El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha advertido hoy sobre el papel de las Defensorías en la defensa de los derechos humanos y ante los retos de las democracias en el XXV Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, evento que reúne desde ayer a defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos de 22 países en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana.

El Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado que la pandemia por COVID “ha relevado las carencias en derechos y el riesgo de que estos se vuelvan irreversibles”, así como los nuevos retos a los que se enfrentan las democracias, como la brecha digital y sus efectos en la educación de la infancia y la adolescencia, consideración que han compartido otros participantes en la mesa como el procurador federal de los derechos de los ciudadanos de Brasil, Carlos Vilhena y la defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, así como desde el público el Defensor del Pueblo de Puerto Rico, Edwin García. La mesa ha tratado sobre Buena Administración y Acceso a Servicios Públicos, y ha estado moderada por el defensor del pueblo de Uruguay y director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa.

El Defensor del Pueblo andaluz ha comenzado su intervención con una mención al Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las mujeres, que se celebra hoy 25 de noviembre, y su deseo de “poner fin de una vez al patriarcado”, a lo que contribuye en su opinión una mayor protección y educación de la infancia y adolescencia.

Para el Defensor andaluz, hay problemas actuales como grandes consumidores en temas de energía, movilidad, exclusión financiera, salud, educación, “que necesitan una administración que trate a la ciudadanía con cuidados, como una gran cuidadora, no con una ventanilla donde no le contestan”. Entre los asuntos que más le preocupan al Defensor, ha expuesto la brecha digital y sus consecuencias en los barrios más vulnerables y otros retos tecnológicos que pueden generar más desigualdad, a lo que se suma el debate sobre las energías para alcanzar una transición energética justa. Jesús Maeztu ha añadido el incremento de casos de salud mental, la memoria histórica para restituir la dignidad de las víctimas como consecuencia de la Guerra Civil, y los problemas de la infancia y la adolescencia.

Para asumir estos retos, el Defensor del Pueblo andaluz ha alentado a que el papel de las defensorías debe ser “como garantes y protectores de derechos, no como gestores de quejas”. “Tenemos un ámbito competencial muy importante donde la raya es la coercibilidad. Estoy de acuerdo -con el Defensor de Uruguay- en que contamos con la magistratura de la persuasión”, ha señalado Jesús Maeztu, que ha añadido que, además de la supervisión de las administraciones públicas, la institución cuenta ahora con la mediación para resolver los conflictos de la ciudadanía. En este sentido, Jesús Maeztu ha mencionado un convenio firmado la semana pasada con el Consejo General del Poder Judicial para una posible delegación de asuntos de la jurisdicción contencioso-administrativa al Defensor.

En el Congreso de la FIO los defensores están analizando los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan para la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El tema central consiste en Pandemia, buena administración pública y derechos humanos.

Este viernes 26 de noviembre la Asamblea General de la FIO escogerá al presidente de la organización para los próximos dos años, en reemplazo de Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y al consejo rector que lo acompañará. Entre los candidatos se ha postulado el defensor de la República Dominicana, Pablo Ulloa, candidatura que el Defensor del Pueblo andaluz apoya en su nombre y en el del resto de los defensores autonómicos españoles.

La violencia de género constituye una persistente y devastadora violación de los derechos humanos de las mujeres y de los niños y niñas a su cargo, así como un obstáculo fundamental para la igualdad entre mujeres y hombres. Incluso en las sociedades más avanzadas, las mujeres continúan siendo controladas, amenazadas, agredidas y asesinadas, si bien no existen cifras totalmente reales debido a la impunidad de la que aún hoy gozan muchos de los perpetradores y la estigmatización, vergüenza y miedo que sufren las víctimas.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” Aunque en nuestro país se ha avanzado mucho a nivel normativo para luchar contra esta lacra social, fundamentalmente gracias a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra violencia de género, lo cierto es que muchas de las Comunidades Autónomas han estimado la necesidad de aprobar normas que amplían el concepto de violencia de género, inspirándose en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica, que se aplica a todas las formas de violencia contra las mujeres y comprende todos los actos de violencia basados en el género que impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, en la vida pública o privada.

Quedan importantes retos por superar, entre ellos proceder a la revisión del texto vigente de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, e impulsar los cambios legislativos necesarios para ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres y violencia doméstica contenidos en el Convenio de Estambul. En este sentido no podemos sino reiterar el contenido de la Declaración conjunta de todas las Defensorías del Pueblo de España, tras sus Jornadas de Coordinación de 2018, en la que se recuerda a los poderes públicos la obligación que tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

La promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás no podrá cumplirse sin poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, para lo cual es imprescindible la implicación de toda la sociedad en su conjunto. En la misión que asume el Defensor del Pueblo Andaluz se encuentra la de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía y la defensa de una cultura de paz, y entre los valores que marcan nuestra actuación, la igualdad de género y el compromiso social.

Desde esa perspectiva y conscientes de la necesidad de que el problema al que nos enfrentamos requiere importantes cambios no solo a nivel jurídico y administrativo, sino sobre todo de la sociedad y los valores que tradicionalmente han situado a la mujer como un sujeto de menor valía, hemos asumido en la Estrategia del Defensor del Pueblo Andaluz 2021-2024 el compromiso de asegurar un enfoque transversal en todas nuestras actuaciones y de integrar la perspectiva de género e igualdad de trato.

Por otro lado, la Estrategia se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, así, asumimos como metas:

1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
3. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
4. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Analizarán los impactos de la pandemia COVID-19 en las personas vulnerables y los retos para la vigencia plena de sus derechos fundamentales

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, participa desde hoy miércoles en el XXV Congreso y XXVI Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que se celebra en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana.

El Defensor andaluz será el representante español en una reunión en la que estarán representados 22 países de Iberoamérica a través de sus defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos. Los defensores analizarán los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan para la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El tema central consiste en Pandemia, buena administración pública y derechos humanos.

El Defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, en su carácter de anfitrión del encuentro explicó que, a raíz de la pandemia de la COVID-19, los grupos en situación de vulnerabilidad han visto acentuar sus entornos de riesgo poniendo de relieve las profundas desigualdades económicas y sociales de los países, y el reto que plantea garantizar sus derechos.

El encuentro comienza hoy miércoles 24 con el desarrollo de sesiones internas de las redes temáticas y los grupos de trabajo de la FIO. Están previstos los encuentros de la Red de Niñez y Adolescencia, en la que participará el Defensor andaluz en su calidad de Defensor de la Infancia y la Adolescencia, y la Red de Defensorías de Mujeres, en la que participará la directora de gabinete del Defensor del Pueblo andaluz, Soledad Rosales. Entre los temas a tratar también se aborda la preservación de los derechos de las migraciones y trata de personas, así como la conservación medioambiental y las prerrogativas de los trabajadores del segmento minero y del sector privado.

Mañana jueves 25 de noviembre será la inauguración del Congreso, en el que el Defensor del Pueblo andaluz participará en la sesión sobre Buena Administración y el acceso a los servicios básicos, junto al procurador federal de los derechos de los ciudadanos de Brasil, Carlos Vilhena; la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz y el Defensor del Pueblo de Uruguay y director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faroppa.

Por último, la Asamblea General de la FIO escogerá el viernes 26 de noviembre al presidente de la organización para los próximos dos años, en reemplazo de Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y al consejo rector que lo acompañará.

Lola, Pablo, Carla, Dominika, Sofía... le preguntan al Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, por los derechos de los niños y las niñas en el Día Universal del Niño en un taller escolar en la televisión y la radio escolar del CEIP San Pedro de Alcántara, en Marbella.

https://www.youtube.com/watch?v=Xg-C-ggXEo4

• La Institución ha dado la bienvenida al nuevo Consejo que en los próximos dos años trabajará en la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

• Este Consejo de Participación está constituido por un representante de cada provincia andaluza

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía ha celebrado este sábado el acto de constitución de su nuevo Consejo de Participación que durante los próximos dos años asesorará y trabajará con la Oficina del Defensor en los problemas y derechos de los niños y niñas y adolescentes.

Este consejo, el sexto en la historia de la Institución, está formado por ocho adolescentes, en representación de cada provincia andaluza. En concreto, Francisco B.P. de 3º de la ESO, en Huércal Overa (Almería); Natalia M.T. de 3º de la ESO, en Chiclana de la Frontera (Cádiz); Ana P.R. de 1º de la ESO en Encinas Reales (Córdoba); Diana L.L. de 2º de la ESO en Armilla (Granada); Javier M.M, de 2º de la ESO en Rociana del Condado (Huelva); María M.G de 1º de la ESO en Úbeda (Jaén); Gerardo P.A de 1º de la ESO en Alhaurín El Grande (Málaga) y Jaime R.M de 2º de la ESO en Dos Hermanas (Sevilla).

La renovación de este órgano de participación de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía coincide con el Día Internacional del Niño, donde el Defensor, Jesús Maeztu, ha destacado “que los niños y niñas son personas de pleno derecho, y no simplemente sujetos pasivos limitados a las necesidades y prioridades del mundo de las personas adultas”, por lo que ha recordado su “derecho a participar en todas aquellas cuestiones que les afectan e interesan, ocupando un papel activo dentro de la sociedad”.

Durante el acto de constitución del nuevo consejo, el Defensor ha pedido a sus nuevos consejeros y consejeras “que sean su voz y oídos ante los problemas de afectan a la infancia y adolescencia en Andalucía, en una escucha activa permanente. Quiero que hablemos de vuestros derechos y de lo que os preocupa de manera constructiva, para ayudar a resolverlo entre todos”, ha dicho.

En el acto de hoy, el Defensor de la Infancia y Adolescencia y sus nuevos consejeros han estado acompañados de los miembros del anterior Consejo, quienes les han dado la bienvenida y les han contado su experiencia y la labor realizada en estos dos años, entre las que han destacado el trabajo sobre el efecto de la pandemia en los niños y niñas, sobre todo, en la educación, el ocio y la salud mental, y también el trabajo sobre el buen uso de las redes sociales que plantearon en un encuentro nacional de consejos de participación de la infancia.

En este año, el nuevo consejo de participación de la Defensoría andaluza trabajará sobre el cambio climático y la violencia sexual en la infancia, entre otros temas. Un trabajo que queda recogido en los informes que anualmente el Defensor presenta ante el Parlamento de Andalucía, “trasladando a quienes tienen la misión de elaborar las políticas públicas y las leyes, lo piensan, necesitan, y desean los niños de Andalucía”, ha explicado el Defensor a sus nuevos consejeros y consejeras.

El Consejo de participación de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía también participa en todos los actos para la convocatoria y celebración del Premio de la Infancia que organiza la Institución donde forman parte del jurado que selecciona los premios y participan en el acto de entrega y en la difusión del premio en su provincia.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha congratulado hoy de la renovación en el Defensor del Pueblo de España, conveniente para consolidar la legitimidad de las instituciones una vez que había expirado el mandato de su anterior titular, y necesaria para seguir avanzando en la tarea de defender los derechos y libertades de la ciudadanía.

Maeztu ha asistido a la toma de posesión de Ángel Gabilondo junto a otros homólogos autonómicos en un acto celebrado en las Cortes Generales, y ha destacado el perfil de este catedrático universitario como una "persona de contrastado consenso, dialogante y favorable al acuerdo, con una dilatada trayectoria y experiencia".

El Defensor andaluz, decano de los defensores autómicos al aprobar su ley en 1983, se ha puesto a disposición del nuevo Defensor estatal para reforzar los mecanismos de colaboración y coordinación de ambas instituciones con el fin de satisfacer las demandas de la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, han firmado hoy en Madrid un convenio de colaboración para contribuir a la difusión de la mediación administrativa, así como a la implantación de la mediación intrajudicial contencioso-administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Según el texto del convenio, el acuerdo entre el Defensor del Pueblo andaluz y el Consejo General del Poder Judicial compromete a cada una de las partes a la promoción y desarrollo de la mediación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa como vía complementaria de solución de conflictos, con el fin de poner a disposición de la ciudadanía nuevas herramientas que le permita lograr soluciones satisfactorias a sus pretensiones. Entre las medidas, el Defensor del Pueblo andaluz y el CGPJ impulsarán el diseño y puesta en marcha de un proyecto piloto práctico, que tiene como objetivo la posibilidad de que se deriven asuntos desde la jurisdicción contencioso-administrativa al Defensor del Pueblo andaluz, en el marco de sus competencias.

La mediación intrajudicial en el ámbito contencioso-administrativo persigue poner a disposición de la ciudadanía un procedimiento complementario y/o alternativo al proceso judicial que permita un mayor equilibrio entre los derechos e intereses públicos y privados en juego. De esta manera se consigue una alternativa a dificultades como la complejidad del acceso a la jurisdicción, las dilaciones en la tramitación de los procesos, el incremento de la litigiosidad, y los costes y formalidades de aquellos. También es objetivo de este tipo de mediación la transformación de la relación entre la Administración Pública y la ciudadanía, a través de la búsqueda de fórmulas flexibles que permitan una mejor comunicación entre las partes.

Por último, con la mediación intrajudicial en el ámbito contencioso administrativo se persigue alcanzar una mayor comprensión de todo el proceso para ambas partes, siempre respetando la legalidad vigente, el interés público y el principio de buena administración, que enlaza con el principio de eficacia y calidad en los servicios públicos a los que está sometida toda actuación administrativa.

Con el fin de velar por el cumplimiento de este acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las instituciones. La Comisión se reunirá al menos una vez al año para examinar los resultados de la cooperación realizada.

El adjunto al Defensor del Pueblo andaluz, Jaime Raynaud, ha participado hoy junto a la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Carmen Cardosa, y la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), María Luz Ortega, en un encuentro en el ámbito de la Cooperación Bilateral con Mozambique, a la que han asistido los presidentes de las Asambleas Provinciales de Maputo y Cabo Delgado. El adjunto al Defensor ha explicado la función de este comisionado parlamentario como institución defensora de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Desde Andalucía se están acompañando los procesos de descentralización en Mozambique mediante intervenciones de fortalecimiento institucional financiadas directamente por la Agencia andaluza de Cooperación. En el marco de estas intervenciones se enmarca una visita de intercambio de experiencias a Andalucía de una delegación de personas electas de las Asambleas provinciales de Cabo Delgado y Maputo, con la finalidad de profundizar en aquellas prácticas de éxito adquiridas durante estos años y que puedan ser llevadas y aplicadas como valor añadido en ambos territorios.

Esta delegación ha expresado su deseo de conocer la experiencia andaluza en materia de participación ciudadana y sus relaciones con las administraciones locales y regionales, invitación que ha aceptado el Defensor del Pueblo andaluz.

Jesús Maeztu traslada su defensa de una transición energética justa y presenta la Estrategia 2021-2024 de la Institución y su servicio de Mediación

La Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía atenderá presencialmente la próxima semana en Montoro y La Carlota

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha abordado hoy las principales preocupaciones de la ciudadanía de la provincia de Córdoba en una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo Milla. En lo que respecta a 2021, este comisionado parlamentario ha iniciado un millar de actuaciones motivadas por quejas y consultas de los cordobeses, entre las que destacan las relacionadas con el personal del sector público, la infancia y adolescencia, los servicios sociales, la salud, el medio ambiente y la vivienda.

El Defensor del Pueblo andaluz, asimismo, se ha interesado por los problemas relacionados con cortes de luz y, en general, por la situación energética, en relación al impacto que el incremento de los precios puede tener para los hogares y, muy particularmente, para las familias más modestas y las personas en situación de pobreza energética.

La Institución andaluza está reclamando la necesidad y la urgencia de aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables. 

En el mismo sentido, Jesús Maeztu ha trasladado su preocupación por las consecuencias sociales y ambientales que pueden derivarse del proceso acelerado de implantación de instalaciones de energía renovables -huertos solares y parques eólicos- sin una adecuada planificación previa. El Defensor ha informado al delegado provincial en Córdoba de la actuación de oficio abierta por la Institución sobre la falta de planificación en el despliegue de las energías renovables en Andalucía. 

El Defensor del Pueblo andaluz ha defendido la coordinación de los planes de lucha contra el cambio climático con otras preocupaciones de la ciudadanía como la protección del paisaje, la biodiversidad o la defensa de los intereses de las zonas en riesgo de despoblación, un posicionamiento de defensa del concepto de transición justa.

Jesús Maeztu ha avanzado que un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) de la Institución se desplazará el próximo miércoles 17 a Montoro y el jueves 18 a La Carlota para la atención presencial a los vecinos de las comarcas de Valle Medio del Guadalquivir y Alto Guadalquivir, donde además se mantendrán reuniones con las asociaciones y los equipos de trabajadores sociales.

En esta ronda de visitas a los diferentes delegados territoriales del Gobierno andaluz, el Defensor del Pueblo andaluz ha presentado por primera vez a este nivel la Estrategia 2021-2024 de la Institución, aprobada el pasado mes de octubre y que significa un punto de partida para que este comisionado parlamentario adquiera nuevas herramientas y habilidades que le permitan garantizar los derechos ante las nuevas realidades sociales que afronta la ciudadanía.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha informado al delegado territorial del cambio de procedimiento por el que el Defensor citará a la administración que no colabore a comparecer en la Institución a partir del trámite de Advertencia, como una nueva medida en su proceso de tramitación de quejas para mejorar la colaboración con las Administraciones públicas.

Jesús Maeztu también ha comentado con el delegado la Jornada organizada el miércoles en Córdoba junto a Save the Children en la que analizaron la protección integral a la infancia víctima de violencia sexual.

Tras una reunión con los delegados provinciales de cada área en Córdoba, el Defensor del Pueblo andaluz ha intervenido en la reunión que ha mantenido un equipo del servicio de mediación de la institución con entidades públicas que pudieran estar ofreciendo fórmulas adaptativas de solución de conflictos, de carácter extra o intrajudicial.