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- La Confederación Andaluza de Organizaciones pro Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS-Andalucía, anuncia, Viernes, día 15 de junio a las 12´00 horas, en la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, sus próximas medidas a emprender contra la morosidad de, principalmente, las consejerías de Educación, Salud y Bienestar Social, y Empleo de la Junta de Andalucía (20 millones de euros), y anunciará las primeras acciones reivindicativas a emprender en defensa de los servicios y derechos de las personas con discapacidad intelectual y los profesionales que las atienden.

José Chamizo ha atendido la visita de un grupo de trabajadores de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir que se encuentra en fase de disolución. Esta entidad local, que agrupa a varios municipios, ha recibido peticiones sucesivas por parte de sus empleados para que abonara los salarios pendientes desde hace meses y regularizar la situación laboral de algunas de estas personas que no han recibido formalmente la rescisión de su relación laboral y, por tanto, no pueden acceder a las prestaciones de situaciones reconocidas de desempleo.

El Defensor se ha comprometido a procurar una respuesta de la presidencia de la Mancomunidad, que ostenta la Alcaldesa de Lebrija, y de la Dirección General de Administración Lcoal de la Junta de Analucía.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ofrece una rueda de prensa en la sede del Defensor del Pueblo andaluz, para entregar a José Chamizo las quejas firmadas por personas presas  en las que se reclama la reanudación del servicio de orientación y asistencia jurídica a personas privadas de libertad.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido más de mil firmas de otros tantos internos en prisiones de centros andaluces para pedir la restitución del servicio de orientación y asistencia legal que se venía ofreciendo hasta la fecha. José Chamizo se ha comprmoetido igualmente a impulsar las respuestas de las Administraciones implicadas (gobierno central y Junta de Andalucía) para renovar el convenio que ha permitido prestar un servicio esencial para estas personas internas en prisión.