El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maetzu, y la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, han mantenido hoy un encuentro institucional en el que han acordado “ensanchar las herramientas de coordinación y los canales de intercambio de información” que ya mantienen ambas instituciones, con el objetivo de favorecer la labor de supervisión en defensa de los derechos de la ciudadanía.

Así lo han establecido en el marco del primer encuentro institucional, celebrado hoy en la Subdelegación, y en el que han abordado diversas cuestiones de carácter general, así como otros casos más concretos, en los que la Administración General del Estado pueda tener algún tipo de competencia.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado el ámbito de colaboración con el Gobierno central, ya que la supervisión que esta Institución realiza es con la Administración autonómica. "Colaboración como no puede ser de otro modo, en inmigración, cuerpos de seguridad, cortes de luz... y en las prisiones". Maeztu ha indicado que inicia una ronda en los centros penitenciarios andaluces para conocer, en el ámbito de sus competencias, requerimientos específicos de los internos. "Tengo mucha preocupación por ese mundo, las patalogías, las adicciones, la inserción laboral...", ha señalado Jesús Maeztu, que ha agradecido las facilidades para la visita.

Para la subdelegada del Gobierno, “es importante que exista una relación fluida porque, sin duda, supondrá ayudar a las personas para que puedan solucionar posibles conflictos o problemas que deban afrontar en sus diferentes relaciones con la administraciones públicas”, ha especificado la subdelegada. “Es importante resolver mediante el diálogo y la cooperación los diferentes asuntos de interés común en el beneficio de la ciudadanía”, ha remarcado Madueño.

Entre los asuntos tratados, se han analizado diversas cuestiones relacionadas con los recursos que demanda la población penitenciaria, como el acceso a la educación; la formación profesional para acceder al mercado laboral; y la atención sanitaria, con especial énfasis en la salud mental.

El Defensor del Pueblo Andaluz andaluz visitará a continuación el Ayuntamiento de Jaén. Por la tarde, acudirá al Centro Penitenciario de Jaén para atender los requerimientos específicos de los internos.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre el incremento de la desigualdad a causa de la inflación, la guerra de Ucrania, el precio de la luz o el agua, y el aumento del coste de las hipotecas y los alquileres. “En la cola de la desigualdad se está quedando cada vez más gente”, ha subrayado el Defensor.

“Los Defensores estamos obligados a mirar a la cola, que es cada vez más larga. Mirar a estos colectivos, que se están quedando fuera de los avances, porque ahí es donde se mide la desigualdad”, ha expuesto Jesús Maeztu ante el pleno del Parlamento de Andalucía, adonde ha presentado el Informe Anual de la Institución correspondiente a 2021. El Defensor ha ejemplarizado estas nuevas situaciones que llegan a su Oficina en “personas que tienen pudor en decir que son pobres; mujeres que no quieren decir que no llegan a final de mes, por dignidad, por sus hijos; familias de clase media que, no es que no lleguen a final de mes, no llegan ni a la mitad; o jóvenes agredidos, desestabilizados... pues un día es la pandemia, otro la inflación, la vivienda o el empleo, otro la guerra o el cambio climático”.

Ante esta situación, Jesús Maeztu ha señalado que “no podemos asumir como normal lo que es inaceptable”, y ha abundado en que, “como siempre cada vez que hablamos de crisis, los más afectados son las personas y los hogares que ya sufrían mayor exclusión social”.

El Defensor del Pueblo andaluz ha aportado a los diputados y diputadas un balance del ejercicio de referencia, en el que ha destacado como grandes materias de reclamaciones ciudadanas –más de 28.000 actuaciones para las más de 35.000 personas que acudieron al Defensor andaluz- la atención sanitaria; la justicia climática y la transición energética, y la brecha digital.

En cuanto a la salud, el Defensor ha hecho hincapié en los retrasos en la atención primaria y en la necesidad de trabajar en la atención a las personas mayores, en especial, en un nuevo modelo de residencias. Sobre la salud mental, el Defensor ha reclamado “recursos que estén fuera de la economía familiar para la recuperación de las personas con trastornos mentales, y para ir eliminando las causas que provocan estas enfermedades”.

Maeztu ha destacado la relación entre el agravamiento de la salud y el cambio climático, como las pandemias y los casos de salud mental. Por ello, ha reclamado políticas de justicia climática. También este aspecto el Defensor ha resaltado los costes de la transición energética, con un encarecimiento de la luz y barrios que están sufriendo cortes en el suministro. “Sin luz es imposible vivir”, ha sentenciado Jesús Maeztu.

La necesidad de información y asesoramiento ante las medidas emprendidas por las administraciones públicas también se han incrementado en el ejercicio anual de la Institución. De estas solicitudes, el Defensor ha advertido sobre la brecha digital en la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas, lo que está provocando la aparición de “nuevos excluidos” debido a la transformación digital. Para el Defensor, los principales perjudicados han sido personas necesitadas de ayudas de emergencia para la subsistencia (un ingreso mínimo), para evitar un desahucio, o para determinado tipo de pensiones (no contributivas), ya que “otra vez los más afectados han sido las personas y los hogares que ya sufrían mayor exclusión social”.

El Defensor ha expuesto a los diputados que, para adaptarse a estos retos, la Institución está desarrollando las líneas prioritarias de la Estrategia 2021-2024 que permitirá al Defensor del Pueblo andaluz conectar con estos cambios sociales. Un trabajo que se complementará con la celebración el próximo año del 40 aniversario.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en una primera reunión de trabajo para asentar los cauces de colaboración y coordinación, así como para el intercambio de información sobre las demandas sociales de la ciudadanía andaluza. Entre las cuestiones a tratar se han abordado específicamente asuntos de infancia, juventud, dependencia y personas mayores.

En cuanto a la infancia y adolescencia, el Defensor se ha remitido a las preocupaciones abordadas en el Informe Anual presentado recientemente en el Parlamento, en el que destacan los asuntos sobre salud mental de este colectivo, la preocupación por la violencia sexual y las políticas sobre cambio climático y sostenibilidad. El Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado asuntos relacionados con las personas mayores, como la soledad no deseada, las prestaciones de la dependencia, el modelo de las residencias de mayores y la brecha digital, que afecta especialmente a este colectivo.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión con la coordinadora territorial de Instituciones Penitenciarias en Andalucía, Myriam Tapia Ortiz, para analizar diversas cuestiones relacionadas con los recursos que demanda la población penitenciaria.

Entre otras cuestiones, el Defensor ha trasladado a la responsable ministerial su especial preocupación en el abordaje de la salud mental, el acceso a la educación y la formación que les capacite para el acceso al mercado laboral. Entre los acuerdos alcanzados, en esta nueva etapa de colaboración el Defensor realizará una visita a los distintos centros penitenciarios para conocer los requerimientos de la población reclusa.

Maeztu ha hecho hincapié en que articular el régimen penitenciario con la reinserción social de la población reclusa es un reto de la acción pública que debe superar el ámbito competencial, creando alianzas entre ellas para conseguir los objetivos perseguidos, en un contexto de los ODS contenidos en la Agenda 2030.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, y el director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, han firmado un convenio de colaboración que renueva la alianza para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia, Jesús Maeztu, ha destacado que “son muchas las situaciones en las que instituciones y organizaciones debemos colaborar para la protección de los niños y las niñas, al objeto de garantizarles el disfrute de sus derechos reconocidos; prevenir las situaciones de violencia que puedan ponerles en peligro o condicionar su futuro; y promover un mayor reconocimiento del derecho del menor a ser oído y escuchado sin discriminación alguna, así como que su opinión sea tenida en cuenta".

Por su parte, el director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha recordado que gracias al compromiso conjunto de los diferentes actores sociales y políticos se ha avanzado en el ámbito de la protección a la infancia, tanto a nivel estatal, con la aprobación de una ley pionera a nivel mundial como es la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (LOPIVI), como a nivel autonómico, con la aprobación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía (LIAA).

Pese a ello, “es obligatorio hacer referencia al grave impacto social y económico que sigue teniendo la crisis de la COVID-19, agravada por la inestabilidad económica y política provocada por la guerra de Ucrania y la inflación generalizada, en las condiciones de vida y el bienestar de niños y niñas, y especialmente de aquellos más vulnerables. Ello exige que sigamos mejorando y profundizando en el marco de garantía de derechos de la infancia, de tal manera que su derecho a un desarrollo pleno se vea garantizado para todos los niños y niñas independientemente de su origen, sexo o situación socioeconómica”, ha añadido Cuenca.

El convenio de colaboración entre el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y Save the Children recoge acciones para la sensibilización sobre la defensa y promoción de los derechos de la infancia de Andalucía; la difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, especialmente la difusión del III Protocolo de la Convención; la participación de Save the Children en la selección de los miembros del Consejo de menores de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, denominado e-Foro de Menores; o la participación de Save the Children como miembro del Jurado en el Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia.

Entre otras cuestiones, la Defensoría de la Infancia y Save the Children han organizado durante varios años jornadas con expertos y expertas para sensibilizar sobre diversos temas que afectan a la infancia andaluza, como los abusos sexuales hacia menores, la protección de los niños y niñas que llegan solos a las costas, la pobreza y la prevención de la violencia. Este año, ambas instituciones celebrarán una jornada el próximo 30 de noviembre en Sevilla sobre los derechos de la infancia en cuanto a la justicia climática y la vulnerabilidad.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha desplazado hoy a la ciudad de Córdoba para interesarse por las preocupaciones y demandas de la ciudadanía cordobesa. Desde ayer miércoles, un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Defensor atiende presencialmente a los vecinos que lo demanden, acción que continúa hoy.

El Defensor por una parte se reúne con trabajadores y trabajadoras sociales de la comarca, y en otra reunión con una treintena de asociaciones dedicadas a salud, dependencia, personas migrantes o movilidad. Asociaciones de memoria histórica tuvieron una sesión monográfica en el día de ayer.

Jesús Maeztu ha expuesto que durante este año han sido alrededor de 500 quejas de Córdoba capital recibidas este año, entre las que ha destacado las referidas a vivienda, salud, dependencia y justicia. El Defensor también ha anotado las quejas de oficio abiertas por la Institución en las cuales se ha requerido la respuesta de las administraciones locales en Córdoba, como los trámites para conseguir el arraigo social, la investigación sobre las escuelas rurales o sobre la exclusión financiera, la situación de las ayudas al alquiler, o el estado de los recursos judiciales.

Asimismo, Maeztu ha hecho referencia a las preocupaciones que recibe por parte de la ciudadanía andaluza, y que son comunes en Córdoba, como son, en la salud, las quejas y consultas por atención primaria, salud mental y preocupación por la atención a las personas mayores, en concreto, sobre las residencias; las políticas para prevenir el cambio climático, entre las que ha destacado aquellas relacionadas con la contaminación atmosférica y la transición energética, y por último las demandas de la ciudadanía para recibir una buena administración, ante los problemas causados por la administración electrónica y la brecha digital, que afecta principalmente a las personas mayores.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, han mantenido hoy una reunión con el fin de avanzar en los mecanismos de colaboración y coordinación, así como para el intercambio de información. Jesús Maeztu y Antonio Sanz han acordado celebrar reuniones periódicas con una periodicidad cuatrimestral, con el objetivo de mantener líneas de colaboración que deriven en una correcta labor de supervisión en defensa de los derechos de la ciudadanía.

En los despachos entre el Defensor del Pueblo andaluz y su interlocutor directo en la Junta de Andalucía se abordarán, asimismo, posibles anomalías en el funcionamiento de organismos públicos, desde el análisis de quejas o consultas recibidas; cuestiones de carácter general que reclamen la intervención o interés; o casos concretos de intervención en defensa de derechos humanos vulnerados o en riesgo grave.

El Defensor del Pueblo andaluz ha informado al consejo de la Presidencia de las conclusiones del Informe Anual 2021 de la Institución, debatido el pasado 18 de octubre en la comisión correspondiente del Parlamento andaluz y que presentará ante el pleno el 9 de noviembre. Fueron más de 35.000 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario, que acometió 30.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría.

Entre otros asuntos, Jesús Maeztu ha solicitado información sobre la situación de los cortes de luz en distintos barrios de Andalucía. La Defensoría está interviniendo para garantizar el derecho a unos suministros básicos ante este problema social. En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz ha avanzado que celebrará el 18 de noviembre en la ciudad de Málaga una jornada que llevará por título Personas electrodependientes, por una regulación justa.

Asimismo, Jesús Maeztu ha aportado al consejero de la Presidencia un balance del nuevo procedimiento que persigue la necesaria colaboración de las Administraciones Públicas con esta Defensoría, con el fin de evitar declaraciones de actitud entorpecedora o la remisión de expedientes a Fiscalía por parte de este organismo supervisor. Maeztu ha expuesto que desde que se modificó este procedimiento las administraciones han enviado los informes requeridos a tiempo y no ha sido preciso una citación de la autoridad responsable.

Organizadas por el Procurador del Común de Castilla y León, participará el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Meztu, junto a sus homólogos de las Comunidades Autónomas de Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y  País Vasco

La adecuada prestación del servició público de salud constituye una de las principales preocupaciones de los Defensores del Pueblo, máxime cuando año tras año estos reciben un importante número de quejas ciudadanas relacionadas con esta materia, número que se han visto incrementado, en general, durante los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por la Covid 19. Estas quejas han tenido una particular incidencia en los municipios rurales, en los que residen de forma predominante personas mayores que, por su edad, frecuentemente se ven afectadas por diversas patologías y que, por ello, requieren de atención sanitaria.

Es por ello que los titulares de las Defensorías, con motivo de las últimas Jornadas de Coordinación, acordaron tratar de forma monográfica la prestación del servicio de salud en el medio rural y su celebración en León, organizadas por el Procurador del Común. De esta forma, León acogerá en la Real Colegiata de San Isidoro, durante los días 20 y 21 de octubre, las jornadas anuales de coordinación, en su 35ª edición, tras dos años sin haberse podido realizar a causa de la pandemia.

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves 20 de octubre, en el que participarán el Procurador del Común, Tomás Quintana, el Alcalde de León, José Antonio Díez y el Vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez. A lo largo de los dos días se expondrán tres ponencias: la primera, bajo el título La prestación del servicio sanitario en tiempos de pandemia, a cargo del Dr. Vicente Álvarez García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura; la segunda sobre los Modelos de prestación del servicio de salud en el medio rural, cuyo ponente será el Dr. Juan José Fernández Domínguez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, y la tercera, titulada El empleo público sanitario en el medio rural, de la que se ocupará la Dra. Mª Josefa Cantero Martínez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además se celebrarán dos mesas de trabajo, en las que se abordarán, respectivamente, las Quejas frecuentes y recomendaciones en lo referente a la prestación del servicio de salud en el medio rural y los Problemas estructurales de la prestación del servicio sanitario en el medio rural, con la participación de los asesores y expertos en sanidad de las diferentes Defensorías. En la tercera y última mesa de trabajo se tratarán los Problemas y soluciones en relación con los empleados públicos que prestan el servicio sanitario en el medio rural, con la participación del Director del Área de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, la Directora General de Personal y Desarrollo Profesional de Castilla y León, la Directora General de Planificación y Reforma Sanitaria y el Gerente de Atención Primaria de Navarra.

El viernes, día 21, intervendrá el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y, posteriormente, se dará lectura a un documento de conclusiones. La clausura de las Jornadas de Coordinación correrá a cargo del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy el fortalecimiento de la salud pública, especialmente ante el agravamiento de la salud mental; los problemas relacionados con la brecha digital; y las políticas sobre justicia climática y transición energética como retos inaplazables para las administraciones públicas en los tiempos actuales.

Estas reclamaciones coinciden con las principales materias que han incrementado el número de quejas y consultas por parte de la ciudadanía en el Informe Anual 2021, que el Defensor del Pueblo andaluz ha debatido en la comisión correspondiente del Parlamento andaluz. Fueron 30.665 personas las que requirieron en 2021 la intervención de este comisionado parlamentario, que acometió 28.720 actuaciones (13.092 quejas gestionadas, 14.924 consultas y 704 acciones de promoción de derechos).

En primer lugar, Jesús Maeztu ha destacado el mayor incremento de reclamaciones de la ciudadanía ha sido en quejas sobre la sanidad, una vez aumentaron las reclamaciones en cuanto a las cuestiones de salud pública (por las medidas antiCOVID principalmente) y la salud mental, seguido de las deficiencias en la atención pediátrica. El Defensor ha hecho hincapié en los retrasos en la atención primaria y como consecuencia de ello ha reclamado una mejora en los canales de información; desvincular a los profesionales sanitarios de obligaciones que no sean de atención sanitaria en sentido estricto; y dotar a los centros de un refuerzo de personal con vocación de permanencia con el fin de reducir estos tiempos. Jesús Maeztu ha señalado que estos servicios son todavía más necesarios en las poblaciones rurales.

Precisamente la prestación del servicio público de salud en el medio rural es el tema que este jueves y viernes abordarán el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, y el resto de defensores autonómicos en la Jornada de Coordinación de los Defensores del Pueblo, organizada este año por el Procurador del Común de Castilla y León. Jesús Maeztu ha completado que la Institución ultima un informe especial sobre el impacto de la Andalucía despoblada en la educación.

Sobre este fortalecimiento de la sanidad pública, el Defensor del Pueblo andaluz ha insistido en la necesidad de trabajar en la atención a las personas mayores, en especial, en un nuevo modelo de residencias para aquellas que no tengan oportunidad de beneficiarse de las políticas de envejecimiento activo. Sobre la salud mental, el Defensor ha reclamado “recursos que estén fuera de la economía familiar para la recuperación de las personas con trastornos mentales, y para ir eliminando las causas que provocan estas enfermedades”.

La necesidad de información y asesoramiento ante las medidas emprendidas por las administraciones públicas también se han incrementado en el ejercicio anual de la Institución. “Quiero que me atiendan ha sido la frase más repetida”, ha comentado Jesús Maeztu. De estas solicitudes, el Defensor ha advertido sobre la brecha digital en la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas, lo que está provocando la aparición de “nuevos excluidos” debido a esta transformación digital.

“La relación de la ciudadanía con las administraciones públicas se ha deteriorado, en parte, por esta pérdida de la atención presencial”, ha señalado. Para el Defensor, los principales perjudicados han sido personas necesitadas de ayudas de emergencia para la subsistencia (un ingreso mínimo), para evitar un desahucio, o para determinado tipo de pensiones (no contributivas), ya que “otra vez los más afectados han sido las personas y los hogares que ya sufrían mayor exclusión social”. “En la cola de la desigualdad se está quedando cada vez más gente. Los Defensores tenemos que mirar a la cola, porque ahí es donde se mide la desigualdad, y una sociedad desigual produce efectos perniciosos”, ha expuesto Jesús Maeztu.

Los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente también han tenido protagonismo. Jesús Maeztu ha destacado la relación entre el cambio climático y el agravamiento de la salud, como las pandemias y los casos de salud mental. Por ello, ha reclamado políticas de justicia climática. También este aspecto el Defensor ha resaltado los costes de la transición energética, con un encarecimiento de la luz y barrios que están sufriendo cortes en el suministro. “Sin luz es imposible vivir”, ha sentenciado Jesús Maeztu.

Por último, el Defensor ha expuesto a los diputados que, para adaptarse a estos retos, la Institución está desarrollando las líneas prioritarias de la Estrategia 2021-2024 que permitirá al Defensor del Pueblo andaluz conectar con estos cambios sociales. Un trabajo que se complementará con la celebración el próximo año del 40 aniversario del Defensor del Pueblo andaluz.

La Defensoría de la Infancia y Unicef advierten de que más de 4 de cada 10 personas menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía

Coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu y la presidenta de UNICEF Comité Andalucía, Claudia Zafra, han alertado sobre el aumento de la tasa de pobreza y exclusión social para la población menor de 18 años (tasa AROPE*) en Andalucía. Las cifras extraídas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE registran un incremento de más de 6 puntos respecto a 2020, hasta situarse en el 43,7%**, (37,4% en 2020). Un dato que sitúa en esta franja a unas 680.000 personas menores de 18 años, más de 4 de cada 10.

Las cifras superan en más de 10 puntos la media nacional del 33%. A nivel nacional, el dato también empeora en casi 2 puntos (un 1,9%), lo que mantiene a un tercio de la población española menor de edad en riesgo de pobreza o exclusión social.

En los niveles más intensos de pobreza, Andalucía también experimenta una subida. El 11,4% (unas 178.000 personas menores de 18 años de la comunidad autónoma) están en situación de carencia material severa, eso supone más de 1 de cada 10. Esta tasa aumenta más de un 2% a nivel andaluz, mientras que la media nacional prácticamente se mantiene (8,9%).

Entre los datos, destacamos que el porcentaje de menores de 18 años andaluces cuyas familias tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, (el 18,1%), ha mejorado en 0,6 puntos respecto al año pasado; sin embargo, empeoran algunos de los elementos más críticos y que denotan un muy alto nivel de privación, como no tomar al menos una comida de carne, pollo o pescado al día (el 6,6%, un 1% más que en 2020), no poder hacer frente a gastos imprevistos (el 43% de las familias) o no poder permitirse una semana de vacaciones al año, dato que aumenta un 1,1% respecto al 2020 y se sitúa en el 43,3% . De modo similar el 13,7% de los menores de 18 años en Andalucía viven en hogares con baja intensidad en el empleo, un 5% más respecto a 2020.

Estas privaciones, analizadas dentro de la tasa AROPE, repercuten de manera muy intensa en hogares con niños y niñas. Las familias con hijos a cargo sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas de acceso a la vivienda, algo que se agrava, especialmente, en familias monomarentales o con progenitores de origen extranjero.

Una nueva crisis que afronta la infancia

Las cifras siguen mostrando que la población infantil es la más afectada por la pobreza y la exclusión social y avanzan los efectos de la pandemia en las familias, ya que los datos corresponden a 2020. Ahora, con este aumento hasta el 43,7% se acerca a los peores datos registrados, el 46,9% de 2016 y el 48% de 2015, coincidiendo con la anterior crisis económica. Las cifras advierten del impacto en 2020 de la pandemia en esta nueva crisis, donde los datos de pobreza y exclusión para la infancia y la adolescencia siempre superan los datos para la población total.

Desde Andalucía, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF reclamamos una mayor y más eficiente inversión en infancia, no solo por los preocupantes datos de pobreza infantil que se registran hace años, sino porque tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección para las familias. Invertir en la infancia incide directamente en sus capacidades y oportunidades futuras y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos.

Proponemos situar la infancia como prioridad presupuestaria en el conjunto de las políticas, tal y como establece la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobada en 2021; alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia y; realizar los análisis presupuestarios evaluando la orientación del gasto, su distribución sectorial, su impacto y su eficacia en términos de equidad para la infancia.

Es necesario, además, implementar un modelo de protección social destinado a prevenir y proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión, con especial atención a los grupos vulnerables, a las familias más jóvenes con hijos y las monoparentales, especialmente las encabezadas por mujeres. También fortalecer las medidas destinadas al mantenimiento del empleo y los ingresos de las familias con hijos, a través de herramientas como las rentas autonómicas, (como la propuesta de un nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión).

Estas medidas deben ser de amplia cobertura y complementarias de las prestaciones estatales, reduciendo las condiciones y evitando los obstáculos para su acceso, a fin de que lleguen de forma efectiva a los hogares más vulnerables. Es importante facilitar el acceso a una vivienda digna en especial en los hogares con niños y niñas, y la erradicación de la infravivienda y el chabolismo. Así como promover un acceso equitativo a servicios de conciliación familiar y laboral, incluyendo ayudas retributivas para la contratación de personal para aquellas familias en que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar.