La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 13/2218 dirigida a Defensora del Pueblo de las Cortes Generales

04/04/2013

Tras elevar nuestra consideración sobre las, en principio, perjudiciales consecuencias que ha deparado para el movimiento asociativo ecologista la aprobación de la Ley 10/2012, de Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, a la hora de ejercitar acciones judiciales en defensa del medio ambiente, la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales nos ha comunicado que no consideran idónea, en el momento actual, la intervención en este asunto dado que está acabado de aprobar el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, que sustituirá en su día a la legislación actualmente vigente en la materia.

Tras habernos dirigido en esta actuación de oficio a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, desde esta Institución estatal se nos ha comunicado que ya en su día, con motivo de una intervención, se propició una modificación de la Ley 10/2012, de Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia y que la determinación de los sujetos o entidades susceptibles de exención de tasas está aún abierta debido a la aprobación y posterior tramitación del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, que sustituirá en su día a la normativa actualmente vigente, por lo que entienden que, por prudencia, deberían ser los colectivos interesados los que, dentro del desarrollo del proceso legislativo, trasladaran sus pretensiones al Ministerio de Justicia y a los Grupos Parlamentarios. Por tanto, consideraba la Defensoría del Pueblo que no había lugar a la intervención en este asunto.

Por tanto y dado que la Defensoría nos ha trasladado su postura en este asunto, no cabe realizar actuaciones adicionales sino esperar que, finalmente y durante la mencionada tramitación, se incorpore una previsión en el sentido propuesto por esta Institución.

Queja número 25/6938

El Alcalde de Pinos Puente nos denunciaba los cortes de suministro eléctrico padecidos en distintas calles de la localidad durante varios días a contar desde el 26 de junio de 2025, dejándolas también sin alumbrado público, lo cual estaría “configurando una alarma social insostenible y dejando la administración local sumida en el caos para atender las distintas emergencias que están surgiendo en esa zona”.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía Endesa (como distribuidora) para conocer las circunstancias que habrían provocado dicha interrupción en el suministro y las medidas adoptadas, en su caso, para solucionar la situación creada.

Desde E-Distribución se nos informó de las inversiones en infraestructuras, iniciadas y pendientes de ejecutar, por lo que entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de solución.

No obstante, también ponía de manifiesto la distribuidora que “una parte significativa de los cortes de suministro tiene su origen en la proliferación de instalaciones ilegales de cultivo de marihuana en el interior de viviendas”.

A este respecto trasladamos al Ayuntamiento de Pinos Puente nuestra preocupación por este grave problema social, dadas las perjudiciales consecuencias que tiene para la población que reside en las zonas afectadas, y las actuaciones que venimos desarrollado, tanto a nivel local en determinados municipios, como a nivel global para toda Andalucía, proponiendo soluciones en el marco de nuestro compromiso con la ciudadanía para que sus derechos no se vean vulnerados y para el adecuado logro de un suministro eléctrico de calidad.

De nuevo señalábamos que nuestra propuesta, ante el progresivo incremento en el número y frecuencia de los cortes de suministro, se dirige a que se adopten de forma coordinada medidas urgentes y efectivas en el ámbito de las diversas competencias sectoriales.

A este respecto, reiteramos nuestra convicción de que el abordaje de esta compleja situación requiere de una intervención coordinada de las distintas Administraciones competentes y de la empresa suministradora, para garantizar el acceso en condiciones mínimas de calidad al suministro eléctrico de todas las personas que residen en las zonas afectadas y cumplen fielmente con sus obligaciones como usuarias del servicio eléctrico. Para ello hemos propuesto la puesta en marcha de un Plan de choque que ofrezca resultados efectivos.

Se puede acceder a esta información en el siguiente enlace: https://www.defensordelpuebloandaluz.es/actualidad/el-defensor-del-pueblo-andaluz-propone-medidas-que-sirvan-de-guia-para-solucionar-el

Como se puede comprobar, nuestra propuesta pasa por desarrollar un plan de actuaciones singularizado y adaptado a cada zona, junto a la creación de equipos de intervención con técnicos de las administraciones implicadas, adoptando cuantos medios y recursos sean necesarios, así como el seguimiento y evaluación continua de las medidas.

Nuestra intención no es otra que hacer reflexionar a las administraciones y entidades con competencia en los distintos ámbitos de intervención posibles sobre el grave problema social que afecta a miles de personas que residen en los barrios perjudicados por los cortes de luz y sobre la necesidad de garantizarles el derecho a disponer en sus hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad.

Por lo tanto, invitamos al promotor de la queja -como responsable municipal- al desarrollo de cuantas actuaciones estuvieran en su mano para el desarrollo de actuaciones coordinadas con otras administraciones y para el impulso de medidas concretas en su ámbito de competencias que mejorasen la calidad de vida del vecindario.

Queja número 25/6530

La parte promotora de la queja exponía que a su madre se le había reconocido el Grado III de Gran Dependencia mediante resolución de 15 de diciembre de 2022, quedando pendiente la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA).

Solicitado el informe a la Administración, nos indican que se ha dictado resolución aprobando el PIA y reconocido el derecho a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar.

Al quedar solucionado el asunto planteado, la Institución da por concluidas sus actuaciones.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 24/8867 dirigida a Administración Local

En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, por la falta de respuesta expresa.

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formular Resolución a esa Administración concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I. Con fecha 4 de noviembre de 2024 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por la persona promotora de la presente queja, a través de la cual nos manifestaba que, con fecha 17 de de agosto de 2023 había presentado escrito ante ese Ayuntamiento solicitando la baja del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sin obtener por el momento respuesta.

II. Una vez admitida a trámite la queja, con fecha 20 de noviembre de 2024, se solicitó a esa Administración el preceptivo informe en relación con estos hechos, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, y a los efectos de que se diera cumplimiento a la obligación que establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora.

III. Se ha reiterado el requerimiento de contestación a la solicitud de información realizada por esta Institución a ese Ayuntamiento , con fecha 24 de febrero de 2025, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna de esa Administración.

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso plantear a esa Administración las siguientes

CONSIDERACIONES

Única.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, con carácter general, en su artículo 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

Por su parte, en los apartados 2 y 3 del citado precepto, se establece que la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo correspondiente y que, si no tiene fijado un plazo específico, será de tres meses.

Por otra parte, el artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

En el caso que aquí nos ocupa, la presentación del escrito de la persona promotora de la presente queja queda acreditado que se realizó ante ese Ayuntamiento, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de que se haya notificado la respuesta del mismo, a pesar de haber transcurrido con creces el plazo de resolver, incumpliéndose con ello lo establecido en los mencionados preceptos de Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17.2 de nuestra Ley reguladora, así como en el artículo 29.1 de la misma, nos permitimos trasladar a esa Administración la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento, así como del artículo 19.1 de la Ley 9/1983, reguladora de esta Institución, que establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma andaluza están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECOMENDACIÓN: Para que, sin más dilación, se proceda a dar y notificar la correspondiente respuesta al escrito presentado en ese Ayuntamiento por la persona interesada en la presente queja, informando de ello a esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 24/7903

En esta Institución se ha tramitado expediente de queja a instancia de parte, en el que la persona interesada manifestaba que desde 2022 está intentando que se le reconozcan los trienios devengados por sus años de servicio en las distintas Administraciones y que no ha recibido respuesta.

Tras solicitar el preceptivo informe de la Delegación Territorial nos informan que “el reconocimiento ha quedado inscrito en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía”.

En base a esta información, procedimos a decretar el archivo de las actuaciones en la queja por considerar que el asunto que motivó su presentación se encontraba solucionado.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 26/0015 dirigida a Ayuntamiento deTorredelcampo (Jaén)

Según se recoge en la información de la Junta de Andalucía, referida a octubre de 2025, Jaén lidera un año más el listado de provincias productoras de aceite de oliva, con una previsión de 2,3 millones de toneladas de aceituna para molturar y 475.000 toneladas de aceite. Desde el punto de vista del empleo, “en el caso de la provincia de Jaén, se calcula que se generarán 3,8 millones de jornales ligados a la recogida de aceitunas para almazara (33,3% del total andaluz) y 200.000 jornales en labores de molturación”.

Para que las campañas de recogida de aceituna se lleven a cabo en esta provincia en las fechas adecuadas, es necesario contar con un porcentaje de trabajadores temporeros que se desplazan a los pueblos, bien sea con un contrato acordado con los dueños de las fincas y empresas del sector, bien con expectativas de encontrar un hueco en las cuadrillas. Un flujo de trabajadores que se acentúa sobre todo en campañas, que como la de este año, se desarrolla en un contexto donde el resto de nichos de empleo como la construcción, demandan trabajadores para su sector, lo que deja el agrícola más desprotegido.

Hemos de tener en cuenta que son precisamente quienes no consigue un empleo en estos meses, los que más dificultades tiene para conseguir un lugar donde residir durante la temporada de aceituna y que optan por distintas soluciones habitacionales, como acoplarse en viviendas de conocidos, que no suelen reunir las condiciones básicas de habitabilidad, dormir algunas noches en los escasos albergues existentes o quedarse en situación de calle, en estaciones de autobuses principalmente.

La falta de alternativas habitacionales con las que cuentan estos temporeros, ha sido una preocupación de esta Defensoría. Así lo hemos recogido en los distintos Informes Anuales presentados al Parlamento de Andalucía en los que se ha trasladado la falta de sostenibilidad de un sector agrícola que carece de una red de alojamientos dignos para ofrecer a quienes, teniendo ya un empresario necesitan pernoctar durante las semanas que duren las campañas o para quienes se desplazan en la búsqueda de un trabajo a través de los distintos pueblos de las provincias de Jaén, Almería o Huelva.

En lo que se refiere a la provincia de Jaén, reseñamos el Informe Especial en el año 2001, entregado en el Parlamento de Andalucía, sobre la «Recolección de la aceitunas en la provincia de Jaén: programas de apoyo para trabajadores temporeros», que concluyó con una serie de recomendaciones encaminadas a que se asignaran recursos a la atención de estas personas para evitar situaciones de sinhogarismo.

Igualmente manifestamos nuestra preocupación por la situación de estos temporeros durante la Covid-19. Así, en la actuación de oficio 20/7191, si bien se inició en relación con el problema planteado en el contexto del estado de alarma y las restricciones de movimiento, era la falta de alojamiento lo que afectaba especialmente a las personas temporeras que no tenían suscrito contrato de trabajo ni otros recursos para su subsistencia. A través de los informes recibidos de los ayuntamientos de los pueblos y ciudades requeridos en la provincia de Jaén, pudimos conocer los recursos sanitarios y de otra índole puestos a disposición de estas personas durante la campaña de la aceituna.

En lo que se refería a los alojamientos de la población temporera en estos municipios, destacaban la red de albergues de la que dispone esta provincia que permite que estas personas puedan trasladarse de una localidad a otra en busca de “tajo”. También las iniciativas que se adoptaron destinadas a ampliar plazas disponibles para ofrecer alojamiento a las personas que no pudieran quedarse en los albergues, adaptando viviendas en el municipio o naves comerciales para esta finalidad.

Se nos transmitió igualmente la preocupación de algunos municipios que ante un excesivo número de personas en búsqueda de empleo sin encontrar alojamiento ocupaban cajeros, estación de autobuses y en el mejor de lo casos se alojaban en “pisos pateras” donde se tiene conocimiento de que se agrupan un número de personas que excedían la capacidad de los mismos con el consiguiente riesgo para las personas que los ocupan.

Referido a las actuaciones del Foro Provincial de la Inmigración en la provincia de Jaén, nos trasladaron la relevancia de este organismo de la Junta de Andalucía en la planificación de las campañas de aceituna. Un espacio de coordinación donde se acuerda el periodo de apertura de los dispositivos (albergues) realizándose en la Comisión Técnica un seguimiento de los trabajos previos al inicio de la campaña y el seguimiento en la atención que se ofrece, además de la evaluación en la finalización del periodo de recolección.

Se echaba en falta y así se hizo constar en el cierre de la actuación a los organismos a los que nos dirigimos, que se abordaran en el Foro un análisis de los recursos residenciales existentes en la provincia, necesarios para dar cobertura a esta actividad.

Pasados los años, durante los últimos meses de 2025 se han venido teniendo noticias, tanto por los medios de comunicación como de ayuntamientos de la provincia y personas particulares de la falta de alojamientos de temporeros y transeuntes en los pueblos de Jaén, que siguen siendo insuficientes para albergar a esas personas durante la campaña, como del retraso en la apertura de los albergues, lo que impide que estas personas puedan moverse por la provincia en la búsqueda de empleo, sin tener que improvisar lugares donde dormir. Una cuestión que incide de una forma negativa en la visión que la ciudadanía tiene de la población migrante, generándose discursos discriminatorios con respecto a estas personas.

A modo de ejemplo el Ayuntamiento de Jaén nos trasladaba en la queja 25/8567 el deterioro que está sufriendo en la última década la red pública consolidada para la atención a personas temporeras que “incluye albergues, servicios sociales, puntos de información, mediación intercultural y otros recursos esenciales” Un modelo que “fue ejemplo de coordinación y eficacia” y que no tiene amparo en la financiación puesta a disposición de los pueblos de la provincia. Así a modo de ejemplo citan la Línea 6 de subvenciones, que representa la principal fuente de financiación para estos proyectos, ha sufrido un recorte que “afecta gravemente la capacidad de atención a las personas temporeras, sobre todo cuando las previsiones para la campaña 2024-2025 anuncian un incremento importante de la producción y de la llegada de temporeros”.

También nos trasladan la pérdida de capacidad real de decisión del Foro Provincial de Migración, “que ha quedado reducido a un mero órgano consultivo sin facultad para coordinar ni planificar de forma efectiva las políticas y recursos destinados a la atención a temporeros”. Se pone también de manifiesto que “estos recortes y la falta de coordinación vulneran claramente la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que establece principios fundamentales como la universalidad, equidad territorial, planificación estratégica y financiación suficiente para garantizar la cobertura efectiva y adecuada a los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas migrantes temporeras”.

Por su parte en la queja 25/12544 nos informa su promotor de ciertos episodios de agresión que en el último mes “se vienen produciendo en las inmediaciones de la estación de autobuses de Baeza, Parque del Vivero, Calle San Andrés y en la Zona Centro de la localidad, puntos de tránsito frecuente y habituales para la ciudadanía” que si bien no se atribuyen a ningunas personas en concreto si se detecta que se refiere a personas migrantes que transitan y duermen en estos lugares. Expone que existe una “sensación de inseguridad” en su municipio, “principalmente las mujeres, que tienen que desplazarse por la ciudad” … ”lo que incrementa la importancia de garantizar un entorno seguro y protegido”. Una cuestión que dice haber puesto en conocimiento de las autoridades municipales “así como la descripción de individuos y conductas sospechosas”.

Unas manifestaciones que nos parecen relevantes, no tanto por las evidencias de la situación descrita dado que no aporta documentación probatoria alguna, sino por los efectos de esas sensaciones de inseguridad que llevan a discursos xenófogos en contra de la población migrante que alimenta posiciones extremas que entendemos son contraproducentes para la convivencia en los pueblos y ciudades.

Ante esta situación, considerando la relevancia de la red de albergues de la provincia de Jaén para dar cobertura a las necesidades de alojamiento transitorio en las campañas de la aceituna, así como los recursos necesarios para garantizar la cobertura efectiva de las personas más vulnerables, entre los que se encuentran estos temporeros, tras lo expuesto, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se apertura actuación de oficio dirigida al Ayuntamiento de Torredelcampo a los efectos de conocer el número de personas temporeras que se desplazan al muniicpio durante la campaña de la aceituna y cuántas de ellas se suelen encontrar en una situación de sinhogarismo y las necesidades que considera que se han de cubrir para evitar que se encuentren en situación de calle.

Igualmente se les ha requerido que nos informen si tienen identificado los recursos habitacionales a los que pueden recurrir estas personas en su municipio y si considera que son suficientes para la demanda existente, todo ello en el contexto del análisis del parque residencial privado al que han de acudir los empresarios agrícolas para favorecer el realojamiento de sus trabajadores en las campañas de la recogida de la aceituna.

Igualmente, en relación con el albergue destinado a personas temporeras, le hemos pedido que nos informen sobre el número de plazas que tienen disponibles y los servicios que se dan en el mismo, así como el número de días que puede pernoctar cada persona y el periodo de apertura y cierre de los dos últimos años, 2023/2024 - 2024/2025.

Y por último, en relación a la campaña 2025/2026, nos indiquen, entre otras cuestiones, si a la fecha de la apertura de la queja habían detectado personas desplazadas en situación de calle y las medidas destinadas para atenderlas, el presupuesto que destinan al mantenimiento y apertura del albergue, así como las fuentes de financiación, indicando los porcentajes de cada administración y si se cubre con este presupuesto las necesidades detectadas.

También si considera que la dimensión de los servicios sociales de su municipio está preparada para atender las necesidades de estas personas durante el tiempo que pernoctan en su ciudad o por el contrario detectan necesidades que se han de implementar para evitar las situaciones de sinhogarismo.

Y por lo que respecta a la colaboración con otros recursos nos trasladen la colaboración con el tercer sector durante la campaña de recogida de aceituna, indicando las entidades que trabajan en su municipio con este sector y los servicios que ofrecen y el/los órgano/s en los que participan en la campaña 2025/2026, y en este caso nos indiquen su composición, y si se hace un seguimiento de las incidencias y necesidades que se tiene con estas personas.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 26/0014 dirigida a Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén)

Según se recoge en la información de la Junta de Andalucía, referida a octubre de 2025, Jaén lidera un año más el listado de provincias productoras de aceite de oliva, con una previsión de 2,3 millones de toneladas de aceituna para molturar y 475.000 toneladas de aceite. Desde el punto de vista del empleo, “en el caso de la provincia de Jaén, se calcula que se generarán 3,8 millones de jornales ligados a la recogida de aceitunas para almazara (33,3% del total andaluz) y 200.000 jornales en labores de molturación”.

Para que las campañas de recogida de aceituna se lleven a cabo en esta provincia en las fechas adecuadas, es necesario contar con un porcentaje de trabajadores temporeros que se desplazan a los pueblos, bien sea con un contrato acordado con los dueños de las fincas y empresas del sector, bien con expectativas de encontrar un hueco en las cuadrillas. Un flujo de trabajadores que se acentúa sobre todo en campañas, que como la de este año, se desarrolla en un contexto donde el resto de nichos de empleo como la construcción, demandan trabajadores para su sector, lo que deja el agrícola más desprotegido.

Hemos de tener en cuenta que son precisamente quienes no consigue un empleo en estos meses, los que más dificultades tiene para conseguir un lugar donde residir durante la temporada de aceituna y que optan por distintas soluciones habitacionales, como acoplarse en viviendas de conocidos, que no suelen reunir las condiciones básicas de habitabilidad, dormir algunas noches en los escasos albergues existentes o quedarse en situación de calle, en estaciones de autobuses principalmente.

La falta de alternativas habitacionales con las que cuentan estos temporeros, ha sido una preocupación de esta Defensoría. Así lo hemos recogido en los distintos Informes Anuales presentados al Parlamento de Andalucía en los que se ha trasladado la falta de sostenibilidad de un sector agrícola que carece de una red de alojamientos dignos para ofrecer a quienes, teniendo ya un empresario necesitan pernoctar durante las semanas que duren las campañas o para quienes se desplazan en la búsqueda de un trabajo a través de los distintos pueblos de las provincias de Jaén, Almería o Huelva.

En lo que se refiere a la provincia de Jaén, reseñamos el Informe Especial en el año 2001, entregado en el Parlamento de Andalucía, sobre la «Recolección de la aceitunas en la provincia de Jaén: programas de apoyo para trabajadores temporeros», que concluyó con una serie de recomendaciones encaminadas a que se asignaran recursos a la atención de estas personas para evitar situaciones de sinhogarismo.

Igualmente manifestamos nuestra preocupación por la situación de estos temporeros durante la Covid-19. Así, en la actuación de oficio 20/7191, si bien se inició en relación con el problema planteado en el contexto del estado de alarma y las restricciones de movimiento, era la falta de alojamiento lo que afectaba especialmente a las personas temporeras que no tenían suscrito contrato de trabajo ni otros recursos para su subsistencia. A través de los informes recibidos de los ayuntamientos de los pueblos y ciudades requeridos en la provincia de Jaén, pudimos conocer los recursos sanitarios y de otra índole puestos a disposición de estas personas durante la campaña de la aceituna.

En lo que se refería a los alojamientos de la población temporera en estos municipios, destacaban la red de albergues de la que dispone esta provincia que permite que estas personas puedan trasladarse de una localidad a otra en busca de “tajo”. También las iniciativas que se adoptaron destinadas a ampliar plazas disponibles para ofrecer alojamiento a las personas que no pudieran quedarse en los albergues, adaptando viviendas en el municipio o naves comerciales para esta finalidad.

Se nos transmitió igualmente la preocupación de algunos municipios que ante un excesivo número de personas en búsqueda de empleo sin encontrar alojamiento ocupaban cajeros, estación de autobuses y en el mejor de lo casos se alojaban en “pisos pateras” donde se tiene conocimiento de que se agrupan un número de personas que excedían la capacidad de los mismos con el consiguiente riesgo para las personas que los ocupan.

Referido a las actuaciones del Foro Provincial de la Inmigración en la provincia de Jaén, nos trasladaron la relevancia de este organismo de la Junta de Andalucía en la planificación de las campañas de aceituna. Un espacio de coordinación donde se acuerda el periodo de apertura de los dispositivos (albergues) realizándose en la Comisión Técnica un seguimiento de los trabajos previos al inicio de la campaña y el seguimiento en la atención que se ofrece, además de la evaluación en la finalización del periodo de recolección.

Se echaba en falta y así se hizo constar en el cierre de la actuación a los organismos a los que nos dirigimos, que se abordaran en el Foro un análisis de los recursos residenciales existentes en la provincia, necesarios para dar cobertura a esta actividad.

Pasados los años, durante los últimos meses de 2025 se han venido teniendo noticias, tanto por los medios de comunicación como de ayuntamientos de la provincia y personas particulares de la falta de alojamientos de temporeros y transeuntes en los pueblos de Jaén, que siguen siendo insuficientes para albergar a esas personas durante la campaña, como del retraso en la apertura de los albergues, lo que impide que estas personas puedan moverse por la provincia en la búsqueda de empleo, sin tener que improvisar lugares donde dormir. Una cuestión que incide de una forma negativa en la visión que la ciudadanía tiene de la población migrante, generándose discursos discriminatorios con respecto a estas personas.

A modo de ejemplo el Ayuntamiento de Jaén nos trasladaba en la queja 25/8567 el deterioro que está sufriendo en la última década la red pública consolidada para la atención a personas temporeras que “incluye albergues, servicios sociales, puntos de información, mediación intercultural y otros recursos esenciales” Un modelo que “fue ejemplo de coordinación y eficacia” y que no tiene amparo en la financiación puesta a disposición de los pueblos de la provincia. Así a modo de ejemplo citan la Línea 6 de subvenciones, que representa la principal fuente de financiación para estos proyectos, ha sufrido un recorte que “afecta gravemente la capacidad de atención a las personas temporeras, sobre todo cuando las previsiones para la campaña 2024-2025 anuncian un incremento importante de la producción y de la llegada de temporeros”.

También nos trasladan la pérdida de capacidad real de decisión del Foro Provincial de Migración, “que ha quedado reducido a un mero órgano consultivo sin facultad para coordinar ni planificar de forma efectiva las políticas y recursos destinados a la atención a temporeros”. Se pone también de manifiesto que “estos recortes y la falta de coordinación vulneran claramente la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que establece principios fundamentales como la universalidad, equidad territorial, planificación estratégica y financiación suficiente para garantizar la cobertura efectiva y adecuada a los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas migrantes temporeras”.

Por su parte en la queja 25/12544 nos informa su promotor de ciertos episodios de agresión que en el último mes “se vienen produciendo en las inmediaciones de la estación de autobuses de Baeza, Parque del Vivero, Calle San Andrés y en la Zona Centro de la localidad, puntos de tránsito frecuente y habituales para la ciudadanía” que si bien no se atribuyen a ningunas personas en concreto si se detecta que se refiere a personas migrantes que transitan y duermen en estos lugares. Expone que existe una “sensación de inseguridad” en su municipio, “principalmente las mujeres, que tienen que desplazarse por la ciudad” … ”lo que incrementa la importancia de garantizar un entorno seguro y protegido”. Una cuestión que dice haber puesto en conocimiento de las autoridades municipales “así como la descripción de individuos y conductas sospechosas”.

Unas manifestaciones que nos parecen relevantes, no tanto por las evidencias de la situación descrita dado que no aporta documentación probatoria alguna, sino por los efectos de esas sensaciones de inseguridad que llevan a discursos xenófogos en contra de la población migrante que alimenta posiciones extremas que entendemos son contraproducentes para la convivencia en los pueblos y ciudades.

Ante esta situación, considerando la relevancia de la red de albergues de la provincia de Jaén para dar cobertura a las necesidades de alojamiento transitorio en las campañas de la aceituna, así como los recursos necesarios para garantizar la cobertura efectiva de las personas más vulnerables, entre los que se encuentran estos temporeros, tras lo expuesto, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se apertura actuación de oficio dirigida al Ayuntamiento de Mancha Real a los efectos de conocer el número de personas temporeras que se desplazan al muniicpio durante la campaña de la aceituna y cuántas de ellas se suelen encontrar en una situación de sinhogarismo y las necesidades que considera que se han de cubrir para evitar que se encuentren en situación de calle.

Igualmente se les ha requerido que nos informen si tienen identificado los recursos habitacionales a los que pueden recurrir estas personas en su municipio y si considera que son suficientes para la demanda existente, todo ello en el contexto del análisis del parque residencial privado al que han de acudir los empresarios agrícolas para favorecer el realojamiento de sus trabajadores en las campañas de la recogida de la aceituna.

Igualmente, en relación con el albergue destinado a personas temporeras, le hemos pedido que nos informen sobre el número de plazas que tienen disponibles y los servicios que se dan en el mismo, así como el número de días que puede pernoctar cada persona y el periodo de apertura y cierre de los dos últimos años, 2023/2024 - 2024/2025.

Y por último, en relación a la campaña 2025/2026, nos indiquen, entre otras cuestiones, si a la fecha de la apertura de la queja habían detectado personas desplazadas en situación de calle y las medidas destinadas para atenderlas, el presupuesto que destinan al mantenimiento y apertura del albergue, así como las fuentes de financiación, indicando los porcentajes de cada administración y si se cubre con este presupuesto las necesidades detectadas.

También si considera que la dimensión de los servicios sociales de su municipio está preparada para atender las necesidades de estas personas durante el tiempo que pernoctan en su ciudad o por el contrario detectan necesidades que se han de implementar para evitar las situaciones de sinhogarismo.

Y por lo que respecta a la colaboración con otros recursos nos trasladen la colaboración con el tercer sector durante la campaña de recogida de aceituna, indicando las entidades que trabajan en su municipio con este sector y los servicios que ofrecen y el/los órgano/s en los que participan en la campaña 2025/2026, y en este caso nos indiquen su composición, y si se hace un seguimiento de las incidencias y necesidades que se tiene con estas personas.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 26/0012 dirigida a Ayuntamiento de Baeza (Jaén)

Según se recoge en la información de la Junta de Andalucía, referida a octubre de 2025, Jaén lidera un año más el listado de provincias productoras de aceite de oliva, con una previsión de 2,3 millones de toneladas de aceituna para molturar y 475.000 toneladas de aceite. Desde el punto de vista del empleo, “en el caso de la provincia de Jaén, se calcula que se generarán 3,8 millones de jornales ligados a la recogida de aceitunas para almazara (33,3% del total andaluz) y 200.000 jornales en labores de molturación”.

Para que las campañas de recogida de aceituna se lleven a cabo en esta provincia en las fechas adecuadas, es necesario contar con un porcentaje de trabajadores temporeros que se desplazan a los pueblos, bien sea con un contrato acordado con los dueños de las fincas y empresas del sector, bien con expectativas de encontrar un hueco en las cuadrillas. Un flujo de trabajadores que se acentúa sobre todo en campañas, que como la de este año, se desarrolla en un contexto donde el resto de nichos de empleo como la construcción, demandan trabajadores para su sector, lo que deja el agrícola más desprotegido.

Hemos de tener en cuenta que son precisamente quienes no consigue un empleo en estos meses, los que más dificultades tiene para conseguir un lugar donde residir durante la temporada de aceituna y que optan por distintas soluciones habitacionales, como acoplarse en viviendas de conocidos, que no suelen reunir las condiciones básicas de habitabilidad, dormir algunas noches en los escasos albergues existentes o quedarse en situación de calle, en estaciones de autobuses principalmente.

La falta de alternativas habitacionales con las que cuentan estos temporeros, ha sido una preocupación de esta Defensoría. Así lo hemos recogido en los distintos Informes Anuales presentados al Parlamento de Andalucía en los que se ha trasladado la falta de sostenibilidad de un sector agrícola que carece de una red de alojamientos dignos para ofrecer a quienes, teniendo ya un empresario necesitan pernoctar durante las semanas que duren las campañas o para quienes se desplazan en la búsqueda de un trabajo a través de los distintos pueblos de las provincias de Jaén, Almería o Huelva.

En lo que se refiere a la provincia de Jaén, reseñamos el Informe Especial en el año 2001, entregado en el Parlamento de Andalucía, sobre la «Recolección de la aceitunas en la provincia de Jaén: programas de apoyo para trabajadores temporeros», que concluyó con una serie de recomendaciones encaminadas a que se asignaran recursos a la atención de estas personas para evitar situaciones de sinhogarismo.

Igualmente manifestamos nuestra preocupación por la situación de estos temporeros durante la Covid-19. Así, en la actuación de oficio 20/7191, si bien se inició en relación con el problema planteado en el contexto del estado de alarma y las restricciones de movimiento, era la falta de alojamiento lo que afectaba especialmente a las personas temporeras que no tenían suscrito contrato de trabajo ni otros recursos para su subsistencia. A través de los informes recibidos de los ayuntamientos de los pueblos y ciudades requeridos en la provincia de Jaén, pudimos conocer los recursos sanitarios y de otra índole puestos a disposición de estas personas durante la campaña de la aceituna.

En lo que se refería a los alojamientos de la población temporera en estos municipios, destacaban la red de albergues de la que dispone esta provincia que permite que estas personas puedan trasladarse de una localidad a otra en busca de “tajo”. También las iniciativas que se adoptaron destinadas a ampliar plazas disponibles para ofrecer alojamiento a las personas que no pudieran quedarse en los albergues, adaptando viviendas en el municipio o naves comerciales para esta finalidad.

Se nos transmitió igualmente la preocupación de algunos municipios que ante un excesivo número de personas en búsqueda de empleo sin encontrar alojamiento ocupaban cajeros, estación de autobuses y en el mejor de lo casos se alojaban en “pisos pateras” donde se tiene conocimiento de que se agrupan un número de personas que excedían la capacidad de los mismos con el consiguiente riesgo para las personas que los ocupan.

Referido a las actuaciones del Foro Provincial de la Inmigración en la provincia de Jaén, nos trasladaron la relevancia de este organismo de la Junta de Andalucía en la planificación de las campañas de aceituna. Un espacio de coordinación donde se acuerda el periodo de apertura de los dispositivos (albergues) realizándose en la Comisión Técnica un seguimiento de los trabajos previos al inicio de la campaña y el seguimiento en la atención que se ofrece, además de la evaluación en la finalización del periodo de recolección.

Se echaba en falta y así se hizo constar en el cierre de la actuación a los organismos a los que nos dirigimos, que se abordaran en el Foro un análisis de los recursos residenciales existentes en la provincia, necesarios para dar cobertura a esta actividad.

Pasados los años, durante los últimos meses de 2025 se han venido teniendo noticias, tanto por los medios de comunicación como de ayuntamientos de la provincia y personas particulares de la falta de alojamientos de temporeros y transeuntes en los pueblos de Jaén, que siguen siendo insuficientes para albergar a esas personas durante la campaña, como del retraso en la apertura de los albergues, lo que impide que estas personas puedan moverse por la provincia en la búsqueda de empleo, sin tener que improvisar lugares donde dormir. Una cuestión que incide de una forma negativa en la visión que la ciudadanía tiene de la población migrante, generándose discursos discriminatorios con respecto a estas personas.

A modo de ejemplo el Ayuntamiento de Jaén nos trasladaba en la queja 25/8567 el deterioro que está sufriendo en la última década la red pública consolidada para la atención a personas temporeras que “incluye albergues, servicios sociales, puntos de información, mediación intercultural y otros recursos esenciales” Un modelo que “fue ejemplo de coordinación y eficacia” y que no tiene amparo en la financiación puesta a disposición de los pueblos de la provincia. Así a modo de ejemplo citan la Línea 6 de subvenciones, que representa la principal fuente de financiación para estos proyectos, ha sufrido un recorte que “afecta gravemente la capacidad de atención a las personas temporeras, sobre todo cuando las previsiones para la campaña 2024-2025 anuncian un incremento importante de la producción y de la llegada de temporeros”.

También nos trasladan la pérdida de capacidad real de decisión del Foro Provincial de Migración, “que ha quedado reducido a un mero órgano consultivo sin facultad para coordinar ni planificar de forma efectiva las políticas y recursos destinados a la atención a temporeros”. Se pone también de manifiesto que “estos recortes y la falta de coordinación vulneran claramente la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que establece principios fundamentales como la universalidad, equidad territorial, planificación estratégica y financiación suficiente para garantizar la cobertura efectiva y adecuada a los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas migrantes temporeras”.

Por su parte en la queja 25/12544 nos informa su promotor de ciertos episodios de agresión que en el último mes “se vienen produciendo en las inmediaciones de la estación de autobuses de Baeza, Parque del Vivero, Calle San Andrés y en la Zona Centro de la localidad, puntos de tránsito frecuente y habituales para la ciudadanía” que si bien no se atribuyen a ningunas personas en concreto si se detecta que se refiere a personas migrantes que transitan y duermen en estos lugares. Expone que existe una “sensación de inseguridad” en su municipio, “principalmente las mujeres, que tienen que desplazarse por la ciudad” … ”lo que incrementa la importancia de garantizar un entorno seguro y protegido”. Una cuestión que dice haber puesto en conocimiento de las autoridades municipales “así como la descripción de individuos y conductas sospechosas”.

Unas manifestaciones que nos parecen relevantes, no tanto por las evidencias de la situación descrita dado que no aporta documentación probatoria alguna, sino por los efectos de esas sensaciones de inseguridad que llevan a discursos xenófogos en contra de la población migrante que alimenta posiciones extremas que entendemos son contraproducentes para la convivencia en los pueblos y ciudades.

Ante esta situación, considerando la relevancia de la red de albergues de la provincia de Jaén para dar cobertura a las necesidades de alojamiento transitorio en las campañas de la aceituna, así como los recursos necesarios para garantizar la cobertura efectiva de las personas más vulnerables, entre los que se encuentran estos temporeros, tras lo expuesto, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se apertura actuación de oficio dirigida al Ayuntamiento de Baeza a los efectos de conocerel número de personas temporeras que se desplazan al muniicpio durante la campaña de la aceituna y cuántas de ellas se suelen encontrar en una situación de sinhogarismo y las necesidades que considera que se han de cubrir para evitar que se encuentren en situación de calle.

Igualmente se les ha requerido que nos informen si tienen identificado los recursos habitacionales a los que pueden recurrir estas personas en su municipio y si considera que son suficientes para la demanda existente, todo ello en el contexto del análisis del parque residencial privado al que han de acudir los empresarios agrícolas para favorecer el realojamiento de sus trabajadores en las campañas de la recogida de la aceituna.

Igualmente, en relación con el albergue destinado a personas temporeras, le hemos pedido que nos informen sobre el número de plazas que tienen disponibles y los servicios que se dan en el mismo, así como el número de días que puede pernoctar cada persona y el periodo de apertura y cierre de los dos últimos años, 2023/2024 - 2024/2025.

Y por último, en relación a la campaña 2025/2026, nos indiquen, entre otras cuestiones, si a la fecha de la apertura de la queja habían detectado personas desplazadas en situación de calle y las medidas destinadas para atenderlas, el presupuesto que destinan al mantenimiento y apertura del albergue, así como las fuentes de financiación, indicando los porcentajes de cada administración y si se cubre con este presupuesto las necesidades detectadas.

También si considera que la dimensión de los servicios sociales de su municipio está preparada para atender las necesidades de estas personas durante el tiempo que pernoctan en su ciudad o por el contrario detectan necesidades que se han de implementar para evitar las situaciones de sinhogarismo.

Y por lo que respecta a la colaboración con otros recursos nos trasladen la colaboración con el tercer sector durante la campaña de recogida de aceituna, indicando las entidades que trabajan en su municipio con este sector y los servicios que ofrecen y el/los órgano/s en los que participan en la campaña 2025/2026, y en este caso nos indiquen su composición, y si se hace un seguimiento de las incidencias y necesidades que se tiene con estas personas.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 26/0008 dirigida a Ayuntamiento de Andújar (Jaén)

Según se recoge en la información de la Junta de Andalucía, referida a octubre de 2025, Jaén lidera un año más el listado de provincias productoras de aceite de oliva, con una previsión de 2,3 millones de toneladas de aceituna para molturar y 475.000 toneladas de aceite. Desde el punto de vista del empleo, “en el caso de la provincia de Jaén, se calcula que se generarán 3,8 millones de jornales ligados a la recogida de aceitunas para almazara (33,3% del total andaluz) y 200.000 jornales en labores de molturación”.

Para que las campañas de recogida de aceituna se lleven a cabo en esta provincia en las fechas adecuadas, es necesario contar con un porcentaje de trabajadores temporeros que se desplazan a los pueblos, bien sea con un contrato acordado con los dueños de las fincas y empresas del sector, bien con expectativas de encontrar un hueco en las cuadrillas. Un flujo de trabajadores que se acentúa sobre todo en campañas, que como la de este año, se desarrolla en un contexto donde el resto de nichos de empleo como la construcción, demandan trabajadores para su sector, lo que deja el agrícola más desprotegido.

Hemos de tener en cuenta que son precisamente quienes no consigue un empleo en estos meses, los que más dificultades tiene para conseguir un lugar donde residir durante la temporada de aceituna y que optan por distintas soluciones habitacionales, como acoplarse en viviendas de conocidos, que no suelen reunir las condiciones básicas de habitabilidad, dormir algunas noches en los escasos albergues existentes o quedarse en situación de calle, en estaciones de autobuses principalmente.

La falta de alternativas habitacionales con las que cuentan estos temporeros, ha sido una preocupación de esta Defensoría. Así lo hemos recogido en los distintos Informes Anuales presentados al Parlamento de Andalucía en los que se ha trasladado la falta de sostenibilidad de un sector agrícola que carece de una red de alojamientos dignos para ofrecer a quienes, teniendo ya un empresario necesitan pernoctar durante las semanas que duren las campañas o para quienes se desplazan en la búsqueda de un trabajo a través de los distintos pueblos de las provincias de Jaén, Almería o Huelva.

En lo que se refiere a la provincia de Jaén, reseñamos el Informe Especial en el año 2001, entregado en el Parlamento de Andalucía, sobre la «Recolección de la aceitunas en la provincia de Jaén: programas de apoyo para trabajadores temporeros», que concluyó con una serie de recomendaciones encaminadas a que se asignaran recursos a la atención de estas personas para evitar situaciones de sinhogarismo.

Igualmente manifestamos nuestra preocupación por la situación de estos temporeros durante la Covid-19. Así, en la actuación de oficio 20/7191, si bien se inició en relación con el problema planteado en el contexto del estado de alarma y las restricciones de movimiento, era la falta de alojamiento lo que afectaba especialmente a las personas temporeras que no tenían suscrito contrato de trabajo ni otros recursos para su subsistencia. A través de los informes recibidos de los ayuntamientos de los pueblos y ciudades requeridos en la provincia de Jaén, pudimos conocer los recursos sanitarios y de otra índole puestos a disposición de estas personas durante la campaña de la aceituna.

En lo que se refería a los alojamientos de la población temporera en estos municipios, destacaban la red de albergues de la que dispone esta provincia que permite que estas personas puedan trasladarse de una localidad a otra en busca de “tajo”. También las iniciativas que se adoptaron destinadas a ampliar plazas disponibles para ofrecer alojamiento a las personas que no pudieran quedarse en los albergues, adaptando viviendas en el municipio o naves comerciales para esta finalidad.

Se nos transmitió igualmente la preocupación de algunos municipios que ante un excesivo número de personas en búsqueda de empleo sin encontrar alojamiento ocupaban cajeros, estación de autobuses y en el mejor de lo casos se alojaban en “pisos pateras” donde se tiene conocimiento de que se agrupan un número de personas que excedían la capacidad de los mismos con el consiguiente riesgo para las personas que los ocupan.

Referido a las actuaciones del Foro Provincial de la Inmigración en la provincia de Jaén, nos trasladaron la relevancia de este organismo de la Junta de Andalucía en la planificación de las campañas de aceituna. Un espacio de coordinación donde se acuerda el periodo de apertura de los dispositivos (albergues) realizándose en la Comisión Técnica un seguimiento de los trabajos previos al inicio de la campaña y el seguimiento en la atención que se ofrece, además de la evaluación en la finalización del periodo de recolección.

Se echaba en falta y así se hizo constar en el cierre de la actuación a los organismos a los que nos dirigimos, que se abordaran en el Foro un análisis de los recursos residenciales existentes en la provincia, necesarios para dar cobertura a esta actividad.

Pasados los años, durante los últimos meses de 2025 se han venido teniendo noticias, tanto por los medios de comunicación como de ayuntamientos de la provincia y personas particulares de la falta de alojamientos de temporeros y transeuntes en los pueblos de Jaén, que siguen siendo insuficientes para albergar a esas personas durante la campaña, como del retraso en la apertura de los albergues, lo que impide que estas personas puedan moverse por la provincia en la búsqueda de empleo, sin tener que improvisar lugares donde dormir. Una cuestión que incide de una forma negativa en la visión que la ciudadanía tiene de la población migrante, generándose discursos discriminatorios con respecto a estas personas.

A modo de ejemplo el Ayuntamiento de Jaén nos trasladaba en la queja 25/8567 el deterioro que está sufriendo en la última década la red pública consolidada para la atención a personas temporeras que “incluye albergues, servicios sociales, puntos de información, mediación intercultural y otros recursos esenciales” Un modelo que “fue ejemplo de coordinación y eficacia” y que no tiene amparo en la financiación puesta a disposición de los pueblos de la provincia. Así a modo de ejemplo citan la Línea 6 de subvenciones, que representa la principal fuente de financiación para estos proyectos, ha sufrido un recorte que “afecta gravemente la capacidad de atención a las personas temporeras, sobre todo cuando las previsiones para la campaña 2024-2025 anuncian un incremento importante de la producción y de la llegada de temporeros”.

También nos trasladan la pérdida de capacidad real de decisión del Foro Provincial de Migración, “que ha quedado reducido a un mero órgano consultivo sin facultad para coordinar ni planificar de forma efectiva las políticas y recursos destinados a la atención a temporeros”. Se pone también de manifiesto que “estos recortes y la falta de coordinación vulneran claramente la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que establece principios fundamentales como la universalidad, equidad territorial, planificación estratégica y financiación suficiente para garantizar la cobertura efectiva y adecuada a los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas migrantes temporeras

Por su parte en la queja 25/12544 nos informa su promotor de ciertos episodios de agresión que en el último mes “se vienen produciendo en las inmediaciones de la estación de autobuses de Baeza, Parque del Vivero, Calle San Andrés y en la Zona Centro de la localidad, puntos de tránsito frecuente y habituales para la ciudadanía” que si bien no se atribuyen a ningunas personas en concreto si se detecta que se refiere a personas migrantes que transitan y duermen en estos lugares. Expone que existe una “sensación de inseguridad” en su municipio, “principalmente las mujeres, que tienen que desplazarse por la ciudad” … ”lo que incrementa la importancia de garantizar un entorno seguro y protegido”. Una cuestión que dice haber puesto en conocimiento de las autoridades municipales “así como la descripción de individuos y conductas sospechosas”.

Unas manifestaciones que nos parecen relevantes, no tanto por las evidencias de la situación descrita dado que no aporta documentación probatoria alguna, sino por los efectos de esas sensaciones de inseguridad que llevan a discursos xenófogos en contra de la población migrante que alimenta posiciones extremas que entendemos son contraproducentes para la convivencia en los pueblos y ciudades.

Ante esta situación, considerando la relevancia de la red de albergues de la provincia de Jaén para dar cobertura a las necesidades de alojamiento transitorio en las campañas de la aceituna, así como los recursos necesarios para garantizar la cobertura efectiva de las personas más vulnerables, entre los que se encuentran estos temporeros, tras lo expuesto, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se apertura actuación de oficio dirigida al Ayuntamiento de Andújar a los efectos de conocer el número de personas temporeras que se desplazan al muniicpio durante la campaña de la aceituna y cuántas de ellas se suelen encontrar en una situación de sinhogarismo y las necesidades que considera que se han de cubrir para evitar que se encuentren en situación de calle.

Igualmente se les ha requerido que nos informen si tienen identificado los recursos habitacionales a los que pueden recurrir estas personas en su municipio y si considera que son suficientes para la demanda existente, todo ello en el contexto del análisis del parque residencial privado al que han de acudir los empresarios agrícolas para favorecer el realojamiento de sus trabajadores en las campañas de la recogida de la aceituna.

Igualmente, en relación con el albergue destinado a personas temporeras, le hemos pedido que nos informen sobre el número de plazas que tienen disponibles y los servicios que se dan en el mismo, así como el número de días que puede pernoctar cada persona y el periodo de apertura y cierre de los dos últimos años, 2023/2024 - 2024/2025.

Y por último, en relación a la campaña 2025/2026, nos indiquen, entre otras cuestiones, si a la fecha de la apertura de la queja habían detectado personas desplazadas en situación de calle y las medidas destinadas para atenderlas, el presupuesto que destinan al mantenimiento y apertura del albergue, así como las fuentes de financiación, indicando los porcentajes de cada administración y si se cubre con este presupuesto las necesidades detectadas.

También si considera que la dimensión de los servicios sociales de su municipio está preparada para atender las necesidades de estas personas durante el tiempo que pernoctan en su ciudad o por el contrario detectan necesidades que se han de implementar para evitar las situaciones de sinhogarismo.

Y por lo que respecta a la colaboración con otros recursos nos trasladen la colaboración con el tercer sector durante la campaña de recogida de aceituna, indicando las entidades que trabajan en su municipio con este sector y los servicios que ofrecen y el/los órgano/s en los que participan en la campaña 2025/2026, y en este caso nos indiquen su composición, y si se hace un seguimiento de las incidencias y necesidades que se tiene con estas personas.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 26/0011 dirigida a Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén)

Según se recoge en la información de la Junta de Andalucía, referida a octubre de 2025, Jaén lidera un año más el listado de provincias productoras de aceite de oliva, con una previsión de 2,3 millones de toneladas de aceituna para molturar y 475.000 toneladas de aceite. Desde el punto de vista del empleo, “en el caso de la provincia de Jaén, se calcula que se generarán 3,8 millones de jornales ligados a la recogida de aceitunas para almazara (33,3% del total andaluz) y 200.000 jornales en labores de molturación”.

Para que las campañas de recogida de aceituna se lleven a cabo en esta provincia en las fechas adecuadas, es necesario contar con un porcentaje de trabajadores temporeros que se desplazan a los pueblos, bien sea con un contrato acordado con los dueños de las fincas y empresas del sector, bien con expectativas de encontrar un hueco en las cuadrillas. Un flujo de trabajadores que se acentúa sobre todo en campañas, que como la de este año, se desarrolla en un contexto donde el resto de nichos de empleo como la construcción, demandan trabajadores para su sector, lo que deja el agrícola más desprotegido.

Hemos de tener en cuenta que son precisamente quienes no consigue un empleo en estos meses, los que más dificultades tiene para conseguir un lugar donde residir durante la temporada de aceituna y que optan por distintas soluciones habitacionales, como acoplarse en viviendas de conocidos, que no suelen reunir las condiciones básicas de habitabilidad, dormir algunas noches en los escasos albergues existentes o quedarse en situación de calle, en estaciones de autobuses principalmente.

La falta de alternativas habitacionales con las que cuentan estos temporeros, ha sido una preocupación de esta Defensoría. Así lo hemos recogido en los distintos Informes Anuales presentados al Parlamento de Andalucía en los que se ha trasladado la falta de sostenibilidad de un sector agrícola que carece de una red de alojamientos dignos para ofrecer a quienes, teniendo ya un empresario necesitan pernoctar durante las semanas que duren las campañas o para quienes se desplazan en la búsqueda de un trabajo a través de los distintos pueblos de las provincias de Jaén, Almería o Huelva.

En lo que se refiere a la provincia de Jaén, reseñamos el Informe Especial en el año 2001, entregado en el Parlamento de Andalucía, sobre la «Recolección de la aceitunas en la provincia de Jaén: programas de apoyo para trabajadores temporeros», que concluyó con una serie de recomendaciones encaminadas a que se asignaran recursos a la atención de estas personas para evitar situaciones de sinhogarismo.

Igualmente manifestamos nuestra preocupación por la situación de estos temporeros durante la Covid-19. Así, en la actuación de oficio 20/7191, si bien se inició en relación con el problema planteado en el contexto del estado de alarma y las restricciones de movimiento, era la falta de alojamiento lo que afectaba especialmente a las personas temporeras que no tenían suscrito contrato de trabajo ni otros recursos para su subsistencia. A través de los informes recibidos de los ayuntamientos de los pueblos y ciudades requeridos en la provincia de Jaén, pudimos conocer los recursos sanitarios y de otra índole puestos a disposición de estas personas durante la campaña de la aceituna.

En lo que se refería a los alojamientos de la población temporera en estos municipios, destacaban la red de albergues de la que dispone esta provincia que permite que estas personas puedan trasladarse de una localidad a otra en busca de “tajo”. También las iniciativas que se adoptaron destinadas a ampliar plazas disponibles para ofrecer alojamiento a las personas que no pudieran quedarse en los albergues, adaptando viviendas en el municipio o naves comerciales para esta finalidad.

Se nos transmitió igualmente la preocupación de algunos municipios que ante un excesivo número de personas en búsqueda de empleo sin encontrar alojamiento ocupaban cajeros, estación de autobuses y en el mejor de lo casos se alojaban en “pisos pateras” donde se tiene conocimiento de que se agrupan un número de personas que excedían la capacidad de los mismos con el consiguiente riesgo para las personas que los ocupan.

Referido a las actuaciones del Foro Provincial de la Inmigración en la provincia de Jaén, nos trasladaron la relevancia de este organismo de la Junta de Andalucía en la planificación de las campañas de aceituna. Un espacio de coordinación donde se acuerda el periodo de apertura de los dispositivos (albergues) realizándose en la Comisión Técnica un seguimiento de los trabajos previos al inicio de la campaña y el seguimiento en la atención que se ofrece, además de la evaluación en la finalización del periodo de recolección.

Se echaba en falta y así se hizo constar en el cierre de la actuación a los organismos a los que nos dirigimos, que se abordaran en el Foro un análisis de los recursos residenciales existentes en la provincia, necesarios para dar cobertura a esta actividad.

Pasados los años, durante los últimos meses de 2025 se han venido teniendo noticias, tanto por los medios de comunicación como de ayuntamientos de la provincia y personas particulares de la falta de alojamientos de temporeros y transeuntes en los pueblos de Jaén, que siguen siendo insuficientes para albergar a esas personas durante la campaña, como del retraso en la apertura de los albergues, lo que impide que estas personas puedan moverse por la provincia en la búsqueda de empleo, sin tener que improvisar lugares donde dormir. Una cuestión que incide de una forma negativa en la visión que la ciudadanía tiene de la población migrante, generándose discursos discriminatorios con respecto a estas personas.

A modo de ejemplo el Ayuntamiento de Jaén nos trasladaba en la queja 25/8567 el deterioro que está sufriendo en la última década la red pública consolidada para la atención a personas temporeras que “incluye albergues, servicios sociales, puntos de información, mediación intercultural y otros recursos esenciales” Un modelo que “fue ejemplo de coordinación y eficacia” y que no tiene amparo en la financiación puesta a disposición de los pueblos de la provincia. Así a modo de ejemplo citan la Línea 6 de subvenciones, que representa la principal fuente de financiación para estos proyectos, ha sufrido un recorte que “afecta gravemente la capacidad de atención a las personas temporeras, sobre todo cuando las previsiones para la campaña 2024-2025 anuncian un incremento importante de la producción y de la llegada de temporeros”.

También nos trasladan la pérdida de capacidad real de decisión del Foro Provincial de Migración, “que ha quedado reducido a un mero órgano consultivo sin facultad para coordinar ni planificar de forma efectiva las políticas y recursos destinados a la atención a temporeros”. Se pone también de manifiesto que “estos recortes y la falta de coordinación vulneran claramente la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que establece principios fundamentales como la universalidad, equidad territorial, planificación estratégica y financiación suficiente para garantizar la cobertura efectiva y adecuada a los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas migrantes temporeras”.

Por su parte en la queja 25/12544 nos informa su promotor de ciertos episodios de agresión que en el último mes “se vienen produciendo en las inmediaciones de la estación de autobuses de Baeza, Parque del Vivero, Calle San Andrés y en la Zona Centro de la localidad, puntos de tránsito frecuente y habituales para la ciudadanía” que si bien no se atribuyen a ningunas personas en concreto si se detecta que se refiere a personas migrantes que transitan y duermen en estos lugares. Expone que existe una “sensación de inseguridad” en su municipio, “principalmente las mujeres, que tienen que desplazarse por la ciudad” … ”lo que incrementa la importancia de garantizar un entorno seguro y protegido”. Una cuestión que dice haber puesto en conocimiento de las autoridades municipales “así como la descripción de individuos y conductas sospechosas”.

Unas manifestaciones que nos parecen relevantes, no tanto por las evidencias de la situación descrita dado que no aporta documentación probatoria alguna, sino por los efectos de esas sensaciones de inseguridad que llevan a discursos xenófogos en contra de la población migrante que alimenta posiciones extremas que entendemos son contraproducentes para la convivencia en los pueblos y ciudades.

Ante esta situación, considerando la relevancia de la red de albergues de la provincia de Jaén para dar cobertura a las necesidades de alojamiento transitorio en las campañas de la aceituna, así como los recursos necesarios para garantizar la cobertura efectiva de las personas más vulnerables, entre los que se encuentran estos temporeros, tras lo expuesto, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se apertura actuación de oficio dirigida al Ayuntamiento de Torredonjimeno a los efectos de conocer el número de personas temporeras que se desplazan al muniicpio durante la campaña de la aceituna y cuántas de ellas se suelen encontrar en una situación de sinhogarismo y las necesidades que considera que se han de cubrir para evitar que se encuentren en situación de calle.

Igualmente se les ha requerido que nos informen si tienen identificado los recursos habitacionales a los que pueden recurrir estas personas en su municipio y si considera que son suficientes para la demanda existente, todo ello en el contexto del análisis del parque residencial privado al que han de acudir los empresarios agrícolas para favorecer el realojamiento de sus trabajadores en las campañas de la recogida de la aceituna.

Igualmente, en relación con el albergue destinado a personas temporeras, le hemos pedido que nos informen sobre el número de plazas que tienen disponibles y los servicios que se dan en el mismo, así como el número de días que puede pernoctar cada persona y el periodo de apertura y cierre de los dos últimos años, 2023/2024 - 2024/2025.

Y por último, en relación a la campaña 2025/2026, nos indiquen, entre otras cuestiones, si a la fecha de la apertura de la queja habían detectado personas desplazadas en situación de calle y las medidas destinadas para atenderlas, el presupuesto que destinan al mantenimiento y apertura del albergue, así como las fuentes de financiación, indicando los porcentajes de cada administración y si se cubre con este presupuesto las necesidades detectadas.

También si considera que la dimensión de los servicios sociales de su municipio está preparada para atender las necesidades de estas personas durante el tiempo que pernoctan en su ciudad o por el contrario detectan necesidades que se han de implementar para evitar las situaciones de sinhogarismo.

Y por lo que respecta a la colaboración con otros recursos nos trasladen la colaboración con el tercer sector durante la campaña de recogida de aceituna, indicando las entidades que trabajan en su municipio con este sector y los servicios que ofrecen y el/los órgano/s en los que participan en la campaña 2025/2026, y en este caso nos indiquen su composición, y si se hace un seguimiento de las incidencias y necesidades que se tiene con estas personas.

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