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Solicitada por el interesado la concesión de subvención para prótesis y órtesis dental, convocada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, le fue notificada Resolución administrativa por la que se acordó tenerlo por desistido en su petición, al no haber aportado la documentación preceptiva en el trámite de audiencia. El interesado mostraba su disconformidad con tal decisión al entender que el requerimiento le había sido efectuado mediante la publicación en página web y no de forma personal, siendo, en su opinión, esta forma de notificación de un trámite administrativo inadmisible, cuando comporta una consecuencia irreversible, como es la de la exclusión.

Tras evaluar el informe enviado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, así como la normativa aplicable al asunto planteado, se formula Sugerencia en el sentido de que se adapten los formularios de solicitud incluidos como ANEXO I de las sucesivas convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de esa Consejería, para incluir la advertencia de que, tras la solicitud, el trámite de audiencia y requerimiento de documentación, será notificado mediante publicación en la página web. Que dirija instrucciones a las Delegaciones Territoriales, para que los impresos informativos que se facilitan a las personas interesadas, expliciten la necesidad de hacer un seguimiento del procedimiento administrativo, mediante periódica comprobación de la página web de notificación. Y que habilite las medidas y recursos complementarios que faciliten el seguimiento de los trámites del procedimiento por los solicitantes y les garanticen el conocimiento de la existencia de actos administrativos esenciales.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Consejería en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., vecino de ..., quien compareció exponiendo no haber podido subsanar el requerimiento de documentación efectuado en procedimiento de solicitud de subvención, por no haber tenido lugar mediante notificación personal.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 15 de febrero de 2013 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el compareciente nos expuso que, solicitada por su parte la concesión de subvención para prótesis y órtesis dental, convocada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, le fue notificada Resolución administrativa por la que se acordó tenerlo por desistido en su petición, al no haber aportado la documentación preceptiva en el trámite de audiencia.

El interesado mostraba su disconformidad con la decisión que le privó de optar a la concesión de la subvención, al entender que el requerimiento le había sido efectuado mediante la publicación en página web y no de forma personal, siendo, en su opinión, esta forma de notificación de un trámite administrativo inadmisible, cuando comporta una consecuencia irreversible, como es la de la exclusión.

Es significativa, en este sentido, la manifestación que realiza el afectado en su escrito, que literalmente dice:

“No habiendo recibido información general del trámite que fui a resolver ante la Administración que en ningún momento me avisa de que siendo mayor de 65 años, debo conocer perfectamente que tengo que usar una conexión a internet para comprobar en qué me requiere aportar documentos la Administración”.

Aportó el interesado con su escrito, la copia de la solicitud de ayuda individual para la adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis dental, dirigida a personas mayores (de 65 años), registrada el 10 de agosto de 2012, la copia de la nota informativo-divulgativa confeccionada por la Administración para sintetizar los requisitos, plazo de presentación de solicitudes y documentación a aportar, así como la copia de la Resolución de 15 de enero de 2013 por la que se acordó tener al interesado por desistido de la solicitud de subvención formulada al amparo de la Orden de 23 de julio de 2012.

Destacó el compareciente que ni el modelo de solicitud (Anexo I) de la Orden referida, ni la nota informativa, advierten ni previenen al ciudadano solicitante de la necesidad de comprobar el devenir posterior de la solicitud mediante conexión a internet, causándole con ello indefensión. Lo que es especialmente importante cuando la convocatoria va dirigida, en esta línea de subvenciones, exclusivamente a personas de cierta edad.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que atendió esta petición mediante escrito de 16 de febrero de 2015.

En el reseñado informe, se especifica que la solicitud presentada por el interesado se rigió en su procedimiento por la Orden de 23 de julio de 2012, por la que se convocaron subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social para el ejercicio 2012 (BOJA número 149, de 31 de julio de 2012); convocatoria que, a su vez, se ajustó a las Bases Reguladoras establecidas al efecto por la Orden de 10 de mayo de 2011 (BOJA número 106, de 1 de junio de 2011).

Del meritado informe, en síntesis y por lo que en este momento interesa, resultan las siguientes conclusiones generales:

En primer lugar, en relación con el procedimiento de solicitud y acreditación documental de cumplimiento de los requisitos, -por remisión a los artículos 10 y 17 de las Bases Reguladoras anteriormente aludidas-, la iniciación por la presentación del modelo de solicitud por el interesado, que integra en su contenido la declaración responsable del peticionario de cumplir los requisitos y de obligarse a aportar la documentación que lo acredite, en caso de resultar beneficiario provisional o suplente; así como el posterior dictado de propuesta provisional de resolución, comprensivo de la relación de personas beneficiarias provisionales y que otorga a los incluidos en la misma, trámite de alegaciones y audiencia para la efectiva aportación de la documentación acreditativa correspondiente.

En segundo lugar, en relación con los plazos, su reducción a la mitad de los establecidos para el procedimiento ordinario, al aplicarse a este procedimiento la tramitación de urgencia, en atención a ser sus destinatarios sectores de la población andaluza menos favorecidos. En el trámite de alegaciones y audiencia que examinamos, cinco días hábiles.

En tercer lugar, la consecuencia de tener al solicitante como desistido en su solicitud, en caso de no atender en plazo el trámite de aportación de documentación antedicho (artículo 17 de las Bases Reguladoras).

Y, finalmente, en relación con la notificación y publicación (artículo 21 de las Bases Reguladores y punto quinto de la Orden de convocatoria), la sustitución de la notificación personal, -surtiendo sus mismos efectos-, por la publicación en la página web de la Consejería de los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas interesadas y, particularmente, de los actos de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento.

En particular, el informe recibido, expone que, conforme a lo anterior, dictada la propuesta provisional de resolución y trámite de audiencia y de presentación de documentación acreditativa, y publicada la misma en la web, el promotor de la queja no efectuó alegaciones ni aportó documentación en el plazo de cinco días, por lo que se acordó tenerle por desistido de su solicitud por Resolución de 15 de enero de 2013.

3. Del contenido de dicho informe dimos traslado al promotor de la queja para alegaciones, quien respondió el 1 de julio de 2015, reiterando la falta de información explícita y clara sobre el procedimiento a seguir, ya que ni la recibida verbalmente en la Delegación Territorial, ni la contenida en el documento divulgativo que le facilitaron, ni el modelo de solicitud, explican los trámites sucesivos, ni advierten al interesado sobre la notificación por página web, ni, en consecuencia, sobre la necesidad de hacer un seguimiento del proceso. Destacando que, en estas condiciones, confiaba en que, como siempre ha sido lo habitual, recibiría una notificación personal, sin esperar en modo alguno lo ocurrido, concluyendo que la subvención será denegada a muchas personas, al estar condicionada la tramitación del procedimiento a una situación poco realista, cual es la de que el ciudadano mayor de 65 años conozca una forma de notificación que no es la tradicional y de la que no ha sido abiertamente informado, que posea una conexión a internet y que, además, sea usuario cotidiano de esta tecnología.

CONSIDERACIONES

Se plantea en la presente queja, como cuestión principal a dilucidar, la consistente en determinar si la Resolución de 15 de enero de 2013, por la que se acordó tener al interesado por desistido de la solicitud de subvención formulada al amparo de la Orden de 23 de julio de 2012, es o no ajustada a derecho.

1. Normativa específica de aplicación:

Para responder a esta cuestión, desde un punto de vista estrictamente formal, hay que examinar la normativa que regula específicamente la cuestión que nos ocupa, constituida por la Orden de 23 de julio de 2012, por la que se convocaron subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social para el ejercicio 2012 y las Bases Reguladoras establecidas por la Orden de 10 de mayo de 2011, a la que se remite la anterior. Y, específicamente, dentro de la misma, los preceptos aludidos por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en su informe, referidos a los trámites de audiencia y presentación de documentación acreditativa, así como a la forma de notificación y publicación de los actos del procedimiento.

La Orden de 10 de mayo de 2011, aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la hoy Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, con la finalidad de promover la atención a sectores de la población andaluza menos favorecidos y que se dirigen, entre otros, a las personas físicas que precisen de una prestación o programa para cubrir sus necesidades particulares.

Dentro de las líneas de subvenciones individuales reguladas por la Orden, la solicitada por el promotor de la queja se incardina entre las dirigidas a personas mayores de 65 años laboralmente inactivas, con vecindad administrativa en Andalucía, que cumplan ciertos requisitos económicos, para la adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis dentales.

El procedimiento común establecido por la Orden de 2011, en síntesis y hasta el acto de finalización que examinamos en esta Resolución, comprende los siguientes trámites:

- Presentación de la solicitud ajustándose al formulario incorporado en la convocatoria debidamente cumplimentado (artículo 10.1 y apartado tercero de la Orden de convocatoria de 2012), en el cual se comprenderá, entre otros datos, la firma por el peticionario de una declaración responsable de cumplir los requisitos exigidos en las bases reguladoras (10.1.d), con el compromiso asimismo de aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de dichos requisitos, en los términos del artículo 17 (artículo 10.5).

- Propuesta provisional de resolución y trámite de presentación de documentación: Valoradas las solicitudes y adoptada la propuesta provisional de resolución (artículo 16), el órgano instructor abre el plazo para, -entre otros trámites posibles-, que las personas provisionalmente beneficiarias y suplentes, puedan presentar la documentación correspondiente que acredite todos los datos consignados en la solicitud, tanto respecto al cumplimiento de los requisitos como al de los criterios de valoración, junto al Formulario-Anexo II (artículo 17.2).

Este trámite, -conforme al artículo 21.1 de la Orden de 2011 y el apartado quinto de la de convocatoria de la subvención en 2012-, se realiza mediante notificación conjunta a todos los interesados, por publicación del acto en la página web indicada en el apartado 19 del Cuadro Resumen, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Concretando que esta publicación sustituye en todo caso a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

- Consecuencias de no atender el plazo el requerimiento (artículo 17.4): la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional, que se refieran a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, implicará su desistimiento de la solicitud.

De conformidad con lo expuesto, debemos llegar a la conclusión de que la Resolución de 15 de enero de 2013, por la que se acordó tener al peticionario por desistido de su solicitud de subvención, al haber transcurrido el plazo otorgado sin que presentara la documentación referida a la acreditación de los requisitos para devenir beneficiario, se ajusta a derecho y, por ello, no puede ser objeto de reproche.

Conclusión distinta, sin embargo, resulta, si descendemos a la causa de fondo que impidió al solicitante, no ya atender, sino siquiera conocer que le había sido efectuado el requerimiento de aportación de la documentación preceptiva, siendo esta la cuestión que pasamos a examinar.

2. Calidad de la información ofrecida a los destinatarios de la subvención y brecha digital:

Como adelantamos, por más que las bases reguladoras de la Orden de 2011 (artículo 21.1) y la Orden de convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2012 (apartado quinto), reseñen que el trámite de audiencia y requerimiento de documentación se notificará conjuntamente a todos los interesados, por publicación en la página web, consideramos que, en general, en la materia que nos ocupa existen dos importantes factores, que actúan como barrera u obstáculo, en perjuicio de los potenciales destinatarios y que, por ende, deberían corregirse.

El primero es el de la existencia de un defecto de información en el formulario Anexo I. Y el segundo, el que obvia la existencia de una brecha digital. En ambos casos, siempre partiendo de la premisa de ser los destinatarios individuales de las líneas de subvenciones que tratamos, personas mayores, con sesenta y cinco años cumplidos y personas discapacitadas.

La información que en este sentido se hace llegar a la persona interesada, -habida cuenta de que resulta poco probable que por la misma se aborde la lectura de la profusa normativa reguladora y de que la ignorancia de este extremo la privará de la ayuda pretendida-, resulta deficiente, por las siguientes razones:

En primer lugar, en la Orden de convocatoria anual de las subvenciones, se echa en falta un apartado que refiera de forma expresa, concisa y sencilla, que tras la presentación de solicitudes y su evaluación, la resolución provisional de beneficiarios se publicará en la página web, operando como notificación personal a todos los interesados y abriendo el plazo de audiencia, para alegaciones y presentación de la documentación oportuna. Con advertencia explícita de las consecuencias de no atender el plazo de requerimiento.

Por otra parte, tampoco existe esta advertencia (de notificación web y consecuencias de no hacer su seguimiento), siquiera sucinta, en el Formulario de solicitud Anexo I, particularmente en el apartado cuarto referido a la declaración responsable de comprometerse el peticionario a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las bases reguladoras.

Lo mismo puede decirse del impreso divulgativo-informativo que se entrega a las personas interesadas por la Administración competente.

El segundo factor obstativo, que además intensifica la necesidad de observancia del anterior, es el constituido por la llamada brecha digital, particularmente acusada entre determinados sectores de la población, como el de las personas mayores y, especialmente, entre aquellas cuyos recursos económicos y, por tanto, sus posibilidades de contar con conexión particular a internet en su domicilio, es remota.

Para ilustrar esta realidad, hemos de citar la Agenda Digital para España, que, para cumplir la de la Unión Europea, contempla un plan de inclusión digital, cuya intención es conseguir que la mayoría de la población use Internet, alcanzando los objetivos europeos de inclusión digital, para minimizar la brecha digital. Dentro de este objetivo general, la Agenda contempla aumentar el uso entre personas mayores de 65 años, de rentas bajas, desempleadas y con bajo nivel de estudios.

Y en línea con ello, precisamente, los destinatarios de una de las líneas de estas subvenciones son personas en quienes concurren ambas circunstancias, como la misma Orden de 2011 reconoce, cuando expone la finalidad de promover la atención a sectores de la población andaluza menos favorecidos, que precisen de una prestación o programa para cubrir sus necesidades particulares y lo refuerza la Orden de convocatoria de 2012, reduciendo a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, aplicando la tramitación de urgencia.

Desde algunos sectores como el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), se ha alertado sobre la pobreza como factor excluyente de las personas con discapacidad y de las mayores, en el acceso a las nuevas tecnologías y a la oferta digital.

También esta Institución, en su Informe Especial de noviembre de 2011, referido a “Las personas mayores y las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en Andalucía”, recomendó la necesidad de que los poderes públicos tomaran en consideración la importante brecha digital existente en el colectivo de personas mayores, con objeto de poner en marcha e impulsar las medidas que permitan su incorporación mayoritaria al uso de las TIC, como medio de facilitar el ejercicio por las mismas de sus derechos constitucionales y estatutarios; así como la necesidad reforzada de prestar atención singular a las personas mayores excluidas de la sociedad de la información y del conocimiento, por encontrarse en una situación de especial dificultad por motivos de pobreza o discapacidad. Destacando dicho informe que, sin perjuicio de la valoración positiva de las actuaciones desarrolladas en este ámbito por la Comunidad Autónoma de Andalucía y los Ayuntamientos, es preciso realizar un esfuerzo extraordinario para facilitar la inclusión digital de la sociedad andaluza, a la vista de los perjuicios que comporta la exclusión.

La edad y los recursos económicos de los eventuales peticionarios, en resumen, obligan a moderar la aplicación de las nuevas tecnologías y de las exigencias de la administración electrónica en este ámbito concreto, en el que la exclusión de la brecha digital se muestra en toda su intensidad, sobre todo en aquellos trámites que impliquen a la postre (como en el caso del promotor de la queja), una pérdida de oportunidad irreversible.

No propugnamos con ello que se renuncie a los evidentes beneficios que proporcionan las nuevas tecnologías en el ámbito de las relaciones de los ciudadanos con la Administración (reducción de costes, agilidad, eficacia, eficiencia y transparencia), sino que se flexibilice su uso, adaptándolo a las necesidades y a la realidad de los eventuales destinatarios en cada ámbito concreto. Lo que igualmente podría conseguirse aumentando la calidad y suficiencia de la información (tanto en el formulario de solicitud como en el impreso divulgativo), como estableciendo recursos complementarios que faciliten el seguimiento de los trámites del procedimiento por el solicitante, evitando que por desconocimiento o impericia, incumpla una formalidad que le impida acceder a la ayuda que, de otro modo, le habría sido otorgada.

En esta última línea, que permite aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías en beneficio del administrado, podemos citar la previsión de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (que entrará en vigor el 2 de octubre de 2016), en materia de notificaciones electrónicas, al establecer medidas que garanticen al interesado el conocimiento de la puesta a su disposición de una notificación, como el envío de un aviso de notificación a su dispositivo electrónico.

Las consideraciones expuestas llevan a esta Defensoría, a efectuar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de conformidad con el artículo 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA 1: Que adapte los formularios de solicitud incluidos como ANEXO I de las sucesivas convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de esa Consejería, para incluir la advertencia de que, tras la solicitud, el trámite de audiencia y requerimiento de documentación, será notificado mediante publicación en la página web.

SUGERENCIA 2: Que dirija instrucciones a las Delegaciones Territoriales, para que los impresos informativos que se facilitan a las personas interesadas, expliciten la necesidad de hacer un seguimiento del procedimiento administrativo, mediante periódica comprobación de la página web de notificación.

SUGERENCIA 3: Que habilite las medidas y recursos complementarios que faciliten el seguimiento de los trámites del procedimiento por los solicitantes y les garanticen el conocimiento de la existencia de actos administrativos esenciales, como pudiera ser, a mero título de ejemplo, entre otros que pudieran adoptarse, la puesta en marcha de fórmulas de colaboración al respecto de los Centros de Participación Activa de Mayores o de los Centros Guadalinfo; y, concretamente en los casos de necesidad de subsanación de la solicitud inicial, notificación por otra vías adicionales de comunicación, como pudieran ser sms al teléfono móvil, por correo ordinario o al correo electrónico de la persona solicitante etc.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recordado al Ayuntamiento de Sevilla sus competencias sobre conservación, protección y mejora de los bienes de las Corporaciones Locales, recomendándole que manifieste su compromiso para que, en el próximo ejercicio presupuestario, se establezca la dotación necesaria para aprobar y ejecutar el proyecto de arreglo del paseo Rey Juan Carlos I, sugiriéndole, asimismo, que proceda, con la mayor brevedad posible, a realizar las mínimas obras de conservación que sean posibles para que el viario resulte transitable en condiciones de seguridad.

ANTECEDENTES

El Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio, en la que nos dirigimos al Ayuntamiento de Sevilla, por el mal estado que presenta el paseo Rey Juan Carlos I de Sevilla, dado su aspecto de deterioro.

En la respuesta que nos ha remitido el citado Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se atribuyen las deficiencias del Paseo a los asientos del terreno motivados por la consolidación de los rellenos de tierra que se ejecutaron de forma acelerada para la inauguración de la EXPO-92, potenciado además por la acción del agua durante todos estos años. Se añade que, ante la magnitud y extensión de los trabajos de reparación precisos, no cabe abordarlos con los medios económicos ordinarios de los que dispone el Ayuntamiento para el mantenimiento y conservación de las vías públicas de la ciudad.

Por ello, se indica que, durante los últimos años, se han venido redactando varios proyectos de reurbanización del Paseo pero, ante la carencia de recursos económicos asignados a tal efecto en los presupuestos municipales, no se ha estimado prioritaria esta intervención frente a otras demandas y necesidades sociales.

En cualquier caso, se anuncia que, para el próximo ejercicio, se redactará un proyecto actualizado para la reparación de los pavimentos, aunque su ejecución dependerá de las disponibilidades económicas.

Es decir, no cabe apreciar garantía real alguna de que, -a pesar del gravísimo deterioro de este paseo, el amplio conocimiento que existe de este hecho y su repercusión en los medios de comunicación, lo que genera una imagen de abandono o indiferencia de los sucesivos gobiernos locales ante este hecho- se vayan a asumir estos trabajos de reparación, rehabilitación y conservación, dado que no se nos indica que tal actuación esté programada o prevista.

En fin, esta Institución puede comprender que las Corporaciones Locales han venido padeciendo durante los últimos años importantes recortes presupuestarios y que, ante otras demandas y necesidades sociales más perentorias, ha sido preciso posponer algunas intervenciones, pero creemos que ello no puede justificar un abandono, que raya en la desidia, de la conservación y mantenimiento de infraestructuras destinas al uso público peatonal.

CONSIDERACIONES

Primera.- De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

«1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, en las siguientes materias:

- Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

- Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera».

Segunda.- Entre las obligaciones que el artículo 51 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, atribuye a las Entidades Locales respecto a sus bienes, se encuentra la de conservar, proteger y mejorar sus bienes.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar los preceptos legales citados en las anteriores consideraciones.

RECOMENDACIÓN de que -aún comprendiendo las limitaciones presupuestarias que puedan afectar a esa Corporación Municipal para poder hacer frente a sus obligaciones de conservación de los bienes de su titularidad y la posible necesidad de atender asuntos más prioritarios y urgentes y dado que existe un reconocimiento explícito de la necesidad de reparar y conservar adecuadamente el Paseo Juan Carlos I que presenta un gran deterioro como se desprende de la propia redacción de sucesivos proyectos de reurbanización- se manifieste el compromiso de que, en el próximo ejercicio presupuestario, se establecerá la dotación necesaria para poder aprobar y ejecutar el nuevo proyecto actualizado que se anuncia por el Servicio de Proyectos y Obras, a fin de que no se demore indefinidamente su necesaria reparación.

SUGERENCIA de que, sin perjuicio de lo anterior, se proceda a la mayor brevedad a realizar las mínimas obras de conservación que sean posibles para que el viario resulte transitable en condiciones de seguridad, ya que lo contrario supondría, en la práctica, una renuncia total de ese Ayuntamiento al cumplimiento del deber genérico de conservación de sus bienes que, anteriormente, ha quedado enunciado.

Ver cierre de actuación de oficio

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recordado al Ayuntamiento de Santiago-Pontones su obligación de auxiliar a esta Institución en sus investigaciones e inspecciones, así como que el ejercicio de sus competencias es irrenunciable, de tal forma que deberá desarrollar las mismas con diligencia y eficacia, recomendándole que emita informe técnico-jurídico sobre la compatibilidad ambiental de una explotación ganadera situada en suelo urbano y generadora de molestias a quienes residen en su entorno, con el planeamiento urbanístico procediendo en consecuencia con las conclusiones de este informe.

ANTECEDENTES

Los interesados nos trasladaban en su escrito de queja que al lado de su casa existía una especie de granja en la que, al parecer, había ovejas, cerdos, perros, gallinas, caballos, etc. Asimismo, nos comentaban que el propietario del inmueble había quitado todos los matorrales y riscos de la zona, ocasionando con ello que cada vez que llovía, la casa de los interesados se inundara de cieno, piedra y escombros.

También nos relataban que llevaban 5 años soportando mal olor, pulgas, moscas y ruidos, con el agravante de que eran dos personas mayores que lo único que buscan era tener tranquilidad aunque “hasta este momento no podemos abrir las ventanas ya que el olor nos inunda la casa y cada vez que el señor va a echar de comer a los animales, como el acceso tiene pendiente, patinan los vehículos y nos inundan el polvo y las piedras”.

También nos trasladaban que habían presentado diversos escritos en el Ayuntamiento de Santiago-Pontones (Jaén), además de haber realizado varias llamadas telefónicas, lo que provocó que el Alcalde se desplazara a la zona acompañado de un policía local para realizar una inspección visual.

No obstante, el Ayuntamiento se había limitado a responder a los escritos de los afectados indicando que “los daños ocasionados en la zona … a raíz de la tormenta ocasionada el pasado 24 de julio, no han sido en su vivienda, sino en los dominios del barranco que hay cerca de la vivienda de dicho señor”. Sin embargo, nada se decía sobre las molestias generadas por la tenencia de animales, de las que también se quejaban los interesados.

Así expuesta la queja fue admitida a trámite e interesada la colaboración del Ayuntamiento, que fue cumplimentada mediante oficio con registro de salida de noviembre de 2014, en el que venían a informarnos, en esencia, de lo siguiente:

1) Que los animales que generan las molestias objeto de la queja, están en suelo urbano;

2) Que el uso de ese corral responde a la tipología edificatoria y a los valores estéticos de las aldeas rurales;

3) Que en informe de la Policía Local de noviembre de 2014, se hace constar que en el corral se poseen, para consumo doméstico, un total de 5 porcinos, 13 ovinos y 2 equinos, y sobre los cuales ha sido aportada por su titular la documentación de la inscripción de la explotación en la Consejería competente;

4) Que la entonces reciente Ley 3/2014, de 1 de octubre, no obligaba a que este tipo de instalaciones hayan de someterse a tipo alguno de prevención y control ambiental, por lo que no consideraban necesario adoptar medida alguna de naturaleza administrativa.

Analizada esta información que nos dio el Ayuntamiento, nos surgieron algunas dudas que consideramos oportuno aclarar ante el propio Consistorio. En este sentido, trasladamos a la Alcaldía que, en primer lugar, el hecho de que la explotación ganadera se encontrase inscrita en el Registro de la Consejería competente no implica que el lugar donde está dicha explotación sea, en todo caso, el adecuado; es decir, el hecho de que la explotación esté inscrita en la Consejería no da validez o legalidad, por decirlo de alguna manera, a la ubicación elegida para tal explotación si ésta no fuera acorde con las exigencias del planeamiento.

Asimismo, también nos llamó la atención que 5 cerdos, 13 ovejas y 2 caballos fueran un uso permitido en suelo urbano, por mucho que nos encontremos en una aldea de tipo rural (no se nos justificó adecuadamente con un informe técnico) y por mucho que el corral construido responda a la tipología edificatoria y a los valores estéticos de estas aldeas. Y no en vano, la realidad es que, según la queja que se nos planteó, estos animales generan molestias (“mal olor, pulgas, moscas y ruidos”) y su número nos parecía, como poco, aparentemente impropio para estar en suelo urbano de uso residencial.

En cualquier caso, para aclarar estas cuestiones, aunque ya tratábamos de aclararlas en nuestra primera petición de informe, volvimos a pedir al Ayuntamiento un informe complementario insistiendo en conocer si la tenencia de animales en esa zona era, y es, compatible con el planeamiento urbanístico y, a tal efecto, insistimos en que se nos enviara un informe urbanístico en el que se analizara la compatibilidad de la actividad denunciada con el régimen del suelo.

Pues bien, pese a que este informe complementario lo hemos solicitado hasta en tres ocasiones por escrito -mediante escritos de diciembre de 2014, enero y febrero de 2015- y que, adicionalmente, se ha efectuado llamada telefónica al Ayuntamiento en abril de 2015, reclamándolo por esta vía e incluso remitiendo la documentación al correo electrónico de la Alcaldía, a día de hoy no lo hemos recibido.

CONSIDERACIONES

El artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (LDPA), establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

En este sentido, el hecho de que ya se haya emitido, por parte del Ayuntamiento de Santiago-Pontones un primer informe en este expediente de queja, no es óbice para que esta Institución considere necesario y requiera del mismo Ayuntamiento un segundo o ulterior informe sobre el mismo asunto. Hay que recordar que esta obligación de auxilio y colaboración «con carácter preferente y urgente» que se debe a esta Institución, lo es durante toda la fase de investigación y comprobación de una queja o en un expediente iniciado de oficio.

En consecuencia, ese Ayuntamiento, al no enviarnos el segundo informe que hemos solicitado en esta queja, a pesar de haberlo requerido hasta en tres ocasiones por escrito, más una última de manera telefónica con posterior remisión de correo electrónico a la Alcaldía, ha incumplido el deber de auxilio y colaboración al que está obligado en función del artículo 19 de la LDPA.

En cualquier caso, la ausencia de ese segundo informe no ha impedido a esta Institución analizar, dentro de lo posible, el fondo del asunto y dictar la presente Resolución, en la consideración de que ésta es la mejor forma de cumplir el cometido que nos encomiendan los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

A este respecto, entrando a valorar, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta la ausencia de ese segundo informe que hemos pedido, debemos tener presente la normativa de planeamiento de Santiago-Pontones y, en primer lugar, la adaptación parcial a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de sus Normas Subsidiarias (anuncio de aprobación definitiva publicado en BOP de Jaén de 21 de enero de 2014) que establece en su artículo 11.3 que los usos globales y pormenorizados se regulan para el suelo urbano y urbanizable en el Capítulo 3.3 de las Normas Subsidiarias vigentes. Por su parte, estas Normas Subsidiarias establecen que son actividades incompatibles con la vivienda «aquellas que presentan cierto grado de incomodidad que no permite su localización en edificios de vivienda, pero que pueden ser admitidas, con la debida independencia, en zonas que toleran una mezcla de usos que resulte favorable, tanto para activar la vida urbana de un sector, como para facilitar la proximidad entre la vivienda y el lugar de trabajo».

Además, en la actualidad debe también tenerse en cuenta que el apartado 10.10 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (LGICA), somete al trámite de Calificación Ambiental (suponiendo, claro está, que la actividad estuviese permitida por el planeamiento) las instalaciones destinadas a la cría intensivas de animales cuando no superen los umbrales de los apartados 10.8 y 10.9 (supuesto en el que el caso de esta queja podría integrarse) y siempre que no se destinen al autoconsumo.

Por lo tanto, los técnicos municipales de ese Ayuntamiento, ya sea directamente, ya sea a través de la asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén, deberán valorar si la explotación de animales objeto de esta queja es, ante todo, compatible con el planeamiento y, segundo, para el supuesto de que se diera esa compatibilidad, si ésta debiera estar sometida al trámite de Calificación Ambiental y, en consecuencia, si debería ser sometida a las cautelas propias de este trámite ambiental, que recordemos que tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse.

Debemos recordar, por último, que la competencia, conforme al artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) es irrenunciable, y en este caso el Ayuntamiento ostenta, conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), competencias en materia de, entre otras, urbanismo y medio ambiente urbano, además de la tramitación de la calificación ambiental que le atribuye la citada LGICA.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 de la obligación de colaboración establecida en el artículo 19.1 de la LDPA, según el cual todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECOMENDACIÓN 1 para que, en lo sucesivo, desde el Ayuntamiento de Santiago-Pontones se atienda en un plazo prudencial y razonable de tiempo, ajustándose a los datos, documentos o informaciones concretos y puntuales que se pidan, las peticiones de colaboración realizadas por esta Institución en el curso de la tramitación de expedientes de quejas, con independencia de que se trate del primer informe, del segundo o de posteriores y sucesivos informes que se requieran.

RECORDATORIO 2, para el supuesto de que ese Ayuntamiento siga sin valorar la problemática objeto de esta queja desde una perspectiva técnica, urbanística y medioambiental, de que el ejercicio de las competencias, conforme al artículo 12.1 de la LRJPAC, es irrenunciable, por lo que el Ayuntamiento debe desarrollar de forma eficaz y diligente sus competencias legales atribuidas por la LRBRL y la LGICA y, en el caso que nos ocupa, en materia de medio ambiente y urbanismo en relación con actividades que, siempre que sean compatibles con el planeamiento, pueden resultar molestas y, por lo tanto, deben estar sometidas al trámite ambiental pertinente.

RECOMENDACIÓN 2 para que, si aún no se ha emitido, se emita informe técnico-jurídico sobre la compatibilidad ambiental de la explotación objeto de esta queja con el planeamiento urbanístico vigente en esa localidad y con la normativa de protección ambiental, procediéndose en consecuencia con las conclusiones de dicho informe, siendo remitida una copia a esta Institución, informando, en su caso, de las actuaciones administrativas que se vayan a llevar a cabo.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

La tramitación del presente expediente de queja ha permitido realizar un análisis de la situación que pesa sobre el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, a través del detenido informe que nos ofrecen en relación con la situación general de la jurisdicción mercantil en todos sus órganos judiciales de Andalucía.

En dicha respuesta se ratifican la información, datos y criterios que ya hemos tenido la oportunidad de analizar con motivo de sendas quejas de oficio seguidas en relación con la situación particular de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga y de Sevilla. La situación del Juzgado gaditano es, por tanto, perfectamente encuadrable en la valoración que hemos argumentado para las anteriores demarcaciones.

Aun siendo reiterativos, el análisis que nos hemos propuesto abordar de la situación del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz nos lleva a deducir la necesidad acreditada de formular igualmente las valoraciones y medidas que, en su día y con motivo de los supuestos de Málaga y Sevilla, expresamos ante esa Consejería en forma de Resolución.

Analizado el contenido de su información, hemos de ofrecerles a la luz de los datos, las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- La cumplida y detallada información de la Consejería viene a situar cuantitativamente, en base a los indicadores de análisis que emplea el sistema judicial, la situación que pesa en las actividades asignadas al Juzgado de lo mercantil de Cádiz.

Efectivamente, aluden en su comunicación a la constatación de una creciente carga de trabajo en ese órgano judicial, con incrementos porcentuales de asuntos que elevan en exceso las previsiones asignadas. Tales incrementos de asuntos explican, ciertamente, el volumen de trabajo que se residencia competencialmente en este órgano, cuya respuesta carece a todas luces de la capacidad para absorber, en términos de suficiencia, la gestión y resolución de los asuntos acorde con parámetros aceptables de servicio.

Sencillamente; mantener un órgano con una sobrecarga de asuntos superada en un 413% sin las reacciones imprescindibles es una perfecta desatención a las responsabilidades que asume el servicio de prestar Justicia.

Pero es que además nos encontramos ante una situación generalizada de graves dilaciones, consolidada a lo largo de estos últimos años, y que se confirmaría en los datos que se ofrezcan respecto del cierre del ejercicio 2015.

Segunda.- Un aspecto añadido vendría a detenerse en las medidas que, de manera específica, ha acometido esa Consejería de Justicia e Interior desde su particular ámbito de decisión y competencia. El relato de su informe incide en la puesta a disposición de una serie de puestos de refuerzo a través de personal administrativo interino que se distribuye entre los órganos judiciales de Andalucía, según los criterios o razones de prioridad que se indican en su escrito. En concreto 1 Gestor y 2 Tramitadores del Servicio de Apoyo de la Audiencia Provincial.

Con mayor extensión, destacamos su información acerca de la existencia de 132 plazas para el ámbito territorial andaluz, que se asignan atendiendo a las cargas de trabajo e indicadores de pendencia y congestión de asuntos, y concretando las medidas que se han acordado para el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz.

Del mismo modo, nos anuncian las limitaciones de índole presupuestaria que penden a la hora de disponer de estos recursos, en aplicación de los mandatos recogidos por las respectivas leyes de restricción de gasto, insistiendo en la imposibilidad de incrementar el número neto de estas dotaciones para plazas de refuerzo. Según nos informan, acordar una plaza de refuerzo obligaría a detraer otra plaza ya asignada a un órgano judicial previo, para no aumentar el límite de 132 plazas autorizadas.

En suma, y aunque nos señalan medidas de refuerzo, hemos de colegir que los resultados obtenidos en su conjunto no presentan cambios significativos de mejora que permitan dedicarle una valoración satisfactoria en orden a la consecución de unos objetivos que debieran alcanzar la superación o, al menos, una perceptible mejora de la situación.

Hemos de insistir en nuestro reconocimiento del esfuerzo profesional y dotacional que implica este reducto de medidas de refuerzo acordadas, pero, de inmediato, constatamos que el objetivo ceñido a la superación de las necesidades del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz no ha podido ser alcanzado a la luz de los resultados ofrecidos.

Los datos y el análisis del escaso efecto de estas medidas concluyen una grave situación que parece encontrar su dificultad en la propia dimensión de la organización judicial mercantilista, más que en aspectos puntuales de naturaleza tramitadora. De hecho, la información ofrecida destaca que “Los puestos de plantilla de los juzgados son homogéneas en todos estos órganos y coinciden con la mayoría de los Juzgados de Primera Instancia de Andalucía”.

No obstante, a la hora de indagar otras vías de solución, sí se han elaborado argumentos a favor de una mejor redistribución de las plantillas previstas para cada órgano judicial. En la Memoria del TSJA aludida se habla de “abordar sin más dilaciones una reordenación de efectivos y una nueva Relación de Puestos de Trabajo adecuada a la situación actual de los órganos judiciales de nuestra Comunidad Autónoma”. Se trataría de derivar efectivos a los destinos más necesitados de refuerzos de personal gracias a las plazas que serían amortizables de otros órganos cuyas cargas de trabajo permiten una nueva adscripción o destino.

En todo caso, hemos de concluir de nuevo que las medidas de refuerzo funcionariales destinadas a este órgano judicial no han logrado revertir la situación de graves dilaciones que pesan sobre los rendimientos del Juzgado gaditano, por lo que los problemas que se han descrito sobre el servicio prestado a justiciables y profesionales de la Administración de Justicia ofrecen un pronóstico de persistir y con una tendencia altamente probable de colapsar en un futuro inmediato según los indicadores tan graves de pendencia y aumento de carga de trabajo ofrecidos.

Más allá de estos datos e indicadores, valga la reflexión final que ofrece el TSJA en la Memoria de 2013 en su apartado 3.5.4. (página 165): ”Estos datos revelan una situación de los Juzgados de lo Mercantil dramática, muy próxima al colapso de los mismos y denotan una imperiosa necesidad de arbitrar medidas que permitan invertir la tendencia de aumento de asuntos pendientes cada año (alguno desde hace varios años) que, a la vista está, no han servido para paliar los efectos de la sobrecarga de entrada de asuntos producida de forma casi constante desde 2008. Va a ser necesario, por tanto, incrementar estas medidas de refuerzo y, al mismo tiempo, replantear las mismas para intentar reducir la enorme pendencia acumulada”.

Tal diagnóstico, con ser terrible, no presenta un cambio sustancial en la siguiente Memoria de 2014, ni tenemos noticias de que el actual ejercicio ofrezca novedades. Antes al contrario, las quejas referidas a este Juzgado gaditano siguen llegando y reproduciendo la grave situación analizada.

Tercera.- Hemos de reiterar en este análisis la valoración que podemos considerar como más decisoria; y es la manifiesta carencia del número de órganos judiciales necesarios para atender la carga de trabajo asumida por los juzgados mercantiles andaluces.

Recordemos que el indicador medio que ha sido adoptado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la tipología de estos órganos es la asignación de una ratio de entrada de asuntos al año en una horquilla de 333 a 399 casos por juzgado mercantil.

Entendemos, a falta de otros criterios que desmientan este indicador o ratio, que, con la situación actual de litigiosidad adscrita a las competencias del Juzgado mercantil de Cádiz, no podrá ser ofrecida la atención y servicio que se exige de este órgano y, desde luego, no ha sido atendida en los últimos ejercicios en los que se han volcado unas cifras de asuntos perfectamente sobrepasada a sus capacidades de tramitación y de resolución.

Atendiendo a las informaciones que nos ofrecen, la creación de nuevos órganos judiciales es la medida ineludible no ya para superar la situación actual, sino para disponer de unos niveles organizativos mínimos e imprescindibles susceptibles de impartir justicia en la materia mercantil dentro de la demarcación judicial de Cádiz.

Las cifras que hemos tenido la oportunidad de analizar evidencian las causas de esta situación, y que expresan una manifiesta sobrecarga de trabajo. Las cifras aluden a una media de 2,047 asuntos por año y órgano en el Juzgado gaditano. Unas cifras absolutamente dispares e inadecuadas con el módulo fijado en esa horquilla que pone su límite máximo en 399 asuntos de entrada por año, según se establecen los acuerdos del Pleno del CGPJ.

Y hemos de añadir que la continua alusión al módulo de entrada de asuntos por año, o a otros indicadores, no deja de ser un imprescindible criterio objetivo de referencia a la hora de establecer con magnitudes medibles y objetivas la organización y funcionamiento de estos órganos judiciales. La fijación de las cargas de trabajo para los juzgados —sea cual sea su naturaleza— son un presupuesto clave a la hora de asignar una coherente disposición de medios personales y materiales que permitan, finalmente, ofrecer el servicio de juzgar y hacer cumplir lo juzgado que constitucionalmente les corresponde.

Dicho en otro sentido en términos ya empleados por este Defensor del Pueblo Andaluz; una sistemática desatención a estos módulos y la ausencia de respuestas correctivas eficaces sólo podrá acarrear una disconformidad con los niveles objetivos de los desempeños establecidos y, desde luego, la omisión de los deberes de calidad y servicio que se espera de estos órganos judiciales.

La propia Memoria, desde 2013, del Tribunal Superior de Justicia fija en una nueva plaza judiciales a crear en los juzgados de lo Mercantil de Cádiz como medida “mínimamente válida y asumible en la actualidad” (página 193).

Hemos de entender que estas posiciones, que sustancialmente coinciden con las informaciones vertidas desde la Consejería, constituyen la plataforma argumental para la elaboración de las propuestas de nuevos órganos judiciales que se elaboran por la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación para ser elevada ante la Administración Central. No obstante, a pesar de las motivaciones que se detallan ―y que nacen desde los testimonios y datos de instituciones, colectivos profesionales y ciudadanos afectados por esta situación―, hemos de concluir la escasa receptividad del Gobierno de la Nación para adoptar las medidas sobradamente fundadas y tantas veces propuestas.

Al día de la fecha contamos con un criterio formalmente expresado en el preámbulo del Real Decreto 918/2014 (BOE 265, de 1 de Noviembre) aplicable para el presente año de 2015. La norma declara:

“La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en su artículo 20.1 faculta al Gobierno para modificar el número y composición de los órganos judiciales establecidos en dicha ley, mediante la creación de Secciones y Juzgados y regula en su artículo 2.bis la figura del juez de adscripción territorial en los Tribunales Superiores de Justicia. Así, al amparo de esta habilitación legal, corresponde al Gobierno la creación de nuevas unidades judiciales y plazas de juez de adscripción territorial, con la finalidad de que la planta judicial sea idónea para atender las necesidades de la Administración de Justicia, y garantizar así a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos.

Por razones presupuestarias para reducir el déficit público, en los años 2011, 2012 y 2013 no se ha procedido la creación de nuevas unidades judiciales, por lo que la planta judicial no se ha incrementado en estos años mientras que, por el contrario, han seguido incorporándose nuevos miembros de la carrera judicial, como consecuencia de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso, proceso necesario para afrontar el número de procedimientos judiciales existentes e igualar el promedio de número de jueces por número de habitantes con otros países de nuestro entorno.

Esta situación ha originado un desequilibrio entre los miembros de la carrera judicial que se encuentran en activo y el número de unidades judiciales creadas en la planta judicial y de plazas de juez de adscripción territorial que se les pueden ofertar, existiendo un déficit de ambas para poder asignar una plaza a todos los miembros de la carrera judicial en servicio activo. Ello ha generado un elevado número de jueces en expectativa de destino, cuya situación es preciso regularizar, mediante la creación de plazas.

Esta creación no conlleva incremento presupuestario, criterio que ha sido determinante al concretar las plazas que se crean en el presente real decreto, puesto que lo que se pretende es destinar definitivamente a los miembros de la carrera judicial que no disponen de plaza y actualmente desarrollan las funciones que le son propias a través de diferentes figuras reguladas en nuestro derecho orgánico judicial, como las comisiones de servicio, los refuerzos, o las sustituciones”.

Tras esta explicación, el Real Decreto para todo el territorio nacional se limita a la creación de determinadas secciones y tres juzgados de lo penal (en Huesca, Palma y Tortosa).

Las manifestaciones expresadas por las respectivas Memorias de los Tribunales Superiores de Justicia, entre las que hemos destacado al TSJA, y que son recogidas en las aportaciones del propio Consejo General del Poder Judicial, no encuentran medidas coherentes entre los objetivos proclamados en el Real Decreto 918/2014 de atender las necesidades de nuestra Administración de Justicia. Y, desde luego, su contenido está perfectamente alejado de la motivación que alude esta norma en su primer párrafo de que la “planta judicial sea idónea para atender las necesidades de la Administración de Justicia, y garantizar así a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos”.

Por ello, la persistencia de la situación actual sin reacción ante estas medidas de creación de un nuevo Juzgado de lo Mercantil no produce más que una manifiesta desatención ante las necesidades acreditadas, el agravamiento de los datos de pendencia y el colapso acumulado hacia los nuevos asuntos que continúan entrando en este único juzgado.

Haciendo nuestras las motivaciones expresadas por las Memorias Anuales citadas y por las informaciones analizadas desde esa Consejería, ni la planta judicial es idónea, ni su organización garantiza la efectividad de la protección judicial de los derechos de los justiciables. A la vista de la situación analizada, cualquier referencia a los estándares de calidad de servicios, plazos procesales o derechos reconocidos en la Carta de Servicios del Consejo General del Poder Judicial, quedan degradados a una vaga referencia perfectamente opuesta a las capacidades de respuesta que puede ofrecer el Juzgado de lo Mercantil en Cádiz.

Somos conscientes de la compleja distribución competencial que presenta nuestro sistema judicial en su conjunto. Pero, por cuanto respecta al proceso de creación de órganos judiciales que ya hemos comentado, las fases previas de estudio de propuestas y tramitación de las necesidades estimadas, desde el rigor y la adecuada metodología, merecen ser transmitidas con un especial ahínco y reivindicadas en el marco de una lealtad institucional que no empece la decidida puesta de manifiesto de estas soluciones inaplazables para que resulten justamente atendidas.

Sencillamente, porque la organización y planta de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga amenaza con no poder garantizar el derecho constitucional a merecer una tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías y sin dilaciones indebidas, en los términos recogidos en el artículo 24 de la Constitución.

Cuarta.- En suma, los hechos que nos han relatado en sus quejas muchas personas y profesionales sobre el funcionamiento del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz han adquirido la categoría de ejemplos veraces y ajustados que acreditan una grave situación de dilaciones e inadecuado funcionamiento de este órgano. Nuestras investigaciones han ratificado unos señalamientos que se alargan en el tiempo con plazos que sobrepasan los tres años para citar a juicio.

Todas las informaciones que hemos requerido para comprobar el alcance de estas quejas ratifican la gravedad de la situación. Los datos ratifican la situación de un número de asuntos que sobrepasa con creces los módulos de carga de trabajo y que dibujan un resultado muy preocupante a pesar del extremo esfuerzo que se vuelca. La propia Consejería califica la situación de “alta pendencia y elevada carga de trabajo”, que apenas pueden despertar medidas que “de alguna manera coadyuven a reducir los niveles de pendencia y litigiosidad”. Y el mismo TSJA ratifica en sus sucesivas memorias “una situación dramática de los Juzgados de lo Mercantil y denotan la imperiosa necesidad de arbitrar medidas que permitan invertir la tendencia de aumento de asuntos pendientes cada año”.

Las medidas paliativas acordadas no han corregido la situación. En cambio, las soluciones están perfectamente definidas y propuestas pero no se han adoptado, ante la negativa a la creación de nuevos órganos judiciales.

Ante todo ello, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz entiende que el problema es de tal magnitud que merece acaparar las prioridades de las discusiones y asuntos que ocupan un lugar preferente en las agendas institucionales o políticas.

No podemos postergar por más tiempo las reacciones firmes y argumentadas que aguardan la sociedad andaluza y los operadores jurídicos para revertir esta situación y, por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz no debe dejar de manifestar su criterio en orden a perseguir las soluciones sobradamente acreditadas, legalmente previstas y socialmente inaplazables.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir a esa Consejería de Justicia e Interior las siguientes

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA, para que conforme a los criterios acordados por el Tribunal Superior de Justicia en el seno de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación, y oído el Consejo General del Poder Judicial, se promuevan todas las iniciativas de impulso y convicción ante el Gobierno de la nación para la creación de, al menos, un nuevo Juzgado de lo Mercantil en Cádiz.

RECOMENDACIÓN, a fin de que se evalúen las necesidades de las plantillas y dotaciones de personal destinando los puestos de trabajo acordes con las cargas y funciones asumidas por el único Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, mediante la adecuada distribución de los mismos.

Como hemos explicado anteriormente, hasta aquí la Resolución que formalmente procede dirigir a partir del caso singular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz. Como pueden observar, no añadimos las previsiones establecidas en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz requiriendo su posicionamiento formal, ya que hemos tenido la oportunidad de estudiar la respuesta ofrecida por esa Consejería con motivo de las quejas análogas tramitadas sobre los juzgados mercantiles de Málaga y Sevilla.

En estas respuestas hemos deducimos, por lo que respecta a la creación nuevos Juzgados de lo Mercantil, que estas peticiones serán evaluadas a través de los mecanismos de estudio y valoración que han sido motivo de extenso comentario en la resolución dictada por este Defensor así como en su propia respuesta. Aceptando formalmente el sentido de nuestra Sugerencia de promover la creación concretamente de un nuevo órgano judicial mercantiles para Cádiz, quedamos pues atentos a las iniciativas que se adopten y su posterior resultado, por más que resulte difícil olvidar que tales peticiones han sido sucesivamente desatendidas por el Gobierno de la Nación a quien compete la creación de tales órganos.

Y, en cuanto a las medidas de aumento del personal destinado a estos órganos nos comunican la “valoración positiva” de la Recomendación de ampliar los medios personales funcionariales conforme a los estudios de necesidades y cargas de trabajo de este juzgado. Pero, de inmediato hemos de añadir los severos condicionantes que nos ofrecen en relación al procedimiento establecido para ello, así como a las restricciones de índole presupuestario que anticipan una escasa, por no decir, nula operatividad en la aplicación efectiva de esta Recomendación.

Finalmente, y a la vista de todo lo actuado, hemos de ratificarnos en la oportunidad de iniciar en su día la actuación de oficio para analizar en profundidad la situación del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz. Una situación que nos hace ratificarnos en la valoración de que “No podemos postergar por más tiempo las reacciones firmes y argumentadas que aguardan la sociedad andaluza y los operadores jurídicos para revertir esta situación y, por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz no debe dejar de manifestar su criterio en orden a perseguir las soluciones sobradamente acreditadas, legalmente previstas y socialmente inaplazables”.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz