El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por la educación como recurso más efectivo ante el acceso de menores a contenidos pornográficos a través de internet, incluida una educación afectiva sexual que evite que internet sea el principal instrumento de formación de los niños, niñas y adolescentes.

En el Grupo de trabajo para garantizar la protección de menores ante el acceso a la pornografía en Internet, el Defensor ha destacado el papel de padres y madres en la misión de acompañar y orientar a sus hijos en un uso adecuado de las nuevas tecnologías, al igual que los centros educativos como medio para modular los conocimientos, las actitudes, los hábitos del uso de Internet y también para prevenir de sus peligros y riesgos.

En este sentido, Jesús Maeztu ha señalado que “la educación afectivo sexual ha sido una de las grandes ausentes del currículo en las escuelas”, lo que ha resuelto, a juicio del Defensor, la aprobación de la ley de protección integral de la infancia y adolescencia contra la violencia (Lopivi), que recoge la inclusión de estos contenidos en materia educativa.

El Defensor, que abordó esta problemática en el estudio específico Acceso de niños y adolescentes a material pornográfico en internet: de la prohibición a la educación en 2020, ha advertido sobre el protagonismo que tiene internet en el proceso educativo de los niños y adolescentes y ha señalado que, según varios estudios, la edad de acceso al porno ha bajado a los 8 años, una vez se tiene acceso a dispositivos móviles, con páginas gratuitas sin control.

Por ello, entre las medidas que impidan, o cuando menos dificulten, el acceso de niños y niñas a este tipo de contenidos, el Defensor ha apuntado a la autorregulación y los códigos de conducta por parte de la industria del sector, así como al papel que deben desempeñar los poderes públicos en la aprobación de normativas y estrategias de sensibilización y formación.

El Defensor ha llamado la atención sobre los perjuicios de este acceso para los menores ya que el materia pornográfico transmite la idea de que el sexo y el afecto son realidades independientes, que es posible practicar sexo a pesar de los sentimientos, que los hombres tienen el poder de poseer a las mujeres en cualquier momento, que las mujeres están para satisfacer los deseos de los hombres, y se normaliza la violencia en las relaciones, además de que conlleva el desarrollo de una cultura de la pornografía como parte de la socialización de adolescentes y jóvenes.

“Internet debe ser una herramienta de formación, educación y ocio para niños, niñas y adolescentes. Debemos evitar que el material pornográfico continúe siendo la herramienta para la educación sexual del siglo XXI para la infancia y adolescencia”, ha concluido el Defensor de la Infancia.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre la incidencia de la salud mental en las personas que residen en entornos vulnerables, entre los que ha destacado la población penitenciaria, las personas migrantes o las personas de etnia gitana, y ha reclamado la coordinación de las distintas administraciones para la atención e intervención de la enfermedad mental no solo desde lo sanitario, sino tratando otras circunstancias.

En la inauguración de la jornada sobre Bióetica y Salud mental: desafíos comunes en la población vulnerable, Jesús Maeztu ha mostrado su convencimiento de que "la enfermedad mental es un riesgo para las personas que las padecen y su entorno mas inmediato", y enfrenta a estas personas a "desafíos como el estigma y la discriminación, la vivencia de abusos y violencia, accesos reducidos a servicios de salud, educación o empleo".

El Defensor ha insistido en la incidencia mental en quienes residen en entornos vulnerables porque las enfermedades mentales se deben trabajar, a su juicio, de acuerdo a sus circunstancias personales y a sus contextos culturales. En el caso de la población penitenciaria, Maeztu ha considerado que es preciso una coordinación entre las distintas administraciones, "no solo es cuestión de las competencias de Salud", en línea de lo expresado en la inauguración por Benedicto Crespo-Facorro, director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.

La primera mesa redonda aborda la salud mental en la población penitenciaria e intervendrán Inmaculada Giráldez, subdirectora de Tratamiento del Hospital Penitenciario de Sevilla; Pedro Masse, psiquiatra del Hospital Penitenciario de Sevilla; Yolanda González, directora del Centro Penitenciario de Córdoba; Pilar Ventosa, psiquiatra consultora en el Centro Penitenciario de Córdoba; Sergio Ruiz, director de Programas del CIS de Granada y Maria Luisa Díaz Quintero, representante de Enredes.

La segunda mesa trata sobre la salud mental en entornos vulnerables y participarán Cristina González, médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de Laujar de Andarax y presidenta de Feafes Salud Mental en Almería; Eva Fernández, trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios de Almería.; Nabil, Sayed-Ahmad Beiruti, psiquiatra en Roquetas de Mar y María del Carmen Filigrana, directora de Fakali. Por la tarde la ponencia marco corresponderá a Manuel Martín Carrasco, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), tras la cual se procederá a difundir las conclusiones y el cierre a cargo del Defensor.

Esta jornada continúa con la senda que ya inauguró la Defensoría el pasado mes de marzo en Cádiz, en aquella ocasión sobre 'Bioética y Salud mental: raíces comunes en la atención a los mayores, infancia y adolescencia' para abordar el problema de la salud mental desde el enfoque de la bioética y mediante el análisis en detalle de sectores de la población más vulnerable como son la infancia y las personas mayores.

La jornada del Defensor del Pueblo andaluz se dirige a profesionales del sector socio-sanitario, los servicios sociales y del ámbito jurídico implicados en el campo de la salud mental, a las asociaciones dedicadas a la protección de los derechos de las personas con trastornos de este tipo, así como a las propias personas afectadas y a sus familias.

La situación de los niños en la Franja de Gaza es crítica y constituye una violación sin precedentes, masiva y grave de todos sus derechos humanos, con su derecho inherente a la vida en primer plano. Según se informa, más de 3500 niños perdieron la vida en las últimas tres semanas debido a ataques implacables. El número de muertos aumenta cada día. No hay ningún niño en la Franja de Gaza que no haya experimentado angustia, trauma, destrucción, desplazamiento o duelo. Sus necesidades básicas (alimentos, agua, atención médica, refugio) ya no están satisfechas, y su supervivencia está gravemente amenazada.

Cualquier ataque selectivo contra civiles, niños o centros de primera respuesta que albergan o proporcionan atención médica o de otro tipo y apoyo inmediatos a niños y familias es una violación del derecho internacional humanitario y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Como defensora independiente de los derechos de los niños, la Oficina de la ENOC hace un llamamiento a la comunidad internacional para que utilice todos sus poderes para detener y prevenir las graves violaciones de los derechos de todos los niños en la Franja de Gaza.

Instamos a todas las partes involucradas en este conflicto a que respeten y garanticen el respeto de las normas del derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados, especialmente en lo que respecta a los niños.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por una regulación en los procedimientos de administración electrónica, como es el caso de la cita previa, así como en aquellos casos en los que intervenga la inteligencia artificial, con el fin de corregir consecuencias perniciosas para la ciudadanía como sería la brecha digital.

“Los defensores debemos mirar a la cola de la desigualdad, que todos entremos en el juego, o de lo contrario nunca será una transición justa”, ha afirmado Maeztu en declaraciones previas a la inauguración de la jornada sobre Administración Electrónica e Inteligencia Artificial: Los Derechos de la Ciudadanía ante un Nuevo Modelo de Administración organizada por el Defensor en Granada. En la inauguración han intervenido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Jesús Maeztu ha enfatizado las ventajas que supone la incorporación a la administración pública de las técnicas de gestión propiciadas por el nuevo entorno digital, pero al tiempo ha subrayado la necesidad de abordar la brecha digital y lograr una administración electrónica inclusiva. Para ello el Defensor ha organizado una jornada para analizar cómo se compaginan medios alternativos “para que no haya personas que lleguen tarde”. “Este debate ha venido para quedarse, debemos reflexionar para que la transición digital sea justa”, ha señalado.

Entre las medidas, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que en algunos procedimientos no se puede eliminar la presencialidad y ha informado de que la Institución ha iniciado una actuación de oficio en relación con la exigencia de disponer de cita previa para poder acceder a las dependencias administrativas sin cita. “Reclamamos que se garantice la atención presencial, sin cita previa, a todas las personas y en todas las dependencias y organismos administrativos durante el horario de apertura al público. Asimismo, hemos pedido que se ofrezcan diversos canales de acceso a la cita previa, incluyendo entre dichos canales formatos telemáticos, telefónicos y presenciales”, ha señalado el Defensor durante su intervención en la inauguración de la jornada.

Asimismo, el Defensor ha advertido también sobre la obligatoriedad de relacionarse telemáticamente con la administración; la utilización de procedimientos automatizados para la concesión de subvenciones o ayudas, y la utilización de algoritmos para la toma de decisiones por parte de la administración, que son objeto de preocupación y debate entre importantes sectores de la ciudadanía que consideran necesaria una regulación y un control mas rigurosos de estas herramientas tecnológicas.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy una normativa específica que contemple las peculiaridades de los colegios rurales. “La normativa está orientada a los colegios ordinarios. En este tipo de colegios estas normas fracasan; necesitan una adaptación, hagámoslo y no seamos tan inflexibles”, ha señalado Jesús Maeztu en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional celebrada hoy en el Parlamento de Andalucía, y en la que ha presentado el informe titulado La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas.

El Defensor ha afirmado que los colegios rurales en Andalucía “funcionan, y con algunas mejoras lo harán mucho mejor; tienen un grado de satisfacción de las familias por encima del 90%, y ayudan a frenar la despoblación junto a otras medidas en sanidad o contra la exclusión financiera”. Para el Defensor, se debe reconocer y garantizar el derecho de todos los niños y niñas a recibir educación en su propio entorno social y geográfico.

En cuanto a la reclamación de una normativa específica, el Defensor ha señalado que se aplican medidas numéricas estrictas propias de los centros ordinarios en cuanto al número de alumnos que deben estar escolarizados. “O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones”, ha señalado Maeztu.

El Defensor de la Infancia ha extendido esta falta de adaptación a la normativa para los servicios educativos complementarios, “que no se acomodan a las características de los colegios públicos rurales y provoca que la presencia de dichos servicios es muy escasa”. Según los datos oficiales, el número de alumnado que utiliza el aula matinal en estos centros es del 10%; el comedor, 23%; el transporte escolar, el 43%; las actividades extraescolares, el 56%, y residencia escolar solo hay una, en Granada.

Esta falta de regulación también la he echado en falta el Defensor en las infraestructuras, y ha demandado una norma reguladora de los requisitos mediante mecanismos de colaboración y cooperación permanente para mantener y mejorar las infraestructuras de estos singulares recursos educativos.

Maeztu ha advertido de desigualdades para el alumnado en relación a la brecha digital y en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo, ha considerado necesario medidas de bioclimatización y, para mantener al alumnado, un estudio que aborde la conveniencia de extender todos los cursos de la ESO y medidas para conseguir la estabilidad del profesorado, para quienes ha sugerido medidas de incentivos económicos para mantener el trabajo en zona rurales y mejorar la retención en esas zonas.

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y UNICEF Comité Andalucía han celebrado hoy una jornada formativa con el fin de promover la implementación del Coordinador de Bienestar y Protección en los centros educativos andaluces para que puedan ejercer correctamente su labor de garantizar la protección y el bienestar de todos los estudiantes en uno de sus ámbitos más inmediatos, la escuela.

Esta figura se encuentra recogida en el marco normativo de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), ley que tiene como objeto garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes estableciendo medidas de protección integral que deben incluir la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

“La violencia entre iguales -acoso escolar, ciberacoso, abuso, grooming, maltrato...- tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa. Confiemos en la profesionalidad y el sentido común de los equipos directivos de los centros, con el apoyo de la Administración educativa, para que esta figura ayude en la lucha contra la violencia a la infancia y adolescencia desde la prevención, detección precoz, sensibilización y educación”, ha afirmado Jesús Maeztu, Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

Actualmente, los datos reflejan un aumento del acoso escolar y otras formas de violencia. La tasa de victimización de acoso escolar estimada se sitúa en el 33,6% y la de ciberacoso en el 22,5%; sin embargo, no todos los casos de violencia contra la infancia se computan, no todas las víctimas denuncian y, además, se sigue produciendo una normalización de determinadas formas de violencia que quedan invisibilizadas. Para terminar con estas situaciones, la escuela cumple con una función protectora clave para prevenir y tratar la violencia entre iguales, así como identificar y actuar frente a la ejercida por los adultos hacia la infancia.

“La única forma eficaz de luchar contra la violencia es la prevención” ha asegurado María Ángeles Espinosa, presidenta del Comité de Estudios y Formación de UNICEF España. “Por ello, pedimos a las administraciones educativas que movilicen los recursos necesarios para impulsar acciones en tres áreas: normativa, para que la labor de los coordinadores no dependa de la voluntad o las capacidades individuales del personal educativo, sino de un desarrollo adecuado de sus funciones y condiciones; formativa, dotando de formación específica a los coordinadores, y genérica a toda la comunidad educativa; y de datos, con la puesta en marcha del registro censal de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia que permita conocer la magnitud del problema y abordarlo de manera coordinada”, ha reclamado.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado de que en este mes de octubre se va a realizar la formación específica para el asesoramiento de los coordinadores de Bienestar y Protección de la Infancia y la Adolescencia de los centros educativos andaluces. Serán 800 plazas, 100 por provincia, en la modalidad a distancia a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado de la Consejería.

Además, ha avanzado Patricia del Pozo, está prevista una segunda convocatoria en el mes de febrero de 2024, en esta ocasión organizada por los 32 Centros del Profesorado (CEPs) “según la demanda, con la idea de que todos los coordinadores tengan acceso a la formación necesaria para el desempeño de sus funciones”. Esta formación se extiende también a los equipos directivos y profesionales de la orientación educativa.

Esta jornada de diálogo y reflexión dirigida a docentes y otros profesionales del ámbito educativo pretende contribuir al desarrollo de las medidas necesarias para la puesta en práctica de esta nueva figura profesional y el análisis de los retos que supone, pero también de la oportunidad que brinda para construir espacios seguros para la infancia desde la educación. Uno de sus principales retos es el de lograr una coordinación real entre las administraciones educativa, sanitaria, judicial, servicios sociales y fuerzas de seguridad, pero incluyendo también a los propios niños y niñas y sus familias, ya que la protección es cosa de todos. De forma que, ante un caso de violencia contra la infancia, todos los actores implicados estén verdaderamente coordinados para prevenirlo, identificarlo o, si ya se ha producido, dar respuesta.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu; la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; la presidenta del Comité de Estudios y Formación de UNICEF España, María Ángeles Espinosa y el director del IES Nervión, Miguel Mariscal y en ella han participado alumnos y alumnas para expresar su punto de vista y sus propuestas.

El Defensor del Pueblo andaluz ha publicado un primer informe monográfico, dedicado a la mediación, en el que rinde cuentas sobre la propia actividad mediadora ejercida por la Institución, al tiempo que incorpora un diagnóstico sobre los servicios públicos de mediación en Andalucía. En cuanto a la mediación propia del Defensor, el 88% de las personas que valoraron este proceso manifestaron estar muy de acuerdo o de acuerdo con el hecho de que la mediación les resultó una fórmula ágil para resolver su asunto.

Han sido más de mil mediaciones celebradas desde 2017 y hasta 2022 en las que el Defensor del Pueblo andaluz ha intervenido en un conflicto entre la ciudadanía y la Administración, con un incremento significativo a lo largo de los años de vigencia de este modelo de intervención, aumentando significativamente el volumen de quejas mediadoras.

A pesar de existir cierta fluctuación en el número de quejas finalizadas con acuerdo entre las partes, la media se sitúa casi en el 65%, si bien la conclusión que la Institución valora en mayor grado trata acerca de la restauración de las relaciones o la recomposición de la comunicación entre las partes. A la pregunta sobre la satisfacción con la mediación, con independencia del resultado obtenido, el 94% de las personas que respondieron la encuesta dijeron estar muy de acuerdo (78%) o de acuerdo (16%).

Para la Defensoría, este aspecto demuestra que de forma sostenida, en Andalucía, la mediación administrativa que está desarrollando el Defensor del Pueblo Andaluz provee de un espacio aceptado y positivamente valorado por la ciudadanía y las personas que representan a las administraciones. Desde que el Defensor del Pueblo andaluz iniciara la implantación de la mediación, ha recibido numerosas solicitudes de información por parte de otras defensorías del pueblo, de las defensorías universitarias andaluzas, y de otras asociaciones públicas y privadas de mediación del territorio español.

Por ello, la Institución ha considerado oportuno compartir con esta publicación Enfoque actual del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la cultura de paz y la mediación en Andalucía, donde detalla las experiencias propias de la mediación administrativa implantada por la Institución, basada en el uso de mecanismos flexibles y adaptativos en la gestión diaria de las quejas que remite la ciudadanía.

La contribución de la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz a la cultura de paz que invoca su Estrategia 2021-2024 se refleja en las más de 200 páginas de este Informe, “desde el orgullo de estar trabajando con herramientas de diálogo, consenso y participación en un escenario complejo como es el administrativo y con la ilusión por demostrar que es posible resolver los conflictos desde la cooperación en lugar de la confrontación”, ha destacado Jesús Maeztu. "No nos cabe duda de que esta manera de trabajar en la Defensoría supone un elemento de innovación social que viene a ser pionero en España, pero al que seguirán otras experiencias similares, atendiendo a la idiosincrasia de cada institución y territorio”, ha señalado.

Esta pasada semana el Defensor de Pueblo andaluz ha expuesto las conclusiones del grupo de trabajo sobre mediación que impulsó en la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), cuya Asamblea y Consejo se ha celebrado en Barranquilla (Colombia).

El Defensor del Pueblo andaluz y UGT Andalucía han mantenido hoy una reunión institucional tras la elección de Oskar Martín como dirigente sindical el pasado mes de julio. Los equipos del Defensor del Pueblo andaluz y UGT Andalucía han abordado distintas problemáticas sobre las que están trabajando, en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible.

Especial atención ha puesto el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, en los casos de salud mental, con especial incidencia en población infantil y juvenil, y situaciones de violencia hacia la infancia. Maeztu también ha avanzado la presentación del informe especial sobre escuelas rurales la próxima semana en comisión parlamentaria.

Otras preocupaciones destacadas que ha expuesto el Defensor han estado relacionadas con asentamientos de migrantes en las provincias de Huelva y Almería, urbanismo, sostenibilidad ambiental, o vivienda.
Jesus Maeztu ha destacado también las más de 2.000 actuaciones entre quejas y consultas en empleo público, y ha compartido con los responsables de UGT la preocupación mutua sobre el acceso de las personas con discapacidad al empleo público.

El Defensor ha llamado la atención sobre actuaciones de la Institución en asuntos judiciales, relaciones laborales, así como ha informado a los dirigentes sindicales sobre el servicio de atención a la ciudadanía y la vía de la mediación como fórmula para la resolución de conflictos.

Por su parte, Oskar Martín, ha alertado sobre el deterioro de la sanidad privada y ha pedido que se excluya a la atención primaria de los conciertos privados. Además, ha puesto en valor “la figura del “defensor del pueblo”, una institución altamente valorada por la sociedad y útil en la vida cotidiana de los andaluces y andaluzas”, y ha resaltado la importancia del “diálogo y la colaboración entre los diferentes agentes sociales”.

El líder regional de UGT ha señalado que “hay importantes deficiencias en cuestiones como los ingresos de subsistencia, el acceso a una vivienda digna o suministros básicos, así como las dilaciones en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y de la discapacidad”. Además, ha ensalzado que “cada vez son mayores los riesgos de la transición digital, no podemos dejar a nadie atrás” y ha destacado que “se está cediendo suelo a empresas educativas privadas, se eliminan unidades de la pública y no se abren escuelas en los barrios más desfavorecidos”.

A la reunión institucional han asistido también por parte de UGT Andalucía el secretario de Institucional, Rafael Gelo,  el secretario de Políticas Sociales, Vivienda y Memoria Histórica, Ramon Sánchez-Garrido y el secretario de Comunicación y Redes Sociales, Fernando Morillo y por parte del Defensor del Pueblo andaluz, la directora de Gabinete, Soledad Rosales, y la secretaria general de la Institución, Laura Iturrate.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, finaliza su etapa como V vicepresidente del consejo rector de la FIO y propone a Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges de Cataluña, como representante en el comité ejecutivo de los defensores autonómicos españoles

La contaminación al medio ambiente, la trata de personas, los flujos migratorios, las violencias de género, la conflictividad social, el hacinamiento carcelario, el accionar de los grupos criminales transnacionales, entre otras problemáticas, son los retos que se avecinan y para los cuales los defensores iberoamericanos han apostado por un trabajo "conjunto, coherente y coordinado" en la clausura de la XXVIII Asamblea y XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO) celebradas en Barranquilla (Colombia) y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que ha ostentado hasta este momento la vicepresidencia quinta de este órgano.

En la clausura de la Asamblea, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, fue elegido nuevo presidente de la FIO tras la designación del pleno conformado por Defensores del Pueblo nacionales, autonómicos, provinciales y locales. El Defensor colombiano sustituye a Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo de República Dominicana. Jesús Maeztu propuso como representante de los defensores autonómicos españoles a la Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, propuesta que fue aceptada.

Esta Asamblea general se ha celebrado tras el XXVI Congreso de la FIO, en el que los defensores han analizado el trabajo que realizan las diversas instituciones de la Federación y su contribución a la construcción de sociedades más justas y equitativas. En el marco de este Congreso, los responsables de las defensorías han puesto su mirada en el impacto sobre la independencia y la autonomía de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) que tienen fenómenos como la desinformación, la erosión de la credibilidad en las instituciones democráticas, la corrupción, el autoritarismo y el populismo.

El Defensor andaluz ha presentado las conclusiones del grupo de trabajo sobre mediación, y ha abogado por consolidar esta vía en el trabajo cotidiano de los defensores, algunos de los cuales están ya avanzando en su implantación.