El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy en Madrid un primer encuentro institucional con el Defensor del Pueblo estatal, Ángel Gabilondo, elegido el pasado mes de noviembre por las Cortes Generales.

El Defensor del Pueblo andaluz ha transmitido a su homólogo nacional su deseo de colaboración permanente y su propósito de avanzar en la mejora de la coordinación y comunicación de los asuntos que afectan a ambas instituciones, conforme a la defensa de los derechos y libertades públicas que recoge el texto constitucional y a la garantía y protección de los derechos de la ciudadanía del Estatuto de Andalucía.

En este sentido, Jesús Maeztu ha destacado las políticas migratorias en relación a la importante afluencia de personas que acogen las costas andaluzas; al cumplimiento de la Ley de Extranjería y el Reglamento en cuestiones como protección, documentación y promoción del empleo; a la necesidad de respuesta a los asentamientos de personas en territorios agrícolas andaluces y, especialmente, a la atención a los niños y niñas de origen extranjero en su condición de Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Otro tema abordado entre ambos defensores ha sido la atención sociosanitaria en las prisiones y diversos proyectos pendientes. Asimismo, Jesús Maeztu ha expuesto al Defensor nacional las actuaciones relacionadas con el coste y los cortes de la energía eléctrica y el modelo de transición energética justa, que está teniendo un gran impacto sobre la economía de las familias, en especial, de las más vulnerables.

Entre los asuntos tratados, el Defensor andaluz ha informado a Gabilondo de la implantación de la mediación como vía de resolución de conflictos de manera pionera en el conjunto de las defensorías y del reciente convenio firmado con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para impulsar un proyecto piloto que tiene como objetivo la posibilidad de que se deriven asuntos desde la jurisdicción contencioso-administrativa al comisionado andaluz, en el marco de sus competencias.

En la voluntad de avanzar en mecanismos de colaboración y coordinación entre ambas instituciones, Jesús Maeztu ha trasladado a Ángel Gabilondo su invitación para continuar trabajando en la sede andaluza en próximas fechas y conocer de primera mano la actividad de esta institución, decana en las defensorías autonómicas del país.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana vuelve a retomar su actividad a partir del jueves 30 de diciembre en su ubicación habitual, en la sede del Defensor Pueblo andaluz, sita en la calle Reyes Católicos número 21 de Sevilla. 

Este servicio de información ha estado provisionalmente desplazado en la calle Trastamara con motivo de unas obras de acondicionamiento para mejorar los espacios dedicados a la atención al público.

Desde el 30 de diciembre hasta el 7 de enero el horario de atención telefónica y presencial sera de 9 a 14 horas.  A partir del 10 de enero de 2022, la atención telefónica y presencial se realiza en los siguientes tramos: - Por las mañanas de 8.30 a 14.30, de lunes a viernes. - Por las tardes de 16.00 a 18.00 horas, de lunes a jueves.

Las personas que deseen ser atendidas presencialmente en nuestra sede tienen la posibilidad de solicitar cita previa si  lo desean, llamando al teléfono 954 21 21 21 o por correo electrónico: citaprevia@defensordelpuebloandaluz.es. . 
También pueden enviar sus consultas o quejas a traves del correo defensor@defensordelpuebloandaluz.es o a través de la página web en la sección Defensor a un clic. 
En cuanto al servicio que prestamos para la obtención del certificado digital volveremos a informar cuando quede restablecido.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y el Colegio de Abogados de Huelva han firmado hoy un convenio de colaboración con el fin de la difusión, promoción y desarrollo de la mediación como vía complementaria de solución de conflictos.

En el convenio firmado hoy, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el presidente del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel, han puesto de relieve el objetivo de poner al alcance de la ciudadanía nuevas herramientas que le permita lograr soluciones satisfactorias a sus pretensiones, teniendo en cuenta que el ámbito de actuación del Defensor se vincula con la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Especial interés muestran ambas partes en la mediación administrativa, así como en el impulso de la implantación de la mediación intrajudicial contencioso-administrativa, al objeto de fomentar la mediación en el ámbito judicial y con el fin de descargar de trabajo a los órganos judiciales.

A tal efecto, el Defensor del Pueblo andaluz y el Colegio de Abogados de Huelva se comprometen a colaborar en la realización de actividades en materias que contribuyan a facilitar la difusión, fomento y práctica de la mediación, y que favorezcan la cualificación profesional en el campo de los estudios de ciencias sociales y de resolución de conflictos en el ámbito del Derecho, al igual que en promover la realización de jornadas formativas y/o informativas.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (Asemarb) -asociación creada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla y el Colegio de Abogados de Sevilla- han firmado hoy un convenio de colaboración con el fin de la difusión, promoción y desarrollo de la mediación como vía complementaria de solución de conflictos.

En el convenio firmado hoy, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el presidente de Asemarb y del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Cisneros, han puesto de relieve el objetivo de poner al alcance de la ciudadanía nuevas herramientas que le permita lograr soluciones satisfactorias a sus pretensiones, teniendo en cuenta que el ámbito de actuación del Defensor se vincula con la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Especial interés muestran ambas partes en la mediación administrativa, así como en el impulso de la implantación de la mediación intrajudicial contencioso-administrativa, al objeto de fomentar la mediación en el ámbito judicial y con el fin de descargar de trabajo a los órganos judiciales.

A tal efecto, el Defensor del Pueblo andaluz y Asemarb se comprometen a colaborar en la realización de actividades en materias que contribuyan a facilitar la difusión, fomento y práctica de la mediación, y que favorezcan la cualificación profesional en el campo de los estudios de ciencias sociales y de resolución de conflictos en el ámbito del Derecho, al igual que en promover la realización de jornadas formativas y/o informativas.

Asemarb es una asociación sin ánimo de lucro que mantiene una línea de trabajo permanente en métodos extrajudiciales e intrajudiciales, alternativas de solución de conflictos, como procedimientos de interés social. Es por ello que se propone como objetivo fundamental facilitar el acceso a un servicio de mediación de calidad y, además de ofrecer formación a sus asociados, se constituye como Centro de Mediación, disponiendo de un listado amplio de mediadores.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha concedido una entrevista en el nuevo ejemplar de la Revista IgUALdad (nº 18, diciembre 2021) de la Universidad de Almería. Nos complace haber participado y seguiremos implicados en la lucha por la igualdad real, analizando los temas en los que estamos trabajando desde la perspectiva de género.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de las amenazas que conlleva el impacto de la COVID-19 en la efectividad de los Derechos Humanos en Andalucía.

En una conferencia en el Colegio de Abogados de Sevilla, el Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que ya desde antes de marzo de 2020 la Institución venía denunciando la precariedad del mercado de trabajo; una creciente desigualdad y exclusión social, y la amenaza de la pérdida de derechos de una manera casi irreversible, por lo que reclamaba no solo una mayor financiación e inversión en políticas sociales y, sobre todo, una mejor gestión de los recursos por parte de las administraciones públicas.

"A todas luces, resulta evidente que la COVID ha supuesto un nuevo ataque a la vulnerabilidad de estos colectivos que no habían comenzado a recuperarse y una nueva amenaza a aquellos que estaban comenzando a estabilizarse", ha enfatizado Jesús Maeztu.

Para convivir con esta crisis, el Defensor del Pueblo andaluz ha resumido en cuatro las lecciones que debemos extraer en estos momentos. La primera sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos con mayor atención a los servicios sanitarios, especialmente en saldu mental, y a los servicios sociales.

El segundo reto sería la oportunidad de promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia.

Un tercer desafío sería la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de rehumanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social.

En cuarto lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad que, entre otros, ofrezca respuesta a personas necesitadas de unos ingresos mínimos, o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, estas líneas de acción nos acercará al objetivo de conseguir la igualdad real, en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. "Lo que no se nos debe olvidar es que la crisis social seguirá presente, como lo estuvo tras la crisis de 2008, y que nadie puede quedarse atrás", ha señalado Jesús Maeztu.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha instado a los abogados presentes a asumir la corresponsabilidad en el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos como un deber y se ha referido a la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, una suerte de reverso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que han estado trabajando expertos de todo el mundo, alentados por la Fundación Saramago e inspirados en un discurso del escritor con motivo del Premio Nobel logrado en 1998.

Los derechos humanos siempre han sufrido riesgos y peligros sobre los mismos, sin dejar de ser el instrumento indispensable para alcanzar la aspiración innata de los seres humanos de convivir en paz y en condiciones de dignidad y bienestar.

Desde el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, y contamos desde entonces con un documento que reconoce y proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

En el aniversario que hoy celebramos, nuevos retos amenazan el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y los valores que lo sustentan, como son la equidad -que implica la igualdad de oportunidades y la erradicación de la pobreza y la exclusión social- y el ideal de bienestar, -entendido como la efectividad y la calidad de los servicios públicos colectivos, como la educación o la sanidad-. La crisis sanitaria por la irrupción de la COVID-19, como lo hiciera la crisis económica la pasada década, amenaza el disfrute de estos derechos y nos obliga a aceptar el desafío de adaptarnos a los cambios sociales.

En este sentido, tienen un papel esencial las instituciones garantes de derechos, como es el Defensor del Pueblo andaluz. Nos obligamos a una mejora continua de la gestión, para que incorpore innovación, modernidad, digitalización, orientación a resultados y búsqueda de excelencia, siempre desde la transparencia y la cercanía, ante retos como la brecha digital, la transición energética, los problemas de salud mental o los cambios en la atención y protección de la infancia y adolescencia. Todo, con el fin de dar una respuesta ajustada a las necesidades de la ciudadanía.

Porque la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía supone una obligación inaplazable.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy a representantes de la Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo (Caongd), que aglutina a movimientos como CCOO Andalucía, Unrwa, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Acnur o Unicef Andalucía, que la han expuesto su preocupación ante el retroceso de la cooperación internacional.

Jesús Maeztu ha señalado que las acciones que llevan a cabo estas organizaciones son muy importantes y necesitan recursos para desarrollarlas, "la paz, la convivencia, la no discriminación, la desigualdad y apoyo específico de problemas de otros países y de Andalucía que se puedan ver cortados por la falta de recursos". "La Defensoría entiende que esta cooperación, unido al análisis de gobierno abierto, de administración eficaz y de lucha por la convivencia de los pueblos merece un respeto y una atención, sin que los recursos se reduzcan progresivamente", ha señalado.

El Defensor ha emplazado al Gobierno andaluz a atender la cooperación internacional , "que no vaya en descenso, y llegue a ser insignificante en Andalucía, una tierra muy solidaria". "Un apoyo cerrado y firme para encontrar medidas que palien la situación financiera y que los recortes se revisen y puedan ellos desempeñar la labor tan magnífica que están haciendo", ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha aceptado el ofrecimiento del nuevo Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) para ocupar una de las vicepresidencias, en concreto, la destinada a titulares de un organismo que pueda ser autonómico, regional o provincial. Otras cuatro vicepresidencias están reservadas para titulares de organismos nacionales, según establecen los Estatutos del Consejo Rector de esta federación en la que se integran defensores del pueblo, procuradores y comisionados públicos de derechos humanos de 22 países.

En la XXVI Asamblea de la FIO celebrada hoy en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, el Defensor del Pueblo andaluz ha apoyado la candidatura como presidente del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa. En su discurso ante el plenario de la FIO, el Defensor del Pueblo andaluz ha propuesto la creación de un grupo de trabajo para implementar la vía de la mediación en las defensorías, propuesta que ha sido aprobada. El Defensor andaluz se ha comprometido a presentar un informe sobre esta implantación en la próxima asamblea que se celebre de este organismo.

La Asamblea General de la FIO ha elegido al presidente de la organización en reemplazo de Augusto Jordán Rodás Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. El Consejo Rector elegido, cuya vicepresidencia primera ocupará el Defensor del Pueblo de España, tiene un periodo de vigencia de dos años.

Esta Asamblea general se ha celebrado tras el XXV Congreso de la FIO, en el que los defensores han analizado los impactos de la pandemia COVID-19 en las sociedades, comunidades y colectivos en situación especial de vulnerabilidad, y los retos adicionales que enfrentan para la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El tema central ha consistido en Pandemia, buena administración pública y derechos humanos.