La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 12/2693 dirigida a Ayuntamiento de Dos Hermanas, (Sevilla)

ANTECEDENTES

I. Con fecha 22 de mayo de 2012 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por (...), a través de la cual nos exponía lo siguiente:

– Que es propietaria, junto con su marido, de una vivienda sita en (...).

– Que en marzo del año 2009, cuando adquirió la vivienda a su anterior propietario, realizó por teléfono el cambio de titularidad del suministro de agua.

– Que desde el mes de diciembre del pasado año se le han incrementado notablemente los importes de las facturas giradas por consumo de agua.

– Que puesta en contacto con EMASESA parece ser que el motivo de tales incrementos es que a la empresa no le consta que en la vivienda haya nadie empadronado.

– Que tanto ella como su marido se empadronaron en dicha vivienda en el año 2009, tras adquirir el inmueble, por lo que EMASESA, al obtener la información del padrón municipal, pudo comprobar que en la vivienda había 2 personas empadronadas.

– Que a pesar de lo anterior, la empresa le exigió que hiciera el cambio de nombre de los suministros, pagando una fianza y aportando certificado de empadronamiento.

– Que tras operar conforme le indicaron y hacer el cambio de titularidad, EMASESA ha enviado una inspectora a su casa que le ha dicho que la arqueta principal y el registro del agua no se encuentran acomodado a la normativa, por lo que debe adaptarlo a su costa.

– Que a su juicio, ella no se encuentra en situación diferente a la del resto de vecinos, que disponen de unos sistemas idénticos, por lo que, dado que el suministro de agua no se ha interrumpido en ningún momento, no resultan procedentes cambios.

II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la queja y, consiguientemente, solicitar al Ayuntamiento de Dos Hermanas y a EMASESA la evacuación de informe acerca de los hechos objeto de la queja.

III. En respuesta a nuestra solicitud, con fecha 27 de junio de 2012 EMASESA aportó el correspondiente informe, señalando, amén de otras cuestiones, lo siguiente:

– Que la vivienda en cuestión contaba con suministro contratado a nombre de (...).

– Que en marzo de 2009 se modificó la domiciliación bancaria del contrato, siendo la promotora de la queja la titular de la nueva cuenta.

– Que desde que entró en vigor el nuevo modelo de facturación, en enero de 2010, y a efectos de aplicación de las tarifas, se reconocieron al suministro en cuestión 7 habitantes.

– Que los datos citados fueron actualizados sucesivamente, resultando que en agosto de 2012 se pasó de 7 habitantes a 3. Asimismo, en junio de 2011 no se pudo realizar cruce de datos con el padrón municipal, por lo que se eliminaron los habitantes reconocidos hasta la fecha.

– Que en marzo de 2012 se efectuó el cambio de titular del suministro, reconociéndose a partir de entonces 4 habitantes en la vivienda.

IV. Por su parte, el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha aportado información sobre los hechos descritos, destacando entre la misma un certificado emitido por la Jefatura del Negociado de Estadística sobre el contenido del Padrón municipal, en lo referente al número de personas empadronadas en la vivienda sita en la calle (...) desde febrero de 2004.

Según el mencionado certificado:

– En enero de 2010, fecha en la que entró en vigor el actual sistema de tarificación, estaban empadronadas en la vivienda 4 personas.

– Dicha cifra no se ha visto alterada hasta el momento de la expedición del certificado.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar las siguientes 

CONSIDERACIONES

Única.- Necesidad de recálculo de las facturas giradas desde enero de 2010 hasta marzo de 2012.

Según ha podido constatar este Comisionado del Parlamento de Andalucía durante el desarrollo de las labores de supervisión que le han sido encomendadas por el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ha sido máxima la diligencia con la que EMASESA ha actuado en todo momento para hacer realidad la implantación de un nuevo sistema de tarificación del suministro domiciliario de agua potable en el que se tiene en cuenta el número de personas beneficiarias del preciado elemento.

En este sentido, nos consta la envergadura de los cambios operados en los sistemas de tarificación empleados y los esfuerzos realizados para atender todas y cada una de las demandas ciudadanas derivadas de la existencia de innumerables supuestos peculiares que merecen un análisis exhaustivo para lograr una solución justa.

No obstante lo anterior, tal diligencia y determinación no excluye que en determinados casos, y por motivos que con total seguridad resultan ajenos a la voluntad empresarial, se produzcan disfunciones o errores como los que, con apariencia, han acaecido en el presente supuesto.

En efecto, vista la información aportada por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, no parece existir margen de duda respecto al número de personas empadronadas en la vivienda titulada por la promotora de la queja desde que entrara en vigor el nuevo sistema de tarificación.

Así, desde enero de 2010 hasta la actualidad, en la mencionada vivienda han estado empadronadas 4 personas.

Por consiguiente, enjuiciamos como necesaria la realización de un recálculo en la facturación realizada desde enero de 2010 hasta marzo de 2012, que contemple esta realidad.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Al objeto de que, con la mayor brevedad posible, se efectúe por parte de EMASESA el recálculo de las facturas giradas desde enero de 2010 hasta marzo de 2012, en el que se tenga en cuenta que el número de personas empadronadas en la vivienda durante ese período era 4

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 11/4779 dirigida a Ayuntamiento de Garrucha (Almería)

ANTECEDENTES

I. Mediante escrito registrado de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía el día 12 de septiembre de 2011, una vecina de la localidad de Garrucha, (...), domiciliada en la calle (...), nos trasladaba las molestias que tanto ella como su familia venían sufriendo desde hacía un tiempo como consecuencia de los elevados niveles de ruido generados por una banda de música que diariamente ensaya, hasta las 23 horas, a poca distancia de su vivienda.

Asimismo, comentaba que había tratado de lograr una solución amistosa al conflicto comentándolo, en primera instancia, con la dirección de la citada banda, y en segunda instancia, con el Ayuntamiento de su localidad.

No obstante, tales intentos habían resultado infructuosos y las molestias se seguían sucediendo.

II. Tras acordar la admisión a trámite de la queja, esta Institución se dirigió al Ayuntamiento de Garrucha para solicitar la evacuación de informe sobre los hechos descritos.

III. En respuesta a nuestra petición, desde el Consistorio se nos indicó que existía una distancia considerable entre el lugar de ensayo y la vivienda de la afectada, por lo que la queja carecía de fundamento.

IV. De la mencionada respuesta se dio traslado a la parte promotora de la queja para que formulara las alegaciones y/o consideraciones que entendiese pertinentes.

No obstante, transcurrido un tiempo prudencial sin recibir respuesta a nuestro ofrecimiento, se entendió que la afectada ya no precisaba de nuestra intervención, por lo que se dieron por concluidas nuestras actuaciones.

V. Con posterioridad, la vecina afectada por los ruidos volvió a ponerse en contacto con esta Defensoría al objeto de informarnos sobre las causas por las que no pudo atender nuestra petición de alegaciones y/o consideraciones, manifestando igualmente su disconformidad con la respuesta facilitada por el Ayuntamiento de Garrucha e insistiendo en la problemática expuesta.

VI. Teniendo en cuenta las circunstancias expresadas por la afectada, esta Institución estimó oportuno reabrir el expediente de queja e interesar al Ayuntamiento la evacuación de un nuevo informe a través del cual se nos diese cuenta de los niveles de inmisión de ruido registrados en la vivienda de la afectada y de qué medidas adicionales iban a ser adoptadas por la Administración para garantizar la pacífica convivencia ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, presuntamente afectados.

VII. Recientemente, ha sido recibida respuesta del Ayuntamiento a través de la cual insiste en su alegato de inconsistencia de la queja, sin aportar más información sobre el particular.

De tal respuesta, esta Institución entiende posible deducir que desde la Administración local no se ha realizado comprobación alguna sobre los niveles de inmisión de ruidos registrados en la vivienda de la afectada y que no van a ser adoptadas medidas correctoras de ninguna clase.

En base a los antecedentes descritos, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes 

CONSIDERACIONES

Única.- Necesidad de compatibilizar derechos enfrentados.

En el curso de nuestra actividad supervisora, esta Institución ha podido constatar que desde hace tiempo en numerosos municipios andaluces se vienen generando controversias como consecuencia de las protestas de algunos vecinos por los elevados niveles de ruido generados por bandas de música durante sus ensayos.

A este respecto, nos parece importante reseñar que la existencia de tales bandas de música, no sólo forma parte de la tradición cultural de nuestros municipios, sino que constituye, además, un mecanismo de gran utilidad para el fomento de nuestras tradiciones y para el desarrollo cultural y musical de la ciudadanía. Todo ello, sin olvidar el especial papel que estas agrupaciones musicales desempeñan en relación con los más jóvenes, para los que suponen la posibilidad de acceder a una oferta de ocio que se presenta como alternativa a las actualmente imperantes en la sociedad, excesivamente centradas en el consumo de alcohol.

En este sentido, conviene recordar que el artículo 33 de nuestro Estatuto de Autonomía consagra como derecho de la ciudadanía «el acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas».

Asimismo, el citado Estatuto, en su artículo 37.1.18 declara como principio rector de las políticas públicas la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía.

En este sentido, cualquier actuación tendente a fomentar y preservar las bandas de música, como manifestación de la cultura popular andaluza y forma de ocio, merece nuestro apoyo y nuestro mas decidido aliento.

No obstante lo anterior, el respeto de tales derechos y el cumplimiento de tal principio rector no debería suponer necesariamente una afección negativa para otro derecho también reconocido en el Estatuto de Autonomía, como es el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de la necesaria paz y sosiego en la intimidad del domicilio familiar.

En este sentido, esta Institución tiene la plena convicción de que pueden resultar perfectamente compatibles el derecho a la intimidad personal y familiar y a disfrutar del medio ambiente, que invoca la parte promotora de la queja, con el derecho al desarrollo de las capacidades creativas y al acceso y disfrute de la cultura, que simboliza la banda de música.

De hecho, en esta Institución se han tramitado diversos expediente de queja que ponían de manifiesto idéntica colusión de derechos, habiéndose solventado finalmente los mismos a satisfacción de todas las partes implicadas al conseguirse que el derecho al descanso de los vecinos quedara garantizado, sin que ello supusiera el cese en las actividades de la banda de música.

En el caso que nos ocupa, creemos que podrían estudiarse diversas alternativas para encontrar una solución satisfactoria para todas las partes afectadas, entre las que cabría citar la realización de los ensayos en un local convenientemente insonorizado o en otro lugar del municipio en el que, con total certeza, no se vayan a producir afecciones a terceros.

No obstante, antes de adoptar medida alguna, creemos necesario -y legalmente obligatorio- comprobar el grado de afección acústica existente en la actualidad, para lo cual debería efectuarse una medición de ruidos en el domicilio afectado, en la forma y con los requisitos previstos en el actualmente vigente Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y que deroga el anterior Decreto 326/2003.

A este respecto debemos indicarle que según lo dispuesto en el artículo 55 de la norma reglamentaria actualmente vigente, «Las denuncias que se formulen por incumplimiento de las normas de calidad y prevención acústica darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes, con la realización de la inspección medioambiental, con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la incoación de un procedimiento sancionador a la persona responsable, notificándose a las personas denunciantes la iniciación o no del mismo, así como la resolución que recaiga, en su caso».

Tales inspecciones medioambientales deben ser efectuadas con los medios humanos y materiales necesarios y además, la valoración de los índices acústicos se determinará únicamente mediante mediciones, sin perjuicio de los cálculos que sea necesario realizar a partir de estas mediciones. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 del mencionado Decreto 6/2012.

 

No obstante lo anterior, y atendiendo a la información obrante en el presente expediente, en el supuesto objeto de análisis no parece que por parte del Ayuntamiento se haya efectuado inspección medioambiental en la forma requerida, a pesar de las denuncias existentes sobre los ruidos producidos por la banda de música y de que es el citado Ayuntamiento quien ostenta las competencias en la materia.

La ausencia de tales inspecciones acústicas impide, a juicio de esta Institución, que se pueda determinar de manera exhaustiva el grado de afección sonora existente y las medidas que, en su caso, deberían exigirse.

Por lo anterior y, en ejercicio de las facultades y atribuciones que a esta Institución confiere el Art. 29.1 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula a usted la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes normativos contenidos en los preceptos citados.

RECOMENDACIÓN concretada en lo siguiente:

- Llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, las labores de vigilancia e inspección previstas en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, a los efectos de poder constatar si los niveles de ruidos generados por la banda de música durante sus ensayos resultan adecuados con la normativa vigente.

- En su caso, adoptar cuantas medidas resulten oportunas para encontrar una solución que posibilite compatibilizar el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de la parte afectada, con el derecho a la promoción de la música, la cultura y las tradiciones populares, que simboliza la banda de música.

- En su caso, instar la redacción de instrumentos normativos a través de los cuales regular el desarrollo de este tipo de prácticas, al objeto de poder compatibilizar en el futuro los derechos aparentemente enfrentados.

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

Asociaciones de padres llevan a la Fiscalía la clausura de 28 aulas por la huelga de limpieza

Medio: 
La Voz de Cádiz
Fecha: 
Mar, 23/10/2012
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Asociaciones de padres llevan a la Fiscalía la clausura de 28 aulas por la huelga de limpieza

Denuncian incidencias en la atención a 'sin papeles' pese al compromiso de Salud

Medio: 
Málaga Hoy
Fecha: 
Sáb, 20/10/2012
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Chamizo remite a la Policía más quejas por las preferentes

Medio: 
El Correo de Andalucía
Fecha: 
Dom, 21/10/2012
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Chamizo remite a la Policía más quejas por las preferentes

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 12/5379 dirigida a Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Dirección General de Universidades, Universidades Públicas de Andalucía

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Las Universidades andaluzas y la Dirección General de Universidades aceptan las Resoluciones del Defensor del Pueblo Andaluz dictadas al objeto de solucionar los problemas de los estudiantes universitarios que obtienen becas de movilidad del programa Erasmus.

Dichas Resoluciones tenían por objeto que se regule la determinación de la cuantía de las ayudas adicionales ofrecidas; que se regule los requisitos de aprovechamiento que debe cumplir el alumnado becario; que se elabore un documento informativo que ofrezca al alumnado y a sus familias la información necesaria acerca del programa de intercambio, en particular por lo que se refiere al montante de las ayudas a percibir, los plazos y procedimiento de cobro y las Administraciones financiadoras; que se asuma un compromiso de financiación estable del programa, de largo alcance y se promueva la asunción de idéntico compromiso por parte de la Administración del Estado y la Unión Europea; y para que se module la cuantía de las ayudas adicionales concedidas al alumnado participante en el programa Erasmus en función de criterios de capacidad económica de la unidad familiar, sin limitar dicha modulación a la acreditación o no de la condición de becario del alumnado, y se promueva la asunción de idéntico compromiso por parte de la Administración del Estado y la Unión Europea.

10-10-2012 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Esta Institución viene recibiendo quejas de estudiantes universitarios que han obtenido becas de movilidad del programa Erasmus correspondientes al curso 2012-2013.

 Las quejas más acuciantes afectan a personas que ya se han desplazado y se encuentran cursando sus respectivos estudios en el extranjero, denunciando que no han recibido aún ayuda económica alguna, lo que podría suponer un incumplimiento de los plazos acordados en el momento de firmar el convenio regulador.

 Por otra parte, las quejas se refieren a la tardanza en la fijación de la ayuda complementaria que otorga la Junta de Andalucía, ya que habría generado cierta incertidumbre en el alumnado a la hora de tomar decisiones con incidencia económica. Dicho importe no se habría dado a conocer por la Dirección General de Universidades hasta el pasado 14 de septiembre, cuando en algunos casos ya habían tenido comienzo las estancias académicas y en muchos otros casos estarían a escasos días de su inicio.

 Respecto a la ayuda autonómica también se centran las quejas en la disminución del importe concedido respecto a cursos anteriores, especialmente en determinados grupos de países. Esta reducción de la ayuda podría suponer un incumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 3 de junio de 2008, por el que se determinó que la Junta de Andalucía complementaría las ayudas recibidas por la Unión Europea y el Ministerio competente, de manera que se alcanzase un mínimo de 600 € mensuales por cada alumno que participe en el programa Erasmus. Dicho complemento se habría de considerar adicional a los establecidos para los becarios MEC, de manera que dicho colectivo alcanzaría un mínimo de 900€.

 Esta situación podría estar afectando al alumnado de distintas Universidades públicas de Andalucía, aunque la incidencia puede ser diferente en función de cuales sean las disponibilidades de tesorería existentes en cada Universidad y en atención a cuales hayan sido los compromisos de pago asumidos por la Universidad con el alumnado beneficiario de la beca.

 Hemos de recordar que el curso pasado también se recibieron diversas quejas por problemas parecidos, fundamentalmente en cuanto a retrasos en los pagos a estudiantes, dando lugar a la tramitación de diversas quejas. Asimismo se tramitó queja de oficio ante la Dirección General de Universidades con objeto de que se nos indicasen las causas que motivarían el retraso en el pago de las becas y las previsiones existentes respecto del cumplimiento de los plazos de pago pendientes.

 La respuesta recibida puso de manifiesto que el pago de la ayuda correspondiente a la Junta de Andalucía se efectuaba mediante transferencias de financiación a favor de las Universidades. Para conciliar la disparidad temporal entre curso académico y ejercicio económico, dichas transferencias se liquidan a curso vencido y se anticipan para el curso siguiente en función de las disponibilidades presupuestarias anuales. En el caso de las becas correspondientes al curso 2011-2012, se habría transferido el anticipo suficiente para cubrir el año 2011.

 Con la información recabada dimos por concluida la tramitación de la queja, entendiendo que dependía de las distintas Universidades anticipar a sus estudiantes el importe de la ayuda dada la imposibilidad de determinar este importe en el momento de redacción de los presupuestos.

 En cualquier caso, nos pareció oportuno llamar la atención de la Dirección General de Universidades acerca de la necesidad de adoptar las medidas necesarias para evitar que las situaciones denunciadas pudieran repetirse en el futuro.

 En este sentido, entendemos que las operaciones presupuestarias y de transferencias financieras de los distintos organismos intervinientes, necesarias para dotar de contenido económico a las becas, no pueden suponer dejar a los estudiantes Erasmus en una precaria situación económica ni, por supuesto, plantear dichas becas como un reembolso de un dinero previamente invertido.

 Estimamos que esta respuesta vaciaría de contenido la propia virtualidad de las becas Erasmus, que posibilitan la movilidad estudiantil sin necesidad de contar con unos recursos económicos que respalden dicha actividad.

 Por los mismos motivos, consideramos que los hechos expuestos pueden suponer una merma del mandato contenido en el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y dirigido tanto al Gobierno como a las Comunidades Autónomas y las Universidades, para que fomenten la movilidad de estudiantes en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior «a través de programas de becas y ayudas y créditos al estudio o, en su caso, complementando los programas de becas y ayudas de la Unión Europea».

 Por todo ello, esta Institución ha considerado oportuno iniciar una actuación de oficio ante la Dirección General de Universidades y las nueve universidades públicas de Andalucía, con objeto de conocer el alcance del problema referido a las becas Erasmus 2012-2013 y proponer soluciones al mismo.

4-5-2015 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

En esta Institución se inició Actuación de Oficio referente a los problemas de los estudiantes universitarios que han obtenido becas de movilidad del programa Erasmus para el curso 2012-2013, relacionados con el importe de la ayuda complementaria que otorga la Junta de Andalucía a dicho programa y con el posible incumplimiento de los plazos de pago.

Con objeto de conocer el alcance del problema referido a las becas Erasmus 2012-2013 y proponer soluciones al mismo, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó informe a la Dirección General de Universidades y a la nueve Universidades Andaluzas.

En particular, solicitamos que se nos especificase la información relativa al importe total de la ayuda y a los plazos de pago que se habría facilitado a quienes se adjudicó la beca Erasmus para el curso 2012/2013.

Asimismo, solicitamos copia del modelo de convenio regulador de la estancia que se suscribe entre la Universidad y la persona becada.

Así, en respuesta a nuestra solicitud, se recibió informe de la Dirección General de Universidades en el que destacaba la decisión del Gobierno andaluz, derivada del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2008, de complementar las ayudas concedidas por la Unión Europea y el Ministerio de Educación con objeto de “evitar que la movilidad de los estudiantes andaluces se vea comprometida por la falta de recursos económicos”.

Destacaba el informe que la reducción gradual de las aportaciones de la UE y del Ministerio, tanto en cuantías por mes como en número de meses de movilidad, habría supuesto que, aún manteniendo la Junta de Andalucía íntegramente su aportación económica, la cuantía total recibida por alumno en el curso 2011/2012 fuese menor a la de cursos anteriores.

Según el citado informe, esta situación es la que habría justificado las decisiones adoptadas en septiembre de 2012, tras reunirse con representantes de todas las Universidades públicas de Andalucía y con representantes del alumnado, por la que se diferenciaba el montante total de la ayuda entregada por la Junta de Andalucía en función del un estándar de poder adquisitivo (EPA) del país de destino.

En la decisión se habría valorado en particular que la disminución de la ayuda estatal podría comprometer seriamente la movilidad en países con un estándar de poder adquisitivo (EPA) más elevado.

El informe señalaba que la propuesta habría sido presentada por las propias Universidades y por los alumnos, tras la constatación de situaciones de desigualdad entre alumnos que vivían holgadamente en países de más bajo EPA frente a quienes apenas alcanzaban el mínimo para mantenerse en países de alto EPA.

La Dirección General de Universidades, en todo caso, se comprometía a mantener el esfuerzo presupuestario para complementar las becas Erasmus, a pesar del difícil marco económico-financiero, “con el objetivo de optimizar el impacto positivo para mantener el creciente índice de movilidad internacional del alumnado universitario y apoyo tanto a los beneficiarios Erasmus como a sus familiares”.

Por su parte, los informes recibidos de las distintas Universidades andaluzas destacaban su papel como meras tramitadoras de las ayudas que ofrecían otras entidades, señalando en particular la responsabilidad de la propia Junta de Andalucía en relación con los posibles incumplimientos del Acuerdo de 3 de junio de 2008.

Las Universidades destacaban el problema generado por la incertidumbre acerca de las aportaciones finales de las distintas administraciones financiadoras del programa, lo que les dificultaba el determinar en las convocatorias correspondientes el compromiso de pago adquirido con los estudiantes y fijar las cantidades que deberían abonar a su alumnado antes de su partida.

En este sentido, las Universidades señalaban que venían adelantando el importe de las ayudas que otorgaban Unión Europea, Estado y Junta de Andalucía, con objeto de que los estudiantes pudieran atender sus necesidades de alojamiento y manutención, tomando siempre como referencia el compromiso asumido mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 3 de junio de 2008.

Esta decisión, según relataban, les originó graves problemas en el curso 2011/2012 al no alcanzar la aportación de los tres organismos las cuantías mínimas previstas en el citado Acuerdo, lo que habría llevado a algunas Universidades a asumir la diferencia con cargo a su propio presupuesto, pese a las dificultades económicas que estaban atravesando sus tesorerías, con el fin de no defraudar el compromiso asumido con los estudiantes en las correspondientes convocatorias.

La creciente falta de liquidez de las Universidades, que a su vez venía generada en una parte importante por la deuda que la Junta de Andalucía mantenía con las mismas, habría impedido, según explicaban los informes recibidos, que muchas de ellas adelantasen con fondos propios las ayudas para el curso 2012/2013, aunque si habrían ido abonando en los plazos convenidos las ayudas sobre las que les constase un compromiso de financiación concreto a cargo de los organismos competentes (Unión Europea y Junta de Andalucía).

A la vista de la información recibida, y tras una serie de consideraciones trasladadas a las Administraciones afectadas, el Defensor del Pueblo Andaluz formuló las siguientes Sugerencias:

SUGERENCIA 1. Que por la Consejería competente en materia de Universidades se asuma el compromiso de regular anualmente mediante la Orden correspondiente la determinación de la cuantía de las ayudas adicionales ofrecidas para cada curso académico por la Junta de Andalucía al alumnado participante en el programa Erasmus.

SUGERENCIA 2. Que por la Consejería competente en materia de Universidades se proceda sin mas dilación a regular los requisitos de aprovechamiento que debe cumplir el alumnado becario para poder recibir la financiación complementaria acordada por la Junta de Andalucía en el Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2013.

SUGERENCIA 3. Que por parte de las Universidades públicas de Andalucía, en colaboración con la Dirección General de Universidades se elabore un documento informativo sobre las becas Erasmus que, de forma clara y comprensible, ofrezca al alumnado y a sus familias la información necesaria acerca de dicho programa de intercambio, en particular por lo que se refiere al montante de las ayudas a percibir, los plazos y procedimiento de cobro y las Administraciones financiadoras.

SUGERENCIA 4. Qué por parte de la Junta de Andalucía se asuma un compromiso de financiación estable del programa Erasmus que alcance varios años y se promueva la asunción de idéntico compromiso por parte de la Administración del Estado y la Unión Europea.

SUGERENCIA 5. Que por parte de la Junta de Andalucía se module la cuantía de las ayudas adicionales concedidas al alumnado participante en el programa Erasmus en función de criterios de capacidad económica de la unidad familiar, sin limitar dicha modulación a la acreditación o no de la condición de becario del alumnado, y se promueva la asunción de idéntico compromiso por parte de la Administración del Estado y la Unión Europea.

Pues bien, a la vista de las respuestas recibidas al efecto, consideramos que todos los organismos intervinientes muestran su total conformidad con el contenido de la Resolución formulada, aceptando las Sugerencias en que se concreta la misma. Por ello, se procede al cierre del expediente de queja.

Las Universidades andaluzas y la Dirección General de Universidades aceptan las Resoluciones del Defensor del Pueblo Andaluz dictadas al objeto de solucionar los problemas de los estudiantes universitarios que obtienen becas de movilidad del programa Erasmus.

Dichas Resoluciones tenían por objeto que se regule la determinación de la cuantía de las ayudas adicionales ofrecidas; que se regule los requisitos de aprovechamiento que debe cumplir el alumnado becario; que se elabore un documento informativo que ofrezca al alumnado y a sus familias la información necesaria acerca del programa de intercambio, en particular por lo que se refiere al montante de las ayudas a percibir, los plazos y procedimiento de cobro y las Administraciones financiadoras; que se asuma un compromiso de financiación estable del programa, de largo alcance y se promueva la asunción de idéntico compromiso por parte de la Administración del Estado y la Unión Europea; y para que se module la cuantía de las ayudas adicionales concedidas al alumnado participante en el programa Erasmus en función de criterios de capacidad económica de la unidad familiar, sin limitar dicha modulación a la acreditación o no de la condición de becario del alumnado, y se promueva la asunción de idéntico compromiso por parte de la Administración del Estado y la Unión Europea.

 

 

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 12/5385 dirigida a Ayuntamiento de Almería

Tras la actuación de oficio abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz por el retraso en la ejecución de obras del aparcamiento situado en la plaza Marín, de Almería, hemos conocido que estas obras se están ejecutando dentro del plazo previsto, incluso que las mismas ya están acabadas restando solamente las obras de urbanización de la zona.

Tras abrir el Defensor del Pueblo Andaluz una actuación de oficio cuando tuvo conocimiento de que la construcción del “parking” de la plaza Marín, en Almería, sumaba, entonces, un año y medio de retrasos y aún no había concluido el sótano 3, por lo que nos dirigimos al Ayuntamiento de Almería, que, finalmente, nos ha comunicado que las obras se están ejecutando dentro del plazo previsto, añadiendo que ya habían terminado, restando tan solo las obras de urbanización.

Así las cosas, tratándose de un problema que ha quedado resuelto, hemos dado por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 12/5396 dirigida a Ministerio del Interior, Subdelegación del Gobierno en Almería

Ha motivado que se inicie investigación de oficio por parte de esta Institución, la información que nos ha llegado en relación a un desalojo y derribo de chabolas en el asentamiento de Tierras de Almería, en El Ejido, el pasado mes de Septiembre.

Según noticias de prensa, y fotografías colgadas en internet, con fecha 26 de Septiembre de 2012 se procedió al desalojo y posterior derribo de unas 15 chabolas ocupadas por personas de nacionalidad extranjera.

En el desarrollo del mismo denuncian la forma en la que éste se llevó a cabo, sin haber podido recoger muchas familias sus enseres.

Según la versión de los afectados, fueron agredidos por agentes de la Guardia Civil, requiriendo atención sanitaria ante las lesiones provocadas por éstos.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 12/5600 dirigida a Ayuntamiento de Málaga

Para hacer constar que esta Institución, a través de los medios de comunicación, ha tenido conocimiento del grave y peligroso estado en el que se encuentra una escalera-pasarela en la Plaza Chiquito de la Calzada de Málaga, se trata de una situación que parece que se está prolongando en el tiempo ya que permanece así desde hace un mes.

A la vista de ello y dado el riesgo cierto que conlleva la situación en la que se encuentra esta infraestructura, hemos procedido a interesar informe al Ayuntamiento de Málaga para conocer la realidad de esta situación y, de ciertos los hechos, hemos interesado que, a la mayor brevedad posible, se adopten las medidas necesarias para subsanar estas deficiencias.

Según el art. 155, aptdo. 1, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, Ley 7/2002, de 17 de Diciembre), «Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones». Lógicamente, las Administraciones Públicas, como titulares de inmuebles, tienen que asumir idénticas obligaciones a las de cualquier propietario conforme, entre otros, a los arts. 1.1, 9.3 y 103.1 de la Constitución

CONCLUSIÓN

Fecha de conclusión: 18/12/2012

Tras dirigirnos al citado Ayuntamiento de Málaga, éste nos respondió, adjuntando documentación gráfica que lo acreditaba, que habían reparado satisfactoriamente, y dejado en perfecto uso, la escalera pasarela que motivó la incoación de oficio de este expediente de queja, con lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones al encontrarse el problema solucionado

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 10/6503 dirigida a Consejería de Salud y Bienestar Social

ANTECEDENTES

Esta Institución procedió a la apertura de la presente queja a instancia de la Asociación Española de Farmacia Social, que compareció exponiendo los peligros que para la salud de las usuarias podrían derivarse, a causa de los graves errores contenidos en el folleto de divulgación de la anticoncepción de urgencia, editado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en varios idiomas.

La Asociación reclamante en la presente queja, nos dirigió un escrito en el que discrepaba, por razones de salud pública, con las disposiciones informativas contenidas en el folleto editado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, titulado “anticoncepción de urgencia”.

Concretamente, la interesada señalaba que el folleto en cuestión contiene graves errores en relación con el uso de la píldora conocida vulgarmente como “del día después”, banalizando su consumo, contraviniendo con ello la bibliografía existente y la información contenida en el prospecto del medicamento, así como la información que al resto de los ciudadanos dirige el Ministerio de Sanidad. Lo que estimaba que era especialmente perjudicial respecto de la población inmigrante.

Como antecedentes contextuales, la Asociación Española de Farmacia Social comenzaba describiendo que el fármaco aludido es un compuesto de alta concentración de levonorgestrel, de libre dispensación farmacéutica y acceso desde el 28 de septiembre de 2009 y, por tanto, no sujeto a prescripción facultativa.

Esta ausencia de indicación médica previa, priva a la usuaria no solo de la información general, sino también de la particular relativa a la adecuación o conveniencia de la ingesta del producto en su caso concreto, así como de un dato crucial cual es el de la frecuencia de uso clínicamente admisible.

La carencia de control facultativo por las razones expuestas, que impide proporcionar individual y personalmente la información en cuestión, -necesaria para la seguridad y salud de la usuaria-, ha pretendido ser suplida y compensada a través de la difusión del folleto informativo de la Administración sanitaria. Finalidad que, alega la reclamante, no cumple el documento divulgado, al menos en el extremo referido a la frecuencia de uso del fármaco, al disponer que no hay un número máximo de veces en que puede tomarse la píldora, especificando que, en realidad, “podrías usarla cada vez que te hiciera falta”.

Aseveración contraria a lo determinado en sus respectivos prospectos por los laboratorios farmacéuticos que comercializan el medicamento, en los que se reseña que la administración reiterada dentro de un mismo ciclo menstrual está desaconsejada al aumentar el nivel hormonal de forma excesiva, pudiendo alterar de forma importante el ciclo menstrual.

En resumen, concluye la reclamante que puesto que conforme a la bibliografía científica no es posible asegurar que el uso repetido del fármaco en cuestión esté exento de riesgos y complicaciones y, dado que, como el mismo documento administrativo recoge, la píldora cumple una función limitada a método anticonceptivo de urgencia y, como tal, excepcional, la afirmación antedicha ha de ser eliminada, al divulgar un dato que, en el mejor de los casos, no está científicamente contrastado y que no puede ser contrarrestado o matizado por el facultativo.

Admitida a trámite la queja, por esta Defensoría se acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que lo evacuó alegando que el folleto publicado por la misma, no solo tiene por finalidad informar a la ciudadanía sobre el referido método de anticoncepción, sino que también constituye un material de apoyo para los profesionales que realizan una educación sanitaria integral y con perspectiva de género, habiéndose editado en diversos idiomas para permitir su accesibilidad a poblaciones de mayor riesgo.

En relación con la cuestión de fondo central, la informante explica que la píldora comercializada para la anticoncepción de urgencia (de 1.500 microgramos), “está desprovista de estrógenos y su uso repetido no plantea problemas de toxicidad”, basándose para ello en un documento de atención primaria del año 2010, en el que se afirma también que su “uso debe circunscribirse únicamente a aquellas situaciones de urgencia que lo requieran” y que “no se está haciendo un uso indiscriminado” de la misma; y en la hoja informativa de la Organización Mundial de la Salud, que dispone que la pauta de administración no presenta efectos secundarios serios ni duraderos.

Añade sin embargo la reclamada, que “hay numerosa evidencia científica en la bibliografía en la que se afirma que la libre dispensación, aún conllevando un aumento del uso de la anticoncepción de urgencia, no supone un abandono de otros métodos más eficaces, ni un aumento de las conductas de riesgo de los jóvenes”. Así como especifica que el folleto también indica que la anticoncepción de urgencia es un recurso de reserva, no siendo recomendable que se use como método anticonceptivo habitual, que se recomienda utilizar métodos anticonceptivos de forma planificada y que el preservativo es el único de dichos métodos que previene infecciones de transmisión sexual.

Dado traslado del referido informe a la reclamante, concluye la misma que, efectivamente, el folleto en discordia contiene información cierta, válida y contrastada, lo que no obsta a que la afirmación destacada sea científicamente errónea, insistiendo en la necesidad de su eliminación por las consecuencias y riesgos para la salud de las usuarias.

CONSIDERACIONES

1º.- Información del folleto de la Consejería de Salud sometida a examen:

No se discute ni examina en la presente queja la conveniencia de que la administración de la píldora anticonceptiva de urgencia esté sometida o no a prescripción facultativa, sino que, partiendo de dicha realidad, común en todo el Sistema Nacional de Salud, únicamente se analiza si la afirmación que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía divulga en su folleto informativo, sobre la reiteración o frecuencia posible de su uso, entraña o no un riesgo, real o potencial, respecto de las destinatarias de dicha información, es decir, sus usuarias.

El folleto tantas veces reiterado, tras definir qué es la anticoncepción de urgencia y su posología o dosis y forma de administración, formula la pregunta de su frecuencia de uso y la responde en los siguientes términos:

“¿Cuántas veces puedo tomarla?

No hay un número máximo. Podrías usarla cada vez que te hiciera falta.

Pero recuerda: Es un método de urgencia. No es recomendable que lo

                         uses como método anticonceptivo habitual.”

Ciertamente, el tríptico administrativo, se refiere a la posible frecuencia de uso de la píldora, utilizando el término “podrías”, (podrías usarla cada vez que te hiciera falta), que más tarde completa matizando que no es recomendable su uso como método anticonceptivo habitual.

Sin embargo, aún cuando esta forma verbal es menos rotunda que si se hubiese empleado la de “puedes”, el matiz posterior resulta poco eficaz por dos razones. Por una parte, porque el primer mensaje que recibe la destinataria es el de que es posible tomar la píldora siempre que la necesite (cuestión evidente, siendo libre su adquisición), es decir, que no existe peligro ni riesgo que obste a un uso reiterado de la misma en cada ocasión que sea preciso. Por otro lado, porque lo que a continuación se hace es simplemente desaconsejar su uso como medio anticonceptivo habitual, al tratarse de un método de urgencia, si bien sin especificar cuál es la razón que lo desaconseja, es decir, si de salud de la usuaria, de eficacia contraceptiva, o cualquier otra.

 2º.- Información científica disponible de los riesgos derivados de un uso abusivo:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, adscrita al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, publica en su página web la ficha técnica o prospecto de los dos fármacos que actualmente comercializan la píldora de anticoncepción de urgencia compuesta por levonorgestrel, Norlevo y Postinor, ambos de 1.500 microgramos por comprimido.

En los prospectos de ambos medicamentos, aprobados en septiembre de 2009, además de las indicaciones terapéuticas, posología y forma de administración, contraindicaciones, advertencias y otra información preceptiva, se contienen advertencias referidas a los riesgos derivados de un consumo no excepcional de la píldora. De este modo, tras especificar que la anticoncepción de urgencia es un método que debe utilizarse únicamente de forma ocasional, concretamente en situaciones de urgencia y nunca como un método anticonceptivo habitual, se justifica que ello es así, entre otras razones, porque “en el caso de consumo habitual existe el riesgo de sobrecarga hormonal y de aparición de problemas durante el ciclo que no son recomendables”; y, por otra parte, también se advierte de los peligros derivados del consumo, ingesta o administración reiterada de más de una vez dentro de un mismo ciclo menstrual, desaconsejándolo “debido a un aumento excesivo de hormonas en la mujer y a la posibilidad de alteraciones importantes en el ciclo”.

La Consejería de Salud argumentó, en cambio, que la píldora comercializada para la anticoncepción de urgencia (de 1.500 microgramos), “está desprovista de estrógenos y su uso repetido no plantea problemas de toxicidad”, basándose para ello en las siguientes fuentes:

-       Documento de atención primaria del año 2010, en el que se afirma también que el uso de la mentada píldora “debe circunscribirse únicamente a aquellas situaciones de urgencia que lo requieran” pero que, en todo caso, “no se está haciendo un uso indiscriminado” de la misma.

-       En la hoja informativa de la Organización Mundial de la Salud, que dispone que la pauta de administración no presenta efectos secundarios serios ni duraderos.

En suma, ninguno de los documentos citados por la Consejería de Salud se refiere el caso concreto que analizamos, es decir, no se pronuncian sobre si puede derivarse un riesgo para la salud de un uso repetido y, mucho menos, de un consumo abusivo; riesgo que sí concretan los prospectos de los fármacos que comercializan la píldora, en los términos transcritos.

Por su parte, como destaca la reclamante, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, indica en el informe de evaluación de medicamentos compuestos por el principio activo de esta píldora, que “los datos de seguridad recabados se refieren al uso de estos medicamentos en las condiciones que establece la ficha técnica, es decir, cuando se utilizan como método ocasional a las dosis recomendadas”.

3º.- Datos estadísticos sobre su consumo en las actuales condiciones de libre dispensación:

En septiembre de 2011 se publicaron los resultados del estudio poblacional sobre uso y opinión de la píldora objeto de esta queja, promovida por la Sociedad española de contracepción y realizado por la entidad Sigmadós, del que resultó que el 33,3% de las mujeres entre 14 y 50 años considera que este fármaco es un método anticonceptivo habitual y que el 53,4% cree que es abortiva.

En las fechas actuales acaban de ser publicados los datos estadísticos referidos al consumo de la píldora anticonceptiva de urgencia en el ámbito nacional, conforme a los cuales, desde la vigencia de su libre dispensación se ha producido un incremento notable de su uso. Específicamente revelan estos datos cuantitativos que se ha doblado su consumo pasando de 30.000 a 60.000 unidades mensuales.

La propia Administración reclamada en esta queja, reconoce que “hay numerosa evidencia científica en la bibliografía en la que se afirma que la libre dispensación, aún conllevando un aumento del uso de la anticoncepción de urgencia, no supone un abandono de otros métodos más eficaces, ni un aumento de las conductas de riesgo de los jóvenes”.

De este modo, si ponemos en relación el hecho objetivo de que la libre dispensación lleva aparejado el incremento del consumo, con el dato científico de los riesgos y problemas que resultarían de un consumo habitual, abusivo y/o reiterado dentro de un mismo ciclo menstrual, hemos de concluir en la conveniencia de que la información que se transmita a la usuaria por la Administración responsable, sea no solo clara e inequívoca, sino que evite afirmaciones basadas en meras posibilidades (“podrías”) que induzcan a la usuaria a error o provoquen un consumo del producto en condiciones de causar perjuicio a su salud; y, en todo caso, es exigible que no realice afirmaciones carentes de un sustento científico inequívoco.

Por lo demás, a efectos meramente dialécticos, sobre la base de las cifras de consumo antedichas, estimamos cuestionable que un aumento tan notable del uso de la anticoncepción de urgencia, no conlleve una disminución correlativa del uso de otros métodos anticonceptivos más eficaces o, al menos, una relajación en la forma de aplicación de los mismos, ya que de otro modo, no se entiende la razón del incremento.

4º.- Información divulgada en otras Comunidades Autónomas:

Entre las campañas de divulgación puestas en práctica en otras Comunidades Autónomas, a título de mera ejemplificación, hemos accedido a la información que se difunde en la de Madrid y en la de Cantabria, que en el punto concreto que examinamos se manifiestan, respectivamente, en los siguientes términos:

- Comunidad Autónoma de Madrid: http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1161769234718&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329829929

No hay contraindicaciones salvo en mujeres con insuficiencia hepática grave, pero hay que tener presente que no es un método anticonceptivo habitual, sólo se utiliza en situaciones de emergencia y no se recomienda su uso frecuente ni su abuso, ya que se desconoce si en esta situación puede tener efectos secundarios”.

- Comunidad Autónoma de Cantabria: http://www.saludcantabria.es/uploads/pdf/profesionales/Postcoital%201%20comprimido%20(2).pdf

     “NO OLVIDES QUE LA PÍLDORA POSTCOITAL: Es un método de EMERGENCIA. No debe utilizarse como método anticonceptivo habitual”.

En resumen, en otras Comunidades Autónomas se difunde información que, o bien advierte de que pueden producirse efectos perjudiciales para la salud por un uso frecuente y/o por un abuso (caso de Madrid), o bien se elude este punto porque se reseña, incluso en mayúsculas, que se trata de un método no ya de urgencia, sino incluso de emergencia (término que se emplea tanto en el caso de la Administración madrileña como en el de la cántabra). En ninguna de las comunidades autónomas cuya información ha sido expuesta de forma ejemplificativa, se afirma que la píldora pudiera ser usada cada vez que a la usuaria le hiciera falta recurrir a ella, como ocurre en la andaluza, siendo ello aún menos prudente cuando dicha posibilidad de uso recurrente no va acompañada de las advertencias oportunas.

5º.- Análisis conjunto:

Como ha quedado determinado, los prospectos de las dos formas comerciales de la píldora, reconocen los riesgos derivados de un consumo no excepcional de la misma que, por tanto, existen, conforme a la máxima general de que nada es malo aplicado a su necesidad y en su justa medida.

La posibilidad de riesgos es asumida por la Administración competente en materia sanitaria de otras Comunidades Autónomas, que, como se ha expuesto, advierten de los mismos y/o se refieren a la anticoncepción de urgencia como un método de “emergencia”.

Desde la vigencia de su libre dispensación se ha producido un incremento notable de su uso, aunque, no obstante, desconocemos qué incidencias pueden haberse detectado en la salud de las usuarias tras este incremento, dado que no hemos podido acceder a estudios que traten esta cuestión ni sabemos si existen.

Independientemente del porcentaje de usuarias que hagan un uso indebido de la píldora, empleándola como método anticonceptivo habitual y no de urgencia como es, consideramos que la ausencia de un previo control, evaluación y prescripción médica del fármaco, obligan a la Administración sanitaria a extremar las precauciones en aras de evitar posibles riesgos y convierten en imprescindible el guardar un escrupuloso rigor con los términos de la información divulgativa genérica que se facilita, máxime cuando se proporciona también a población no autóctona y cuando entre sus destinatarias se encuentran adolescentes, mujeres menores de edad, en pleno proceso de formación y educación sexual y reproductiva.

En la práctica habitual, el farmacéutico ha asumido el compromiso de informar debidamente a las usuarias que demandan el fármaco que examinamos, así como, -al menos en nuestra Comunidad Autónoma- entrega al propio tiempo el folleto divulgado por la Consejería de Salud, razón por la cual consideramos importante la exactitud de su contenido.

Es deber de la Administración sanitaria andaluza la educación para la salud en los términos en que la define la Ley de Salud Pública de Andalucía 16/2011, de 23 de diciembre, es decir, el promover las “actuaciones encaminadas al conocimiento, aprendizaje y desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad”.

Conviene esta Defensoría en que el folleto de divulgación de la anticoncepción de urgencia editado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, contiene información útil y acertada, dirigida a fomentar la finalidad antedicha, es decir, a educar a la población destinataria de su contenido. Ello no obsta a que, por las razones explicadas en el cuerpo de esta resolución, estimemos que la afirmación referida a la posible frecuencia o reiteración en el uso de la píldora cada vez que a la destinataria le haga falta, sin hacer advertencia de los riesgos expresados en los prospectos de sus presentaciones comerciales, induce a la usuaria a error, omite una información esencial y la expone a un riesgo incierto sin que la afectada pueda decidir si acepta correrlo.

En este último sentido, aunque sea a título de mera aplicación y referencia analógica, no debe vedarse a las usuarias la prestación de un consentimiento informado cuando se trata de autodeterminar por sí mismas la conveniencia de ingerir adecuadamente un fármaco con posibles riesgos. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, regula, -aunque en ámbito distinto-, el derecho a la información asistencial y al consentimiento informado, del que podemos extraer la necesidad de que las usuarias puedan conocer toda la información disponible, debiendo ser dicha información verdadera y facilitarse a la destinataria de forma comprensible y adecuada a sus necesidades, con la finalidad de ayudarla, valorados los riesgos y opciones, a tomar la decisión oportuna de acuerdo con su propia y libre voluntad (artículos 4 y 8).

Abundando en lo anterior, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, recoge entre los principios generales de organización y funcionamiento de la misma, de la que forma parte la Administración competente en materia sanitaria, el principio de buena administración (artículo 3), que comprende el derecho de la ciudadanía a obtener información veraz.

Por todo ello, consideramos que el folleto debe ser modificado o completado su contenido, en los términos alegados por la reclamante.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA a la Consejería de Salud y Bienestar Social:

Que incorpore al folleto rubricado “Anticoncepción de urgencia”, las cautelas contenidas en la ficha técnica a que se refieren  los fármacos que comercializan la píldora, referidas a la frecuencia de uso de la misma, uso abusivo y administración reiterada en más de una ocasión dentro de un mismo ciclo menstrual.

Según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, la autoridad a la que se dirige la Resolución viene obligada a responder por escrito en término no superior a un mes, comunicando la adopción de las medidas adecuadas en el sentido que se recoge en la Resolución dictada o, en su caso, las razones que le impidan adoptar tal decisión.

Igualmente, el artículo 29.2 de la Ley citada establece que el Defensor del Pueblo Andaluz podrá incluir el caso en el Informe Anual al Parlamento ante la falta de información de las razones que impiden adoptar las medias expuestas por el Defensor o en aquellos supuestos en que el Defensor del Pueblo Andaluz considere que era posible una solución positiva y ésta no se hubiera conseguido

José Chamizo de la Rubia<br/> Defensor del Pueblo Andaluz en funciones

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