La igualdad de género es un derecho. Como afirma la Organización de Naciones Unidas en uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la realización de este derecho es la mejor oportunidad que existe para afrontar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, desde la crisis económica y la falta de atención sanitaria hasta el cambio climático, la escalada de los conflictos y la violencia contra las mujeres.

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la sociedad debe concienciarse de que la violencia de género constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres y de la sociedad, a la par que supone una manifestación extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres y representa una clara conculcación de los derechos humanos. Atención especial requiere cuando la violencia machista se ejerce contra personas jóvenes y mujeres menores de edad.

En coordinación, cooperación y colaboración con las distintas Administraciones Públicas, instituciones, colegios profesionales, fuerzas y cuerpos de Seguridad, asociaciones y otras entidades privadas que en Andalucía siguen luchando contra la violencia de género, el Defensor del Pueblo andaluz aspira a lograr la erradicación de esta lacra social para que, entre todas y todos, desde los sectores públicos y privados, logremos de una vez acabar con esta violación de los derechos humanos.

Un dibujo de un alumno de La Línea de la Concepción y un vídeo de alumnado de un instituto de El Puerto de Santa María han sido los distinguidos por el jurado del XV Premio Así veo mis derechos que convoca anualmente la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. Estos premios tienen un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

En la modalidad de dibujo, el jurado ha galardonado a un alumno de Segundo de Primaria del Colegio La Atunara de La Línea de la Concepción (Cádiz) por un dibujo sobre el derecho a la calidad de vida. Asimismo, el jurado ha reconocido con un accésit a una alumna de Quinto de Primaria del colegio San Sebastián de Fiñana (Almería) por un dibujo sobre el derecho a la igualdad.

En la modalidad de vídeo, el primer premio ha recaído en una obra sobre el derecho a la educación y el juego realizado por alumnado de Cuarto de la ESO del IES La Arboleda de El Puerto de Santa María (Cádiz). El jurado ha distinguido con un accésit un vídeo sobre el derecho al auxilio de alumnado del Colegio de educación especial San Rafael de Granada.

El Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Mundial de la Infancia. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados. La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y de organizaciones como Save the Children y Unicef, así como el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro.

En una carta dirigida a los directores y directoras de los centros educativos, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha destacado que esta “es una convocatoria especialmente importante para esta Defensoría, ya que cuenta con la estrecha colaboración de toda la comunidad educativa para que los niños y niñas piensen y conozcan sus derechos y, sobre todo, que nos los cuenten a su manera”.

“Hoy más que nunca, estamos convencidos de la necesidad de escuchar la voz de las personas menores de edad y que nos cuenten cómo están viviendo sus derechos. Este Premio es una oportunidad única para que los niños y niñas andaluces, de la mano de sus educadores, conozcan un poco más sus derechos y, como no, también sus deberes”, ha concluido Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz ha sido distinguido por el Ayuntamiento de Huesa (Jaén) con los IV Premios Antonio Chamorro Daza, unos galardones con los que se reconoce la labor de administraciones, colectivos, entidades y personalidades para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El premio, en la categoría regional, lo recibirá la adjunta al Defensor Juana Pérez Oller el 26 de noviembre.

Los otros galardonados en esta edición son la Unidad Militar de Emergencia, a escala nacional; la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, a escala provincial; y Baldomero Segura, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, a nivel local.

La Diputación de Jaén patrocina estos premios que rinden homenaje a Antonio Chamorro Daza, médico e investigador nacido en Huesa en 1903 que se exilió a París donde ejerció en el Instituto del Radium y en el Laboratorio Pasteur. Su intensa labor le llevó a publicar un centenar de trabajos experimentales sobre virología, endocrinología y oncología, bajo el patrocinio del Centre Nationale pour la Recherche Scientifique (CNRS), el Colegio de Francia y el Laboratorio de Fisiología General de La Sorbona.

El Defensor del Pueblo andaluz ha conocido hoy los avances en el protocolo para la erradicación de los asentamientos irregulares de migrantes temporeros en la provincia de Huelva en una reunión con de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge. Este procolo se firmó en julio entre la secretaría dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los primeros municipios acogidos al mismo, Lepe y Moguer.

Jesús Maeztu ha agradecido la visita de la secretaria de Estado, quien le ha presentado la primera concreción de este protocolo, un real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros por el que se regulará la concesión de subvenciones a estos municipios.

El Defensor andaluz ha transmitido su preocupación por la situación en la que se encuentran miles de personas migrantes, un drama humano que necesita de la actuación coordinada de las administraciones. Colectivos sociales y humanitarios reclaman una solución urgente desde hace años.

El Defensor ha realizado un seguimiento permanente de estas situaciones in situ, cuyas conclusiones ha trasladado a los representantes gubernamentales. "Esta solución de los asentamientos solo tiene una solución final que es su total erradicación; y todo lo que se trabaje debe ir en esa línea para hacer desaparecer una lacra que viene de mucho tiempo atrás", ha señalado Maeztu.

Para este comisionado parlamentario, resulta necesario seguir trabajando en medidas como la regularización temporal de la mano de obra deficitaria en campaña y las alternativas habitacionales, con el fin de conseguir la igualdad de condiciones laborales y sociales, lo que en su opinión evitaría discursos de odio y xenofobia sobre los supuestos beneficios a esta población.

En la reunión mantenida esta tarde, la secretaria de Estado ha agradecido la implicación del Defensor del Pueblo andaluz en la defensa de la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas por esta situación de vulnerabilidad, y ha puesto en valor las subvenciones por un importe total de 2.628.000 euros que recibirán los Ayuntamientos de Lepe y Moguer para ofrecer soluciones habitacionales dignas a quienes actualmente residen en asentamientos irregulares.

Esa línea de ayudas permitirá facilitar la integración residencial y sociolaboral de 220 personas en una primera fase del programa, mediante la promoción de soluciones residenciales transitorias, que irá seguida de intervenciones que les permitan acceder a viviendas en los núcleos urbanos y acompañada por itinerarios de integración.

Verstrynge ha señalado que esta actuación de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 deberá verse complementada con inversiones y actuaciones tanto de la Junta de Andalucía -competente en materia de vivienda y servicios sociales- como de las entidades locales beneficiarias de las subvenciones -que participarán en las labores de acompañamiento e integración a través de los servicios sociales municipales-.

En ese sentido, ha expresado su confianza en que la labor del Defensor del Pueblo andaluz contribuirá a reforzar el despliegue coordinado de las actuaciones por parte de todas las administraciones concernidas -la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer-, que ya el pasado julio suscribieron el citado protocolo de colaboración.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha intervenido hoy en Cádiz en la segunda edición del Día Internacional del Niño organizada por la asociación de vecinos Claridad Cerro del Moro. En el acto, Maeztu ha participado en una siembra simbólica de un árbol dedicado a su persona, llamado El Árbol del Amor, frente a la sede de la asociación.

Maeztu ha leído el artículo sexto de la Declaración de los derechos del niño, a la comprensión y al amor por parte de la familia:  "El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole".

El Defensor de la Infancia ha señalado que "a la infancia hay que cuidarla y, como Defensor, queremos que los niños y niñas disfruten de estos derechos".

El acto ha contado con exhibiciones a cargo de los distintos Cuerpos de Seguridad del Estado y la participación de alumnos y alumnas de los colegios Adolfo de Castro, Amor de Dios, Juan Carlos Aragón, Nuestra Señora de Lourdes y el Instituto Rafael Alberti, que han plantado otro árbol dedicado a los niños y niñas del barrio. También han contribuido a la celebración el Servicio de Emergencias 112, Cádiz Club de Fútbol y la Fundación del Cádiz C.F.

Cuando echamos la vista atrás y comparamos la infancia que hace mucho tiempo vivimos algunos de nosotros, solemos argumentar las ventajas e incluso -por qué no decirlo privilegios- de los que gozan actualmente las personas menores de edad.

Los niños, niñas y adolescentes de hoy han crecido bajo la protección del Estado de Derecho y son personas que han disfrutado del reconocimiento de un estatus jurídico respetuoso con la dignidad humana y la libertad desde su nacimiento. Los cambios sociales y jurídicos producidos en nuestro país en los últimos años, con el reconocimiento de los derechos de los menores, y el establecimiento de unas pautas educativas basadas en la tolerancia, el respeto mutuo y el libre desenvolvimiento de estos derechos, están modelando menores libres que son invitados a ejercerlos y actuar en libertad y responsabilidad.

Debemos alabar, por tanto, las enormes bondades del sistema jurídico democrático y social del que nos hemos dotado y en cuyo seno debe desarrollarse una infancia y juventud sana, democrática y tolerante.

Pero esta realidad tiene otra cara menos amable. Ciertamente, como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, somos testigos de las paradojas que ofrecen las sociedades más modernas y evolucionadas, porque observamos cómo surgen situaciones de maltrato y de desatención hacia los más débiles, hacia los más vulnerables, hacia los niños, niñas y adolescentes. Estas deficiencias y carencias sociales y educativas, así como otras razones, provocan que se den situaciones de quiebra en los ámbitos en los que se desenvuelven las personas menores de edad.

Casos de malos tratos en el seno de la familia, violencia en el ámbito educativo, supuestos de explotación infantil, abusos sexuales, abandono, quiebra de derechos y desprotección que sufren muchos menores migrantes, pobreza infantil, agravamiento de casos de salud mental... son problemas reales y actuales. En estos momentos los niños se están enfrentando a una complicada situación social y de crisis que hace peligrar o que pone en cuestión su propio estado de bienestar. Una realidad que si no hacemos algo y de forma urgente puede que muchas de esas proclamas y reconocimiento de derechos hacia la infancia reconocidos en todos los ámbitos se quede en papel mojado.

En una próxima Jornada junto a Save the Children, el próximo 30 de noviembre, analizaremos la situación de los derechos de la infancia en relación al incremento de la pobreza a causa de la pandemia por COVID, y el impacto por otra crisis del presente, la del cambio climático.

Sirvan días como el de hoy para reflexionar sobre ese mundo, y unificar esfuerzos que permitan que niños y niñas puedan disfrutar de sus derechos de forma plena, en un mundo sin restricciones o discriminación. Para todos y todas.

El Defensor del Pueblo andaluz es consciente de los perjuicios que ocasiona las dificultades para empadronarse, precisamente a quienes más necesitan el apoyo de la Administración Pública: familias con recursos escasos, y con dificultades para enfrentarse a las gestiones que requiere una administración para regularizar sus situaciones. La inscripción en el padrón municipal constituye la llave para poder solucionar muchos de los problemas de su vida diaria.

Ante ello, los ayuntamientos aportan una desigualdad en los criterios para empadronarse. Cada uno adopta modelos, formularios o solicitudes distintos, una situación que, conforme los datos de los que disponemos, es más frecuente en municipios andaluces con una población superior a los 10.000 habitantes.

El Defensor del Pueblo Andaluz, preocupado por la plena efectividad del cumplimiento de la obligación de estar empadronados en el municipio donde se reside y, de la plena efectividad de los derechos y deberes que le corresponden a las personas cuando se adquiere la vecindad administrativa en Andalucía, ha iniciado ocho investigaciones de oficio, una por provincia.

En concreto, solicita a los Ayuntamientos de cada provincia andaluza con una población superior a 20.000 habitantes, la emisión de informe sobre los siguientes extremos:

• Si tienen en cuenta lo previsto en el citado apartado 2.3 de la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal referida a la "Documentación acreditativa del domicilio de referencia"

• En concreto, nos informe sobre los criterios utilizados para el empadronamiento en su municipio, así como la documentación admitida para acreditar el domicilio de residencia efectiva.

• Nos aporten formulario, solicitudes o modelos que disponen en el Ayuntamiento para instar el alta o la modificación de domicilio en el Padrón de Habitantes y si los mismos se hayan a disposición en el portal de transparencia del Ayuntamiento.

• Número de solicitudes de empadronamiento rechazadas por no aportar títulos de propiedad, alquiler o autorización de los propietarios de las viviendas en los ejercicios 2020 y 2021, en el caso de disponer de este dato.

Asimismo, a la Diputación Provincial en relación a los municipios de población inferior, se solicita:

• Si tienen constancia de diferencias de tramitación en la aplicación de los criterios para el empadronamiento en los municipios de sus provincias.

• Si se han dirigido a los Ayuntamientos de su provincia a los efectos de dar criterios que unifiquen las actuaciones en la materia de empadronamientos conforme a los criterios del apartado 2.3 de la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal referida a la "Documentación acreditativa del domicilio de referencia" que se reproduce en esta queja de oficio.

• Si los Ayuntamientos a los que prestan asistencia técnica, se han dirigido a esa Diputación Provincial solicitando asesoramiento al respecto.

El Defensor del Pueblo Andaluz e Iberdrola han renovado hoy un convenio de colaboración por el que mejoran los procesos en cuanto a las reclamaciones, sugerencias, propuestas y consultas que recibe la Institución sobre la comercialización de los suministros y servicios que presta Iberdrola a sus clientes en esta comunidad autónoma.

El acuerdo, que fue iniciado en 2017, y que ha sido valorado muy positivamente por ambas partes, se ha renovado en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz por parte del responsable de esta Institución, Jesús Maeztu, y el delegado comercial de Iberdrola en Andalucía y Extremadura, Borja Cañas. A la firma también ha acudido Antonio Fernández, delegado institucional de la compañía.

El objetivo del acuerdo es resolver de manera ágil y eficaz las quejas, reclamaciones, sugerencias, propuestas o solicitudes de información relativa a suministros y servicios prestados por las empresas comercializadoras de Iberdrola que el Defensor del Pueblo andaluz reciba de clientes de la compañía. Para ello, este comisionado trasladará cada notificación de estas características a la empresa y, por su parte, Iberdrola analizará y estudiará cada caso de forma individual y personalizada e informará directamente al consumidor o usuario, al mismo tiempo que enviará una notificación al Defensor del Pueblo Andaluz.

Este trámite se realizará con carácter general, y salvo intervención de terceros para su resolución, debe resolverse en un plazo máximo de 30 días desde el inicio de la tramitación de la solicitud. En caso de discrepancia con la solución propuesta por la empresa comercializadora, la persona afectada puede ejercer sus derechos de reclamación a través de las autoridades administrativas que correspondan.

Este acuerdo también servirá para realizar acciones formativas y de concienciación sobre eficiencia energética y uso responsable de los suministros con el fin de disminuir el consumo energético, y así ahorrar en la factura final. En este marco se engloban otras acciones como la facilidad y flexibilidad de pago a clientes con dificultades, por la que los clientes pueden elegir cuánto y cómo quieren pagar, y seleccionar, por ejemplo, el plan de pagos que mejor se adapte a su situación.

Además, ambas instituciones van a constituir un grupo de trabajo para el seguimiento de las actuaciones conjuntas, así como para la realización de acciones de sensibilización, promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras, en particular, en cuestiones relativas al suministro de productos y servicios en el ámbito de la energía.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha visitado en Alcalá de Guadaíra la exposición de los trabajos realizados por menores de centros de internamiento. Conversa con los chicos y les felicita por sus trabajos y les anima a seguir esforzándose para su reintegración.