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La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a la valoración de un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en un centro en la provincia de Almería.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional trasladando dicha problemática. Con fecha 1 de diciembre de 2023 hemos recibido comunicación.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Almería, que ha descrito conforme a la normativa aplicable la oportunidad de valoración del alumno y la decisión de promover medidas a través de la modalidad de escolarización a fin de dar respuesta a las necesidades de apoyo y de profesionales especializados que necesite, en su caso, este menor.

Y así se ha procedido a una nueva valoración y a la escolarización en un nuevo CEIP que, según se indica, “cuenta con los recursos que determina su dictamen de escolarización mencionado, y de acuerdo a los criterios de escolarización contemplados en la normativa”.

Por ello creemos entender que el asunto se encuentra en vías de solución, debiendo otorgar un plazo razonable de tiempo para completar la evaluación de la medida adaptada. En todo caso, sí insistimos en la conveniencia de facilitar toda la información y asesoramiento a las familias para propiciar las actuaciones de seguimiento y mejora del apoyo destinado al alumno con perfiles NEAE tras su nueva valoración y dictamen.

Tras nuestra intervención, el Ayuntamiento de Punta Umbría aclara en qué situación se encuentran dos establecimientos hosteleros con terraza de veladores que se apuntan por una comunidad de propietarios como focos principales de contaminación acústica incompatible con el descanso de los residentes, y se nos informa de qué medidas se han puesto en marcha para reducir el impacto acústico.

Recibimos queja de la comunidad de propietarios de un edificio de Punta Umbría, relacionada con un establecimiento hostelero abierto durante el año 2021, que tenía entrada por las calles adyacentes al edificio en cuestión y cuyas puertas permanecían abiertas durante todo el día. Dichas puertas se encontraban bajo y frente a todas las ventanas de pisos de la comunidad denunciante, "agrupando además grandes cantidades de personas con un comportamiento bastante incívico". Además de este bar, se nos decía que había otros dos establecimientos hosteleros que también instalaban veladores en la calle afectada.

El problema venía motivado, al parecer, por el ruido que generaban los veladores principalmente del primer establecimiento, del que se decía que: "entre finales de junio y principios de septiembre de 2021, fechas en las que permaneció abierto el bar todos los días de la semana, en horario de aproximadamente 20 a 1 horas (...) y por el exagerado ruido producido por los veladores del establecimiento, constan llamadas de quejas a la Policía Local prácticamente a diario por numerosos vecinos, como el mismo Ayuntamiento de Punta Umbría reconoce en resolución (...)".

Tras esto y ante lo que los afectados consideraban una situación de inactividad del Ayuntamiento de Punta Umbría, se presentó contra el establecimiento "un primer escrito por parte de la comunidad y posteriormente otros individuales por al menos 5 de los 7 vecinos del bloque", exponiendo la grave problemática de ruidos padecida y solicitando información en relación con la licencia de apertura del establecimiento, así como denunciando incumplimientos de la normativa de accesibilidad.

Al parecer, el establecimiento al tiempo de esa primera denuncia no contaba con licencia para veladores, pese a lo cual se llegaban a poner más de 20 mesas con grupos de entre 4 y 6 personas cada una, limitándose el Ayuntamiento: "a contestar al citado escrito, que el local cuenta con una licencia de apertura como restaurante cedida por un negocio que hubo en el local en el año 2012, que no posibilita poner música y que se abrirá un expediente por haberse comprobado que un día han puesto música, pero que ha sido un hecho puntual y que en todo caso dicha música no trasciende a la calle".

La disposición de música sin embargo se siguió denunciando posteriormente en este bar, advirtiendo que ello no era un hecho puntual sino habitual y continuado, con el agravante de que la música trascendía al exterior por la disposición de puertas abiertas a dos calles.

Esta situación se había agravado en el año 2022, ya que se seguía: "con un ruido insoportable, no se han limitado ni establecido la ubicación de los veladores de los tres locales que afectan con contaminación acústica al edificio, lejos de eso se han incrementado. El ruido de veladores es insoportable y continuo, se bajan persianas metálicas a altas horas de la madrugada sin ninguna consideración (...). Se amontona a golpes el mobiliario, se sujetan con cadenas con el correspondiente escándalo, se canta, se grita (...)".

Ante esta situación, se había vuelto a presentar escrito por la comunidad de propietarios ante el Ayuntamiento, quejándose del ruido y solicitando que se le facilitase plano de ubicación y número de veladores aprobados a estos tres establecimientos. Además, se había denunciado el incumplimiento de horarios de utilización de la terraza de veladores.

Estos hechos constituían a juicio de esta comunidad de propietarios el incumplimiento de las ordenanzas municipales, del Decreto andaluz 155/2018. En este sentido, solicitaban la aplicación de la Instrucción Técnica IT. 8 Metodología para la evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones próximas a terrazas y veladores, previa al inicio de la actividad, prevista en el Decreto-ley autonómico 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario-y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

En relación con esta IT, decía el escrito de queja que: "nos gustaría que el Ayuntamiento de Punta Umbría, pusiera a nuestra disposición las correspondientes evaluaciones previas al inicio de las actividades del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, que justifiquen el número, ubicación y otras características de los veladores aprobados por dicha entidad, y ello para su estudio y posible contradicción".

No obstante, matizaban que aunque el problema era global de los tres establecimientos ya citados y sus veladores, concretaban que: "con quien realmente resulta y ha resultado imposible la convivencia es con las cervecerías […] , en dichos establecimientos se produce un botellón encubierto, no tienen límites de aforo, la gente consume de pie sin ningún tipo de orden o lugar, tocan guitarras, cantan, gritan, palmotean y mantienen un comportamiento totalmente incívico. Sus veladores (por llamarlo de alguna manera) exceden en tres y cuatro veces lo que se establecería por Ley. Recogen el mobiliario a golpes, sus clientes continúan consumiendo alcohol en la calle incluso después de recoger los veladores, dejando las puertas y ventanas abierta después de dicha recogida y manteniendo a sus clientes en la calle bebiendo, amén de haber sido aperturados en los veranos de 2021 y 2022, donde la normativa y sensibilidad en relación a los daños provocados por el ruido han aumentado las exigencias".

En definitiva, seguía la queja, esta comunidad: "para nada se manifiesta en contra de los establecimientos de ocio, lo que se pretende es que se respete la ley y se equilibren los correspondientes derechos de ambos colectivos, que el Ayuntamiento conceda un número de veladores, ubicación y aforo ajustado a derecho (...)".

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Punta Umbría, que en respuesta nos envió hasta seis informes en relación con la problemática de fondo y de los que se desprendían las circunstancias de cada establecimiento y las actuaciones realizadas por el ayuntamiento al respecto.

En lo que respecta a la instrucción I.T.8, se nos informó que se habían iniciado los trámites para proceder a la regularización de establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento para los cuales dicha instalación estaría sujeta a licencia municipal, habiéndose ya realizado requerimiento a los titulares de los dos bares.

A la vista de esta información, tras haber quedado esclarecida la situación de los dos establecimientos apuntados como focos principales del ruido y después de que la comunidad de propietarios pudo obtener la información que pretendía, entendimos que no procedían más actuaciones por nuestra parte en este asunto. Por lo tanto, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

En cualquier caso, expresamente pedimos al Ayuntamiento de Punta Umbría que se mantuviese vigilante en relación con los dos establecimientos en cuestión a fin de impedir, en la medida de lo posible, nuevas situaciones de irregularidad que se constituyesen en focos de ruido.

El Ayuntamiento de Tarifa nos informa de las actuaciones puestas en marcha para dar cumplimiento a una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo en la que se le condenaba a emitir informe técnico para verificar si el casco antiguo de Tarifa, en el que se encuentra la calle donde reside el promotor de la queja, es zona acústicamente saturada.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Tarifa, concretamente de la calle Guzmán el Bueno, mediante el cual exponía, en esencia, la grave problemática de ruidos que tanto su familia como otras personas residentes en la citada calle, sufrían en sus domicilios por la saturación acústica derivada de establecimientos hosteleros con veladores y por la afluencia masiva de clientes, la cual, por lo que más adelante se relata, podría contar con las características de las zonas acústicamente saturadas (ZAS) y, por lo tanto, podría ser formalmente declarada como tal por ese Ayuntamiento.

El interesado nos enviaba una sentencia del año 2015, del Juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Algeciras, por la que se que condenaba al Ayuntamiento de Tarifa a: "la realización del correspondiente informe técnico en orden a verificar si el casco antiguo de Tarifa, según descripción del art. 17 de la Ordenanza Municipal de 1994, Reguladora del Medio Ambiente y la Convivencia Ciudadana, es zona acústicamente saturada, a tenor de los niveles contemplados en la normativa actualmente vigente, manteniendo o no la consideración del mismo como zona acústicamente saturada".

Pues bien, a este respecto nos decía que ese informe técnico al que había sido condenado a realizar ese Ayuntamiento, siete años después de la Sentencia, aún no se había elaborado.

Por otra parte, en el relato de la queja se expresaba que la referida Sentencia: "concluía que no está derogada la Ordenanza Reguladora del Medio Ambiente y la Convivencia Ciudadana, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa con fecha de 11 de noviembre de 1994 y publicada en el BOP de Cádiz nº 262".

Y pese a ello, seguía el relato de la queja: "el Ayuntamiento de Tarifa ha seguido otorgando licencias para la apertura de bares, cafeterías y similares, o la reapertura de aquellos a los que, por cualquier causa, les fuera retirada la licencia o permanecieron cerrados durante más de seis meses consecutivos, en el casco antiguo de Tarifa delimitado por la muralla en contra de la legalidad jurídica".

Además de lo anterior, la queja versaba sobre el incumplimiento de la Ordenanza Municipal reguladora de las terrazas de veladores de ese Ayuntamiento, aprobada el 3 de abril de 2018. En este sentido, se relataba en la queja que la ocupación con veladores que se venía produciendo en la calle Guzmán el Bueno incumplía los artículos 6, 12 apartados 1 y 2, 14, 31, 39.2, 47 y 56.4.

Particular mención nos merecía la cita del artículo 12.1 de la citada Ordenanza, según el cual los solicitantes de la licencia para veladores habrían de: "presentar escrito de conformidad de los vecinos propietarios de viviendas del mismo inmueble y de inmuebles que presenten linderos con el establecimiento o, en otro caso, acreditar haber efectuado la notificación a los vecinos interesados".

Sin embargo, aseguraba el promotor de la queja que: "no ha sido solicitado ni recabado de mi parte el escrito de conformidad aludido, en mi calidad de vecino propietario de vivienda en la calle Guzmán el Bueno, en el mismo inmueble, así como lindante, con establecimientos que actualmente vienen ocupando la vía pública con terrazas".

Se denunciaba también que las licencias para terraza de veladores de los denominados "Bar [...]" y "Bar [...]", ambos en la calle Guzmán el Bueno, se concedieron con informes desfavorables de policía local y jurídico de fecha 1 de junio de 2018, lo cual iría en contra del artículo 13 de la Ordenanza vigente. Al parecer, se habrían concedido esas licencias al amparo de la anterior ordenanza que ya estaba derogada.

Por lo demás, el promotor nos daba cuenta de una serie de escritos que había presentado en ese Ayuntamiento solicitando determinada documentación y/o información sobre el problema de fondo, sin haber obtenido respuesta.

Uno de los aspectos que el afectado destacaba de la peatonalización de la calle Guzmán el Bueno, con la saturación de veladores que presentaba, era que "compromete la seguridad de las personas", y ponía como ejemplo una evacuación y traslado de un paciente que tuvo lugar el 2 de agosto de 2022, en horario nocturno.

Por todo lo expuesto, lo que se pedía, según literalidad del escrito de queja que nos había dirigido el promotor de la misma, era lo siguiente:

1.- Que se dejasen de otorgar licencias para la apertura de bares, cafeterías y similares en el casco antiguo de Tarifa delimitado por la muralla, ni la reapertura de aquellos que por cualquier causa les sea retirada la licencia o permanezcan cerrados durante más de seis meses, en contra de la legalidad jurídica.

2.- Que se acatase por ese Ayuntamiento el fallo de la Sentencia de 2015 del Juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Algeciras y se emitiera el informe técnico al que quedó condenado.

3.- Que se dejase de obrar en beneficio de la ocupación de la vía pública con terrazas por parte de aquellos establecimientos hosteleros sin legitimación jurídica para ello en base a la normativa en vigor, en especial respecto de los dos bares denominados "Bar [...]" y "Bar [...]", cuyas licencias para veladores se habrían concedido presuntamente en contra de los informes jurídico y policiales.

4.- Que se adoptasen medidas que evitasen la privatización de facto de la calle Guzmán el Bueno por los veladores de locales y que impedían el acceso rodado con vehículos particulares de residentes en la zona y ponían en riesgo la seguridad de las personas.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa trasladando la queja del reclamante e interesando varias cuestiones sobre la misma. En respuesta, el Ayuntamiento nos remitió informe del cual destacamos varios aspectos:

- Se había incoado expediente 2022/5013 de contratación menor de servicios de asistencia técnica para zonificación acústica y propuesta de declaración de ZAS en el centro histórico de Tarifa.

- Se incoó en su momento expediente 2018/3616 de contratación de servicios de asistencia técnica en materia de contaminación acústica, vibraciones y asistencia técnica en la redacción de la nueva ordenanza municipal del ruido de Tarifa.

- Se estaba ultimando el proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal del Ruido cuya adaptación al marco normativo vigente exigía una rigurosa tramitación técnica y jurídica, con participación pública previa.

Estas tres cuestiones venían a dar cumplimiento a la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Algeciras, que condenaba al Ayuntamiento de Tarifa a: "la realización del correspondiente informe técnico en orden a verificar si el casco antiguo de Tarifa, según descripción del art. 17 de la Ordenanza Municipal de 1994, Reguladora del Medio Ambiente y la Convivencia Ciudadana, es zona acústicamente saturada, a tenor de los niveles contemplados en la normativa actualmente vigente, manteniendo o no la consideración del mismo como zona acústicamente saturada".

Por otra parte, se nos informaba que el estudio acústico, encargado a la empresa VIROCEM S.L., estaba pendiente de su finalización, y que se había declarado la urgencia de los expedientes vinculados con la referida Sentencia, ratificándose por el Pleno Municipal dicho carácter urgente.

A la vista de esta información, entendimos que el asunto objeto de queja se encontraba, en lo esencial, en vías de solución por lo que dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.

La interesada se queja de que le hayan reconocido la prestación por parto múltiple pero no la relativa al cuidado de menores de 3 años.

Exponía que en relación a la solicitud de ayuda de hijo menores de 3 años, cuando las hijas últimas nacieron, tenían las hijas mayores dos años y ocho meses, teniendo en cuenta que había tenido dos partos múltiples, y que la solicitud la había hecho en febrero y las hijas cumplían los 3 años en abril, consideraba tener derecho a la ayuda.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz. En el informe emitido por la Administración acredita haber emitido la resolución por la que se le reconoce la ayuda.

Considerando que el motivo de la queja está solucionado se procede al cierre de la misma.

La Administración acepta las Recomendaciones planteadas por esta Defensoría por ello se procede al archivo del expediente.

Esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha tramitado un expediente de queja a instancias del padre de 2 menores con necesidades especiales, en relación con la participación de ambos menores en actividades deportivas acuáticas organizadas por el  Ayuntamiento de su localidad de residencia. Se quejaba porque sus hijos tenían que abonar la tasa prevista para adultos cuando las específicas Ordenanzas Municipales diferencian entre tasas para menores o para adultos, pero sin ninguna distinción entre los usuarios infantiles, fuere cual fuere su condición o específicas circunstancias.

Tras admitir la queja a trámite solicitamos la emisión de un informe a la Administración local, siéndonos remitido como respuesta copia de diversa documentación entre la que destacan las explicaciones ofrecidas al interesado en respuesta al correo electrónico que dirigió al Ayuntamiento; también el informe emitido en relación con la citada tasa por la Tesorería Municipal; y por último a resolución denegatoria de la devolución de la tasa emitida por el Ayuntamiento.

Tras una lectura detenida de esta documentación deducimos que las cuotas satisfechas por el interesado se corresponden con las recogidas en las Ordenanzas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 181, de 6 de agosto de 2021, que regulan la tasa por prestación de servicios deportivos en el complejo deportivo La Venta. Para la modalidad de “actividades dirigidas” el artículo 5 de las Ordenanzas establece dos tarifas para los no abonados dependiendo del número de días a la semana en que se realiza dicha “actividad dirigida”, resultando una tarifa de 25 euros en caso de 3 días y de 19 euros en el caso de 2.

En las citadas Ordenanzas se indica que la tarifa para “actividades dirigidas” es para adultos, sin ninguna alusión o referencia relativa a menores tal como ocurre en el caso de los cursos de natación. Así las cosas, al existir una única tarifa para “actividades dirigidas” y a pesar de estar referida a personas adultas ésta se aplica sin distinción para todos los usuarios, fuesen adultos o menores de edad.

En las explicaciones ofrecidas al interesado para dar respuesta a su reclamación se añade lo siguiente:

“… Sobre la cuota del grupo de natación de diversidad funcional, debo comunicarle lo siguiente: Este grupo, debido a sus características intrínsecas, se toma como una actividad dirigida, ya que el monitor enfoca la sesión con un trato personalizado a cada uno de los alumnos que componen el grupo. Por este motivo, el número máximo se establece en ocho usuarios (acompañado de otras ocho personas mayores de edad a quienes no se les cobra el acceso a la piscina pequeña), siendo, junto a peques, la menor de las ratio que se oferta en nuestro centro …”

Por todo lo expuesto, se emitió la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.

Recomendación:

Apreciamos que en el caso expuesto en la queja se ha producido un cálculo erróneo del importe de la tasa a abonar por el interesado, por lo que resultaría procedente que se corregirse la misma y se redujera a la cuantía prevista para usuarios infantiles.

Sugerencia:

Consideramos necesario que de cara al futuro se acometa una revisión de las Ordenanzas municipales para que se definan con claridad las tasas a abonar tanto por personas adultas como por menores y también, en su caso, por personas con alguna diversidad funcional, diferenciando en este supuesto también entre personas adultas y menores.

El Ayuntamiento responde a nuestra resolución en sentido favorable aunque precisando que no se aprecia error en el importe de la tasa abonada, dado que en las Ordenanzas en vigor las actividades calificadas como "dirigidas" no se diferencia entre personas usuarias adultas e infantiles. Por otro lado, atendiendo a nuestra Sugerencia, nos manifiesta su compromiso a realizar de cara al futuro una revisión de las Ordenanzas Municipales.

La persona interesada se queja de que se ha producido un cambio en el modo en que se realiza el seguimiento y apoyo del acogimiento familiar del menor que tiene a su cargo (entre otros motivos, su familia pasaría a depender del Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar (SAAF) de Huelva, en vez del de Sevilla tal como hasta ahora). Refiere que se trata de una decisión arbitraria, sin justificación clara, y realizada sin previo aviso:

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe de la Delegaición Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla

En el informe de la Delegación Territorial se alude a la evolución del caso, siendo así que con acuerdo de todas las partes (menor, familia acogedora y madre biológica) se tiene intención de iniciar un proceso para que el menor sea adoptado por dicha familia en la modalidad de adopción "abierta", lo cual permitiría al menor mantener contactos con su progenitora.

Damos por concluida nuestra intervención en la queja al considerar que el asunto planteado se encuentra en vías de solución.

Tras nuestra intervención, el Ayuntamiento de Huétor Vega emprende actuaciones de inspección y comprobación de un establecimiento hostelero que dispone de música sin licencia y que era motivo de denuncias por ruido, detectándose diversas deficiencias técnicas y ordenándose la adopción de medidas correctoras y disciplinarias.

Se recibía en esta Institución escrito de un vecino de Huétor Vega, Granada, formulando queja porque junto a su domicilio se encontraba un establecimiento "que pone música en el exterior a un volumen elevado", lo cual había denunciado en el Ayuntamiento a través de varias instancias presentadas en julio de 2019, junio de 2020, mayo y julio de 2021, mayo, junio y septiembre de 2022. Aseguraba que no había tenido contestación a ninguna de estas instancias, en las que se denunciaban distintas situaciones que solían darse viernes, sábados y domingos, desde música en exterior con altavoces, hasta una orquesta o grupos flamencos y el cierre a las 6 de la mañana.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Huétor Vega en relación con la problemática planteada, recibiendo en respuesta la siguiente documentación:

- Certificado del acuerdo adoptado por una Junta de Gobierno Local celebrada en enero de 2023, en el que se citaba informe de la Unidad Técnica Funcional de Asistencia Municipal en el cual se advertían determinadas deficiencias del restaurante citado y modificaciones sustanciales no autorizadas algunas de ellas afectantes a la seguridad y medioambientales. En este acuerdo de Junta de Gobierno Local se tomaban, en esencia, los siguientes acuerdos:

1.- Iniciar procedimiento para la enmienda de defectos o carencias de requisitos de la actividad.

2.- Requerir a la titular del restaurante que resuelva las deficiencias detectadas en el plazo de un mes.

3.- Prohibir el uso de equipos de reproducción sonora al no contemplarse en las condiciones de licencia de la actividad, debiendo retirarse los mismos para evitar su uso hasta que se legalicen, en su caso.

- Certificado del acuerdo adoptado por otra Junta de Gobierno Local celebrada en marzo de 2023, acordándose:

Proceder de inmediato al cumplimiento de la medida cautelar de acuerdo con lo informado por la UTFAM, esto es, al precintado de los equipos de reproducción musical existentes, hasta su legalización, en su caso.

Teniendo en cuenta que la queja venía motivada por el ruido generado con la música en exterior de este restaurante, sin licencia según se nos había informado, cabía considerar que ese último acuerdo de la Junta de Gobierno Local había satisfecho la pretensión de la queja, al evitarse que se pudieran seguir produciendo estas situaciones. Por lo tanto, dimos por terminada nuestra intervención en este expediente de queja y procedimos a su archivo.