El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy un reconocimiento del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía occidental en las Noches de la Psicología, celebradas en Cádiz. Jesús Maeztu ha sido distinguido por su constante labor de señalar e instar a los poderes públicos a eliminar las desigualdades y los déficits que lastran la salud psicológica y el bienestar emocional de la población andaluza, especialmente de la más vulnerable; por su vigorosa defensa de valores de justicia, solidaridad, aceptación, tolerancia y acuerdo, tan centrales en la profesión de la Psicología; y por la disponibilidad y cercanía siempre mostradas hacia este Colegio.

En su intervención, el Defensor del Pueblo andaluz ha agradecido la labor de los profesionales de la psicología en la atención a la salud mental, agravada como consecuencia de la pandemia, y ha hablado de la necesidad de invertir en las "enfermedades del alma", donde existen "sentimientos y frustraciones". "Ha habido muchas desaveniencias en las familias. Y yo me pregunto, ¿causas? Hemos sabido leer algunos mensajes de la pandemia, pero otros mensajes no", ha señalado Jesús Maeztu, quien ha mencionado los riesgos de la brecha digital o los problemas por la pérdida de la presencialidad.

El Defensor del Pueblo, también Defensor de la Infancia y Adolescencia, ha dedicado especial atención a la pobreza infantil y otras formas de violencia hacia la infancia, entre ellas el incremento de problemas asociados a la salud mental. "¿Dónde están los recursos?", se ha preguntado el Defensor, quien ha reclamado más psicólogos "para curar el alma, porque la pandemia nos ha hecho daño".

"Hace falta evitar luchar contra la estigmatización de los enfermos de salud mental; profesionales más formados; empatía de la Administración, con una política de cuidados; e incidir en la educación", ha manifestado el Defensor.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz, que dirige Jesús Maeztu, se desplaza a Córdoba el miércoles 26 y el jueves 27 de octubre para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía ambos días en en la sede de Los Colegios Provinciales (Diputación de Córdoba) en la Avenida del Mediterráneo. s/n. El horario de los dos días será de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, y ante las medidas sanitarias recomendadas con motivo de la pandemia por COVID-19, es necesario concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alentado hoy a seguir trabajando en la protección a las víctimas de violencia en la inauguración del Máster Oficial de Criminalidad e Intervención Social en Menores que organiza la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. El Defensor ha agradecido la invitación a Francisco Javier Garrido Carrillo, profesor Titular de Derecho Procesal.

Una intervención en la que el Defensor ha abogado "siempre y en todos los casos por la reeducación y la reinserción de los menores que han delinquido". Jesús Maeztu ha repasado el tema de la violencia sexual, "una realidad execrable y reprochable", para la que se cuenta con un nuevo instrumento jurídico, la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia contra la violencia.

Maeztu ha analizado los abusos que se producen en la infancia, también por los propios niños y niñas, que, al cometer actos delictivos, se ven incursos en procedimientos de responsabilidad penal, pero sobre todo en el entorno familiar. Otras de las temáticas abordadas han sido la violencia filiparental y, por último, los menores infractores con problemas de salud mental.

"Si no actuamos ahora muchos niños y niñas nos pedirán cuentas de por qué no se les protegió y se les hizo justicia; nos pedirán explicaciones de por qué no cumplimos con nuestras obligaciones legales", ha concluido el Defensor de la Infancia.

El Defensor del Pueblo de Río Cuarto, Córdoba (Argentina), Ismael Emiliano Rins, se encuentra esta semana en Sevilla invitado por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, con el objetivo de intercambiar experiencias que mejoren la gestión de ambas instituciones defensoras de derechos humanos.

Jesús Maeztu ha agradecido al Defensor de esta región argentina su acogida en la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en la que el Defensor andaluz ostenta una vicepresidencia. Recientemente Rins ha estado conociendo la Defensoría del Pueblo de Francia y otros médiateur regionales. Precisamente, uno de los puntos de interés de este encuentro reside en el servicio de mediación de la Defensoría andaluza, pionera en introducir la mediación administrativa en las Defensorías.

El Defensor de Río Cuarto ha advertido sobre la "violencia administrativa" que se ejerce sobre los defensores por parte de los poderes en países de América Latina. "Esa cola de la desigualdad de la que advierte el Defensor andaluz, que en estas regiones europeas se va acrecentando, en buena parte del continente iberoamericano se ha rebasado", ha señalado Rins, quien ha abogado por el intercambio de experiencias "desde el conocimiento y la espiritualidad necesaria".

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una queja de oficio para interesarse por la falta de convocatorias del Bono Joven al Alquiler y otros programas de ayuda a la vivienda para personas vulnerables en Andalucía.

En la actuación, el Defensor expone que a comienzos de este año se publicó el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. El citado Plan Estatal contempla diversos programas de ayudas económicas que pretenden facilitar el derecho a la vivienda, en un momento marcado por la crisis económica originada por la pandemia del COVID-19, a la que unos meses después se ha añadido la inflación causada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el Defensor señala que, "iniciado el otoño, aún nos encontramos con que dos programas esenciales de ayudas económicas del referido Real Decreto aún se encuentran sin desarrollar en Andalucía".

En primer lugar, este comisionado parlamentario ha apuntado al Bono Alquiler Joven, medida a gestionar por las comunidades autónomas, siendo primero necesario que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las comunidades autónomas llegasen a un acuerdo al respecto y posteriormente que se regulasen los términos de la convocatoria. A comienzos de junio arrancó en Cataluña y, a lo largo del verano, todas las comunidades autónomas iniciaron la convocatoria, habiéndose concluido ya, además de en Cataluña, en Cantabria e Islas Baleares. "Andalucía es la única comunidad autónoma en la que aún no se han aprobado las bases reguladoras ni publicado la convocatoria del Bono Alquiler Joven", ha señalado el Defensor.

En segundo lugar, para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, era necesaria la firma del preceptivo convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Andalucía, que no se ha producido hasta el 16 de agosto, sin haber sido aún publicado en el BOE, con un compromiso financiero por parte del Ministerio de 246,7 millones de euros para los programas a los cuales se haya acogido nuestra comunidad. Estos programas están destinados al alquiler de vivienda; a la ayuda a las víctimas de violencia de género -al ser personas objeto de desahucio de su vivienda habitual-, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida; y a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico.

Expone el Defensor que la Consejería andaluza de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha aprobado la Orden de 10 de junio de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas de alquiler, en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Sin embargo, aún no se ha procedido a la convocatoria de dichas ayudas, dándose la circunstancia de que han transcurrido dos años desde la última convocatoria de ayudas al alquiler a colectivos vulnerables.

"Del resto de programas citados se desconoce por el momento si han sido incluidos en el Convenio bilateral, si por tanto tienen financiación estatal y/o autonómica y si van a ser puestos en marcha a corto o medio plazo mediante la aprobación de las bases reguladoras y la formulación de las correspondientes convocatorias", ha aseverado el Defensor, para quien es responsabilidad de los poderes públicos cumplir con el mandato constitucional y estatutario de promover las condiciones y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, adoptando todas las medidas que contempla nuestro ordenamiento para ello.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz ha iniciado queja de oficio y ha solicitado a la Viceconsejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la remisión de informes sobre las actuaciones que se estén realizando para la convocatoria de estas ayudas, "de las que la ciudadanía andaluza con mayores necesidades se encuentra a la espera", así como sobre la fecha aproximada en la que las mismas puedan estar vigentes.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una jornada de trabajo con las administraciones competentes para interesarse por la situación de los vecinos y vecinas de la barriada de Cerro del Moro en Cádiz capital. A continuación, el Defensor ha compartido sus impresiones con asociaciones vecinales, organizaciones sociales y el vecindario en el propio barrio, en una reunión en la asociación de vecinos La Claridad.

Jesús Maeztu ha manifestado que para su persona se trata de una visita "obligada y en correspondencia con el dolor que esas personas han sufrido y estan sufriendo" por la situación de pobreza, carencias, e incluso condiciones de higiene. Para Jesús Maeztu se trata de un compromiso personal por su trayectoria personal, ya que a finales de la década de los 60 vivió en el barrio, pero que coincide con el compromiso de la institucion por mandato estatutario en la defensa de los derechos de las personas vulnerables.

El Defensor ha recordado que en 2018 compartió con los vecinos los planes de la Junta sobre el acondicionamiento de la zona y el realojo de los vecinos, y que tiene esa "deuda histórica" y ahora ejerce como "notario, certificando si se cumplen las promesas". "Yo no tengo que dar respuestas porque no es mi cometido, pero sí certificar las promesas. Lo que pretendo es escuchar; qué está resuelto y qué hay pendiente; qué tiene financiación y qué no la tiene, en un asunto enrevesado, con distintas situaciones de cada vecino. Pero llevamos mucho tiempo, y necesitamos dar un fin", ha indicado el Defensor.

El Defensor del Pueblo andaluz se ha reunido con la delegada territorial de la Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, Carmen Sánchez, junto con el director general de AVRA, Juan Carlos del Pino, y Juan Jesús Bernal, gerente de AVRA Cádiz. A continuación el Defensor del Pueblo ha acudido al Ayuntamiento para reunirse con el alcalde de la ciudad, José María González.

La Plataforma ciudadana "24 horas de urgencias sanitarias YA" de Villaverde del Río (Sevilla), pide al Defensor del Pueblo Andaluz su intervención para conocer las causas que retrasan la recuperación del servicio de urgencias 24 horas existente antes de la reorganización por pandemia y la cobertura de las plazas de médicos especialistas de atención primaria en el consultorio del municipio.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy en un acto en Sevilla una de las distinciones de la XV edición de los Premios en favor de la Salud Mental. El Defensor ha sido distinguido con una Mención de Honor por su contribución, apoyo y mediación por la salud mental por parte de la Federación Salud Mental Andalucía.

Jesús Maeztu ha agradecido el premio y lo ha compartido con los trabajadores de la Institución. El Defensor ha destacado el "dolor" que suponen estas situaciones y el "compromiso" que supone esta distinción para erradicar los problemas que causa la enfermedad. "Creo que podemos hacer algo, con detección a tiempo y prevención", ha subrayado Jesús Maeztu.

En el acto celebrado en el Alcazar de Sevilla, el Defensor ha recibido el galardón de manos de María Luisa del Moral, secretaria general de Humanización, Planificación, Atención sociosanitaria y Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Otros galardonados han sido el doctor Manuel Masegoza Palma, la Universidad de Málaga e Inserta empleo. En el acto se ha leído un manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental.

Jesús Maeztu reclama un aumento de los recursos y el desarrollo de un plan autonómico para la Prevención del Suicidio en la infancia y adolescencia

Curso escolar durante el COVID, violencia sexual y justicia climática, otros temas analizados por el comisionado parlamentario

El Defensor de la Infancia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre una serie de déficits en la atención prestada a niños, niñas, adolescentes, y jóvenes con problemas de salud mental, que exigen actuaciones ineludibles por parte de las administraciones públicas.

Esta demanda se recoge en el Informe de la Infancia y Adolescencia 2021 que el Defensor ha entregado hoy al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en el que analiza y propone medidas sobre la situación de este colectivo en la comunidad autónoma, que representa el 20 por ciento de la población andaluza.

Fueron 5.871 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.632 se refieren a quejas y 3.239 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1,846 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.822 fueron instados por la ciudadanía y 24 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 786 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.

El Defensor ha destacado entre los temas del Informe la normalidad del curso escolar pese a la convivencia con la pandemia por Covid y la persistencia de falta de recursos en la atención a niños y niñas con necesidades especiales; su preocupación por visibilizar los casos de violencia sexual que se producen contra la infancia; la demanda de activar políticas de justicia climática ante la incertidumbre que provoca en los niños y niñas los fenómenos climáticos y, como asunto relevante, la reclamación de que la salud mental sea una prioridad en las políticas públicas, una necesidad acentuada a causa de la pandemia.

Jesús Maeztu se ha sumado a otros organismos internacionales y nacionales, profesionales, o asociaciones que están dando la voz de alarma, ya que muchos de los problemas de salud mental comienzan en la adolescencia; la mitad, antes de los 14 años. El suicidio es una de las tres principales causas de muerte entre los adolescentes de más edad, ha subrayado.

El Defensor de la Infancia ha aportado que los problemas de salud mental durante la adolescencia suelen ser precursores de varios comportamientos de alto riesgo, tales como conductas autolesivas, consumo de sustancias nocivas; comportamientos sexuales de riesgo y exposición a la violencia, cuyos efectos persisten y acarrean graves consecuencias durante toda la vida. “La demanda de atención a la salud mental de la población -singularmente la infantil y juvenil- se ha diversificado y ha crecido de manera notable, y hemos de lamentar que a un ritmo más acelerado que lo ha sido la dotación de nuevos recursos. Ello se ha traducido en una serie de déficits en la atención prestada a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mayores con problemas de salud mental, que exigen actuaciones ineludibles por parte de nuestras administraciones públicas”, ha llamado la atención.

Jesús Maeztu ha propuesto cinco medidas para defender los derechos de estas personas, prevenir casos de suicidios, e impulsar la mejora de la atención de la salud mental a la infancia y adolescencia.

En primer lugar, ha insistido en luchar contra el estigma de la salud mental y ha demandado medidas de sensibilización y educación para promover el conocimiento de las enfermedades mentales en este tramo de edad. En segundo lugar, el Defensor ha apuntado un sistema de información que permita conocer la realidad y magnitud del problema, debido a la escasez de datos. Asimismo, una tercera propuesta pasaría por incrementar las medidas de prevención y detección precoz de la enfermedad en las personas menores de edad, incluyendo el ámbito educativo. Sobre la lucha contra el suicidio, como cuarto punto, el también Defensor del Pueblo andaluz ha considerado necesario que Andalucía desarrolle un Plan específico para la Prevención del Suicidio en la población infanto-juvenil con entidad propia y medidas claras y consensuadas. Esta estrategia, de la que disponen otras comunidades autónomas, debe disponer de presupuestos y recursos para implementar las medidas necesarias para su control.

Por último, Jesús Maeztu ha enumerado diversas medidas para impulsar la mejora de esta “asignatura pendiente para los poderes públicos”. Ha apuntado la urgencia de aumentar los recursos de atención para atender las patologías mentales, tanto a nivel hospitalario como también en Atención Primaria y, además, ajustar el número de plazas hospitalarias y seguir desarrollando programas de hospitalización de día y domiciliaria para casos seleccionados. Esta adecuada dotación de recursos y medios contribuiría a frenar otro de los males endémicos que padece la atención a la salud mental infanto-juvenil: la prevalencia de los tratamientos farmacológicos frente a los asistenciales. Por ello, el Defensor ha reclamado un incremento de las plantillas de Psicólogía y Psiquiatría del sistema sanitario público de Andalucía que evite la saturación de los recursos, tanto en Atención Primaria como en la Atención Especializada, de manera singular en las Unidades de Salud Mental Infanto Juvenil, que haga posible que cada menor pueda recibir la atención psicosanitaria con la frecuencia que precise. También ha considerado necesario impulsar Programas de Acompañamiento Terapéutico a las familias con apoyo domiciliario y tutoría de menores orientada a los casos con problemática familiar grave, dificultades escolares derivadas de problemas de salud mental y desajustes emocionales entre los miembros, así como favorecer la creación de programas de respiro familiar en períodos cortos de descanso de sus progenitores.

Jesús Maeztu ha demandado en último lugar el apoyo institucional a las asociaciones de familiares de menores con patología mentales, y que se propongan medidas para mejorar la coordinación interinstitucional e intrainstitucional de los organismos que deben atender a la salud infantil y juvenil.