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ANTECEDENTES

I.- La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a las condiciones de seguridad y procesos de mejora en las instalaciones y equipamientos de un centro educativo en una localidad de la provincia de Sevilla. En concreto la queja expresaba:

“La situación en la que se encuentra mi centro educativo en donde seguimos, después de 19 años, con una entrada provisional que no está preparada como evacuación en caso de emergencia. Las autoridades "competentes" han sido informadas en varias ocasiones durante todos estos años de la situación en la que se encuentra el acceso y evacuación del mismo. Tanto el Ayuntamiento como la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Sevilla nos dicen que no son competentes para acabar con esta situación”.

II.- La anterior comunicación fue admitida a trámite como queja y ello provocó la petición de información dirigida al ayuntamiento y a la propia Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla.

a) Por su parte, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional señalaba, a través de la Inspección Educativa, con fecha 15 de diciembre de 2025:

“ANTECEDENTES DE HECHO

Se recibe petición de informe en relación con el escrito de queja, presentada ante el Defensor del Pueblo relativa a una reordenación de los espacios de acceso para el CEIP.

En el escrito consta la queja sobre el acceso al centro, que tras 19 años de construcción sigue en una situación provisional y que dificulta tanto el acceso del la comunidad educativa al centro como la evacuación del mismo, en caso de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL INFORME

Tras diversas visitas al centro como inspectora de referencia, la información de la dirección, la revisión del plan de autoprotección del mismo y los últimos episodios meteorológicos, se constatan los siguientes hechos:

• El centro se encuentra en una urbanización, una zona no urbanizada del municipio. Todo el perímetro del centro, a excepción de la mitad de un lateral (único espacio de calle transitable), está rodeado de maleza, cañaverales, aguas estancadas. Este hecho se debe a la paralización de unas construcciones de pisos colindantes al centro. En este espacio de calle transitable y, frente al CEIP, se encuentra un aparcamiento del C.D.P. Escuela de Emergencias y Formación Profesional en Ciencias de la Salud (SAMU).

• En la mitad del lateral referido se ubica el único acceso al centro de toda la comunidad educativa y otros servicios que se prestan, y que se encuentra como se ha referido en dicha calle cortada e intransitable por maleza, agujeros, etc. Si esta calle estuviera urbanizada continuaría a la puerta principal y la salida de emergencias, que a fecha de hoy siguen inutilizadas.

• El Punto de Encuentro en el caso de una evacuación está en las pistas deportivas y en ella está la puerta de emergencias abandonada, con escalones e inutilizada y a la que los servicios de emergencia no podrían llegar porque la calle está sin construir. Sólo podrían llegar estos servicios atravesando el parking del SAMU.

• El día 29 de octubre a raíz de las intensas lluvias, hubo que desalojar el centro porque, a las intensas lluvias se suma que la zona carece del alcantarillado adecuado por no estar urbanizada.

FUNDAMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS HECHOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA.

Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en su texto consolidado.

Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativo, en su texto consolidado.

DECRETO 115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Inspección Educativa.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En consecuencia de los expuesto se concluye que las instalaciones no se cumple las normas de prevención y seguridad en relación al acceso a las mismas que se recogen en la normativa citada, con el consiguiente peligro en caso de emergencia para la comunidad educativa u otros usuarios que pudieran ocasionalmente acceder al centro.”

b) Igualmente, el ayuntamiento enviaba con fecha 23 de enero de 2026 su posición:

“Mediante la presente, le comunico que, desde esta Alcaldía, se ha requerido al CEIP Rosa Fernández, a la Agencia Publica Andaluza de Educación, Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Fomento Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla, que se nos remitiera la siguiente documentación:

- Plan de Autoprotección del Centro, con su correspondiente acreditación de estar notificado a la Delegación Territorial correspondiente

- Informes resultantes de los últimos simulacros llevados a cabo en el Centro.

Asimismo, le indico que nos encontramos a la espera de recibir la documentación solicitada para poder dar respuesta a la queda Q25/10652. Una vez recibida toda la documentación dispondremos de los medios necesarios para dar respuesta a la queja antes indicada”.

A la vista de la citada información y tras el análisis de la queja, creemos oportuno ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El contenido de la queja venía a expresar una cuestión que, en todo momento, suscita la máxima atención a partir de la imprescindible actitud preventiva y de atención ante las condiciones que deben asumir los espacios singularmente llamados a acoger un importante volumen de personas. Estos escenarios adquieren sin duda una dimensión especial en el supuesto de los centros y edificios educativos.

Toda la normativa elaborada en el ámbito de la seguridad en la construcción y en los equipamientos, dirigidos especialmente a las condiciones de prevención y seguridad, adquieren un grado muy relevante para estas edificaciones escolares. Estos fundamentos se reflejan en la normativa específica que oportunamente señalan las administraciones interpeladas, ayuntamiento y Delegación educativa.

Entre las disposiciones aludidas destacamos el Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía; y la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes.

De este compendio citado reseñamos la exposición que ofrece el Decreto 304/2011 al señalar «La política en materia de seguridad ha evolucionado de un modo similar a la gestión de la calidad. La seguridad se concibe más en el contexto del "control total de pérdidas": una política encaminada a evitar las pérdidas mediante una gestión de la seguridad en la que interviene la interacción entre las personas, los procesos, los materiales, los equipos, las instalaciones y el medio ambiente. Los fallos detectados a tiempo, durante los controles de mantenimiento preventivo, evitan numerosas situaciones de accidentes. De ahí que sea necesario propiciar la participación y el compromiso de todas las personas en mejorar la calidad de las medidas de protección frente a las situaciones peligrosas».

Segunda.- Una vez citados los referentes normativos del caso, las informaciones recibidas han venido a corroborar la preocupación que se relataba en la queja recibida. Las exigencias formales y documentales que deben constituir un registro formalizado de requisitos y exigencias de seguridad no han quedado evidenciadas. De hecho, los responsables municipales han requerido los instrumentos de estudio y planificación de riesgos y descriptivos de la específicas condiciones de seguridad que se deben establecer en el centro aludido.

Y, por su parte, la aportación de la Inspección que también hemos reseñado en su literalidad, remarca que “las instalaciones no cumplen las normas de prevención y seguridad en relación al acceso a las mismas que se recogen en la normativa citada, con el consiguiente peligro en caso de emergencia para la comunidad educativa u otros usuarios que pudieran ocasionalmente acceder al centro”. Por cierto, el informe de la Inspección no hace alusión al Plan de Autoprotección del centro, ni a las actuaciones que, en el marco de la normativa aplicable, podrían acometerse desde los contenidos de dicho documento formal.

Con ello, el relato de la queja recibida debe ser acogido como una expresión adecuada y certera de la situación del colegio que exige sin mayor demora una serie de intervenciones correctivas.

Tercera.- Además de estos aspectos, que podríamos calificar de procedimentales, la propia descripción del centro y de sus entornos tampoco aportan un relato tranquilizador. Los aspectos que se han recogido denotan deficiencias en los entornos del edificio: “se ubica el único acceso al centro de toda la comunidad educativa y otros servicios que se prestan, y que se encuentra como se ha referido en dicha calle cortada e intransitable por maleza, agujeros, etc.”; “a raíz de las intensas lluvias, hubo que desalojar el centro porque, a las intensas lluvias se suma que la zona carece del alcantarillado adecuado por no estar urbanizada”.

Y las instalaciones propias del colegio también presentan carencias que deben ser abordadas según se informa relatando que “la puerta de emergencias abandonada, con escalones e inutilizada y a la que los servicios de emergencia no podrían llegar porque la calle está sin construir. Sólo podrían llegar estos servicios atravesando el parking del SAMU”. A todo ello, la descripción de las condiciones de urbanización del entorno son igualmente inadecuadas.

La situación, por tanto, de estos escenarios motiva una valoración crítica y debe provocar la respuesta ineludible de los servicios municipales y autonómicos para abordar estas carencias y ofrecer las respuestas adecuadas.

Siendo conscientes de que abordamos un ámbito material que presenta competencias concurrentes entres ambos niveles de administraciones territoriales, se hace necesario disponer la iniciativa compartida de Ayuntamiento y Delegación Territorial para definir un plan de respuesta que englobe, desde cada responsabilidad competencial, el conjunto de acciones que el centro ‘Rosa Fernández’ requiere.

Debemos añadir que ante estas exigencias técnicas y la concreción de las diversas medidas de diferentes disciplinas que el centro presenta (urbanísticas, arquitectónicas, protección civil, etc.), no corresponde a esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y Defensor del Pueblo Andaluz realizar una descripción de los contenidos de dichos proyectos de intervención; tampoco establecer la prelación de las medidas en función de su trascendencia y de su operabilidad.

No obstante, sí estimamos necesario señalar la importancia de ofrecer, ante todo, una especial atención a todos aquellos aspectos que presentan una relación más estrecha con las condiciones de prevención y seguridad en el centro que, manifiestamente, han quedado puestas en evidencia a lo largo del tramitación del expediente de queja y que aconsejan el presente pronunciamiento formal en modo de Resolución.

A la vista de las anteriores Consideraciones, la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y Defensor del Pueblo Andaluz, conforme al artículo 29.1 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con la Ley 4/2021 de la Infancia y la Adolescencia, ha acordado dirigir al Ayuntamiento y a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1 para proceder a un estudio sobre las necesidades del CEIP en relación con sus condiciones de prevención y seguridad.

RECOMENDACIÓN 2 a fin de estudiar y actualizar, en su caso, el Plan de Autoprotección y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CEIP para especificar las pautas de accesos, entradas y salidas del centro.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Recordamos al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que responda expresamente el escrito presentado por el interesado de la queja.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 2 de septiembre de 2025 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por … , a través de la cual nos exponía lo siguiente:

Que con fecha 14 de agosto presentó escrito de alegaciones contra la resolución dictada por ese Ayuntamiento adjudicando las casetas para la feria de esa localidad del presente año.

Según relataba, en respuesta a dichas alegaciones recibió un correo electrónico remitido por el Sr. Concejal Delegado de Fiestas Mayores por el que se desestimaban las alegaciones presentadas y se daba por concluido el procedimiento.

El interesado consideraba que dicho correo adolecía de diversos defectos formales y procedimentales que lo hacían ineficaz a efectos administrativos, por lo que presentó un escrito con fecha 28 de agosto instando una respuesta formal a las alegaciones presentadas, “suscrita por el órgano competente (Alcalde o Junta de Gobierno Local, en su caso), con motivación y cita de informes técnicos y jurídicos en que se fundamenta la decisión”.

Asimismo, solicitaba que dicha resolución le fuera notificada en debida forma y con indicación de los recursos que resultasen procedentes.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. Tras la remisión de la mencionada solicitud el pasado 29 de septiembre de 2025, se recibió su oficio y los informes adjuntos, registrados de salida el 23 de diciembre de 2025 con el número 2025-S-RC-1380, en el cual no constaba la respuesta a las alegaciones presentadas por el Sr. … , tal y como se solicitaba en nuestra petición.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada con fecha 28 de agosto de 2025.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Recordamos al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que responda expresamente el escrito solicitud presentado por la asociación promotora de la queja.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 12 de octubre de 2025 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por … , a través de la cual nos exponía lo siguiente:

Que en fecha 20 de febrero de 2025 la plataforma … de la que forma parte … , solicitó por escrito a ese Ayuntamiento que se convocase una sesión del Consejo General de Participación Ciudadana, señalando que “lleva años sin convocarse a pesar de la obligación y responsabilidad que asume el Ayuntamiento”.

Añadía que, pese al tiempo transcurrido, no se había recibido respuesta a dicha solicitud.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.

III. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud el pasado 29 de octubre de 2025 (adjuntamos copia) y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.

De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Segunda.- Del silencio administrativo negativo.

Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.

Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:

«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»

La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.

Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.

RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la solicitud presentada por la parte afectada con fecha 20 de febrero de 2025.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz por la que recomienda que sin más dilación se impulse la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia de la persona solicitante, mediante su valoración y el dictado de la resolución sobre su situación de dependencia y reconocimiento del servicio o prestación correspondiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida del menor dependiente.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 8 de enero de 2025 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación en la que la promotora de la queja explicaba que aguardaba el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de su hijo de 9 años de edad, que tiene reconocido un grado de discapacidad del 35%.

Explica que presentó la solicitud por primera vez en el mes de abril de 2023, siéndole efectuado un requerimiento de subsanación del certificado de empadronamiento histórico. Refiere la promotora que efectuó solicitud al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones, recibiendo el citado documento de padrón con posterioridad al plazo para la subsanación, por lo que en abril de 2024 se le comunicó el desistimiento del expediente.

Por ello volvió a solicitar la valoración de dependencia el día 16 de abril de 2024, sin haber tenido más noticias hasta la fecha a pesar de haber solicitado información tanto de manera telefónica como presencial, indicándole que su expediente aún no estaba grabado.

Solicitaba por ello la promotora la intervención de esta Institución manifestando que el estado de dependencia de su hijo estaba empeorando.

II. Tras requerir a la promotora la documentación necesaria, se procedió a la admisión a trámite la queja y a solicitar, con fecha 18 de diciembre de 2024 la emisión del preceptivo informe a esa Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz.

III. Con fecha 24 de enero de 2025 se recibió dicho informe, en el que se indicaba que la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia se presentó el 16 de abril de 2024. Con fecha 11 de diciembre de 2024 recibió la visita de la trabajadora social en su domicilio para la aplicación del baremo de valoración y para la formulación de la propuesta del programa individual de atención, estando pendiente de aprobación.

Respecto a los plazos de resolución, se indicaba que el retraso en la tramitación se debe al considerable volumen de trabajo que pesa sobre el Servicio de Valoración de la Dependencia, ocupándose de la llevanza de los asuntos bajo el criterio del riguroso orden de registro de entrada de cada uno de ellos, de conformidad con el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 172 y 178 del Decreto-Ley 3/2024, de 6 de febrero”.

IV. De dicho informe dimos traslado a la promotora, la cual nos ha informado que en junio de 2025, es decir, seis meses después de la referida valoración unificada, aún no ha recibido la resolución reconociendo el grado de dependencia y el servicio o prestación correspondiente, reiterando su preocupación por la demora en el expediente de dependencia de su hijo de 9 años.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la dependiente, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal para el reconocimiento del grado de dependencia de la afectada y el posterior reconocimiento de la prestación o recurso correspondiente a la dependencia de la misma.

La respuesta ofrecida por la Delegación Territorial competente reconoce la pendencia del procedimiento administrativo y la necesidad de observar en la tramitación de los expedientes el orden riguroso de incoación, conforme al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, la citada observancia del orden general en la tramitación de expedientes no obsta al también deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el artículo 29 de la misma Ley 39/2015, que es de obligado cumplimiento para posibilitar la efectividad y eficacia del derecho subjetivo y exige la adopción de las medidas y la remoción de los obstáculos que la impidan.

No en vano se pronuncia asimismo a este respecto la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 20, cuando afirma que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

En tanto que procedimiento administrativo se le aplican las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española, que regula que la Administración Pública, debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia; el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

En concreto, y en lo que afecta al procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, con el nuevo procedimiento regulado en el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, queda infringido su artículo 156.2 que fija en seis meses, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente y la aprobación del programa individual de atención, con la debida notificación a las personas dependientes o sus representantes legales.

En este sentido, esta Defensoría debe enfatizar que la solicitud del menor de 9 años se realizó el día 16 de abril de 2024, resultando inadmisible que la pendencia del procedimiento se justifique en el deber de observancia del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, normalizándose la demora que le afecta. Más aún cuando es una excepción el cumplimiento del plazo máximo de seis meses establecido en la Disposición final 1ª, apartado 3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación se impulse la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia de la persona solicitante, mediante su valoración y el dictado de la resolución sobre su situación de dependencia y reconocimiento del servicio o prestación correspondiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida del menor dependiente.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz