimos de luz y agua; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo, ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.

El pasado 15 de abril de 2021el Congreso de los Diputados aprobó el poyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia a la Adolescencia. Desde el Defensor del Menor de Andalucía, como garante de los derechos de la infancia y adolescencia, valoramos muy positivamente su aprobación. Durante la entrega del XIII Premio del Menor, el pasado 16 de abril, el titular Jesús Maeztu expresó la importancia de visibilizar los casos de violencia y proteger a los niños y las niñas con todas las herramientas posibles. “La sociedad y los poderes públicos debemos trabajar para proteger a muchos niños y niñas de todas aquellas situaciones de violencia que ponen en peligro su vida y que, sin duda, pueden condicionar su desarrollo en el futuro, como en el caso de agresiones físicas, abusos sexuales, maltratos, acoso escolar o bullying”.

El trabajo que viene realizando esta Institución como Defensor del Menor de Andalucía, junto con el Ararteko y el Síndic de Greuges , ha merecido el reconocimiento como agentes que han contribuido con su trabajo a la aprobación del Proyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia.

Compartimos el enlace y artículo de Pepa Horno titulado “Celebración y memoria de la aprobación de la LOPIVI”, donde se mencionan las áreas de Infancia de nuestras tres defensorías.

Desde el Defensor del Pueblo Andaluz como Defensor del Menor de Andalucía requeríamos una Ley como esta, con una protección integral del menor que sufre violencia y que promueve, aún más, su interés superior. Felicitar a todas las Organizaciones implicadas y a las Defensorías que como el Defensor del Menor de Andalucía trabajamos e impulsamos esta iniciativa.

· El Defensor citará a la administración que no colabore a comparecer en la Institución a partir del trámite de Advertencia

·Esta medida contribuye a consolidar otros derechos como la buena gobernanza, la transparencia, la participación, o el acceso a una información clara

El Defensor del Pueblo andaluz ha puesto en marcha una nueva medida en su proceso de tramitación de quejas para mejorar la colaboración con las Administraciones públicas en su deber de atender y responder las reclamaciones de la ciudadanía.

Se trata de un nuevo procedimiento en la Institución que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. A juicio del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, “es inadmisible la no respuesta por parte de algunas administraciones. La falta de atención de los poderes públicos, al no contestarnos, o respondernos tarde, dificulta que podamos atender a las personas que acuden a nuestra Institución, lo que constituye una clara vulneración de sus derechos”.

La principal valoración es el normal desarrollo, en la mayoría de los casos, de los cauces de colaboración. En una media de los últimos años, en un 75% de los expedientes las Administraciones Públicas respondieron a las peticiones de informe del Defensor del Pueblo andaluz en la primera petición o al primer reitero. En concreto, en 2020, de 5.088 peticiones de informe, solo hubo que recurrir a un segundo reitero en 1.328 casos (26,1%) y en 61 (solo el 1,2%) ocasiones ha sido necesario dirigir escritos de Advertencia ante la persistencia en no enviar la información. En total, en 1.389 casos, el 26%, el retraso de las administraciones públicas en el cumplimiento de sus deberes de informar, retrasa o impide poder actuar ante el problema que nos hace llegar la ciudadanía.

El Defensor andaluz considera que los retrasos e incumplimientos de algunas administraciones ante los reiteros y petición de informes de la Institución suponen una vulneración del derecho de auxilio al Defensor para su labor de garante de derechos. Con esta nueva medida se quiere corregir esta falta de respuesta de las administraciones a la ciudadanía y evitar que cualquier autoridad o funcionariado obstaculice la investigación del Defensor.

De esta manera, se convocará una citación personal para comparecer en la Institución a partir del trámite de advertencia. Para el Defensor del Pueblo andaluz esta medida de persuasión supone una mejora del servicio que presta la Institución para la atención y protección de los derechos de la ciudadanía, además de favorecer y contribuir a la consolidación de derechos como la Buena gobernanza, la Transparencia, la participación, o el acceso a la información clara, entre otros.