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El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bormujos que, sin más demoras, se pronuncie, de forma definitiva y motivada, sobre la petición de que sea reparado el defecto constructivo existente en el inmueble colindante al de propiedad del reclamante, toda vez que el mismo fue promovido por parte municipal y, en consecuencia, considera que debe asumir su arreglo.

ANTECEDENTES

La queja venía motivada por el hecho de que, desde un inmueble promovido por iniciativa municipal, se encontraban canalizadas las aguas pluviales sobre otro propiedad del interesado, al que se le ocasionaban perjuicios.

1.- El reclamante nos exponía que, sobre su casa, vierte sus aguas otra colindante que fue promovida por el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), añadiendo que esta situación se remonta muchos años atrás y que otras corporaciones intentaron solucionarlo pero los medios técnicos no fueros los adecuados. Por ello, señalaba que había recurrido a la actual Corporación Municipal y que, tras reiteradas respuestas y un gran tiempo trascurrido, le fue concedida una entrevista con la Alcaldía-Presidencia, donde se comentó la situación, pero que desde entonces permanecía un total silencio como respuesta.

2.- Tras nuestro escrito inicial, el Ayuntamiento nos remitió los informes elaborados por el Arquitecto y el Secretario en torno al problema que afecta al reclamante. En síntesis, el primero señalaba que se trata de un problema jurídico-privado a dilucidar ante la jurisdicción civil entre el interesado y el propietario del inmueble desde cuya cubierta se vierten aguas sobre su inmueble. En cuanto al Secretario Municipal señalaba que si existe algún defecto constructivo en el inmueble colindante al del afectado deberá plantearse por el propietario del mismo ante el órgano competente en materia de protección oficial de la administración autonómica si se encuentra en plazo para ello. En todo caso, se rechazaba cualquier responsabilidad municipal en los perjuicios que padece la vivienda.

3.- Pues bien, el reclamante, con respecto a este posicionamiento municipal, nos manifestó en nuevo escrito que era preciso aclarar que la vivienda desde la que se vierten aguas a su inmueble era otra de la que se señalaba por parte del Arquitecto Municipal y nuevamente exponía que el problema quedaría solucionado con la adecuada colocación de una canaleta. Consideraba que el hecho de que, con anterioridad, aunque de manera infructuosa, el Ayuntamiento intentara arreglar en dos ocasiones el problema y que reconozca su condición de promotor de estas viviendas de protección oficial viene a constatar que el problema tiene su origen en una mala solución técnica y constructiva, como el propio Arquitecto Municipal exponía.

4.- Dadas estas circunstancias -aunque resultaba evidente que habían transcurrido los plazos para formular una reclamación contra ese Ayuntamiento, en su condición de promotor de esta promoción, al amparo de la normativa de viviendas de protección oficial-, ante la persistencia del problema desde la misma entrega de las viviendas, en febrero de 2017 le trasladamos la petición del afectado de que se estudiara asumir su responsabilidad en el origen del problema constructivo que ocasiona el vertido de estas aguas y procediera a su arreglo, ya que una solución adecuada cuando se detectó el problema hace ya varios años hubiera podido evitar el problema creado.

5.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, en abril y mayo de 2017, pero ello no ha motivado que nos haya sido remitida la misma, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado octubre de 2017. Ello ha determinado que, a pesar de nuestras gestiones, sigamos ignorando si ese Ayuntamiento se reitera en su ausencia de responsabilidad en cuanto al defecto constructivo que origina problemas al inmueble del interesado o, por el contrario, tiene previsto acceder a la petición del afectado y colocar la canaleta que demanda.

CONSIDERACIONES

Primera.- Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía está incurriendo en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Tercera.- En el presente caso, el silencio de ese Ayuntamiento propicia, en definitiva y como antes indicábamos, que ignoremos si ese Ayuntamiento se reitera en su ausencia de responsabilidad en cuanto al defecto constructivo que origina problemas al inmueble del interesado o, por el contrario, tiene previsto acceder a su petición y colocar la canaleta que demanda, puesto que el origen del problema, siempre según el afectado, radica en el defecto constructivo de un inmueble promovido en su día por ese Ayuntamiento.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

RECOMENDACIÓN de que, sin nuevas demoras, esa Alcaldía se pronuncie de forma definitiva y motivada sobre la petición formulada por el reclamante para que sea reparado el defecto constructivo existente en el inmueble colindante al de su propiedad, toda vez que el mismo fue promovido por parte municipal y, en consecuencia, considera que debe asumir su arreglo.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula recordatorio a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Puerto Real de la normativa sobre accesibilidad, recomendándole que, en cumplimiento de la misma, se requiera al titular de la actividad de autoescuela la implantación de aquellas ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del mismo reglamento que sean adecuadas para mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, siempre y cuando quede suficientemente justificado que la observancia estricta de la normativa de accesibilidad resulta inviable en el inmueble en cuestión.

ANTECEDENTES

Acudió a esta Institución una asociación local de personas con discapacidad de Puerto Real (Cádiz) planteando los problemas de accesibilidad que presentaba el edificio en el que una autoescuela daba sus clases, en el citado municipio.

1.- En octubre de 2016, la asociación reclamante nos exponía que, en el mes de mazo anterior, se personó en el expediente de Licencia de Apertura relativo al local situado en … destinado a Autoescuela, a consecuencia de haber detectado el incumplimiento de la actual normativa reguladora de accesibilidad en los edificios, contenida en el Decreto 293/2009, de 7 de Julio. También se indicaba que dicho local se encontraba adaptado anteriormente a esta actividad y su acceso era mediante rampa. Añadía que, por parte de la propiedad del local se solicitó licencia para realizar obras de eliminación de la rampa de acceso y para la colocación en lugar de ésta de un escalón en el acceso al local.

2.- La asociación, una vez comprobada la falta de accesibilidad al local, interpuso denuncia ante el Ayuntamiento poniendo de manifiesto esta circunstancia. Y textualmente se indicaba en el escrito de queja:

“Después de varias reuniones con el Concejal de Urbanismo y Técnicos se consigue que el Ayuntamiento le requiera a la propietaria para que adecue el acceso al local a las normas de accesibilidad, a la cual se opone alegando que procedió a colocar el escalón atendiendo al requerimiento del propio Servicio de Licencias del Ayuntamiento. Finalmente con fecha del 26 de febrero del presente se notifica a la asociación Decreto en el que se indica que no procede la adaptación del acceso al local por entender el técnico que informa que queda justificada la instalación de dicho escalón por reducción de trabas administrativa y por imposibilidad manifiesta de la adecuación del local por la complejidad anteriormente comentada.

Ante este desacuerdo por parte de la entidad se procede a realizar petición de informe jurídico y técnico en los que se constata tanto en uno como en el otro que es perfectamente viable la realización del acceso cumpliendo con la normativa vigente sin que se pueda acoger a ninguna de las excepciones contempladas en la norma para la falta de cumplimiento estricto de esta.”

3.- Después de varios escritos remitidos al ayuntamiento por esta Institución no ha sido hasta noviembre de 2017, un año después de nuestra petición de informe inicial, cuando se nos ha remitido Informe Jurídico del Área de Urbanismo en el que, tras exponer algunos antecedentes del asunto, se defiende en síntesis que la accesibilidad es harto complicada dada su fisonomía y la propia configuración del local, añadiendo que la ejecución de la rampa haría impracticable el inmueble, llegando incluso a tener que modificar la situación del aseo adaptado que se encuentra ejecutado. Por ello, se alude a criterios de proporcionalidad para permitir que la actividad se siga desarrollando en las condiciones actuales y no gravar tan severamente a quien ha puesto en marcha esta actividad mercantil.

CONSIDERACIONES

Primera.- La Disposición adicional primera del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, regula los supuestos en que, excepcionalmente, podrán otorgarse licencias o autorizaciones sin cumplir con los requisitos reglamentarios cuando concurran circunstancias tales como que la condiciones físicas de la propia construcción imposibiliten el total cumplimiento de la norma, excepción a la que parece remitirse el Informe Jurídico del Área de Urbanismo.

No obstante, el apartado 2 de la citada Disposición adicional primera, regula el procedimiento que habrá de seguirse para otorgar dicha autorización excepcional y no nos consta que dicho procedimiento haya sido cumplimentado en el presente caso, al no mencionarse la memoria técnica que justifique los incumplimientos, ni las soluciones a adoptar, ni todo ello se aprecia en el permiso de apertura otorgado por ese Ayuntamiento.

Segunda.- Y lo que es más importante, no tenemos tampoco constancia alguna de que, en cumplimiento del apartado 3 de la Disposición adicional primera del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, se hayan mejorado las condiciones de accesibilidad preexistentes, ni de que se hayan dispuesto alguna de las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 de este Reglamento, incluyendo las mismas en el proyecto.

Tercera.- Por último, lo que no parece de recibo es que precisamente un local que se abre mediante declaración responsable en Abril de 2015, durante la plena vigencia de esta normativa, sea dedicado a una actividad abierta al público y que no sea accesible. Si el local no resultaba adecuado, debido a sus características, para que la actividad de autoescuela se desarrollara con normalidad al no ser accesible para las personas con discapacidad, debería haberse iniciado la actividad en otro inmueble. No cabe hablar en este caso de circunstancias sobrevenidas, sino que se inicia la actividad con plena conciencia de que no era posible su plena adaptación debido a las características del local.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber legal de observar la Disposición adicional primera del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

RECOMENDACIÓN de que, en cumplimiento del citado precepto, se requiera al titular de la actividad de autoescuela la implantación de aquellas ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del mismo reglamento que sean adecuadas para mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, siempre y cuando quede suficientemente justificado que la observancia estricta de la normativa de accesibilidad resulta inviable en el inmueble en cuestión.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras recordar a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Almería su deber de colaboración y que la actividad administrativa debe regirse por los principios constitucionales y estatutarios de eficacia, eficiencia, servicio a la ciudadanía, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, le ha recomendado que dé respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos y recursos de la interesada, informando de ello a esta Institución.

ANTECEDENTES

1.- En esta Institución venía tramitando queja motivada por la disconformidad de la afectada con un expediente sancionador de tráfico que le fue incoado por el Ayuntamiento de Almería y el posterior embargo en cuenta corriente de la pensión por discapacidad que percibe. La reclamante. en agosto de 2016, nos exponía, textualmente, lo siguiente:

“Desde marzo del 2009 ando con muletas y no puedo coger coche, como tenía coche en el momento de la operación decidí venderlo para no tener que pagar seguro innecesariamente que con la IT tampoco podía permitirme, en fin vendí el coche, hice un contrato de compra y venta y el nuevo propietario no puso el coche a su nombre. En cuanto me enteré que no había procedido a cambiar el vehículo de propietario fui a la DGT de Almería para darle de baja. Ellos me convencieron que no era necesario que era suficiente hacer copia del contrato y lo pondrían al nuevo titular.

En fin así lo hice. El 20 de abril del 2012 le pusieron una multa al coche que yo había vendido el 28 de julio del 2011. El Ayuntamiento de Almería me embargó por primera vez el 10 de agosto del 2015 y de ahí 3 veces más. Le escribí al Ayuntamiento (adjunto copia la carta) e hicieron caso omiso. En primer lugar dice la DGT que con mi justificante de cambio de titular deberían cobrarle la multa al nuevo propietario y en segundo lugar recibo una pensión de 395,40 euros mensuales que según ley no es embargable.

Redacté un recurso al cual todavía no recibí respuesta. Me volvieron a embargar mi cuenta corriente el 6 de julio del 2016.”

2.- Dado que nuestra petición de informe al Ayuntamiento no fue debidamente atendida, nos vimos obligados a reiterarla en noviembre y diciembre de 2016, sin que obtuviéramos su preceptiva respuesta a pesar de haber mantenido una conversación telefónica con tal finalidad con personal del Ayuntamiento en marzo de 2017.

3.- Ante tal situación, con fecha de mayo de 2017, recordamos al Ayuntamiento (como ya se le hacía saber en anteriores escritos) que el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, señala que los poderes públicos están obligados «a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor el Pueblo Andaluz en su investigaciones e inspecciones», del mismo modo que el artículo 18.1 obliga a que «en el plazo máximo de quince días se remita informe escrito».

Pero tampoco ello sirvió para obtener su colaboración pese a otra nueva llamada telefónica realizada en septiembre de 2017.

4.- En resumen, han transcurrido casi dos años desde nuestra petición de informe inicial y ese Ayuntamiento no ha atendido la misma a pesar de nuestros escritos y gestiones telefónicas, privándonos de conocer si está ejerciendo debidamente sus competencias en materia de disciplina vial y si se ha producido un embargo no ajustado a derecho de la pensión por discapacidad de la afectada.

CONSIDERACIONES

Primera.- Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía está incurriendo en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Tercera.- En el presente caso, el silencio de ese Ayuntamiento propicia que ignoremos su posicionamiento acerca de las consideraciones de la afectada en el sentido de que se habrían producido diversas irregularidades en el expediente sancionador de tráfico que suscita su disconformidad y en el posterior embargo de sus ingresos por pensión.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

RECOMENDACIÓN consistente en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos y recursos de la interesada, informando de ello a esta Institución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras recordar a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alcalá del Río su deber de colaboración y que la actividad administrativa debe regirse por los principios constitucionales y estatutarios de eficacia, eficiencia, servicio a la ciudadanía, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, le ha recomendado que, en caso de que aún no se haya hecho por los servicios técnicos municipales, se inspeccione sin demora la situación del inmueble denunciado y, en caso de resultar procedente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 155 y 158 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se remita a la propiedad una orden de ejecución con objeto de que pase a encontrarse en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.

ANTECEDENTES

En su escrito de queja, el Secretario-Administrador de la comunidad de propietarios denunciaba los perjuicios que estaba ocasionando a su edificio el estado ruinoso de un inmueble y la pasividad del Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla) ante dicha situación.

1.- El Secretario-Administrador, en representación de la comunidad de propietarios nos exponía, en agosto de 2016, que el edificio colindante se encontraba en estado ruinoso y estaba ocasionando peligro, daños y perjuicios a los inmuebles anejos, dándose además la circunstancia de tener techos contaminantes de uralita.

Añadía que había puesto esta situación en conocimiento del Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla) sin que se hubieran dispuesto las medidas procedentes para que los titulares del inmueble ruinoso adopten las medidas exigidas por la legislación urbanística.

2.- Dado que nuestra petición de informe al citado Ayuntamiento no fue debidamente atendida, nos vimos obligados a reiterarla en noviembre y diciembre de 2016, sin que obtuviéramos su preceptiva respuesta a pesar de haber mantenido una conversación telefónica con tal finalidad con personal del Ayuntamiento en febrero de 2017.

3.- Ante tal situación, en abril de 2017, recordamos a ese Ayuntamiento (como ya se le hacía saber en anteriores escritos) que el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, señala que los poderes públicos están obligados «a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor el Pueblo Andaluz en su investigaciones e inspecciones», del mismo modo que el artículo 18.1 obliga a que «en el plazo máximo de quince días se remita informe escrito».

Pero tampoco ello sirvió para obtener su colaboración pese a otra nueva llamada telefónica realizada en junio de 2017.

4.- En resumen, han transcurrido casi dos años desde nuestra petición de informe inicial y el Ayuntamiento no ha atendido la misma a pesar de nuestros escritos y gestiones telefónicas, privándonos de conocer si está ejerciendo debidamente sus competencias en materia de disciplina urbanística con objeto de que la propiedad del inmueble en mal estado, lo mantenga en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.

CONSIDERACIONES

Primera.- Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía está incurriendo en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Tercera.- En el presente caso, el silencio de ese Ayuntamiento propicia que ignoremos qué medidas concretas pueda tener previstas o haya llevado a cabo para ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística en este asunto. Por ello, nos encontramos ante una presunta inobservancia de lo dispuesto en el artículo 155 y 158 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que regulan el deber de los propietarios de mantener los terrenos, construcciones y edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato y el deber de los municipios de dictar las consiguientes órdenes de ejecución de obras de reparación.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

RECOMENDACIÓN de que, en el caso de que ello no se haya llevado a cabo aún, por parte de los Servicios Técnicos municipales se inspeccione sin demora la situación del inmueble en cuestión y, en caso de resultar procedente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 155 y 158 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se remita a la propiedad una orden de ejecución con objeto de que pase a encontrarse en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra Recomendación de que, sin nuevas demoras, se aclare el régimen de utilización del espacio público que forma la plaza existente en la calle Telmo Maqueda y, en base al mismo, se regule su uso de forma ajustada a lo dispuesto en la legislación de bienes de las entidades locales de Andalucía, informando expresamente y por escrito a la afectada de las cuestiones sobre este asunto por las que, de forma infructuosa, hasta la fecha ha venido interesándose.

ANTECEDENTES

La interesada, en su escrito de queja, mostraba su disconformidad por la ocupación como parking a favor de algunos vecinos de un espacio público, donde se encuentra el edificio de los servicios sociales municipales.

1.- La reclamante nos exponía que en abril de 2016 presentó solicitud en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, en relación con la existencia de una verja de acceso a la plaza ubicada en la calle Telmo Maqueda, donde se ubica el edificio de los servicios sociales municipales, que se cierra por la noche impidiendo que se puedan aparcar vehículos en horario nocturno por parte de cualquier vecino de la zona.

Según la interesada, algunos propietarios de casas o pisos con acceso a dicha plaza poseen llave de la citada verja, por lo que pueden acceder a ella durante la noche y estacionar libremente sus vehículos particulares. Añadía que, puesta en contacto con personal responsable de ese Ayuntamiento, se le manifestó que esa actuación era legal sobre la base de una utilización privativa del dominio público local.

Por todo ello, añade que solicitó a ese Ayuntamiento, sobre la base de lo establecido en los artículos 8 y 12 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se le facilitase copia del acuerdo o resolución emitido por el órgano competente en el que se hubiese acordado la utilización privativa del dominio público local, así como el número de vecinos o usuarios beneficiados con este acuerdo, así como que se le remitiera certificación del acta de la subasta o concurso celebrado para la utilización privativa del dominio público local y certificación de los ingresos anuales recibidos por parte municipal en el período de vigencia del acuerdo de dicha utilización privativa. Caso de no estar ya vigente dicho acuerdo o concesión administrativa, solicitaba la retirada inmediata de dicha verja para que se pudiera acceder libremente por todos los vecinos a dicha plaza en horario nocturno.

2.- Tras solicitar informe al Ayuntamiento, se nos indicó que se estaba gestionando el asunto para que, en un plazo no superior a un mes, se pudiera solucionar el problema, preferentemente permitiendo la posibilidad de que cada vecino que así lo desee pueda tener una llave para acceder a la plaza y de este modo poder aparcar su vehículo e, igualmente, salir a cualquier hora del día o de la noche. De la solución expresada por ese Ayuntamiento, informamos a la interesada, que reiteró su pretensión de que fueran respondidas por escrito sus peticiones de información en relación con el cierre de la plaza. Por ello, en enero de 2017, interesamos a ese Ayuntamiento que nos manifestara si podían verse atendidas de forma favorable las pretensiones de la afectada de dejar vía libre de acceso a la plaza por tratarse de un espacio público y de aclarar la forma en que fue regulado su uso hasta ese momento o, en caso contrario, en aras a la debida transparencia, nos indicara las causas por las que ello no se estime procedente. No creía que la solución de entregar una llave a determinados vecinos resulte asumible por lo que supone de privatización de un espacio público.

3.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información con fechas febrero y abril de 2017, pero ello no ha motivado que nos haya sido remitida la misma, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal en octubre de 2017. Ello ha determinado que, a pesar de nuestras gestiones, a esta fecha, ignoremos el régimen de uso de este espacio público y si ese Ayuntamiento ha dado adecuada respuesta a las reiteradas peticiones de información que, sobre este asunto, la afectada le ha formulado.

CONSIDERACIONES

Primera.- Debido a este silencio municipal, esa Alcaldía está incurriendo en incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- Debe tenerse presente que el artículo 103 de la Constitución Española determina que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia, y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En línea con el precepto constitucional citado, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su apartado 1 que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con, entre otros principios, el de eficacia, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Todo ello determina, en su conjunto, unos retrasos contrarios al principio de buena administración, previsto en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que comprende, entre otros, el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable de tiempo.

Tercera.- De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos. Bien es cierto que el artículo 29 de la misma Ley señala que dicha utilización puede adoptar la modalidad de uso común general o especial o un uso privativo. El uso común general se ejerce libremente, el uso común especial requiere licencia y el privativo requerirá el otorgamiento de concesión administrativa.

Pues bien, resulta que, a pesar de todas las solicitudes de la afectada y de nuestras gestiones, seguimos sin saber el régimen de utilización de este espacio público y, por consiguiente, la causa de que exista una verja de acceso al mismo que solamente pueden utilizar algunos vecinos.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 de los deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme a los cuales la actividad administrativa debe regirse por los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

RECORDATORIO 3 del deber legal de observar lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30 y siguientes de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que regulan el régimen de utilización de los bienes de dominio público.

RECOMENDACIÓN de que, sin nuevas demoras, por parte de esa Corporación Municipal se aclare el régimen de utilización de este espacio público y, en base al mismo, se regule su uso de forma ajustada a lo dispuesto en la legislación de bienes de las entidades locales de Andalucía, informando expresamente y por escrito a la afectada de las cuestiones sobre este asunto por las que, de forma infructuosa, hasta la fecha ha venido interesándose.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz