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Las diferentes actuaciones en el curso de este expediente nos han permitido analizar la situación planteada en la queja y, tras diversos trámites, que a continuación se detallan, hemos considerado procedente emitir un pronunciamiento formal como Resolución, según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz.

ANTECEDENTES

1.- El Defensor del Pueblo Andaluz acordó la admisión a trámite de la queja indicada relativa a petición de los herederos de ... no atendida para la devolución de bienes cedidos al Ayuntamiento de Córdoba. Dicha queja supuso la petición de información dirigida ante este organismo en los siguientes términos:

“Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido comunicación dirigida por D. (...), que ha sido registrada con el número arriba indicado, a través de la cual nos expone que comparece en nombre de su familia para obtener la devolución de determinados bienes que cedieron en su día para la celebración de determinadas exposiciones en el Museo Taurino de esa ciudad. Añade que, a pesar de reclamar dicha devolución formalmente desde 2015 y reiterarla en varias ocasiones, no han obtenido una respuesta clarificadora ni la devolución efectiva de los elementos cedidos”.

2.- El Ayuntamiento, a través del Coordinador de Presidencia y Políticas Transversales remitió un detenido informe en el que, concretamente, se expresaba

“Recibido escrito procedente del Defensor del Pueblo Andaluz, de referencia MM/ct nº 17/6567, en el que se solicita informe junto a la documentación oportuna que permita el esclarecimiento de los motivos de la queja presentada por D. (...) y su familia para obtener la devolución de determinado bienes que cedieron en su día para la celebración de determinadas exposiciones en el Museo Taurino, le informo lo siguiente:

1.- El 22 de febrero de 2016, se remite a esta Unidad de Patrimonio y Equipamiento informe de DEVOLUCIÓN Y ENTREGA BIENES CEDIDOS EN DEPOSITO AL MUSEO MUNICIPAL TAURINO DE CÓRDOBA, suscrito por la Directora de los Museos Municipales, en el que se adjuntaba la siguiente documentación:

• Solicitud del Subdirector General de cultura de fecha 14 de abril de 2015, solicitando informe a la Dirección de Museos en relación a la solicitud de devolución de determinados bienes pertenecientes a D. (...)

• Solicitud de (...), dirigida al Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Cultura de “Devolución y Entrega, entrega de todos los bienes cedidos en deposito al Museo Taurino de Córdoba” de fecha 6 de febrero de 2015. A la solicitud se acompaña:

  • “Catalogo de la exposición homenaje y programa de actos , Córdoba, 29 de septiembre de 1987”.

  • “Acta de Manifestaciones número 3653, formalizada ante el notario (...), en la que comparecen (...) de fecha 30 de noviembre de 2015.

En este acta de manifestaciones los comparecientes indican:

Que para la exposición homenaje en el Museo Municipal Taurino, con ocasión del centenario de la alternativa de (...), celebrada el 29 de septiembre al 27 de octubre de 1987, sus representados cedieron en depósito, los bienes que seguidamente se detallan, los cuales obran igualmente relacionados, en el catálogo de la exposición homenaje y programa de actos, que me entregan, y del que yo el Notario deduzco fotocopia, que con el valor de testimonio....”

• Informe de la Directora de Gestión Documental y Archivos, de fecha 21 de abril de 2015 en que se señalan los antecedentes que existen en el Archivo Municipal en relación a los bienes cedidos al Ayuntamiento por la familia del torero D. (...), concluyendo que no consta expediente de cesión de estos bienes”.

2.- Con la documentación recibida, por esta Jefatura de Patrimonio y Equipamiento, se realiza un informe remitido al a Unidad de Museos de fecha 8 de marzo de 2016, en que se analiza detalladamente cada uno de los documentos e informes que acompañaban a la solicitud de la Subdirección General de Museos, y ante la falta de documentación que indique la procedencia de los bienes objeto de solicitud de devolución, se le manifiesta que:

“Todos los bienes que se encuentren en las dependencia municipales, deben estar correctamente inventariados, especificando el título en virtud del cual el Ayuntamiento de Córdoba dispone del mismo. Le comunico que el servicio responsable del bien no es la Unidad de Patrimonio y que es necesario un informe desde el servicio municipal competente, en este caso la Dirección de Museos, quien debe de informar si procede o no la devolución, conforme a los datos documentales existentes en sus dependencias y una vez hecho esto, realizar la correspondiente propuesta suficientemente fundamentada”.

Para concluir se solicita a la Dirección de Museos lo siguiente:

“Por esta Unidad no puede informar si procede o no la devolución de un bien de carácter histórico-artístico cuando ni el propio servicio gestor (que mantiene dudas relativa a la propiedad de los bienes), no aporta prueba documentación alguna sobre la titularidad de los mismos. Por este motivo deberá pronunciarse clara y rotundamente en relación a la solicitud formulada por los herederos de (…).

Por último, ante la falta de documentación existente y habida cuenta de que se presenta como forma de presunción de titularidad una fotocopia del “catálogo de la exposición de 1987” y un “Acta de Manifestaciones”, para poder efectuar el levantamiento de los depósitos realizados en su día, es necesario, para continuar con la tramitación del expediente, que por esa Dirección de Museos se indique clara, precisa y rotundamente la titularidad individualizadamente de cada uno de los bienes que se recogen en la solicitud de “Devolución y Entrega” presentada por (...)

3.- El día 25 de mayo de 2016 la Dirección de Museos, responde a la petición de informe solicitado en el punto segundo del presente, en el que podemos destacar las siguientes afirmaciones:

• “previamente, consultamos con la Sra. Archivera, información sobre los bienes cedidos por la familia reclamante, sin haber encontrado constancia documental alguna en el Archivo Municipal”.

• Hemos revisado una por una, las 630 (seiscientas treinta) fichas que componen el inventario realizado en 1986, que se encuentra en el Archivo Municipal, a excepción de la página 124 en el que se indica que falta esta página completa, que va desde el número 515 al 518 inclusive.

El documento con el código 354, año 1986 y signatura 2590-015, se titula: “INVENTARIO DEL MUSEO MUNICIPAL TAURINO DE CÓRDOBA Y PROYECTO CATÁLOGO PARA MUSEO TAURINO, cerrado a 31 de diciembre de 1986”.

El inventario aparece sin firma y debió terminarse algunos meses más tarde de los indicados, puesto que en el se hace referencia a datos publicados en el Catálogo de la Exposición celebrada el 29 de septiembre de 1987, con motivo de los Actos en Conmemoración del Centenario de la Alternativa del torero (...), organizado por la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba a propuesta del entonces director del Museo Taurino D. (…).

Hemos investigado el autor/autores de este Inventario con proyecto de Catálogo y podemos confirmar que fue realizado por D.(...) con el asesoramiento de los pintores; (...). En contacto con el profesor D. (...) nos informa, que a excepción de los depósitos y donaciones formalizadas como documentos en la primera apertura del Museo en torno a los años 53/54/55, el resto eran hojas sueltas de registro y listados hechos a mano por un conserje. El Sr. (...) se basó en ellos y en las cartelas de papel que presentaban los objetos expuestos”.

Indicar que el mencionado documento denominado “Inventario”, es un listado en el que no figura membrete alguno de “Ayuntamiento de Córdoba” o de servicio municipal, no esta firmado y no esta aprobado por órgano de gobierno. Al mismo tiempo se indica que el inventario de 31 de diciembre de 1986 incluye referencias del catálogo publicado el 29 de septiembre de 1987, casi diez meses posterior al cierre del inventario, lo que hace dudar del contenido del mismo.

4.- Coincidiendo con el presente expediente de devolución de bienes de la Familia , esta Unidad tramitaba en paralelo otro similar de devolución de un bien depositado en la Unidad de Museos y al respecto Intervención General manifestó en informe de fecha 21 de noviembre de 2016:

A la vista de lo anterior por parte de esta Intervención General no puede pronunciarse sobre actuaciones pactadas “verbalmente” que carezcan de procedimiento administrativo alguno en el que se enmarcan las funciones que la ley reserva a este Órgano.

Por tanto si, tal y como informa el Servicio Gestor no existe constancia ni documentación alguna del referido depósito, consultados los inventarios desde el año 2001 hasta la fecha no figura ningún bien “Simpecado de la Hermandad del Rocío”, es decir, que el bien no consta en el inventario, no existe expediente aceptando la cesión a este Ayuntamiento, parece factible tramitar la devolución de una cesión respecto de la que no existe constancia documental. Esta Intervención General no puede pronunciarse, por tanto, respecto a la devolución planteada del Simpecado.

Sin embargo, en este caso existe una diferencia fundamental y es que constaba un acto de cesión notarial firmado por el Ayuntamiento y la persona cedente de los bienes, por lo que pese a no existir procedimiento, si quedaba acreditado que los bienes se habían cedido en depósito, al existir ese documento.

Sin embargo los interesado en este procedimiento objeto de informe, presentan un acta de manifestaciones suscrita por ellos mismos donde lo que indican es que ellos son los titulares de los bienes y a fecha reciente.

5.- Por último ante la falta de documentación clara ya precisa relativa a la cesión de los bienes se remitió escrito al Subdirector General de Cultura, el pasado día 1 de marzo de 2017, en que se procedía a la devolución del expediente, hasta tanto el Servicio Gestor (Dirección General de Cultura o Unidad de Museos), no se pronuncie clara, precisa y rotundamente sobre el deposito o cesión de cada uno de los bienes objeto de la solicitud devolución y Entrega, realizada por D. (…) y su familia, ello debido a que nos encontramos ante bienes de titularidad municipal y sobre los cuales debe quedar suficientemente clara su titularidad antes de disponer de los mismos, habida cuenta de las responsabilidades a las que podría enfrentarse el funcionario que autorice sin justificación suficiente la salida de los bienes.

6.- Desde esta Jefatura, se desconoce si el Servicio Gestor, responsable de los Bienes de carácter histórico-artístico del Ayuntamiento de Córdoba, se ha realizado por escrito con D. (...) y su familia, informándoles de las particulares circunstancias que rodea al expediente objeto de su solicitud”.

3.- Con el fin de disponer de la alegación del interesado, dimos traslado de la anterior información y se nos ratificó la petición original de lograr la aportación del conjunto de bienes relacionados en diversos documentos elaborados por la familia.

Analizado el contenido de su información, hemos de ofrecerles a la luz de los datos las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La cuestión planteada por el interesado, y familiares, es la devolución de determinados elementos que habrían sido trasladados al Ayuntamiento de Córdoba con motivo de los “Actos en Conmemoración del Centenario de la Alternativa del torero (...), organizado por la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento en 1987”. Estos herederos viene solicitando al Ayuntamiento su devolución alegando el carácter privativo de dichos bienes familiares y la procedencia de restituir a sus herederos de tales elementos una vez concluidos sobradamente los actos que motivaron dicha puesta a disposición. A pesar de sucesivos escritos y gestiones, indican que no han obtenido una respuesta satisfactoria.

Por su parte, la información dada desde la corporación municipal relata una variedad de contactos e informes de distintas instancias que concluyen con una indeterminación sobre el depósito de tales bienes a partir de una insuficiente gestión a la hora de la identificación, recepción, registro, inventariado y custodia de los elementos aludidos. El argumento central que se expresa en la variada información ofrecida se centra en que “en tanto no se aporte documentación relativa al depósito de los bienes en las dependencias municipales, por esta Unidad no se puede tramitar el expediente de devolución de ninguno de ellos”.

Segunda.- Ciertamente, el caso presenta algunas circunstancias singulares debido a la carencia de signos o evidencias que acrediten tales actos de puesta a disposición de enseres y la correspondiente recepción formal a cargo de diversas instancias municipales.

De un lado, los reclamantes, en sus distintas facetas, manifiestan la propiedad de una variedad de elementos y su puesta a disposición del Ayuntamiento para atender la finalidad expresa de ser expuestos en el Museo Taurino de la ciudad, así como para la celebración del evento en 1987. Tras la reforma del museo en 2014, no aparecen en la exposición permanente varios elementos cedidos, a la vez que concluye holgadamente las celebraciones del aniversario ya organizado. Ciertamente, como se alude en la información municipal, tales actos de disposición no quedan acreditados por los solicitantes así como la asignación de sus particulares derechos respecto de cada uno de los bienes reclamados.

Pero, de otro lado, y a pesar de estas carencias, la falta de evidencias de tales disposiciones que se atribuyen a la familia afectada, no se compadece, de contrario, con la gestión de tales bienes por parte municipal. El informe recibido es una suma de relatos para explicar el ámbito competencial de cada instancia y remitirse a las respuestas de otros servicios, concluyendo todos de forma unánime en desatender la reclamación de los familiares interesados.

Sería deseable que los familiares reclamantes presentaran de manera inexcusable la acreditada titularidad sobre todos los bienes y su respectiva identificación, así como evidencias de la puesta a disposición que realizaron en su día al Ayuntamiento con los fines explicados, pero ello no puede llevar a cuestionar los límites de la legislación al respecto («El depositario no puede exigir que el depositante pruebe ser propietario de la cosa depositada», artículo 1771 del Código Civil).

Y, correlativamente, la propia Administración debería alcanzar una mejor justificación en cuanto a la recepción, registro e inventariado de los bienes cedidos como estipula la normativa reguladora de los bienes municipales. Tal es la obligación establecida en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, que en su artículo 28 establece:

«1. Bajo el epígrafe de «Bienes y derechos revertibles», se reseñaran con el detalle suficiente, según su naturaleza y sin perjuicio de las remisiones a otros epígrafes y números del inventario, todos aquellos cuyo dominio o disfrute hubiere de revertir o consolidarse en la Entidad llegado cierto día o al cumplirse o no determinada condición, de modo que sirva de recordatorio constante para que la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le correspondieren en relación con los mismos.

2. Se relacionarán en esta parte del inventario, entre otros bienes, los cedidos por la Corporación condicionalmente o a plazo, las concesiones y los arrendamientos otorgados sobre bienes municipales o provinciales».

Dicho en otros términos; la omisión de este correcto proceder bajo la exclusiva responsabilidad municipal se torna además en argumento para dificultar la devolución que merecen los familiares.

Tercera.- A falta de actos expresos de naturaleza administrativa que dieran cabida a la relación descrita, la legislación civil acogida de manera subsidiaria parece resolver la cuestión, a partir de la figura del depósito y la obligación del depositario municipal de la debida conservación del bien y su restitución cuando cesa la causa de su entrega o es solicitada por el depositante (artículo 1758 y ss. del Código Civil).

En todo caso, no se ha cuestionado el origen familiar de los elementos cedidos en su día para nutrir los fondos del Museo Taurino y con motivo del centenario de la alternativa del histórico lidiador, que incluso se mencionan en la documentación e inventario de la exposición organizada. Tampoco hemos apreciado desde el Ayuntamiento una posición que ilegitime la petición de los interesados, sino, más bien, las dificultades formales para procedimentar esa devolución de los bienes debido a las omisiones en la gestión patrimonial de los elementos cedidos y depositados en su día.

Es necesario superar la anómala situación actual de no facilitar la restitución de los bienes a sus depositantes, mientras tampoco se justifica debidamente su tenencia por parte del patrimonio municipal mientras persiste la reclamación.

Por tanto, a partir de una comprobación de los bienes relacionados con los que se encuentran expuestos o almacenados, podrían avanzarse en los trabajos para su identificación y devolución o, incluso, abordar otro posible destino acorde con las voluntades de los propietarios y la propia Administración.

Un proceso, de manera negociada y directa, que soslaye el ejercicio de otras acciones legales que agravarían sus costes y plazos y que procure una solución posible en los términos en los que está planteada la cuestión.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir al Ayuntamiento de Córdoba las siguientes

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los preceptos normativos señalados a lo largo de la presente resolución.

RECOMENDACIÓN para disponer el procedimiento de devolución de los bienes cedidos en su día por los interesados.

SUGERENCIA para promover una actuación dialogada entre los responsables municipales y los familiares a fin de alcanzar una acuerdo satisfactorio en las pretensiones tanto de una devolución de efectos como para una posible puesta en valor de los mismos en términos análogos para lo que fueron cedidos.

Según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, la autoridad a la que se dirige la Resolución viene obligada a responder por escrito en término no superior a un mes, comunicando la adopción de las medidas adecuadas en el sentido que se recoge en la Resolución dictada o, en su caso, las razones que le impidan adoptar tal decisión.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Nos ponernos nuevamente en contacto con usted en relación con el expediente de queja arriba referenciado, promovido de oficio, relativo a la obligatoriedad de reconocimientos médicos en determinadas pruebas deportivas.

Habiendo analizado exhaustivamente cuanta documentación e información obra en el expediente de queja, entre la que reza el informe evacuado en respuesta a la solicitud que le cursamos desde esta Institución, al amparo de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos Resolución concretada en lo siguiente

ANTECEDENTES

1. Teniendo en cuenta la existencia de los distintos derechos en juego, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz entendió oportuno iniciar una actuación de oficio orientada a conocer con mayor detalle las circunstancias que concurren, así como las actuaciones que van a ser desarrolladas. Dicha queja de oficio se motivaba en los siguientes términos:

“El deporte tiene la condición de factor corrector de desequilibrios sociales, así el Preámbulo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, señala que «constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea».

La recientemente aprobada Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte Andaluz, incide en dicho aspecto «postulando al deporte como un derecho de la ciudadanía, mediante el reconocimiento de la existencia de la práctica deportiva en toda su magnitud, que incluye desde el deporte de competición al deporte de ocio», «teniendo la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud», «inspirada en el principio de igualdad efectiva y en la plena integración de las personas con discapacidad, personas mayores y los grupos de atención especial … reconociendo del derecho al deporte con carácter universal e imponiendo a todas las administraciones públicas el deber de garantizar el acceso de la ciudadanía a la practica del deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades».

Partiendo de esta premisa, queremos en este momento destacar la novedad introducida por nuestra Ley del Deporte en relación a la protección de salud a tenor del gran número de deportistas que ya sean en competiciones oficiales y no oficiales, o de mero ocio, inundan nuestras calles y entorno de los municipios.

La propia exposición de motivos hace repetidas referencias a la misma, y así «se plantea la estructura de la presente ley ... como gran dintel de la estructura deportiva andaluza que se encuentra soportado por cuatro pilares básicos, cuales son la prevención y promoción de la salud, la protección de la seguridad, la educación en valores y el impulso de la calidad y la excelencia del nuevo modelo deportivo en Andalucía» (Exp. Mot. VII), o tras la clasificación de los deportistas en deportistas de competición y deportistas de ocio, la regulación de «los reconocimientos médicos previos de no contraindicación para la práctica deportiva, que habrán de implantarse progresivamente como instrumento para la prevención y protección de la salud de los deportistas federados … Otra innovación viene representada por la tarjeta deportiva sanitaria, que constituye un instrumento de primer orden para preservar la salud de los deportistas que participen en competiciones oficiales deportivas federadas» (Exp. Mot. XXI).

Si bien esto último hace referencia a los deportistas federados, posteriormente el artículo 41 viene a determinar lo siguiente:

«Corresponde a la Consejería con competencia en materia de deporte el impulso y la coordinación de las políticas públicas relativas a la protección de la persona deportista, con independencia del tipo de práctica y modalidad deportiva, mediante:

a) El estudio de líneas específicas de actuación encaminadas a la prevención y seguimiento médico de la aptitud y condiciones de los deportistas para la práctica deportiva.

b) La divulgación de instrucciones informadoras de las prácticas adecuadas en las distintas modalidades deportivas según su naturaleza y características, en orden a obtener un mejor rendimiento de los practicantes y en prevención de accidentes o potenciales riesgos para su salud.

c) La determinación de las características y requisitos de las certificaciones médicas exigibles para la práctica del deporte en sus diversas modalidades y clases de deportistas.

Y en el artículo 43 determina que:

«1. La Consejería competente en materia de deporte en coordinación con la Consejería competente en materia de salud garantizarán a todas las personas que deseen practicar deporte, de ocio o competición, el acceso a la información y recomendaciones específicas para cada tipo de deporte sobre los riesgos para la salud que supone la práctica del mismo.

2. Al objeto de proteger la salud de los deportistas federados, la Junta de Andalucía, al margen de las prestaciones sanitarias del sistema sanitario de Andalucía, en el marco de las recomendaciones internacionales y estatales, regulará un sistema progresivo de reconocimientos médicos previos a la práctica del deporte en aquellas modalidades deportivas que reglamentariamente se determinen.

3. En la regulación de estos reconocimientos médicos previos en los que se determine la no contraindicación de la práctica deportiva, se tendrán en cuenta el plazo de vigencia, el tipo de modalidad o práctica deportiva, los factores de esfuerzo, riesgo físico, nivel de competición, edad o discapacidad del deportista, entre otros».

Se trata, en suma, de promover la práctica deportiva en el contexto de un modo de vida saludable desde un concepto integral, donde la salud de la persona practicante es consustancial a los hábitos deportivos acordes con el estado de salud y capacidad de cada persona.

Esbozada la importancia del deporte en el conjunto de principios rectores de la política social y económica, y destacando como principio rector «la promoción de las condiciones que favorezcan el desarrollo del deporte para todos», consideramos que todo ello redunda en la promoción de derechos de la ciudadanía, en la mejora de su calidad de vida, en la promoción de hábitos de vida saludables, pero también de la misma forma contribuyen al crecimiento sostenible de la ciudad.

De otra parte, debemos reseñar el gran auge que esta suponiendo en los últimos años la practica del deporte por la ciudadanía, lo que también está redundando en un más que considerable aumento de celebración de eventos deportivos en todas las localidades, repercutiendo tanto en el ámbito social como en el económico. Y por tanto, es una cuestión que afecta e interesa a todos los municipios con independencia de su extensión o importancia.

Nuestra experiencia a este respecto, por medio de los expedientes de quejas o de consultas que se nos realiza por la ciudadanía, las demandas sociales realizadas por determinados colectivos, o por medio de los medios de comunicación, nos hace tener consciencia de la gran cantidad de personas de toda condición, sexo y edad que se inician en la práctica del deporte o bien han aumentado su nivel de exigencias participando cada vez más en pruebas que requieren unos mínimos de condiciones físicas para ello.

Todo ello, ha provocado que en la actualidad nos encontremos ante una acogida social de todos los mensajes que promocionan unos estilos de vida sanos y de calidad y donde la práctica habitual del ejercicio físico y del deporte avanzan progresivamente atrayendo a colectivos y grupos ciudadanos. Esa dimensión colectivizada y amplia de la práctica deportiva aconseja, correlativamente, la disposición de sistemas que compatibilicen estas evidentes tendencias hacia un escenario de seguridad y prevención en la salud de los practicantes.

En este sentido, se entiende oportuno que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tome mayor conocimiento de la situación, y en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora de esta Institución, se propone iniciar una actuación de oficio para que por parte de la Secretaria General para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se nos informe sobre los siguientes extremos:

- medidas establecidas para garantizar a las personas practicantes de deporte, competitivo o de ocio, el acceso a las recomendaciones específicas para cada tipo de deporte sobre los riesgos para la salud que supone su práctica.

- sistemas previstos para acreditar requisitos sobre el estado de salud para poder participar en determinadas pruebas deportivas (maratones, triatlones, modalidades de resistencia, ...).

- calendario de regulación del sistema de reconocimientos médicos deportivos.

- cualquier otra valoración o información que resulte de interés en relación con la cuestión tratada en la presente queja”.

2. Tras la correspondiente petición de informe, por la Secretaria General para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte se nos da traslado del siguiente informe:

“Coincidimos en que el número de persona que practican deporte en Andalucía, ya sea en competiciones deportivas o por motivos de ocio, ha aumentado considerablemente en los últimos años. De igual modo, también ha aumentado el numero de personas que practican deporte por motivos de salud y por prescripción médica, tanto para prevenir la aparición de patologías, como para mejorar las ya existentes.

Esta situación llevó a recoger en la nueva Ley del Deporte Andaluza una serie de medidas para proteger la salud de los deportistas en general, en competiciones oficiales o no oficiales y de ocio.

Desde esta Consejería, se está trabajando en la actualidad, tras los estudios jurídicos pertinentes, en la elaboración del Decreto de protección de la salud y lucha contra el dopaje, en desarrollo del mandato contenido en la Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte Andaluz.

No obstante, mientras el Decreto ve la luz y se determinen este tipo de cuestiones que no han sido aprobadas en ninguna normativa anterior, se hacen las siguientes puntualizaciones para responder a cada una de las cuestiones que Vd. plantea en su escrito, subrayando la labor fundamental del Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD) que, desde su creación en 1999, es el órgano administrativo adscrito a la Consejería de Turismo y Deporte, encargado entre otros fines, de la prevención y programación en materia de salud deportiva.

1.- Sobre las medidas establecidas para garantizar a las personas practicantes de deporte, competitivo o de ocio, el acceso a las recomendaciones específicas para cada tipo de deporte sobre los riesgos para la salud que supone su práctica. No están aún recogidas conjuntamente en ninguna publicación, manual o catálogo, pero se realiza lo siguiente:

- Presentaciones de la Ley del Deporte de Andalucía a lo largo de todo el territorio andaluz donde se han aclarado cuantas cuestiones relativas a este tema se han ido planteando.

- Difusión a través de redes sociales de buenas prácticas en el deporte. Página de Facebook de Deporte Andaluz y del CAMD que contiene información actualizada periódicamente, sobre recomendaciones para una práctica de deporte saludable.

- La Plataforma Andalucía es Deporte contiene información relativa a este cuestión.

- En la prueba de Triatlón del “Desafío Doñana” se realizan unas Jornadas de Tecnificación cuyo objetivo es dar información a los participantes en la prueba, sobre los riesgos y medidas que deben tener en cuenta para participar en esta prueba de superación. Así mismo, se oferta a todos los deportistas inscritos, que se realicen gratuitamente un reconocimiento médico en el CAMD.

- Con este mismo objetivo, este año 2017 se ha establecido una colaboración con la organización de la prueba de ultratrail de los “101 kms de la Legión de Ronda” para realizar un programa de reconocimientos médicos gratuitos en el CAMD para todos los inscritos en esta prueba.

- No podemos dejar de mencionar la labor educativa realizada por el personal sanitario del CAMD cuando se atiende a cada deportista individualmente, al que se le informa sobre hábitos saludables en el deporte y recomendaciones para una práctica del deporte en las mejores condiciones de salud.

- Anualmente se celebran unas Jornadas sobre Deporte y Salud en el CAMD.

- Publicación de la Revista Andaluza de Medicina del Deporte -RAMD- como fuente de conocimiento en esta área a través de sus contenidos científicos y de la publicidad institucional que en ella se incluye.

2.- Sistemas previstos para acreditar requisitos sobre el estado de salud para poder participar en determinadas pruebas deportivas (maratones, triatlones, modalidades de resistencia …):

En todas aquellas pruebas oficiales organizadas por las Federaciones Deportivas, en la mayoría de ellas (actividades subacuáticas, discapacitados, etc.) se exige un reconocimiento médico previo a la ficha federativa y para renovar la misma.

Para competiciones no organizadas por Federaciones deportivas no se le exige actualmente ninguna acreditación. Aunque cada día hay más concienciación sobre la necesidad de tener, al menos, un reconocimiento médico deportivo previo a la competición. Hay que destacar la labor asistencia del CAMD destinada a garantizar una práctica saludable a los deportivas federados de Andalucía.

Es inviable diseñar acreditación para toda la población andaluza en general, no se contempla para el deporte de ocio, pero sí se reconoce el derecho a ello, en la ley del Deporte Andaluza.

3.- Calendario de regulación del sistema de reconocimientos médicos deportivos.

En el desarrollo normativo del futuro Decreto de protección de la Salud y lucha contra el dopaje, se recogerá la regulación de un sistema de reconocimientos médicos periódicos según el tipo de deporte y la edad del deportistas federado (exigencia legal). No está prevista ninguna regulación para los deportivos no federados.

4.- Cualquier otra valoración o información que resulte de interés en relación con la cuestión tratada en la presente queja.

En este punto me gustaría realzar el papel que le asigna la Ley del Deporte Andaluz al CAMD y el nivel de desarrollo del mismo. Es de destacar el esfuerzo que realiza la Administración Pública de Andalucía para mantener esta estructura de servicio de la salud de los deportistas de Alto nivel y alto rendimiento y los deportistas federados. No existe ninguna otra Comunidad Autónoma que cuente con un Centro de Medicina del Deporte con una sede en cada provincia, que cubre por tanto, todo el territorio andaluz y que cuente con una estructura multidisciplinar para la atención a la salud de los deportistas andaluces”.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El Derecho a la Salud en el Deporte, derecho de la ciudadanía.

De conformidad con el mandato establecido por la Constitución Española, dirigido a todos los poderes públicos, de fomento de la educación física y el deporte como principio rector de la política social y económica (art. 43.3), en este marco de distribución competencial el artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 marzo, dispone en relación a los derechos de los Andaluces y Andaluzas que «Se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal».

De la misma forma dicho Estatuto al determinar las competencias de nuestra Comunidad Autónoma viene a establecer en los artículos 55.1 y 72.1 respectivamente que «Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios ...», así como «... la competencia exclusiva en materia de deportes y de actividades de tiempo libre, que incluye la planificación, la coordinación y el fomento de estas actividades ...».

La Ley 5/2016, de 19 de Julio, del Deporte de Andalucía, viene a establecer el derecho al deporte de todas las personas físicas, siendo obligación de la administración pública que el acceso a su practica se realice en igualdad de condiciones y oportunidades (art. 2), y ello al ser considerada dicha actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud (art. 3).

Así entre los principios rectores que viene a establecer en su artículo 5 se contempla la protección de la seguridad y la salud de las personas que practiquen deporte mediante la promoción de la atención médica y el control sanitario. Y como consecuencia de dicho principio se establece la competencia de la Administración de la Junta de Andalucía en «La protección de la salud de los deportistas y la prevención y lucha contra el dopaje» (art. 11).

En cuanto a los derechos de los deportistas se contempla, entre otros, el disponer de una seguro médico en las competiciones oficiales, o medios de protección sanitaria en las competiciones no oficiales, que cubran los daños y riesgos derivados de la practica deportiva, en las condiciones establecidas, para cada clase de competición, en el artículo 42 de esta ley y en su desarrollo reglamentario (art. 36.2).

A tal efecto, en el artículo 41 se recoge como protección de la persona del deportista «La determinación de las características y requisitos de las certificaciones médicas exigibles para la práctica deportiva en sus diversas modalidades y clases de deportistas». Para a continuación en el artículo 43 determinar en cuanto a la protección de la salud de los deportistas federados que se «regulará un sistema progresivo de reconocimientos médicos previos a la práctica del deporte en aquellas modalidades deportivas que reglamentariamente se determinen», así como la Tarjeta deportiva sanitaria (art. 44).

Segundo.- La Protección de la Salud y los Reconocimientos Médicos en el futuro Decreto de protección a la salud y lucha contra el dopaje.

Tal y como se indica en el informe de la Secretaria General para el Deporte, el gran auge que desde hace unos años esta teniendo el deporte en general tanto a nivel competitivo como de ocio, o por motivos de salud, ha provocado que la Ley del Deporte Andaluz contemple una serie de medidas para proteger la salud de los deportistas en general, en competiciones oficiales o no oficiales y de ocio.

Dicha materia necesita del correspondiente desarrollo reglamentario, y así como ha ocurrido ya con el reciente Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo en nuestra comunidad autónoma, se encuentra en fase de estudio la elaboración del Decreto de protección de la salud y lucha contra el dopaje, en desarrollo del mandato contenido en la Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte Andaluz.

De forma que encontrándose en elaboración el referido Decreto, y desconociendo por lo tanto como quedarán finalmente reguladas las distintas cuestiones, entendemos que en virtud a lo determinado en la propia Ley, y el contenido del informe emitido, podemos realizar una valoración y aportación sobre la materia.

Previamente a realizar dichas consideraciones, debemos analizar las diferentes aportaciones que se realizan por la Ley, y así atendiendo a la finalidad perseguida con su practica, se realiza una primera innovación al clasificar el deporte en Deporte de competición y Deporte de ocio (art. 20), y a su vez subdivide el deporte de competición atendiendo a su naturaleza en Competiciones oficiales y Competiciones no oficiales (art. 21). Correlativamente, a los deportistas los clasifica en Deportistas de competición -los que participan tanto en competiciones oficiales como no oficiales- y Deportistas de ocio –los que no participan en competiciones deportivas- (art. 35).

Lógicamente los deportistas de ocio no necesitan de una habilitación para su practica, siendo la habilitación que permite a los deportistas de competición su participación la correspondiente licencia deportiva (art. 25.1), suponiendo una segunda aportación de la Ley la coexistencia de las licencia deportivas de ámbito federativo con unas nuevas licencias deportivas para las competiciones oficiales fuera de dicho ámbito federativo pero igualmente oficiales.

Respecto a las competiciones no oficiales, la protección de los deportistas se realizará mediante un control previo de comunicación por parte de la organización a la administración autonómica o local competente. En este ámbito también se habilita a las federaciones para la organización de este tipo de eventos no oficiales, siendo un tercer aspecto novedoso el establecer un título de participación específico y distinto a las licencias deportivas (art. 25.4).

En lo que respecta a la seguridad de los deportistas, supone otra novedad la regulación de un seguro de salud para los deportistas, exigiéndose que todo participante en una competición deportiva (oficial y no oficial) tenga asegurada la cobertura de accidente deportivo, y respecto al deportista de ocio el organizador deberá establecer las condiciones de participación, la cobertura de asistencia sanitaria y de riesgos por responsabilidad civil de participantes y espectadores (art. 28.5). Otra innovación lo supone, pero sólo respecto a los deportistas federados, la progresiva implantación de los reconocimientos médicos previos de no contraindicación para la práctica deportiva (art. 43.2), así como la tarjeta deportiva sanitaria (art. 36.3 f y 44).

Dicho lo cual y previamente a realizar nuestras conclusiones nos vamos a permitir la licencia de trascribir un reciente artículo titulado “Póngame unas zapatillas y un certificado médico” publicado en una conocida revista de carreras de montaña, el extracto del artículo es el siguiente:

“Hace pocas fechas estuve en el Comité Olímpico Español, en la Gala Corazones Solidarios. Fue un evento destinado a la activación de la vida saludable, a la implantación de los buenos hábitos y, sobre todo, a la promoción para la investigación y el trabajo en la prevención de la muerte súbita … hablé de la absoluta falta de controles de salud en nuestras carreras y del papeleo que te exigen fuera. Cualquier que haya salido a correr fuera de España sabe que tiene que ir con las zapatillas y con un certificado médico por delante …. o no corre. En algunos casos lo tienes que enviar a la hora de hacer la inscripción y en otros, no sólo lo tienes que enviar con antelación, sino que debes llevarlo físicamente el día que vas a recoger el dorsal.

Seguro que en España hay carreras que lo solicitan, pero no recuerdo un grado de rigidez como el que tienen en Francia, por ejemplo, donde estuve en el mes de abril, en una prueba cicloturista. Una prueba con una exigencia física bastante menor de la que pueda tener cualquier carrera de montaña al uso de nuestro calendario. Hubo gente a la que le faltaba el dichoso papelito y se quedó sin correr. Españoles, por supuesto”.

Otro artículo publicado en otra revista especializada y realizado por el Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Dtor. Hernán Silván, titulado "Si quieres el derecho a correr un maratón, gánatelo. Quince mil kilómetros son tus deberes", él lo tiene claro, si te enfrentas al maratón, tienes que hacerlo con garantías.

“El pasado mes de abril, durante el maratón de los Juegos de la Commonwealth en Australia, el atleta escocés Callum Hawkins sufrió un colapso a dos kilómetros de meta. Encabezaba la prueba con dos minutos de ventaja sobre su más próximo rival.

Cuando a un atleta le ocurre esto (y vaya por delante que yo llamo ‘atleta’ en pruebas de fondo a aquel individuo capaz de correr en menos de 30 minutos el 10K, pienso que ‘corredor popular’ es un término más adecuado para quien aún no lo haya logrado), lo primero que hay que hacer es pedir ayuda y mantener elevadas las piernas, tras comprobar que respira y tiene pulso. El público se hizo selfies y los médicos tardaron en llegar demasiado. Suerte que Hawkins es un atleta y se recuperó bien. No quiero imaginarme a un corredor popular en su lugar.

A veces uno lee, no muy lejos de aquí, que todo el mundo está preparado para correr un maratón. Y de pronto siento que se derrumba toda la pedagogía que bastante gente lleva desplegando desde hace muchos años para que los corredores actúen con sentido común, para que usen más el cerebro que el corazón.

De nuevo, la misma cantinela se repite una y otra vez en nuestro tiempo: “Ciudadanos, todo son derechos. Olvidad vuestros deberes.” Pero la realidad es tozuda: Si quieres el derecho a correr un maratón, gánatelo. Quince mil kilómetros son tus deberes. Antes no. Disfruta del camino y disfrutarás de tu primer maratón. El buenísimo hipócrita dice: Si quieres, puedes; simplemente hazlo. De acuerdo, pero ve primero a hacer tus deberes”.

Es cierto que se conocen las consecuencias finales de correr un maratón o prueba similar como el dolor muscular, cansancio físico y psicológico, deshidratante, calambres ... conforme a la exigencia de recorrer los 42 kilómetros y 195 metros, o bien otras pruebas de 50, 60 o 100 kilómetros. Pero también es verdad que muy pocos conocen qué es lo que ocurre en el organismo mientras se persigue ese exigente objetivo deportivo.

Pueden existir divergencias en las opnies para fijar los requisitos técnicos de la preparación y el entrenamiento previos a un maratón; o se discutirán los tiempos de referencia para poder abordar una prueba de esas características con unas mínimas garantías. Pero sí debe quedar claro, y es el mensaje que queremos transmitir, es que debemos salvaguardar medidas preventivas de pruebas médicas que avalen el poder seguir progresando con garantías razonables en estas actividades deportivas.

Desgraciadamente, durante la elaboración de la presente Resolución, hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación del fallecimiento el pasado 1 de Julio de 2018 de uno de los participantes en la III Travesía Sierra Norte de Sevilla-Vega del Guadalquivir, celebrada en el embalse de José Torán, fallecimiento que se produjo por causas naturales mientras participaba en la modalidad de 1.500 metros, lo que motivó la suspensión de la prueba.

Compartirán con esta Institución que supuestos como el que les indicamos son los que deben tener como objetivo todas estas actuaciones de aportar seguridad y prevención de carácter sanitario para las modalidades que se viene implantando en la práctica deportiva.

Tercera.- Conclusiones.

Dicho todo lo anterior, nos encontramos con un modelo de estructura deportiva establecido que es eminentemente federativo; sin embargo el deporte expresado en manifestaciones colectivas y ciudadanas se ha convertido en una actividad de auténtica dimensión social que moviliza y atrae a una progresiva participación que va en aumento. Analizando el último informe de “El Deporte Federado en Andalucía 2015” de esa Consejería que estudia la evolución de las licencias deportivas federadas en Andalucía en el período 2008-2015 indica que partiendo en 2008 de un numero de 532.902, se alcanza un pico de 576.481 en el 2012, para tener una brusca caída a 516.258 en tan solo 3 años a un nivel más bajo al inicial.

Sin embargo, en el estudio “Hábitos y Actividades de la Población Andaluza ante el Deporte 2017” se hace referencia al claro ascenso en los últimos años de la población que realiza actividades deportivas, convirtiéndose en un referente en las relaciones sociales y de aceptación social, encontrándose dicha actividad vinculada al turismo, salud, educación, cultura y ocio.

Se concluye en dicho estudio que desde 2002 ha aumentado la tasa de práctica deportiva situándose en el 43,6%, siendo muy notable este aumento entre las mujeres con una reducción de la brecha de genero a la mitad. Es de destacar el carácter eminentemente recreativo de la practica deportiva, ya que solo el 16,3% de los deportistas ha participado en algún tipo de competición deportiva federada o no federada, existiendo una redistribución en las preferencias al hacer deporte -como puede ser el paseo como alternativa de práctica deportiva o la utilización de la bici como medio de transporte alternativo-.

Por último, en la “Estadísticas asistenciales del Centro Andaluz de Medicina del Deporte 2016” es de reseñar en relación al número de deportistas atendidos según federación, que ocupa el primer lugar la Federación Andaluza de Ciclismo (16,4%), siendo los No Federados los 5º (7,9%), por encima de Federaciones de la importancia del Baloncesto (7,0%), Balonmano (2,6%) o Tenis (1,4%).

Por lo tanto, haciendo un somero y escueto análisis de estos tres estudios y datos estadísticos, comprobamos que el modelo de estructura federativa y el aumento de la población que realiza actividades deportivas, y su asistencia al Centro Andaluz de Medicina del Deporte, se contrapone con una disminución del número de licencias deportivas federadas al adquirir la practica deportiva un carácter recreativo o de ocio.

Esta transformación se corresponde con lo que la Ley del Deporte de Andalucía indica en su Exposición de Motivos, «... de forma que, superando el estrecho marco del esquema federativo de antaño, se abra hacía un concepto de deporte más dinámico y acorde con las demandas y necesidades de la población andaluza … estructura deportiva andaluza que se encuentra soportado por cuatro pilares básicos, cuales son la prevención y promoción de la salud, la protección de la seguridad, la educación en valores y el impulso de la calidad y la excelencia del nuevo modelo deportivo en Andalucía». Es lo que se viene a denominar el deporte para todos, una visión social del deporte como un derecho de la ciudadanía tanto en su practica como al acceso al mismo de toda la población en general y de las personas discapacitadas, mayores y grupos de atención especial en particular.

Todo ello, lo podemos visualizar en una pirámide dividida en tres partes, donde la base -más amplia- esta sustentada por el Deporte de Ocio, y las dos siguientes que componen el Deporte de Competición, esta formada por el Deporte de Competición No Oficial y el Deporte de Competición Oficial.

Y esta practica deportiva debe hacer compatible la salud y la seguridad, por ello en relación al objeto de estudio tratado en el presente expediente “Obligación de reconocimiento médico en pruebas deportivas”, solicitamos información sobre los sistemas previstos para acreditar requisitos sobre el estado de salud para poder participar en determinadas pruebas deportivas, siendo informados de que en todas aquellas pruebas oficiales organizadas por las Federaciones Deportivas se exige un reconocimiento médico previo a la ficha federativa y para renovar la misma, pero que en las competiciones no organizadas por Federaciones deportivas no se le exige actualmente ninguna acreditación. Por otro lado, compartimos la inviabilidad de diseñar una acreditación para toda la población andaluza en general, que no se contempla para el deporte de ocio.

También se nos informó de que cada vez existe más concienciación sobre la necesidad de tener, al menos, un reconocimiento médico deportivo previo a la competición, como lo acredita el estudio de asistencia al CAMD que sitúa la asistencia de los No Federados en una 5ª posición, pero entendemos que aún la mayor parte de los deportistas no son plenamente consciente de la importancia de realizarse de forma previa a la practica deportiva un reconocimiento médico adecuado.

A tal efecto, si bien el artículo 41.c) recoge como protección de la persona del deportista en general que «La determinación de las características y requisitos de las certificaciones médicas exigibles para la práctica deportiva en sus diversas modalidades y clases de deportistas», a continuación en cuanto a la protección de la salud de los deportistas federados determina que se «regulará un sistema progresivo de reconocimientos médicos previos a la práctica del deporte en aquellas modalidades deportivas que reglamentariamente se determinen» (art. 43.2). Con ello, creemos entender que con independencia del reconocimiento médico previo a obtener una licencia federativa, se establecerá la necesidad de acreditar mediante un certificado médico que el deportista es apto para la practica deportiva.

Creemos que es crucial esta cuestión respecto al deportista de ocio -base de la pirámide a la que hacíamos referencia anteriormente-, ya que ni el artículo 28 ni el 36.4 hacen referencia a esta cuestión, cuando es el grupo de deportistas que más nos preocupa en este aspecto al no estar sometidos a ningún control salvo que de manera voluntaria lo realice.

Como consecuencia de este proceso de participación ciudadana y de la consolidación de la práctica deportiva en nuestra sociedad, la convocatoria de eventos masivos en espacios públicos ya ocupa un calendario significativo en las agendas locales, eventos que a priori podríamos catalogar en su mayoría como Competiciones No Oficiales. Existen innumerables tipos de pruebas y eventos deportivos que aglutinan un gran número de deportistas, ya sea en atletismo, montaña, ciclismo o triatlón, pudiéndose señalar a modo de ejemplos la Maratón de Sevilla o de Málaga, o las pruebas reseñadas en el informe de la Consejería, “El Desafio Doñana” o “Los 101 kms de la Legión de Ronda”, donde a buen seguro que van a coexistir todo tipo de deportistas, de competición ( alto nivel, alto rendimiento y rendimiento de base) y de ocio, donde unos habrán realizado un reconocimiento médico (quizás en su mayoría los más preparados) y otros no (quizás en su mayoría los menos preparados). Por tanto, su innegable impacto aconseja un ejercicio especialmente reglado para atender estas convocatorias desde la organización, y donde la exigencia de aportar un certificado médico de apto para participar en la prueba deportiva no venga determinado solo por la categoría o tipo de deportista en cuestión, sino también por la prueba o evento deportivo a celebrar, cuestión que debería regular el futuro Decreto y que debería venir determinado por el tipo de prueba, como por ejemplo la distancia superior a 42 kms. o de menor distancia pero atendiendo a la dureza del desnivel a abordar.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula al Instituto Municipal de Deportes de Sevilla la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber de cumplir los preceptos de legalidad constitucional y ordinaria que hemos referido en la parte expositiva.

SUGERENCIA de que el Decreto de protección de la salud y lucha contra el dopaje, en desarrollo del mandato contenido en la Ley 5/2016 de 19 de julio, del Deporte Andaluz, contemple tanto la necesidad de superar un examen médico previo para obtener una licencia federativa, como -más importante- la obligación de aportar un certificado médico de estar apto para tomar parte en las pruebas y eventos deportivos que dicho reglamento establezca.

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

La persona interesada en esta comunicación, exponía su preocupación por las carencias de instalaciones e insuficiencias estructurales que sufría -y sufre- un Centro de Educación Infantil y Primaria de un municipio de la provincia de Sevilla, aportando un dossier fotográfico que así lo ponía de manifiesto.

Del mismo modo, nos remitía numerosos escritos que le habían sido enviados a la Delegación Territorial de Educación desde el mes de julio de 2011 y hasta la fecha de la presentación de la queja, en el mes de junio de 2016, y en el que, poniéndose de manifiesto dichas circunstancias, se solicitaba la colaboración de la Delegación en el ámbito de sus competencias en materia de instalaciones e infraestructuras, sin que se les hubiera dado una respuesta adecuada a sus planteamientos.

Solicitamos a la Administración la emisión del preceptivo informe, para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

Dando respuesta a nuestra solicitud, se nos envió un informe, en el mes de octubre de 2016, en el que, resumidamente, se manifestaba que la “diversidad de edificios aunque cercanos en distancia y, reconociendo elementos de insuficiencia de infraestructuras para lograr espacio de calidad, deberían finalizar en conclusiones encaminadas a, entro otros, planificar a corto y a medio plazo futuras actuaciones”.

CONSIDERACIONES

Ciertamente el estado del centro docente, principalmente la falta de espacio que obligaba a que determinadas unidades recibieran sus clases en las dos aulas prefabricadas y en un edificio municipal que, además, también tiene que ser utilizado como biblioteca y como comedor escolar, no parece dejar margen para que se dejara su solución a una futura determinación de las necesidades educativas del municipio, por cuanto parecía ya evidente que éstas estaban perfectamente definidas, teniendo en cuenta, además, que era -y es- el único centro docente de la localidad en la que se imparte el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y el Primer Ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Podíamos compartir con la persona interesada su consideración al respecto de que éstas solas circunstancias -la existencia de cuatro unidades sin aula- implicaba ya la necesidad de desarrollar planes de inversión eficaces que dieran respuesta a la situación, considerándose insuficiente el proyecto de remodelación para sustituir el módulo de aulas prefabricadas licitado para su ejecución en el mismo mes de enero de 2017, el que, además, estaba previsto en espacios cuyo uso no era educativo, por lo que se hubo de denegar la licencia correspondiente en base a la legalidad urbanística vigente, demorándose con ello su ejecución. En cualquiera de los casos, esta intervención tampoco evitaría el que dos unidades siguieran estando situadas fuera del centro docente y que el alumnado siguiera ocupando y recibiendo sus clases en dos espacios que también cumplían las funciones de biblioteca y comedor escolar.

Por su parte, en cuanto al edificio principal, de más de 40 años de antigüedad, era demandante, igualmente, de intervenciones urgentes que subsanaran las deficiencias de servicios esenciales, no pudiéndose argumentar que la respuesta se demorará ante la necesidad de llevar a cabo un estudio de la situación, por cuanto la Administración ya contaba con un informe técnico elaborado al efecto por el Ayuntamiento y que ponía de manifiesto cuál es la situación del edificio.

Por nuestra parte, y reiterando que lo hacíamos en el mes de enero de 2017, señalábamos, además, que hablar de futuro parecía algo decepcionante teniendo en cuenta que desde el Ayuntamiento se venía ofreciendo de manera expresa y reiteradamente su colaboración para coordinarse con la Delegación Territorial en la búsqueda y participación de las soluciones necesarias.

Habían sido muy numerosos los escritos que en tal sentido la persona interesada había remitido a la Delegación Territorial desde, al menos, el mes de septiembre de 2011, habiéndose dado como única respuesta la realización y licitación de un proyecto que, además de contar de partida con obstáculos que en el mejor de los casos significaran su ejecución a medio o largo plazo, no daría solución a todos los problemas planteados y que, sin duda, necesitaban de una mayor celeridad en la respuesta.

Por todo ello, para poder entender qué se quería decir, y de qué espacio temporal se estaba hablando cuando se señalaba que era necesario “un estudio pormenorizado para lograr una futura planificación que culmine en la remodelación, adaptación o sustitución parcial o total” del edificio del centro educativo, solicitamos, una vez más, la emisión de un informe complementario.

Transcurrido ya año y medio desde que formuláramos esa petición, y dos años desde que el interesado presentara su queja e iniciáramos las actuaciones oportunas, lo cierto y verdad es que la situación del Centro Educativo, sigue siendo la misma.

Con toda la razón decía el interesado en un escrito que dirigió a esta Institución en enero de 2018, que la única realidad acreditada era la de que los alumnos y alumnas de la localidad, desde los niveles de infantil y hasta 2º de ESO, dan clases en un centro de casi 50 años de antigüedad, totalmente obsoleto, así como que sus instalaciones son insuficientes para albergar a todo el alumnado, sin que por parte de esa Administración educativa se haya invertido lo necesario para revertir la situación.

Así mismo, se lamentaba, también con razón, de que había solicitado que por parte de los técnicos correspondientes se realizara una valoración del estado de la estructura del centro, y que ésta no se había hecho, cuando lo que se ha acreditado es que está necesitado de una intervención integral, y sin que el esfuerzo llevado a cabo por parte del Ayuntamiento en sus labores de conservación, e incluso de inversiones en infraestructuras, haya sido suficiente para parar el deterioro lógico de un edificio de tanta antigüedad y destinado a un uso que no permite demoras si es que se pretende garantizar la seguridad e integridad del alumnado que diariamente acude al centro.

Entendemos que ese corto y medio plazo, señalado en el informe de la Administración, está del todo sobrepasado, y que ese futuro es ya el presente, resultando por lo tanto necesario y urgente la planificación de las intervenciones a realizar en el Centro de Educación Infantil y Primaria, y, en definitiva, dar una respuesta a quienes son en definitiva sus acreedores, el alumnado del centro, niños y niñas a los que les ampara los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución -derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente-, así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación -derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones-.

Por todo ello, en virtud, de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, nos permitimos formularle la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1:  Que en el menor espacio de tiempo posible se proceda a establecer los contactos que sean necesarios con el Ayuntamiento del municipio al objeto de coordinar las actuaciones que por parte de la Administración, se harán para determinar qué intervenciones se habrán de llevar a cabo para subsanar las deficiencias de instalaciones e infraestructuras existentes en el colegio de dicha localidad.

RECOMENDACIÓN 2: Que una vez concretadas aquellas, se procedan a llevar a cabo todas las actuaciones que sean procedentes para determinar la dotación presupuestaria necesaria, así como para establecer un calendario concreto de ejecución de las intervenciones que se determinen.”

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El interesado nos trasladaba que ante la situación de precariedad económica en la que se encontraban él y su familia ocupaban una vivienda de promoción pública del Ayuntamiento de Dos Hermanas, el cual les había denegado su solicitud de empadronamiento, lo que les perjudicaba pues desde los servicios sociales se les denegaban ayudas económicas precisamente por no estar empadronados.

Puesto que en el informe recibido no se nos respondía sobre la intervención de los servicios sociales municipales con la familia, atendiendo al artículo 29 de nuestra ley reguladora, formulamos Resolución en el sentido de que se proceda a empadronar, sin más dilación, a la familia del interesado en la vivienda en la que residen de hecho, así como que por parte de los Servicios Sociales se estudie la situación de la familia a fin de determinar qué tipo de ayudas y recursos públicos pueden activarse para poder paliar, en la medida de lo posible, su situación.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Alcaldía, en relación con el expediente promovido a instancias de D. … .

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de enero de 2018 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el compareciente trasladaba a esta Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz la situación de precariedad económica en la que se encuentra su familia, compuesta por sus tres hijos, su mujer y él mismo, que tiene una discapacidad del 75%.

Según manifestaba, los únicos ingresos de los que disponían eran los 700 euros netos que él percibía como salario desde agosto de 2017, al estar su mujer desempleada, y residían en una vivienda propiedad de ese Ayuntamiento, la cual les fue “cedida” por los anteriores inquilinos.

El interesado afirmaba que había solicitado reiteradamente el empadronamiento en la vivienda para poder poner a su nombre y asumir el coste del agua y de la luz, lo cual les habría sido denegado.

Asimismo, refería haber solicitado alguna ayuda económica a los servicios sociales municipales, habiéndosele denegado por no tener título legítimo para residir en la vivienda y no estar empadronados en la misma. Entre la documentación facilitada por el interesado se encontraban instancias presentadas ante ese Ayuntamiento e informe de la Policía Local de Dos Hermanas en el que se dejaba constancia de que la familia efectivamente reside en dicho domicilio.

2. Estudiada la referida comunicación, procedimos a admitirla a trámite como queja y a requerir la emisión del preceptivo informe al Ayuntamiento de Dos Hermanas con fecha 5 de febrero de 2018. En particular, se solicitaba información sobre el empadronamiento solicitado y sobre la intervención que desde los servicios sociales municipales se hubiese realizado con la unidad familiar.

3. Con fecha 21 de marzo de 2018 tuvo entrada en esta Institución el informe solicitado, en el que simplemente se indicaba que «tratándose de una vivienda de Promoción Pública, es necesario que sus ocupantes cumplan determinadas obligaciones jurídicamente establecidas, no siendo éste el caso de sus actuales moradores, no teniendo título alguno que legitime la ocupación de la vivienda», adjuntándose la respuesta facilitada al interesado en tal sentido con fecha 22 de febrero de 2017. No se hacía referencia ninguna a la intervención realizada por los servicios sociales municipales con la familia.

En consecuencia, procede el dictado de la presente Resolución.

CONSIDERACIONES

Primera. En relación a la inscripción en el padrón municipal, el artículo 17.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, establece lo siguiente:

«2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad.»

Asimismo, debemos hacer referencia a la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actuaciones del padrón municipal.

En el apartado 2.3 de dicha resolución se dispone, sobre la documentación acreditativa del domicilio de residencia, que el objetivo del padrón es dejar constancia del domicilio donde residen las personas, por lo que los ayuntamientos tienen la potestad de aceptar otros documentos que no sean el título que legitime la ocupación de la vivienda (suministro de luz, agua, etc.). o comprobar por otros medios (informe de policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el padrón.

El objetivo del Padrón, por tanto, es dejar constancia del domicilio real donde residen las personas, con independencia de los derechos que puedan o no corresponderles para vivir en dicho domicilio y de las acciones que el legítimo propietario pueda ejercitar para reclamar sus derechos ante las autoridades o tribunales competentes.

A pesar de haber trasladado el contenido de la citada Resolución al Ayuntamiento de Dos Hermanas, se insiste en la imposibilidad de proceder al empadronamiento por no disponer de título legítimo de ocupación.

Segunda. En cuanto a las competencias de los servicios sociales comunitarios, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía establece en el artículo 28 entre sus funciones:

«4.ª La identificación e intervención en situaciones de exclusión social o riesgo de estarlo, situaciones de violencia de género, situaciones de violencia intergeneracionales y de iguales, dependencia y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social. (...)

6.ª La atención a situaciones de urgencia o emergencia social.

(...)

15.ª La coordinación con los servicios públicos de vivienda mediante el establecimiento de actuaciones conjuntas para el acceso a la vivienda, la adecuación y mantenimiento de la misma, y especialmente frente a la pérdida de vivienda.»

Por lo expuesto, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de vivienda y en las de asistencia social, cuando se trata de personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, ese Ayuntamiento debería prestar el apoyo que necesita la familia afectada. Por el contrario, la negativa al empadronamiento supone asimismo la imposibilidad de acceder a la asistencia de los servicios sociales.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

 

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN 1 para que se proceda a empadronar, sin más dilación, a la familia del interesado en la vivienda en la que residen de hecho.

RECOMENDACIÓN 2 para que por parte de los Servicios Sociales se estudie la situación de la familia promotora de la queja, a fin de determinar qué tipo de ayudas y recursos públicos pueden activarse para poder paliar, en la medida de lo posible, la situación que les preocupa.

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El interesado, reconocido como dependiente moderado, está padeciendo la demora en la aprobación del PIA y asignación del recurso correspondiente a su situación de dependencia.

Con base en el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz en el sentido de que se adopten las medidas que permitan remover los obstáculos que impidan la tramitación del procedimiento de dependencia del afectado, hasta finalizar el mismo mediante la aprobación del recurso que corresponda a su dependencia moderada.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., exponiendo la demora en la aprobación del Programa Individualizado de Atención correspondiente a la dependencia moderada reconocida.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 18 de octubre de 2017 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el compareciente nos expuso su disconformidad con el grado de dependencia que le había sido reconocido por Resolución del mes de septiembre del referido año, trasladándonos en todo caso su necesidad de que le fuera reconocida la efectividad de su derecho mediante la asignación del recurso correspondiente a su situación de dependencia.

En este último sentido, manifestó que desde la Delegación Territorial había sido informado de que los dependientes moderados deben quedar supeditados en su acceso al Sistema, a la asignación preferente de recurso que ostentan otros dependientes de grado superior. Posición esta que no comparte, ya que estima que conculca el derecho constitucional de igualdad, por cuanto los recursos de la dependencia están destinados a todas aquellas personas que sean reconocidas en dicha situación, siendo así que lo único que difiere en función del grado resultante en cada caso, es la intensidad de la prestación o servicio asignado al afectado y no la prioridad temporal en el acceso al Sistema.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, cuya respuesta refirió que el afectado había solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia el 24 de junio de 2017, dictándose Resolución de 27 de septiembre que lo valoraba como dependiente moderado. A lo que añadía que el expediente se encuentra pendiente de elaboración y aprobación del PIA, situación que justificaba del modo que sigue:

“En la provincia de Cádiz, existe un amplio colectivo de solicitantes que tienen reconocido un Grado I de dependencia moderada, por lo que debemos informarle que la incorporación al Sistema no va a ser un proceso inmediato sino gradual y progresivo.

A cada una de estas personas que se encuentran pendientes de recibir el servicio o prestación, hay que realizarles el Programa Individual de Atención (PIA) en el que se determine el recurso más adecuado a la necesidad que presenta.

Siento decirle que esta tardanza en la aprobación de los PIAS, es generalizada en todos los expedientes, debido a que existe un gran número de expedientes en esta fase, los cuales no pueden ser resueltos en plazo debido a la falta de disponibilidad presupuestaria y de personal, debiendo seguirse para su aprobación el orden de entrada de las mismas”.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, que actualmente es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por su parte, la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, determina que la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la misma, se ejercitará progresivamente, de modo gradual, y se realizará de acuerdo con el calendario de aplicación progresiva establecido en dicha Disposición, que para las personas reconocidas en situación de dependencia moderada, entró en vigor a partir del 1 de julio de 2015.

De la relación cronológica que consta en el expediente del interesado, resulta que se ha superado el plazo máximo antedicho, sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante la aprobación del recurso correspondiente.

Las razones expresadas en el informe, como obstativas a la efectividad del derecho del afectado, (situación de retraso de expedientes generalizada en la provincia de Cádiz, fundadas en insuficiencia presupuestaria y de personal), resultan ajenas al interesado, no le son imputables, ni tiene el deber jurídico de cargar con sus consecuencias a costa de su derecho subjetivo.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; así como el plazo para la efectividad del derecho en el caso de los dependientes moderados, establecido en el calendario de aplicación progresiva de la Ley, de su Disposición Final Primera, apartado primero.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, finalmente, preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: para que, sin dilación, se adopten las medidas que permitan remover los obstáculos que impidan la tramitación del procedimiento de dependencia del afectado, hasta finalizar el mismo mediante la aprobación del recurso que corresponda a su dependencia moderada.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz