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El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Administración sanitaria recomendando que se inicie una investigación detallada que permita conocer los fallos de seguridad en el mecanismo de protección de datos personales del centro hospitalario implicado, y se proceda a corregir los mismos con el objeto de que infracciones sobre esta materia no vuelvan a producirse.

ANTECEDENTES

La interesada manifiesta que por dos veces se ha visto obligada a reclamar ante ese organismo la revisión y borrado de datos que aparecían reflejados en su historia clínica que no se correspondían con la realidad. A la fecha de su comparecencia en esta Institución se había atendido su primera solicitud de cancelación, motivándose su queja en la falta de respuesta en cuanto a la segunda.

En este sentido nos envía copia de la solicitud remitida a esa Dirección General en noviembre de 2014, poniendo en su conocimiento el error detectado en su historial clínico consultado a través del operativo Clic Salud, el cual consistía en el reflejo en el mismo de un episodio asistencial que no le correspondía, en concreto un proceso de hospitalización en el hospital civil de Málaga fechado el 28.8.2009.

Pues bien, la propia interesada nos dice que dicho error se corrigió, pero tiempo después volvió a consultar su historial por el mismo procedimiento, y detectó un nuevo episodio asistencial que le resultaba totalmente ajeno, en este caso una atención de urgencias en el mismo centro hospitalario que la anterior, por causa de vómitos.

Reclamó su corrección el 5.9.2016 instando al mismo tiempo que se investigara la causa por la que sus datos se mezclaban con los de otro paciente, pero cuando formuló su queja ni le habían contestado ni se había corregido la situación.

Pues bien, tras admitir la queja a trámite y solicitar el informe previsto en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora a esa Dirección General, recibimos un escrito por el que se manifestaba que tras llevar a cabo las averiguaciones oportunas, se sospechó que el registro de los datos erróneamente asignados a la interesada, debía corresponder a otra paciente de nombre muy parecido, por lo que se achacó a esta circunstancia la causa del mismo.

A continuación refería que respecto del episodio de atención urgente en el hospital civil de Málaga, se emitió resolución de cancelación de datos en la historia clínica con fecha 12.4.2017, tras comprobarse la inadecuación de aquel, tras lo cual se ha verificado que sigue existiendo la correspondiente entrada en la estación clínica, pero sin contenido alguno, afirmando que ha desaparecido de la historia de salud única, cuya base de datos es la que alimenta Clic Salud.

Por lo que respecta a la adopción de medidas para evitar la repetición de estas incidencias, se nos dice que el Sistema Sanitario Público de Andalucía articula los mecanismos oportunos para realizar la identificación y verificación inquívocas de las personas en la asistencia sanitaria que pudieran recibir, aunque en los casos en que pudieran ocurrir incidencias del tipo que comentamos, las personas afectadas pueden ejercer su derecho de rectificación y cancelación en la historia de salud, lo cual se ha facilitado delegando en las gerencias de los centros sanitarios la resolución de los procedimientos para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

CONSIDERACIONES

La interesada acude a esta Institución ante la preocupación que le suscita la confusión de los datos relacionados con su historia sanitaria, en la medida en que en dos ocasiones han aparecido en la misma episodios que no forman parte de su itinerario asistencial, presumiéndose su pertenencia a la historia clínica de otro/a paciente.

El origen de su inquietud se cifra en el perjuicio que se puede derivar para su salud por la atribución de diagnósticos que no son reales, así como de tratamientos que no ha seguido, y por la aparente falta de corrección del error que motivara inicialmente esta situación, en la medida en que se repitió poco tiempo después (los episodios erróneamente asignados datan ambos del mes de agosto de 2009).

Por su parte, esa Administración sanitaria señala que el error obedeció a la similitud de los nombres de las pacientes implicadas, a pesar de lo cual afirma que cuenta con mecanismos para llevar a cabo una identificación y verificación inequívocas de las personas en relación con la asistencia sanitaria que pudieran recibir.

Ciertamente en este caso, y a diferencia de otros supuestos que se han sometido a la consideración de esta Institución, aún constatándose la confusión que se traduce en la asignación a la interesada en su historia de salud de episodios propios y ajenos, al menos la información asistencial ajena no conlleva los datos identificativos de la paciente a la que realmente corresponde, aunque a nuestro modo de ver hubiera bastado para ello con que la interesada solicitara una copia de su historial.

Pero es que tanto la Ley 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, como el reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 entra en vigor a partir del 25.5.2018), se dedican a establecer medidas destinadas a proteger las libertades y derechos de las personas físicas en lo que concierne al tratamiento de sus datos personales.

Así, la primera califica los datos relacionados con la salud como especialmente protegidos, existiendo la obligación de adoptar medidas organizativas y técnicas que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El segundo por su parte los incluye dentro del grupo de ficheros respecto a los que deben aplicarse medidas de seguridad de nivel alto.

Pues bien, del relato de la interesada y el contenido del informe administrativo se deduce que han existido fallos reiterados en las medidas de seguridad aplicadas, que han permitido un tratamiento ilegítimo de los datos personales relativos a la salud de una tercera persona.

Resulta obvio que los mecanismos para la identifficación y verificación de los usuarios no son tan fiables como deberían para que dicha actuación se desarrolle de una forma inequívoca, puesto que basta la mera similitud en los nombres de dos pacientes para que se produzca un error de este calibre.

Y es que a nuestro modo de ver se ha cometido una infracción grave de la normativa de protección de datos, que podría dar lugar a la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos, con el inicio de un procedimiento sancionador, y aún cuando a la vista de la titularidad pública del fichero no cabría la imposición de sanciones de carácter pecuniario, si podrían ordenarse medidas para el cese o la corrección de los efectos de la infracción, aparte de proponerse el inicio de actuaciones disciplinarias, si procediere.

Por ello, no podemos coincidir en cuanto a que lo ocurrido es una mera incidencia que se resuelve con su subsanación, sino que resulta exigible una investigación detallada de lo sucedido con revisión de las medidas de seguridad, para poder detectar el origen de las vulneraciones que se han puesto de manifiesto y establecer los mecanismos que realmente impidan que vuelvan a suceder.

Y es que en todo caso no podemos olvidar el riesgo cierto de perjuicio para la salud de la interesada (y puede que para la de la otra paciente también si los episodios que comentamos no se han registrado en su historia) por la asignación de procesos patológicos, o episodios asistenciales que realmente no ha padecido, tratamientos que no ha recibido, etc. Basta reseñar que en el episodio erróneo que se corresponde con un ingreso hospitalario en agosto de 2009, se contemplan diagnósticos y procedimientos asociados tales como: pielonefritis aguda, síndrome respuesta inflamatoria sistémico por infección con disfunción, fallo renal agudo, choque séptico, derrame pleural, colapso pulmón, enfermedad riñón y uréter, artritis reumatoide, abuso tabaco, toracocentesis, TAC abdomen,...

Las consideraciones expuestas nos permiten realizar a esa Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que se inicie una investigación detallada que permita conocer los fallos de seguridad en el mecanismo de protección de datos personales del centro hospitalario implicado, que han producido las incidencias relatadas, y se proceda a corregir los mismos con el objeto de que este tipo de infracciones no vuelvan a producirse.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Utrera que resuelva, en el sentido que sea procedente y sin demoras, la solicitud formulada por una entidad comercial sobre modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Utrera en relación a un inmueble concreto.

En esta Institución se viene tramitando expediente de queja motivado por el silencio que mantenía el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) acerca de la solicitud que había formulado el interesado para que se modificara un Plan Especial de dicha población.

ANTECEDENTES

1.- El reclamante, abogado, actuando en representación de una entidad comercial nos exponía textualmente lo siguiente:

“PRIMERO.- Mi representada en fecha de ...2012 registró ante el Excmo. Ayuntamiento de Utrera solicitud de modificación de plan especial de protección del casco histórico de Utrera, en relación con la finca sita en ... de dicha localidad, acompañando propuesta de modificación de ficha catálogo conforme a informe emitido por el arquitecto D. ...

En definitiva, un cambio de calificación de C a D que permitiría dentro de esta calificación efectuar obras en el inmueble, aquejado de necesarias mejoras.

SEGUNDO.- Al día de hoy, enero de 2016, mi representada no ha tenido aún ni una sola notificación al respecto sobre su solicitud, ni tan siquiera una incoación de expediente administrativo; ni mucho menos cualquier resolución de trámite (alegaciones, prueba, etc.) o resolución definitiva en el procedimiento.

Sin embargo, como consecuencia de un procedimiento contencioso-administrativo surgido en relación con el citado inmueble, pero por otros motivos distintos al que aquí nos trae (solicitud de licencia de demolición y obra nueva en el año 2008 y solicitud de descatalogación del inmueble efectuada en el año 2009) y que si fue resuelto expresamente en vía administrativa en el año 2010, lo que motivó el consiguiente recurso contencioso-administrativo nº ... ante el Juzgado de lo Contencioso ..., donde ha recaído Sentencia estimatoria parcialmente de fecha 8 de septiembre de 2015, se reconoce por la Letrada del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en definitiva, por la citada Administración, que el procedimiento relativo a la modificación de ficha catálogo de C a D de la indicada vivienda se encuentra en trámite, lo que se acreditaría en su momento procesal oportuno, lo que nunca se llevó a cabo.

Hasta en dos ocasiones, el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, como decimos en un procedimiento judicial admite que la solicitud inicial de ... se encuentra en trámite, mas en todo momento, desconociendo la parte interesa en qué trámite, pues no se le ha notificado desde el año 2012 absolutamente NADA relacionado con este expediente, ni tampoco se le ha informado ni siquiera verbalmente en cuantas visitas ha girado al Departamento de Urbanismo del citado Consistorio.

Así, en escrito de fecha ...2015 dirigido al citado procedimiento judicial, la Administración indica textualmente: Por su parte la incoación del procedimiento para la modificación de la ficha de catálogo de la vivienda en cuestión, así como la modificación puntual del Plan Especial del Conjunto Histórico de Utrera, y su bajada de catalogación, forman parte de un procedimiento distinto al anteriormente referido al que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 76 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Utrera y que en la actualidad se encuentra en tramitación tal y como esta parte tendrá oportunidad de acreditar en fase probatoria.

Posteriormente, sin que se practique prueba alguna al respecto, mediante escrito de ...2015 igualmente dirigido al citado procedimiento judicial, nuevamente indica: Por su parte la incoación del procedimiento para la modificación de la ficha de catálogo de la vivienda en cuestión, así como la modificación puntual del Plan Especial del Conjunto Histórico de Utrera, y su bajada de catalogación, forman parte de un procedimiento distinto al anteriormente referido al que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 76 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Utrera y que en la actualidad se encuentra en tramitación en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Utrera.

Consecuentemente, se crea un evidente desconcierto e indefensión en el interesado, pues tiene conocimiento de su petición efectuada en el año 2012, a través de un procedimiento judicial que no concierne a dicha petición, mediante dos escritos fechados en 2015, pero que tampoco dicen nada más allá de que está en trámite, con total desconocimiento de siquiera un número de expediente o en qué estado se encuentra y sin poder reconocer la existencia de resolución denegatoria por silencio administrativo, precisamente porque se reconoce por la Administración que está en trámite.”

2.- Por ello, solicitaba, por parte ese Ayuntamiento las siguientes actuaciones:

- Incoación de expediente administrativo relativo a la instancia de fecha ...2012 y nº de expediente.

- Trámite actual del citado expediente e identidad de los tramitadores del mismo desde su inicio.

- Motivos por los que no se ha notificado al interesado … ningún acuerdo de incoación de expediente ni resolución alguna, aún de trámite, desde el año 2012.

- Motivos por los que no se ha seguido la tramitación prevista en el Plan Especial de Casco Histórico de Utrera con este inmueble (...), respecto de la solicitud efectuada el ...2012.

3.- Tras dirigirnos a ese Ayuntamiento planteando estas cuestiones, recibimos respuesta de la que se desprendía que se encontraba en fase de estudio el expediente de modificación del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico en relación con la finca situada en ... al igual que otras solicitudes de modificaciones, derivándose su resolución en conjunto a la revisión del Plan Especial que estaba previsto acometerse durante el año 2016. No obstante, se nos transcribía informe técnico de Febrero de 2010 emitido a instancias de la Comisión Local del Casco Histórico que, en relación con el inmueble en cuestión, aconseja mantener el nivel de protección C.

Ignorábamos si, pasados seis años, dicho informe técnico se seguía considerando vigente o se habían producido circunstancias que podrían haberlo invalidado, pero lo que no resultaba pertinente es que una solicitud de cambio de nivel de protección de inmueble formulada en Noviembre de 2012, siguiera sin respuesta expresa alguna por parte de ese Ayuntamiento pasados varios años, dejando al reclamante en una situación de indefinición sobre las previsiones municipales acerca del edificio, impidiendo con ello cualquier intervención en el mismo.

4.- Por ello, en marzo de 2016, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.2, inciso final, de la Ley reguladora de esta Institución, interesamos a esa Alcaldía la necesidad de dar respuesta, expresamente y sin más dilaciones, a los escritos presentados por el interesado, informándonos al respecto.

5.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas mayo y junio de 2016, pero ello no ha motivado que no sea remitida la misma, ni siquiera tras contactos telefónicos que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal los pasados meses de diciembre de 2016 y julio de 2017. Ello ha determinado que, al silencio mantenido por ese Ayuntamiento ante la solicitud de información del reclamante, se añada asimismo el silencio ante las demandas de esta Institución para que dicha solicitud sea resuelta en el sentido, ocasionando que el reclamante siga sin conocer la disposición municipal o no para proceder a la modificación del Plan Especial en el sentido demandado por el mismo.

CONSIDERACIONES

Primera. - El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Tarifa que se pronuncie de forma expresa sobre la propuesta del técnico municipal de estudiar la oportunidad de incorporar al planeamiento el núcleo rural de Betijuelo, valorando económicamente las demandas vecinales y realizando un análisis urbanístico y propuesta valorada correspondiente al acceso, abastecimiento y depuración de aguas o gestión de residuos o lodos, así como la recogida de residuos sólidos con el fin de estudiar la oportunidad de incluir su regulación, si es posible, en Planes urbanísticos y/o económicos que puedan resolver o mejorar la situación actual del citado núcleo.

ANTECEDENTES

La interesada, presidenta de una asociación de vecinos denunciaba los problemas de abastecimiento de agua potable y de accesos que afectan al núcleo rural de Betijuelo, en el término municipal de Tarifa (Cádiz). En su escrito de queja indicaba, textualmente, lo siguiente:

"Poner en su conocimiento todos los problemas que este núcleo rural de Betijuelo, perteneciente al término municipal de Tarifa, Cádiz, tenemos muchos problemas pero los más importantes y necesarios son: carecemos de agua potable, teniendo los vecinos que cogerla de un manantial, que en los meses de verano no hay agua para todos los vecinos, también tenemos un problema muy importante con la entrada a este Núcleo Rural por parte de un puente en la pista militar está casi a la entrada del núcleo, y es la única entrada para llegar incluso los vehículos, la anchura en esta zona que se hunde es de un metro cuarenta centímetro de ancho, y una profundidad aproximada de dos metros, que esta medio hundido y es la única entrada que tenemos para llegar a nuestras vivienda, el camión de la basura retiró los contenedores de basura del núcleo a mas de dos kilómetros de distancia y el bus escolar no puede subir y si hubiese un incendio vehículos de bombero sería imposible subir a este núcleo de Betijuelo, y otra pista que sale de la Pista militar al centro de este enclave, que la Junta la reparó algo (…) la pista de tierra que al tener una pendiente muy elevada cuando llueve se corta la carretera por completo y nos quedamos incomunicados, como se muestra la fotografías inferiores que adjunto, también le comunico que le entregamos al Concejal de Montes veintiuno folios numerados con quinientas treinta firmas de personas que frecuentemente utilizamos este camino, así le mando copia del escrito que le mandamos al Concejal de Monte que no es el primer escrito y no contesta a ninguno ni pone remedio para reparar lo que de Justicia pedimos."

2.- Tras la admisión a trámite de la queja, interesamos al Ayuntamiento de Tarifa que se diera la respuesta que resultara procedente a lo solicitado por la asociación, relativo a los problemas de abastecimiento de agua potable del núcleo y el arreglo del tramo del puente de la pista militar y el aglomerado del carril de acceso.

Recibida respuesta, en el informe del Arquitecto Municipal se exponían diversos antecedentes y consideraciones respecto a la situación en la que se halla el núcleo rural de Betijuelo señalando que no se encuentra entre los núcleos rurales del PGOU en vigor, ni tampoco en el entonces recientemente aprobado Avance de Planeamiento e Identificación de Asentamientos lo que, se afirmaba por el Arquitecto, complica, jerarquiza o prioriza de alguna manera el orden en la asignación de los presupuestos para la creación o mantenimiento de infraestructuras en todo el municipio.

3.- Por ello, el Técnico Municipal estimaba que se debía estudiar desde un punto de vista urbanístico la oportunidad de crear un nuevo núcleo, valorando económicamente las demandas vecinales, añadiendo que, para ello, se debería realizar un análisis urbanístico y propuesta valorada correspondiente al acceso, abastecimiento y depuración de aguas o gestión de residuos o lodos, así como la recogida de residuos sólidos de Betijuelo con el fin de estudiar la oportunidad de incluir su regulación, si es posible, en Planes urbanísticos y/o económicos que puedan resolver o mejorar la situación actual del citado núcleo.

4.- A tenor de ello, interesábamos en mayo de 2016 que se nos indicara por la Alcaldía si tenía previsto atender las propuestas de regulación del núcleo que proponía el Arquitecto Municipal y, de ser así, que nos avanzara, concretando los plazos aproximados en qué se podrían abordar, las medidas que se fueran a adoptar para ello, sobre todo en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, mejora de accesos y recogida de residuos, que constituyen las principales demandas vecinales.

5.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información con fechas junio y septiembre de 2016, pero ello no ha motivado que nos sea remitida la misma, ni siquiera tras contactos telefónicos que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal los pasados meses de diciembre de 2016 y junio de 2017. Ello ha determinado que, a pesar de todas nuestras gestiones, sigamos ignorando si ese Ayuntamiento tiene prevista alguna propuesta de regulación urbanística del núcleo rural de Betijuelo de forma que pueda disponer de los servicios básicos que demanda la Asociación vecinal reclamante tales como abastecimiento de agua potable y accesos adecuados.

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Entre las determinaciones que deben recoger los Planes Generales de Ordenación Urbanística se encuentra, según el artículo 10 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, sin que nos conste que ese Ayuntamiento haya impulsado la propuesta del Arquitecto Municipal para que se regule urbanísticamente este núcleo rural, permitiendo de esta forma dotarlo de los servicios básicos de abastecimiento de agua y accesos adecuados que se demandan por parte vecinal.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de impulsar debidamente los procedimientos administrativos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de que ese Ayuntamiento se pronuncie de forma expresa sobre la propuesta del Técnico Municipal de estudiar la oportunidad de incorporar al planeamiento este núcleo rural, valorando económicamente las demandas vecinales y realizando un análisis urbanístico y propuesta valorada correspondiente al acceso, abastecimiento y depuración de aguas o gestión de residuos o lodos, así como la recogida de residuos sólidos de Betijuelo con el fin de estudiar la oportunidad de incluir su regulación, si es posible, en Planes urbanísticos y/o económicos que puedan resolver o mejorar la situación actual del citado núcleo.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz