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ANTECEDENTES

I.- La presente queja se tramita en relación con la petición planteada para la escolarización agrupada de tres hermanos, uno de ellos con Necesidades Especiales, un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en la provincia de Sevilla. Dicha petición ha sido denegada por no existir plaza en el aula específica del CEIP que atiende al alumnado de Modalidad “C”.

II.- En su día esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, se hizo eco del caso y con fecha 12 de agosto de 2022 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, para conocer la situación expresada en la queja. Y así solicitamos ante dicho organismo información sobre la petición expresada en la citada queja.

Los servicios de esta Delegación han enviado escrito en el que se manifestaba con fecha 20 de octubre de 2022 lo siguiente:

“Primero y único.- Solicitado informe al Servicio de Ordenación Educativa de esta Delegación Territorial, en relación con los hechos alegados por el Sr., en la queja informa que:

M. es un alumno de 3 años que presenta Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado. En su Dictamen de escolarización (realizado a fecha 23.05.2022) se recoge que la modalidad de escolarización para él es aula de Educación Especial en centro ordinario. La propuesta de redo personales específicos que necesita es Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (AL) y Profesional Técnico de Integración Social (PTIS).

Atendiendo al Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, éste recoge expresamente en su artículo 32. Distribución equilibrada, lo siguiente: ‘La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo garantizará las condiciones más favorables para el mismo, teniendo en cuenta los recursos disponibles en el municipio o ámbito territorial correspondiente. La Consejería competente en materia de educación realizará una distribución equilibrada de este alumnado entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y su inclusión social’.

Por otra parte, las Instrucciones de 22 de febrero de 2022, de la Viceconsejería, sobre el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2022/23, especifican que:

‘En las unidades específicas de educación especial, tanto en centros docentes ordinarios como específicos, el número de alumnos y alumnas por aula será el siguiente:

a) Psíquicos: 6-8

b) Sensoriales: 6-8

c) Físicos/Motóricos: 8-10

d) Autistas o Psicóticos: 3-5

e) Plurideficientes: 4-6

f) Unidades que escolarizan alumnado de diferentes discapacidades: 5

g) Programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral: 8’.

Asimismo, en el apartado Décimosegundo. Escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes públicos y privados concertados, punto 10 del Decreto 21/2020, se recoge que:

‘La persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de educación autorizará la matriculación de los hermanos y hermanos a que se refiere el artículo 33.4 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, siempre que no se conculquen derechos de terceras personas participantes en el procedimiento y respetando las ratios establecidas para cada enseñanza en los apartados 1 y 2 del artículo 5 del citado Decreto’.

Por lo tanto, si bien es cierto que la agrupación de hermanos queda recogida en la norma, no podemos obviar que el aumento de ratio tiene unos condicionantes, que son los siguientes, de acuerdo al artículo 5.2 del citado Decreto: ‘(...) alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o alumna’. Además, no debemos olvidar que este aumento de ratio queda regulado para las unidades escolares (infantil-primaria-secundaria y bachillerato), donde no se contemplan las aulas específicas de educación especial”.

Analizado el contenido de la nueva queja, y en base a la información recibida y de los trámites seguidos, hemos de ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Recordamos que la estructura normativa dedicada a la labor de análisis y diagnóstico de este alumnado con Necesidades Especiales de Atención Educativa (NEAE), así como la definición de las respuestas de escolarización que se le asigna, viene establecida por varias disposiciones.

Sin un ánimo exhaustivo reseñamos en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. Así la Ley de Educación en Andalucía (Ley 17/2007, de 10 de Diciembre), que reconoce en el Título III dedicado a la “Equidad en la educación” que el Sistema Educativo Público de Andalucía; el Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, que establece la atención que se va a dispensar a este alumnado y se desarrolla igualmente a través de la Orden de 19 de septiembre de 2002, que regula la realización de las evaluaciones psicopedagógicas para estos alumnos y establece el sentido y alcance de los dictámenes de escolarización para cada niño o niña; la Orden de 19 de septiembre de 2002, que recoge que esa evaluación debe ser realizada por el denominado Equipo de Orientación Educativa (EOE); y, finalmente, las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad que prevén un procedimiento específico para la revisión, actualización o reclamación ante los contenidos de estos informes y dictámenes precisamente por la trascendencia que implican en la vida educativa de cada alumno, según se recoge en la, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Podemos resumir que este es el armazón normativo con el que el sistema educativo organiza sus recursos y pautas de acogida e integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Es decir, de un lado se dispone una labor previa y actualizada de estudio de estos niños y niñas para definir sus concretas necesidades y disponer, coherentemente, de los recursos y respuestas que se necesitan para cada caso y, de otro, se realiza un diseño del complejo organizativo que se despliega en los centros para atender a este singular alumnado según las modalidades asignadas.

Pues bien, más allá de este compendio dispositivo, una gran parte de las quejas recibidas ante esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía inciden, precisamente, en la aplicación práctica de este sistema descrito de atención e integración de nuestro alumnado con necesidades específicas (NEE).

De otra parte, en cuanto a los aspectos relacionados con la escolarización, señalamos el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato; junto a las Instrucciones de 22 de febrero de 2022, de la Viceconsejería, sobre el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2022/23.

Segunda.- Como cuestión previa debemos manifestar que estudiado el escrito, recogido más arriba, de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, no podemos considerar válidamente explicado e informado el alcance del caso sometido a la colaboración de ese organismo.

En primer lugar, la respuesta ofrecida se desarrolla sobre un repertorio de disposiciones normativas transcritas cuya lectura ―siempre oportuna y formativa― no deja de resultar una reproducción reiterativa y vacía de referencias específicas en su vinculación con el caso analizado y que se somete a la consideración de ese organismo. La aportación específica del escrito de esa Delegación se ciñe al párrafo primero en el que se describen las circunstancias el alumno afectado. El resto de su contenido es esa relación abstracta y reiterativa de normas que no alcanza siquiera a suponer el presupuesto que permite, con posterioridad, desglosar el conjunto de actuaciones concretas que se han adoptado por las autoridades educativas en el caso y que suscitan el motivo de la queja que se pretende a analizar desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz.

En segundo lugar la información no es ni completa ni actualizada; ya que el escrito de la Delegación datado el 19 de octubre no hace mención a la resolución dictada por esa misma Delegación con fecha 12 de julio ―tres meses antes― en el que se desestimaba la petición dirigida por el padre (quien sí tuvo a bien comunicarla a esta Institución).

Y en tercer lugar, la petición original de colaboración se dirige mediante escrito de fecha 23 de junio (salida 2022000022104) sin que mereciera respuesta, debiendo reiterarse con fechas 3 de agosto (salida 2022000027765) y 21 de septiembre (salida 2022000032913). Unos plazos excesivamente dilatados en relación al caso y tomando como referencia el carácter de colaboración «preferente y urgente» que señala el artículo 19 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, que señala un plazo de respuesta de quince días y que ha resultado generosamente interpretado en el presente caso.

Tercera.- Ciertamente, el caso analizado despierta un ineludible interés y atención a la hora de acoger el relato de la familia que describe las consecuencias de inadmitir al alumno destinado en la modalidad C de escolarización:

“Y este problema se presenta precisamente porque al parecer no hay plaza adicional para él en el aula específica (plurideficiencias) del Colegio Público, con lo que, tendría que ser ubicado en otro Centro con la contrariedad y dificultades que ello no solo generaría a la familia sino la sensación de abandono y aislamiento que podría ocasionarse al menor al privársele del contacto con sus hermanos. Y, desde luego, no es solución que pueda aceptar la familia, el cambio de los tres hermanos a otro Centro Educativo, en primer lugar, y principal, porque sería someterle a nuevamente a la situación de estrés”.

Como se indica, el interesado formula una petición expresa ante la Delegación Territorial para lograr el reagrupamiento de sus tres hijos en un Centro de Educación Infantil y Primaria en la provincia de Sevilla. Y analizado el contenido de la citada resolución que nos remitió el propio interesado ―no esa Delegación― se recoge en su punto Cuarto que:

“Una vez ponderadas las circunstancias concurrentes en el presente caso se comprueba que: la estimación de la petición de agrupamiento de hermanos no supone exceder la ratio máxima establecida en el apartado 1 y 2 del artículo 5 del Decreto 21/2020”.

Cuando se establece que resulta posible la matriculación de los dos hermanos junto al que presenta NEE en el CEIP “siempre que no se conculquen derechos de terceras personas participantes en el procedimiento y respetando las ratios establecidas para cada enseñanza” no se especifica qué impedimentos se aplican para no atender finalmente la petición de la familia. Es decir, de los dos aspectos impeditivos para el reagrupamiento de hermanos que cita la norma (exceso de ratio y perjuicio de derecho de terceros) uno se descarta y el otro no se cita que concurra de manera cierta en el caso; por lo que la conclusión desestimatoria, cuando menos, resulta incongruente y carente de motivación expresa.

Por tanto, a la vista del análisis ofrecido, el resultado final es ciertamente insatisfactorio para ofrecer la respuesta integradora que cabe esperar del caso, relegando a una fractura educativa a la familia que, de manera sobradamente argumentada, necesita un acogimiento esforzado y comprensivo para la escolarización racional de los tres menores en .

A la vista de las anteriores Consideraciones, la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, ha acordado dirigir a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN. - a fin de que se promueva las actuaciones que permitan la escolarización agrupada de los tres hermanos afectados en el mismo Centro de Educación Infantil y Primaria en la provincia de Sevilla.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla que sin más dilación se dicte la Resolución del reconocimiento de la situación de dependencia de la solicitante, tomando como referencia que presentó su solicitud hace más de un año y medio.

Igualmente formula Sugerencia para que se consolide la atención que se proporciona a las personas con Alzheimer y a sus familiares, garantizando la adecuada coordinación socio­ sanitaria para este tipo de situaciones, así como la necesidad de fomentar canales de comunicación propicios entre las personas enfermas, sus cuidadores y los organismos públicos implicados.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 4 de noviembre de 2021, la peticionaria expone ante esta Institución que el 30 de septiembre de 2020 solicitó para su tía la valoración de la situación de dependencia. En este sentido la reclamante indica en su escrito que su tía padece la enfermedad de Alzheimer en un estado muy avanzado y que necesita atención permanente. Asimismo, acusaba lo dilatado del retraso que tenía su petición, sin recibir respuesta de la Administración.

2.- Analizada y admitida a trámite la queja, esta Institución solicitó a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, con fecha 21 de diciembre de 2021, la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

3.- En respuesta a nuestra solicitud, con fecha 27 de enero de 2022 se recibió el informe de esta Delegación, que en lo esencial indicaba que “una vez recibido el Informe de Condiciones de Salud por parte del Servicio Andaluz de Salud, se procederá a asignar una persona valoradora para proceder a la valoración de la persona interesada, la cual se pondrá en contacto telefónicamente para concertar una cita para la misma. Una vez valorada a la persona interesada, se procederá a la resolución de la solicitud conforme al principio establecido en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, siguiendo riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza”.

4.- Con fecha de 8 de marzo de 2022 se solicitaron las alegaciones al referido informe, cuya promotora nos manifestaba la desesperación de la situación que estaban viviendo, ya que indicaba estar a la espera de contestación de la Administración durante 18 meses, sin que hasta la fecha se hubiera resuelto su demanda de valoración de la situación de dependencia, teniendo presente la enfermedad que padece su tía y del tiempo que marca la Ley para este tipo de procedimientos.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (referencia legal que debe sustituirse por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Disposición Final Cuarta de esta última), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación de hechos que constan en el expediente, cabe destacar que se ha producido un significativo retraso en el reconocimiento de la situación de dependencia, en concreto, tras dieciocho meses de espera, la familia de la interesada no puede albergar un horizonte temporal para saber cuándo se va a valorar a la afectada.

A mayor abundamiento nos encontramos ante una persona que padece Alzheimer en estado avanzado, por tanto es innegable la situación de especial vulnerabilidad que padece tanto la persona interesada como su entorno familiar, que asume los cuidados y la atención que necesita, sin que hasta la fecha hayan recibido la visita del personal de valoración de la situación de dependencia.

En este sentido, y tomando como referencia el Informe remitido por la Administración, que apela en su fundamentación, “al riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza”, cabe concluir que se viene produciendo un significativo retraso generalizado en el reconocimiento de la situación de dependencia, demora agravada por el tiempo preciso para la posterior aprobación del Programa Individual de Atención.

En resumen, las demoras administrativas crónicas vulneran la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

En relación con el derecho de todos a una buena administración, los artículos 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y concordantes.

El plazo máximo de seis meses para hacer efectivo el derecho previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, cuyos artículos 16 y 19, en relación con los artículos 15.2 y 18.3, fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente.

Y, sin ánimo de exhaustividad, el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que los términos y plazos establecidos en esa Ley o en otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

En este punto, queremos dejar constancia que la observancia del orden general en la tramitación de expedientes, contenida en el art. 71.2 de la Ley 39/2015, no obsta ni exonera del cumplimiento del deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el anteriormente citado artículo 29 de la misma.

A mayor abundamiento, el artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas preceptúa, sobre este particular, que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

En este contexto, el Defensor del Pueblo Andaluz seguirá insistiendo en la importancia de que por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y sus Delegaciones Territoriales se adopten, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas técnicas y jurídicas necesarias para agilizar el procedimiento de reconocimiento del derecho y el acceso a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y para la consecución de los objetivos fijados en el Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 2021-2023.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a esa Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Que sin más dilación se dicte la Resolución del reconocimiento de la situación de dependencia de la solicitante, tomando como referencia que presentó su solicitud hace más de un año y medio.

SUGERENCIA: Consolidar la atención que se proporciona a las personas con Alzheimer y a sus familiares, garantizando la adecuada coordinación socio­ sanitaria para este tipo de situaciones, así como la necesidad de fomentar canales de comunicación propicios entre las personas enfermas, sus cuidadores y los organismos públicos implicados.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Con base en el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla en el sentido de que, atendiendo al derecho de la ciudadanía a una buena Administración, se proceda de forma inmediata a efectuar la revisión del expediente de la persona interesada en la presente queja y a notificar su resultado a esta Defensoría.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 11 de febrero de 2022 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por Don ..., exponiendo que solicitó la ayuda para el alquiler el día 13 de diciembre de 2018, conforme a la Orden de 30 de octubre de 2018, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Mediante Resolución de 14 de julio de 2020 su solicitud fue estimada favorable, concediéndole una subvención de 6.246,76 euros que, sin embargo, aún no se le han abonado.

2.- Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla.

3.- Con fecha 17 de junio de 2022 recibimos respuesta de la Secretaria General informando que, en virtud de la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley11/2020, de 31 de marzo, sobre la comprobación de requisitos para la concesión de ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, la ayuda del interesado había sido objeto de comprobación con posterioridad a su resolución de concesión,habiéndose detectado causa para iniciar un procedimiento de pérdida de derecho.

También se nos informaba que este procedimiento sería masivo y próximo a iniciarse, y que se indicaría claramente la incidencia que se diera en cada una de las ayudas objeto del mismo y se garantizaría la audiencia a todas las personas interesadas.

4.- Con independencia de la revisión que se está efectuando de la subvención concedida a la interesada y a otras personas, no se informa expresamente respecto a la hoja de reclamaciones presentada por la interesada con fecha 2 de diciembre de 2021 y a la que, según afirmaba, no se había dado respuesta.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De los principios rectores de la actuación administrativa y el perjuicio causado por la Administración pública.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza en su artículo 31 el derecho a una buena administración, el cual comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten,obteniendo de ellas una información veraz y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Asimismo, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, la Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Dichos principios también se recogen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo artículo 3 dispone que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos, con sometimiento pleno ala Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

Los mismos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

Asimismo, el artículo 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles.

En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tienen encomendados.

Segunda.- Sobre las presentes ayudas para el alquiler.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, tiene por objeto garantizar el derecho consagrado en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía a una vivienda digna y adecuada,estableciendo que la gestión de recursos económicos de la Administración de la Junta de Andalucía, incluida la gestión de ayudas estatales, dará preferencia, en el marco establecido en los planes de vivienda, a los grupos de especial protección con menor índice de renta.

Asimismo, tanto el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, regulado por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, establecen programas de ayudas al alquiler de vivienda a personas con ingresos limitados.

Con esta base se aprobaron en Andalucía la Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de especial vulnerabilidad o con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 30 de octubre de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 estas ayudas.

El objeto de estas ayudas es, por tanto, la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes. Se trata por lo general, como hemos visto en anteriores convocatorias y en la presente, de familias que no pueden con sus propios medios acceder a una vivienda en el mercado libre, ni en la mayoría de los casos, pese a reunir los requisitos para poder acceder a una vivienda protegida, logran acceder a una de ellas con la urgencia que demanda su situación habitacional, debido a la insuficiencia del parque público de viviendas para satisfacer la demanda, ni siquiera a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y emergencia habitacional.

El plazo para resolver y notificar la resolución era de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, esto es, el 8 de febrero de 2018.

Al ser numerosas las quejas planteadas manifestando el retraso que afectaba ala tramitación de esta Convocatoria para el ejercicio 2018 de ayudas para el alquiler de viviendas esta Institución procedió en su día a iniciar la queja de oficio queja 19/2709.

Posteriormente, ante la situación de Estado de Alarma por el COVID-19 nos dirigimos a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a fin de recabar información por las medidas concretas que se estuviesen poniendo en marcha para garantizar el derecho a la vivienda y, en particular, respecto a las ayudas para el alquiler de vivienda habitual, por las posibles dilaciones que podrían añadirse al ya extraordinario retraso que venía sufriendo el procedimiento de resolución y pago.(queja 20/1927).

Por parte de esta Defensoría continuaremos la tramitación de las referidas actuaciones de oficio hasta la finalización de la Convocatoria 2018 de ayudas al alquiler, momento en el cual efectuaremos una valoración final de la misma.

En cualquier caso, la demora administrativa producida en la resolución de esta convocatoria de ayudas al alquiler ha vulnerado la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.

Asimismo, podemos afirmar que los retrasos excesivos que han afectado a la tramitación, conclusión y materialización de estas ayudas, han distorsionado la finalidad para la que fueron creadas. De hecho, la anómala situación en su tramitación ha provocando que muchas familias hayan tenido que verse envueltas en un procedimiento de desahucio o, en evitación de dicho procedimiento, hayan abandonado o renunciado a su arrendamiento.

Por ello, con independencia de la valoración que se efectúe en la citada queja de oficio de la tramitación general de la convocatoria, debemos hacer referencia a las vicisitudes particulares producidas en algunos expedientes tramitados individualmente, como en el presente caso. Así, como exponíamos en el apartado relativo a los antecedentes, además del retraso de casi dos años en la resolución de su solicitud deforma favorable, el interesado lleva desde junio de 2020 a la espera del abono de la subvención, retraso al que ahora se añadirá el procedimiento de revisión del expediente y de cumplimiento de los requisitos.

Sin perjuicio de que se trate de un trámite legal, y también necesario para garantizar el principio de igualdad en la concesión de las ayudas, lo cierto es que las personas afectadas por esta última revisión, van a sufrir además de la posible denegación de la ayuda que ya se le había reconocido, una nueva dilación en la finalización de sus expedientes, con el consiguiente perjuicio después de las lógicas expectativas creadas tras las resoluciones estimatorias recaídas en el año 2020.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos citados en el cuerpo de la presente resolución.

RECOMENDACIÓN. - para que, atendiendo al derecho de la ciudadanía a una buena Administración, se proceda de forma inmediata a efectuar la revisión del expediente de la persona interesada en la presente queja y a notificar su resultado a esta Defensoría.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte al no haber recibido respuesta alguna de la Administración sanitaria al Recurso Potestativo de Reposición, presentado con fecha 13 de abril de 2021, en el que expone su disconformidad con la baremación realizada por la Comisión de Valoración de la Bolsa de Empleo del SAS, Categoría Auxiliar de Enfermería, del Corte de 2019, publicada en el listado definitivo mediante Resolución de 23 de marzo de 2021, y según las razones que alega en dicho Recurso.

En este sentido, habiendo realizado un exhaustivo análisis de la documentación e información obrante en el expediente, consideramos preciso formularle Resolución concretada en los siguientes extremos

ANTECEDENTES

I. La persona interesada, con fecha 13 de abril de 2021 formuló Recurso Potestativo de Reposición ante esa Dirección General de Personal, contra la baremación concedida a sus méritos en los listados definitivos de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de Octubre de 2019, para la categoría de Auxiliar de Enfermería, sin haber obtenido respuesta.

Por ello, solicitaba la intervención de esta Institución, al objeto de obtener la preceptiva respuesta al recurso presentado en esa Agencia pública.

II. Una vez transcurrido el plazo legal para la resolución del recurso se procedió a admitir a trámite la queja, solicitando con fecha 23 de febrero de 2022 a esa Dirección General el preceptivo informe en relación con estos hechos, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, y a los efectos de que se diera cumplimiento a la obligación que establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora.

III. Con fecha 10 de marzo de 2022 tiene entrada en esta Institución la respuesta a la solicitud de información cursada a ese Centro Directivo, de la que se da traslado a la interesada, y de la que cabe reseñar lo siguiente:

“El punto 6, “Recursos” de la base Novena, “Baremación de aspirantes y listado de personas candidatas”, de la última Resolución reseñada, dispone que contra la relación de personas candidatas, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz, en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente de dicho orden Jurisdiccional, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulador de la Jurisdicción-Administrativo, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la citada relación en la página web del Servicio Andaluz de Salud.

Efectivamente como indica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, citada anteriormente, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes desde la fecha en que el recurso haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este sentido, informar a esa Institución que la voluntad de esta Administración Sanitaria, en todo momento, es cumplir con los plazos establecidos por la normativa vigente; pero hay que considerar que en la Bolsa Única de Empleo del SAS se encuentran inscritos 515.042 candidatos en las diferentes categorías disponibles. Este volumen excepcional de candidatos genera un gran número de recursos de reposición haciendo difícil, considerando los medios humanos disponibles, poder cumplir con los plazos establecidos. Por otra parte, el art. 123 de la citada Ley establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Por tanto, el mismo procedimiento administrativo faculta a los candidatos a interponer Recurso Contencioso-administrativo ante el Juzgado competente, en defensa de sus derechos, desde el momento mismo de la publicación de los listados definitivos.

En conclusión, el objetivo último de esta Administración Sanitaria es resolver de manera motivada todos y cada uno de los aspectos alegados por los recurrentes en sus recursos de reposición dentro del plazo legalmente establecido. En el caso de la (...), al igual que el resto de los recurrentes, recibirán la resolución expresa de sus recursos presentados”.

IV. Con fecha 5 de abril de 2022 la persona interesada nos indica que continúa sin obtener contestación alguna a su recurso y los perjuicios que esa circunstancia le produce, y que, según afirma, “entiendo y comprendo que a la Administración lleguen muchos recursos y alegaciones, pero ¿no es quizás el trabajo de ellos poder solucionarlos? Al no desarrollar dicho trabajo yo pago las consecuencias, la cuales me han hecho no optar a los contratos de 6 meses dados por el SAS que en este transcurso de tiempo han sido dos y a mediados de este mes se empiezan a ofertar los terceros, a los cuales tampoco voy a tener acceso. Quedo totalmente desamparada y sin trabajo, gracias a que las personas dedicadas al trabajo de atender a nuestras alegaciones y recursos no han leído el mío”.

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, procedemos a plantear a esa Administración las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, con carácter general, en su artículo 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

La Resolución de la Dirección General de Personal del SAS, por la que se aprueba y se hace público el listado definitivo de personas candidatas de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2019 de la Bolsa de Empleo del SAS, establece que contra la misma, “que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General de Personal, en el plazo de un mes”, conforme a lo establecido en los vigentes artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015.

De modo más concreto, en el artículo 124.2 de dicha Ley se establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.

Por otra parte, el artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

En consecuencia, esta Institución está obligada a actuar ante cualquier Administración pública sujeta a su ámbito de supervisión cuando la persona interesada solicita nuestra intervención como consecuencia de la demora en la resolución de las peticiones y recursos que haya dirigido a la misma.

En el caso que aquí nos ocupa, la presentación del recurso ante esa Agencia por la persona interesada queda acreditada que se realiza con fecha 13 de abril de 2021, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de que se le haya notificado a la misma respuesta al recurso formulado, incumpliéndose con ello lo establecido en el mencionado precepto de la Ley 39/2015.

Como ya hemos indicado con ocasión de expedientes similares, la intervención supervisora de esta Institución no supone poner en duda “el esfuerzo e interés” de esa Dirección General en la resolución de los recursos interpuestos en los plazos legalmente establecidos. No dudamos de su encomiable empeño y afán en resolver estos recursos en plazo, pero la realidad es que cuando se admite la queja a trámite y se solicita el correspondiente informe (el 23 de febrero de 2022), han transcurrido casi 10 meses desde la presentación del recurso potestativo de reposición por la persona interesada y, por tanto, se cumplen todas las circunstancias que obligan a esta Institución a intervenir en cumplimiento de las normas legales a que está sujeta su actuación para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Por tanto, al no constarnos que se haya resuelto dicho recurso, nos dirigimos a esa Administración cuando ha transcurrido sobradamente el plazo de un mes desde que se presentó aquel, plazo del que no puede concluirse que suponga una precipitación en el traslado de la queja, y que consideramos más que prudencial para interesar la oportuna respuesta dada la demora existente. Demora que, por el contenido de su informe, parece que continúa ya que en ningún momento se hace constar en el mismo que se haya notificado la preceptiva resolución a la persona interesada a fecha de su remisión.

En cualquier caso, también estimamos conveniente aclararle que en las quejas que se reciben en esta Institución relativas a impugnaciones que afecten al desarrollo de los procesos selectivos, esta Institución tiene como criterio de actuación remitir a las personas interesadas a lo que establecen las bases reguladoras del proceso en cuestión, que constituyen la “ley del proceso de selección” y que deben garantizar que en todas sus fases se puedan plantear las alegaciones y recursos oportunos que tendrán que ser resueltos por los órganos correspondientes, con la finalidad de que no se produzca indefensión en el orden administrativo en el desarrollo de dichos procesos.

Con independencia de ello, cuando la queja formulada se refiere al incumplimiento de los plazos legales para atender el recurso previsto en las propias bases del proceso, esta Institución está obligada a intervenir a fin de procurar la resolución y notificación del recurso interpuesto, ya que, además, en el caso que nos ocupa está referido a procedimientos de concurrencia competitiva y el retraso produce notables perjuicios en todos los órdenes.

Ante esta situación, cabe recordar que el artículo 29 de la Ley 39/2015 preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos.

Segunda.- De la necesidad de una adecuada ordenación de los recursos para la eficaz prestación de los servicios públicos.

El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al garantizar a toda la ciudadanía, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable, establece también que la actuación de la Administración será proporcionada a su fines.

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, en su artículo 3.1, que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de: d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; g) planificación y dirección por objetivos; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Dichos principios igualmente se contemplan en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, estableciéndose, en su artículo 4, que la organización y funcionamiento de dicha Administración se articulará de forma que se garantice la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, así como que la actuación coordinada de dichos órganos y entidades se articulará mediante la planificación de la actividad dentro de cada Consejería, estableciendo objetivos comunes a los que deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.

De modo más concreto, el artículo 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, así como que las administraciones públicas podrán aprobar planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, alguna de las medidas previstas en el apartado 2 del citado precepto.

En definitiva, estas normas imponen a esa Administración, en su funcionamiento, la obligación de ordenar adecuadamente sus recursos en orden a la prestación eficaz y eficiente de los servicios que tiene encomendados y que debe tener en cuenta, como ocurre en el caso objeto de la presente queja, las impugnaciones que habitualmente se plantean tras la finalización de un proceso selectivo a fin de asignar los recursos necesarios para su resolución en los plazos legalmente establecidos para ello.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el citado artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la misma, nos permitimos trasladar a esa Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN: Para que, sin más dilación, se proceda a resolver y notificar la correspondiente respuesta al recurso potestativo de reposición, presentado ante esa Dirección General por la persona interesada en la presente queja con fecha 13 de abril de 2021, informando de ello a esta Institución.

SUGERENCIA: Para que, en caso de ser preciso, se adopten las medidas de racionalidad organizativa que sean necesarias para poder resolver, en los plazos legalmente establecidos para ello, los recursos de reposición presentados tras la finalización de un proceso selectivo.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que recomienda a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud que se unifiquen los criterios en la aplicación de las medidas preventivas de salud pública exigidas en los diferentes centros sanitarios del SSPA.

Asimismo, recomienda que se impartan instrucciones dirigidas a los responsables de todos los centros sanitarios que permitan aplicar equitativamente las medidas preventivas de salud pública y adaptar la normativa general a los casos particulares, colmando las posibles lagunas y dudas que suscite su puesta en práctica.

ANTECEDENTES

Diversas quejas recibidas en esta Institución, en torno a la exigencia de certificado COVID-19 o prueba diagnóstica negativa para hacer uso de determinados servicios sanitarios, han puesto de manifiesto la disparidad de criterios y la aplicación no homogénea de medidas preventivas de salud en los centros sanitarios del SSPA.

La promotora de una de estas quejas, una mujer embarazada, nos relataba que venía recibiendo el curso de Educación Maternal vía whatsapp hasta que el 11/11/2021 recibió, en el grupo constituido para dicha formación un mensaje en el que se le informaba de que iban a comenzar las clases presenciales. Para asistir a las mismas se requería “a poder ser mascarilla FFP2, los padres no pueden acudir y las embarazadas deben estar vacunadas de Covid”.

Ponía de manifiesto esta futura madre el hecho de que la vacunación frente al coronavirus no es de carácter obligatorio.

Dicha exigencia estaba basada, al parecer, en la existencia del documento “Instrucciones para la reordenación asistencial del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce” que en el punto 5 establecen: “Se reactivan todos los programas de salud, en las condiciones expresadas más adelante, así como las reuniones de equipo con las limitaciones y medidas de seguridad dispuestas por la Autoridad Sanitaria. En actividades grupales SOLO podrán participar personas con pauta completa antiCOVID”

La promotora de otra de las quejas recibidas, nos informa de la denegación a su hijo, menor de edad, de la realización de una prueba médica (test de hidrógeno espirado) para la cual estaba citado a las nueve y media de la mañana y que requería una preparación especial: acudir en ayunas, sin beber agua desde la noche anterior y con una cena específica que hubo de hacer también la noche anterior para poder realizársela.

Según nos decía, fue la enfermera que iba a realizar la prueba al menor la que, mientras le estaba preparando, solicitó a la madre su certificado Covid.

Al indicarle que no disponía del mismo, le comunicó que no iba a realizarle la prueba al menor porque este “supone un riesgo grave para el resto de niños”. Ante la perplejidad que le causó la respuesta, pues el certificado se lo había solicitado a la madre, en ningún caso al hijo, pidió explicaciones y le indicaron que el certificado era obligatorio para acceder al hospital según nueva normativa.

Les hicieron salir de la consulta con el objeto de que la enfermera encargada de la prueba consultara a sus superiores. Al rato le indicaron que debía acudir a plantear su caso a gestión del usuario del hospital y se dirigió a Atención a la Ciudadanía.

Tras efectuar diversas gestiones y examinar la normativa la llamaron de nuevo desde la consulta de enfermería donde, según relata, les informaron de que no les iban a hacer la prueba “porque ellos tiene un protocolo interno más restrictivo que la norma”.

Después de intentar, sin éxito, hablar con el Jefe de Servicio abandonaron el hospital a la una de la tarde, sin que le hubieran realizado la prueba y con cita para otro día.

Solicitado el pertinente informe, se justifica la exigencia en el hecho de que el test de hidrógeno espirado, prueba diagnóstica a la que el menor debía someterse, se realiza en el Hospital de Día que se halla ubicado en la planta quinta del Hospital donde hay pacientes hospitalizados, considerándolo entonces zona de hospitalización.

Hemos atendido, igualmente, la queja de un futuro padre que acudió como acompañante de su esposa a urgencias el día 12 de junio de 2022 y a quien le solicitaron, para acompañar a su mujer a la sala de monitores, el certificado COVID 19.

En contestación a su queja se le comunica que “debido a la coyuntura derivada del COVID-19 está establecido como norma general el acceso sin acompañantes de los pacientes a las consultas, existiendo excepciones para circunstancias específicas.

Además, los acompañantes durante el periodo de hospitalización y en sala de monitores han de aportar el certificado de vacunación para el COVID-19, junto a su DNI, un certificado de haber pasado el COVID-19 en los últimos 6 meses, junto a su DNI o test de antígeno, realizado por empresa autorizada para dicho fin.

Por tanto le informamos al hilo de la reclamación que es deber de los profesionales cumplir y hacer cumplir las normas internas establecidas en el centro”.

En el informe recibido se justifica la necesidad de que el acompañante presente certificado COVID-19 en la información que ofrece la Junta de Andalucía en su página http://mapacovid.es a pesar de que, como reconocen en el propio informe, dicha página no ha sido actualizada desde el 16 de febrero de 2022, precisamente la fecha en la que decaía la Orden de 3 de diciembre de 2022 en la que fundamentan su exigencia.

CONSIDERACIONES

Diversas quejas, como decimos, ponen de manifiesto una aplicación no homogénea de las medidas preventivas de Salud Pública en Centros Sanitarios del SSPA: bien se requiere el certificado COVID-19 o prueba diagnóstica negativa sin respaldo legal, al solicitárselo a la progenitora que acompañaba a un menor a consulta externa de especialidad, bien se exige para acudir a clases de preparación al parto con bases en instrucciones sin respaldo legal y que además difieren de la práctica aplicada en otros distritos o bien se demanda dicho certificado o prueba diagnóstica negativa una vez decaída la vigencia de la Orden de 03/12/2021 que estuvo en vigor hasta las 00:00 horas del 16/02/2022.

El certificado COVID-19 se reguló por Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la Orden de 3 de diciembre de 2021, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se establece la medida preventiva de salud pública relativa al certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios.

Dicha norma establecía que “1. Las personas mayores de 12 años, visitantes y acompañantes de pacientes hospitalizados en centros sanitarios con internamiento o de personas residentes en centros sociosanitarios residenciales, podrán acceder a los mismos, ya sean centros de titularidad pública o privada, siempre que dispongan de un certificado emitido por el servicio público de salud o por un laboratorio autorizado en el caso del apartado b), que acredite la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19 para la cual se concedió una autorización de comercialización, de conformidad con el Reglamento (CE) 726/2004.

b) Que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas, en el caso de las PCR, y 48 horas, en el caso de los test de antígenos. En el caso de los test rápidos de antígenos, deberán estar enumerados en la lista común y actualizada de test rápidos de antígenos de la Covid-19 establecida sobre la base de la Recomendación 2021/C 24/01, del Consejo de Europa.

c) Que se recuperaron de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses. Para ello, la persona deberá haber sido diagnosticada como caso confirmado de la Covid-19 hace 11 días o más, mediante una prueba PCR, y no es válido otro tipo de test”.

Y excluía expresamente de la misma al acceso de las personas acompañantes de pacientes en el ámbito de las consultas hospitalarias o el servicio de urgencias hospitalarias.

A pesar de que el tenor literal de la norma no ofrece dudas, el análisis de las quejas promovidas evidencia un incumplimiento de la misma al denegarse la atención en consultas externas a un menor por la falta de vacunación o prueba negativa de la madre.

Solicitada información, se nos indica que conocen que la exigencia es para la zona de hospitalización únicamente pero que las consultas externas se ubican allí.

Queremos poner de manifiesto que los obstáculos derivados de la ubicación física de las dependencias sanitarias no pueden solventarse a costa de restringir los derechos de los ciudadanos sino que han de ser removidos por los responsables competentes.

Asimismo, no existiendo normativa al respecto, no puede condicionarse el acceso a centros sanitarios para participar en programas sanitarios grupales con base en meras instrucciones, más aun cuando solo se aplican a un distrito sanitario concreto y son contradictorias con las dictadas en otros centros.

Por último, la Resolución de 31 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 27 de enero de 2022, por la que se prorroga la medida establecida en la Orden de 3 de diciembre de 2022 hasta las 00:00 horas del 16/02/2022 de modo que, decaída la vigencia de la norma, no puede exigirse certificado de vacunación al marido de una gestante que acude al servicio de urgencias en junio de 2022 y es llevada a sala de monitores.

Hemos de reflexionar sobre la necesaria adecuación de las medidas preventivas de salud pública para respetar la normativa vigente y el principio de seguridad jurídica de modo que su aplicación permita a los usuarios el ejercicio de sus derechos.

Asimismo, y derivada de la pretensión sistemática del Ordenamiento jurídico, se ha de procurar la coherencia normativa, que consiste en afirmar que el Derecho da una única respuesta a cualquier situación problemática que se plantee y que, por tanto, no existen contradicciones normativas (antinomias), esto es, normas que establecen soluciones contradictorias. El ordenamiento jurídico constituye una unidad sistemática en el que no pueden coexistir normas incompatibles, es necesario que exista coherencia en su conjunto.

Por lo expuesto elevamos a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1.- Que, en aras de la coherencia y la seguridad jurídica, se unifiquen los criterios en la aplicación de las medidas preventivas de salud pública exigidas en los diferentes centros sanitarios del SSPA.

RECOMENDACIÓN 2.- Que se impartan instrucciones dirigidas a los responsables de todos los centros sanitarios que permitan aplicar equitativamente las medidas preventivas de salud pública y adaptar la normativa general a los casos particulares, colmando las posibles lagunas y dudas que suscite su puesta en práctica.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En esta Institución se tramita expediente de queja a instancia de parte, relativa a la falta de respuesta a una reclamación presentada el 25 de noviembre de 2020 ante un Ayuntamiento andaluz.

En este sentido, tras valorar la documentación e información obrante en el expediente de queja, consideramos preciso formular Resolución a esa Administración concretada en los siguientes

ANTECEDENTES

I. Con fecha 24 de febrero de 2021 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por la interesada en la que nos exponía que “con fecha 25 de noviembre de 2020, presentó reclamación ante ese Ayuntamiento, contra la resolución de la lista provisional de admitidos para peón de limpieza, publicada el día 18 de noviembre del mismo año en su sede electrónica.”

II. Una vez admitida a trámite la queja, con fecha 9 de marzo de 2021 se solicitó a esa Administración Local el preceptivo informe en relación con estos hechos, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, y a los efectos de que se dé cumplimiento a la obligación que establece el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2, inciso final, de nuestra Ley reguladora.

III. Tras los requerimientos de contestación a la solicitud de información realizada por esta Institución a ese Ayuntamiento, con fecha 25 de mayo de 2021 y 13 de julio de 2021, y ante la persistencia de la falta de respuesta, con fecha 31 de agosto, se reitera telefónicamente la preceptiva contestación a los requerimientos de información realizados por esta Defensoría, manifestándonos el Sr. Alcalde, quien personalmente atendió la llamada, que no tenía constancia de la queja, pero que, “se interesará por el asunto y nos contestará”.

Continuando la ausencia de respuesta, con fecha 2 de noviembre de 2021, le dirigimos nueva comunicación en la que le recordábamos su obligación de auxiliar con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz. Asimismo, con la finalidad de resolver este asunto de manera colaborativa, le requerimos una vez más el informe sobre la queja de referencia, que debería remitirnos en el plazo máximo de 30 días. A la vez que le trasladábamos la advertencia que conforme al artículo 18.2 de la Ley reguladora de la Institución, la falta de colaboración “podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo Andaluz como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, al Parlamento de Andalucía”.

IV.- A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la presentación en esa Administración de la reclamación formulada por la persona promotora de la presente queja, el 25 de noviembre de 2020, hasta la fecha no nos consta que se le haya notificado respuesta alguna.

En base a los referidos antecedentes y normativa que resulta de aplicación, consideramos preciso plantear a esa Administración las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- De la obligación de resolver los procedimientos que tienen las Administraciones Públicas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, con carácter general, en su artículo 21.1, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

De modo más concreto, en los apartados 2 y 3 del citado precepto, se establece que la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento. El apartado 3 del mentado artículo, que resulta de aplicación al caso que nos ocupa establece ”cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

• a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

• b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

Por otra parte, el artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que esta Institución velará para que la Administración Autonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

En el caso que aquí nos ocupa, la presentación de la reclamación por la persona promotora de la presente queja queda acreditado que tiene entrada en el Registro de ese Ayuntamiento el día 25 de noviembre de 2020, sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de que se haya notificado a la interesada respuesta a la misma, a pesar de haber transcurrido con creces el plazo para resolver, incumpliéndose con ello lo establecido en los mencionados preceptos de Ley 39/2015.

Segunda.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.

Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena Administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.

Parecidos principios se recogen en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, junto a otros de interés como los de responsabilidad por la gestión pública, buena administración y calidad de los servicios. El principio de buena administración también se recoge y concreta en el artículo 5 de la misma Ley.

Por todo ello, y de conformidad con con lo establecido el mencionado artículo 17.2 de nuestra Ley reguladora, y en el artículo 29 de la misma, nos permitimos trasladar a esa Alcaldía del Ayuntamiento de Encinas Reales la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de deberes legales: De los preceptos contenidos en el cuerpo de la presente Resolución y a los que se debe dar debido cumplimiento, así como del artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, que establece que todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma Andaluza están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECOMENDACIÓN: Para que, sin más dilación, se proceda a dar y notificar la correspondiente respuesta a la reclamación presentada en ese Ayuntamiento por la persona interesada en la presente queja, informando de ello a esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

Ver cierre de queja de oficio

Ver asunto solucionado o en vías de solución

I.- La presente queja fue acometida por propia iniciativa de la Institución en base a una serie de argumentos:

“Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, viene desarrollando una extensa labor en atención y garantía del derecho a la educación en el marco de las políticas de integración y participación, encardinadas en la estrategia global de la Educación Especial. La función protectora y garantista otorgada a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía se dirige, específicamente, ante la posibilidad de que se estén afectando los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones).

Hemos de reseñar que una parte muy significativa de las quejas tramitadas versa sobre la identificación de los recursos asignadas a cada alumno o alumna, que se expresan en los procesos de estudio y análisis de esos niños y niñas a través de sus informes y dictámenes de escolarización.

Podemos resumir que se dispone de un desarrollado armazón normativo con el que el sistema educativo organiza sus recursos y pautas de acogida e integración del alumnado con necesidades educativas especiales. Es decir, de un lado se dispone una labor previa y actualizada de estudio de estos niños y niñas para definir sus concretas necesidades y disponer, coherentemente, de los recursos y respuestas que se necesitan para cada caso y, de otro, se realiza un diseño del complejo organizativo que se despliega en los centros para atender a este singular alumnado según las modalidades asignadas.

No resulta difícil comprender que esta tarea analítica implica un delicado esfuerzo por descubrir los perfiles individualizados de cada niño y niña que, a partir de sus peculiaridades, deben ser acogidos con la singularidad que merecen en el sistema educativo. Hablamos de una tarea de los EOE cargada de no pocas dificultades para ofrecer un análisis certero, y no menos comprometido, en la evaluación psico-pedagógica para alcanzar la adecuada elaboración posterior del dictamen de escolarización. El papel de estos Equipos se vuelve un factor clave para ordenar y planificar adecuadamente la presencia de este alumnado en los distintos centros y, desde luego, en sus procesos de aprendizaje.

Por tanto, el destino final de esta normativa comentada persigue la adecuada programación de la vida escolar del alumno dando las respuestas idóneas a cada perfil y situación. Podríamos decir que este trabajo de estudio y diseño no deja de ser la descripción formal de todo un proyecto de atención educativa y que está sometido a los retos de su acierto diagnóstico y a la complementariedad de las medidas de respuesta que se dictaminan para cada niña o niño.

Pues bien, más allá de este compendio dispositivo, muchas de las quejas comentadas inciden en la aplicación práctica de este sistema educativo descrito de atención e integración de nuestro alumnado con capacidades diversas o necesidades especiales. Y gran parte de estas demandas inciden en la necesidad de las familias de contar con un repertorio detallado y concreto de las medidas, servicios y atenciones que se asignan a cada niño o niña en ese proyecto educativo de integración y participación en un escenario clave para el pleno desarrollo de sus trayectorias vitales y la de sus familias.

Considerando, pues, la situación descrita se estima oportuno iniciar una queja de oficio, como actuación por propia iniciativa de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz; todo ello de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, en concordancia con el artículo 24 de la Ley 4/2021, de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, reguladora de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite oportuno, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, y 24.1 de la Ley 4/2021, de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, nos permitimos interesar de la Dirección General de Participación y Equidad, de la Consejería de Educación y Deporte, la emisión del receptivo informe adjuntando la documentación necesaria y aportando las consideraciones que estimen convenientes en relación con el asunto planteado”.

II.- Los servicios de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia de la Consejería de Educación y Deporte ha enviado un informe en el que señala:

“Como se recoge en el escrito recibido, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía recoge en norma Ia estructura y los recursos destinados ala evaluación y la determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, también se especifican las medidas y los recursos educativos asignados al alumno ola alumna, así como los procedimientos para garantizar la participación familias, del profesorado y/o de otros profesionales que intervienen con el alumnado en el centro docente.

Para la realización del Informe de Evaluación Psicopedagógica y del Dictamen de Escolarización es necesario llevar a cabo, como paso previo, la información a la familia. Dicho proceso es el que se reseña a continuación:

a) En el caso dela Evaluación Psicopedagógica es la persona que ejerce las labores de tutoría el que convoca a las familias a una entrevista y les informa de la necesidad de realización de la Evaluación Psicopedagógica, del objetivo de dicha evaluación y del procedimiento que se seguirá por los profesionales dela orientación. Asimismo, informa sobre la necesidad de su colaboración a lo largo del proceso, para lo cual será citada por dichos profesionales dela orientación. Asimismo, se les informa dela posibilidad de aportar otros informes o valoraciones que posean.

b) En esta reunión inicial, en los casos en los que es posible, se puede contar con la presencia del orientador u orientadora encargado de realizarla Evaluación Psicopedagógica con objeto de aclarar cuántas cuestiones técnicas o dudas puedan surgir en la entrevista, A Ia finalización de esta entrevista las familias firman un documento en el que manifiestan haber sido informados sobre el procedimiento de Evaluación Psicopedagógica, pudiendo realizar las observaciones que consideren oportunas sobre la realización de dicha Evaluación.

c) Asimismo, una vez terminado el proceso de Evaluación reseñado, se realiza un entrevista de devolución de información en la que, el profesional de la orientación, junto con el tutor o tutora en los casos en los que sea posible, les informa en relación a la Evaluación Psicopedagógica, así como de la respuesta educativa y de la organización de dicha respuesta en el aula y en el centro. En dicha reunión, además, se ofrecerán orientaciones para su participación en el proceso educativo de sus hijos o hijas. En caso de desacuerdo con el Informe de Evaluación Psicopedagógica, serán informados del procedimiento para presentar reclamación, si así lo desean.

Las familias pueden solicitar una copia del Informe de Evaluación Psicopedagógica mediante escrito dirigido a la dirección del centro que entregará la copia del citado informe dejando constancia de la recepción por parte de la familia.

Si como resultado de la Evaluación psicopedagógica se determinan necesidades educativas especiales en el alumno o alumna, se informa a la familia de la necesidad de emitir un Dictamen de escolarización en el que, además de las necesidades educativas especiales, se concreta la propuesta de modalidad de escolarización, así como las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que el alumno o alumna requiera

Una vez realizado el Dictamen de escolarización, el orientador u orientadora convoca a la familia a una nueva reunión en la que se procede a la lectura del contenido del Dictamen, realizando las aclaraciones que se consideren oportunas para facilitar su comprensión, así como informando que la decisión de la familia no es vinculante para una posterior decisión de escolarización. Asimismo, se recoge por escrito la conformidad o disconformidad de la familia y, en caso necesario, se informa a la familia sobre el procedimiento para la reclamación.

Una vez finalizado el proceso de Evaluación Psicopedagógica y, en su caso el Dictamen de escolarización, será el Equipo de Orientación del centro el que, dentro de las actuaciones que en el marco de la escuela inclusiva organice cada centro para atender ala diversidad de su alumnado, determine las medidas, generales y especificas, y los recursos concretos que se asignan al alumno o alumna. Será el tutor o tutora del mismo el que en una reunión con la familia debe informar de cómo se organiza dicha respuesta educativa así como responder a todas las cuestiones y dudas que se planteen.

De cada una de las posibles casuísticas resultantes del proceso anteriormente descrito, se desprenden diferentes actuaciones y medidas para dar respuesta a las necesidades detectadas tras el proceso de Evaluación Psicopedagógica. De forma general, exponemos las medidas especificas de atención a la diversidad que pueden adoptarse, entendiendo como tales, todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Según lo dispuesto en las Órdenes que desarrollan los currículos de las diferentes etapas, tales medidas se aplicarán de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. Entre ellas contarnos con:

Programas de atención a la diversidad. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención ala diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje, Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.

Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.

Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

Adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Tales adaptaciones son de aplicación para el alumnado con necesidades educativas especiales y suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a Ia información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.

Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos dela etapa y los criterios de evaluación y se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado.

Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo.

Adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. Estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de este tipo de alumnado, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización.

La propuesta curricular de ampliación de un área podrá suponer la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.

Asimismo se realizará un seguimiento de dichas medidas por parte del equipo docente y del orientador u orientadora. La persona que ostente la tutoría del alumnado informará periódicamente a las familias.

Está por tanto garantizado la participación y la opinión de las familias en los distintos momentos del proceso de Evaluación Psicopedagógica y en la emisión del Dictamen de escolarización, así como el derecho de la misma a recibir toda la información y las aclaraciones que precisen sobre la aplicación de las medidas adoptadas por parte del tutor o tutora y del profesional de la orientación”.

Analizado el contenido de la nueva queja, y en base a la información recibida y de los trámites seguidos, hemos de ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Recordamos que la estructura normativa dedicada a la labor de análisis y diagnóstico de este alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), así como la definición de las respuestas de escolarización que se le asigna, viene establecida por varias disposiciones. Sin un ánimo exhaustivo reseñamos en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma:

- Ley de Educación en Andalucía (Ley 17/2007, de 10 de Diciembre), que reconoce en el Título III dedicado a la “Equidad en la educación” que el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, teniendo tal concepción el alumno que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.

- El Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, que establece la atención que se va a dispensar a este alumnado y se desarrolla igualmente a través de la Orden de 19 de septiembre de 2002, que regula la realización de las evaluaciones psico-pedagógicas para estos alumnos y establece el sentido y alcance de los dictámenes de escolarización para cada niño o niña. Esta norma establece una diferenciación primaria a la hora de asignar determinados modelos de integración y presencia del alumnado con discapacidad psíquica, física o sensorial al señalar que «se escolarizará preferentemente en los centros educativos ordinarios ubicados en su entorno, de acuerdo con la planificación educativa y garantizando el mayor grado de integración posible y de consecución de los objetivos establecidos con carácter general para las diversas etapas, niveles y ciclos del sistema educativo. Y dispone que «la escolarización en los centros ordinarios se podrá organizar en las modalidades siguientes: a) En un grupo ordinario a tiempo completo. b) En un grupo ordinario con apoyos en períodos variables. c) En un aula de educación especial (artículo 15 Decreto 147/2002).

- La Orden de 19 de septiembre de 2002 recoge que esa evaluación debe ser realizada por el denominado Equipo de Orientación Educativa (EOE) y recogerá «a) Datos personales. b) Motivo de la evaluación psico-pedagógicas realizada e historia escolar. c) Valoración global del caso. Tipo de necesidades educativas especiales. d) Orientaciones al profesorado para la organización de la respuesta educativa sobre los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en el ámbito del aula como en el del centro escolar. e) Orientaciones para el asesoramiento a los representantes legales sobre los aspectos más relevantes del contexto familiar y social que inciden en el desarrollo del alumno o alumna y en su proceso de aprendizaje. Se incluirán aquí sugerencias acerca de las posibilidades de cooperación de los representante legales con el centro educativo» (artículo 6.4 de la Orden de 19 de septiembre de 2002).

- Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad prevén los procedimientos específicos para la revisión, actualización o reclamación ante los contenidos de estos informes y dictámenes precisamente por la trascendencia que implican en la vida educativa de cada alumno; se recoge el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (apartado 4.6. Información del contenido del dictamen de escolarización a los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna).

Podemos resumir que éste es el armazón normativo con el que el sistema educativo organiza sus recursos y pautas de acogida e integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Es decir, de un lado se dispone una labor previa y actualizada de estudio de estos niños y niñas para definir sus concretas necesidades y disponer, coherentemente, de los recursos y respuestas que se necesitan para cada caso y, de otro, se realiza un diseño del complejo organizativo que se despliega en los centros para atender a este singular alumnado según las modalidades asignadas. Pues bien, más allá de este compendio dispositivo, una gran parte de las quejas recibidas ante esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía inciden, precisamente, en la aplicación práctica de este sistema descrito de atención e integración de nuestro alumnado con capacidades diversas o necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Precisamente, tras un ejercicio global de análisis de esta tipología de quejas hemos considerado oportuno avanzar en los sistemas definidos de aplicación práctica de las medidas de atención socioeductiva que se ofrece al alumnado NEAE y a sus familias.

Segunda.- Este alumnado ofrece unas notas de singularidad y complejidad en su abordaje que, con el paso de los años y la investigación desplegada, han venido a ocupar un espacio propio en el diseño y aplicación de las respuestas que necesitan en el entorno educativo. Efectivamente, la población incluida en esta característica ha ido ganando presencia dado el desarrollo de los medios de diagnóstico, el avance en la detección de las diversas modalidades que se incluyen en la noción de necesidades especiales y una progresiva comprensión hacia las atenciones que presenta este colectivo.

Pues bien; todo ese repertorio de normas viene a dibujar la significación que presenta el alumnado con 'necesidades especiales' para el sistema educativo, apreciando a lo largo de su orden expositivo la acogida que este reto de atención especializada ha tenido en las estrategias planificadores de las autoridades educativas y las políticas emprendidas desde la administración autonómica. Y, volviendo al caso concreto que nos ocupa, encontramos la previsión de disponer con carácter individualizado todo el conjunto de respuestas que los equipos técnicos diseñan para el proceso educativo de este singular alumnado.

La información facilitada desde la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia de la Consejería de Educación y Deporte acierta al recordar que el artículo 4 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo dicta lo siguiente:

«Competencia para realizar la evaluación psicopedagógica en el contexto educativo,

1. Conforme a lo establecido en el artículo 6.3., la evaluación psicopedagógica será realizada por los equipos de orientación educativa, por los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria o, en el caso de los centros privados concertados, por los profesionales que desarrollan las labores de orientación educativa en los mismos».

Efectivamente, esa atribución de las labores diagnósticas se otorga a los Equipos de Orientación Educativa (EOE) en los centros de titularidad pública, o en los sostenidos con fondos públicos. Y, junto a esa fase de estudio y análisis de cada alumno o alumna, avanzamos en el proceso cuando llegamos al momento de definir las acciones concretas que se programan para su atención socioeducativa.

Volviendo a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, en su Anexo VII se describe la “ATENCIÓN ESPECÍFICA (ADAPTACIONES, AYUDAS Y APOYOS) QUE SE CONSIGNA EN EL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN”. Ciertamente se trata de un repertorio completísimo y detallado respecto a las categorías profesionales que van a participar en la atención de cada alumno o alumna dictaminado. Se definen, además de otras adaptaciones materiales, los supuestos en los que procede la asignación de cada especialidad y se relacionan esta funciones concretas para:

• Maestro o maestra especialista en pedagogía terapéutica (PT).

• Maestro o maestra especialista en pedagogía terapéutica con Lengua de Signos (PT – LSE).

• Maestro o maestra especialista en audición y lenguaje (AL).

• Maestro o maestra especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos (AL – LSE).

• Profesorado del Equipo Específico de Atención al alumnado con Discapacidad Visual dentro del acuerdo con la ONCE.

• Profesorado de apoyo curricular al alumnado con discapacidad auditiva y motórica en ESO.

• Profesional técnico en integración social (PTIS).

• Profesional técnico en interpretación de lengua de signos (Interprete de lengua de signos española (I.L.S.E.) (sólo en educación secundaria).

Para cada especialidad, las instrucciones realizan un relato detallado de esas intervenciones especializadas. Pero no se concreta más. Es decir, concluimos que el despliegue específico de estas intervenciones no se describen con los contenidos o detalles imprescindibles que permitan a cualquier interesado ―cuánto más las familias― conocer la efectiva prestación que cada alumno o alumna recibe. Es obvio que los contenidos de las intervenciones son el reflejo adecuado de las habilidades profesionales que caracterizan los desempeños de estos técnicos; es, por tanto, un relato descriptivo de las especialidades que se asignan al alumnado

También es cierto que en el proceso del estudio, diagnóstico y dictamen se recogen diversos momentos en los que la comunicación con las familias está recogida con una evidente voluntad participativa. Y, a pesar de ello, es un sesgo muy repetido en las quejas que se estudian desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía la frecuente falta descriptiva de estas medidas, que se basan en la mera mención de la intervención de esas especialidades profesionales, por ejemplo, de Audición y Lenguaje (AL) o de Pedagogía Terapéutica (PT), sin mayores detalles en sus pautas de intervención.

Y existe otro factor muy sensible a la hora de determinar estas intervenciones, ya que la asignación de una prestación especializada en cada dictamen se hace depender de la realidad dotacional de cada centro y del régimen de servicio que disponga cada profesional. Sabemos que la asignación de la especialidad de un PTIS o del profesor de Audición y Lenguaje (AL) depende a su vez de la jornada que ostenta cada uno en el centro; o incluso en otros centros con los que comparte su trabajo según la ordenación de recursos que se disponga.

Dicho de otra forma; la lectura del dictamen asignando los servicios de profesorado AL no concreta qué tiempo podrá desempeñar sus labores en función del número de alumnos escolarizados en cada modelo (A, B o C) destinados a varias aulas, incluso siendo harto frecuente la circunstancia de que esa especialidad se ofrece por el mismo profesional en uno o varios centros educativos a los que se destina.

Tales condicionantes son lo suficientemente dirimentes, y además frecuentes, como para comprender las inquietudes que se suscitan entre las familias a la hora de acceder con un detalle elemental al conjunto de servicios y atenciones que se ofrecen, efectivamente, a sus hijos e hijas. De ahí que esa parquedad prescriptora de los proyectos de atención se traduzca en habituales peticiones de las familias para saber qué intervenciones se desarrollan, en qué ámbito, cómo se comparten o si se aplican de modo singular, tiempos de intervención donde se despliegan las actividades y especialidades, régimen de jornadas y horarios, etc.

Tercera.- Decíamos, en el momento inicial del trámite de la presente actuación de oficio, que pretendíamos conocer “los criterios que emanen del centro directivo” y al respecto, tras recibir su respuesta formal, apreciamos una ratificación de las pautas establecidas en la normativa que ya se han citado y que se concretan, fundamentalmente, en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.

Por tanto, nos ratificamos en la oportunidad de avanzar en esta línea comunicativa y de proximidad ante las familias cuando solicitan esa información y piden la mayor claridad en la aplicación cotidiana del compendio de atenciones que se ofrecen a este alumnado. Sin embargo comprobamos una y otra vez que las peticiones más expresas de información acostumbran a resolverse con la mera reiteración de los contenidos de los dictámenes.

Manifestamos, de inmediato, que se trata de instrumentos trabajados, expresivos y solventes, para describir el proyecto de atención socioeducativa a cada alumno; pero dicho documento técnico ya es conocido por la familia conforme a la sucesión de pasos procedimentados que se recogen en las citadas Instrucciones. Esta misma Defensoría comprueba, cuando se analizan este tipo de quejas, que la respuesta que recibimos se produce en un tono similar, dando traslado de la previsión formal de atención que se define en cada dictamen y con una escasa o nula particularización informativa ante el caso que se estudia.

La experiencia nos señala que, cuando se llega a este punto de demanda de información o concreción en las medidas de atención, se ha producido una cierta quiebra en ese escenario de contacto y diálogo entre la familia y el equipo educativo. Algo ha surgido que genera la petición de mayores detalles y aclaraciones en la atención al alumnado y donde la mera reiteración de los contenidos del dictamen no implica un avance en esa mayor petición explicativa, con un detalle y actualización más cuidada.

Junto al ―ya conocido― dictamen debería añadirse la conformidad con su cumplimiento, el relato concreto de los resultados y la verificación de su idoneidad. Y del mismo modo, acompañar la exposición objetiva y comprobable de unos desempeños descritos que puedan contar con referencias o indicadores que sumen los datos y trabajos al servicio que se ofrece para cada alumno. Se trata de un sumando, de una actitud añadida de concreción de todo el ―meritorio y solvente― trabajo que se despliega incorporando sencillamente información y detalle.

Recordando casos precedentes, desde esta Defensoría nos hemos posicionado apuntando la oportunidad de incorporar en los proyectos de intervención de “Atención Específica” recogidos en el dictamen un mayor esfuerzo descriptivo; por ejemplo, añadiendo los factores horarios que recojan magnitudes objetivas y comprobables, o bien acudiendo a otros registros que incorporen de manera formal las atenciones singularizadas que se ofrece a este alumnado conforme a sus dictámenes.

En este punto, volvemos a recordar las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. Y, más en concreto, el apartado 4.6. Información del contenido del dictamen de escolarización a los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna, en el que se describen los pasos que las autoridades ofrecen a los responsables de los alumnos para dar a conocer todos los detalles del dictamen, incluso la posibilidad de discrepar de sus contenidos.

Por ello, volviendo a las Instrucciones, creemos que la clave puede centrarse en el punto 6. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL CENSO DE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. En este apartado se señala:

“2. Atención necesitada. En el apartado “Atención Necesitada” se recogerán las medidas específicas y/o recursos específicos que el alumno o alumna precisa, indicados en el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica y, en su caso, el dictamen de escolarización, con independencia de los recursos con los que cuente el centro en ese momento. Cuando un alumno o alumna con NEAE deje de necesitar de una atención, se consignará la fecha en la opción “Atención que necesita el alumno/a. Fecha fin”. Para ello, será precisa la revisión del informe de evaluación psicopedagógica de forma que se justifique dicha decisión.

3. Atención recibida. Recogerá las medidas específicas y recursos específicos que el alumno o alumna recibe. Este apartado deberá actualizarse en la revisión del censo de alumnado con NEAE que se realizará al inicio de cada curso escolar”.

Sin perjuicio de las medidas que finalmente valore la autoridad educativa, dentro de estos registros podrían aplicarse las propuestas de mejora que hemos analizado en la presente Resolución.

Estamos convencidos de que una mejor definición de estas intervenciones técnicas, además de aportar esa certeza en la programación de los apoyos para las familias, facilitaría la identificación de las cargas de trabajo y los desempeños que se producen en cada centro educativo a la hora de diseñar las especialidades y los compromisos de atención que en cada especialidad se producen como resultado de la suma de los respectivos dictámenes emitidos para cada alumno matriculado en el centro.

Cuarta.- A modo de conclusión, la acertada metodología que se aplica en el escenario de la educación del alumnado con necesidades educativas especiales debe avanzar en su mejora apostando por una mejor concreción de la pautas que se describen en el dictamen de escolarización. Una mejora que reforzaría los parámetros de calidad de los Equipos de Evaluación y Orientación Educativa, definiendo la atención diseñada para cada alumno en función de cada profesional especializado, indicadores de atención, escenarios de prestación y grupos de destinatarios.

A la vista de las anteriores Consideraciones, la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, ha acordado dirigir a la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia de la Consejería de Educación y Deporte la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA a fin de que los contenidos de los estudios, diagnósticos y dictámenes de escolarización realizados por los Equipos de Orientación Educativa avancen en la descripción de las intervenciones especializadas prescritas, así como en los mecanismos de valoración y seguimiento.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz