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La interesada exponía que se encontraba a la espera de la aprobación del Programa Individual de Atención de su hijo de 6 años, tras el reconocimiento de su Grado II de Dependencia Severa el 19 de septiembre de 2017. El 2 de noviembre de 2017 una trabajadora social de su Ayuntamiento realizó la valoración de los apoyos que necesitaba su hijo, proponiendo una prestación económica para poder sufragar los gastos de las terapias que recibía.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, se respondió que se estaba tramitando la resolución del PIA orientado a prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

Al mes nos confirmó la interesada que ya se había emitido la pertinente resolución por lo que, considerando aceptada la pretensión planteada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En su escrito de queja, la interesada nos indicaba que desde hacía un año estaba solicitando determinada documentación al Ayuntamiento de Los Corrales (Sevilla), sin obtener respuesta, a pesar de que había reiterado la petición en varias ocasiones.

Tras admitir a trámite la queja, el Ayuntamiento, en diversas respuestas que nos envió, consideraba que no tenía la condición de interesada respecto de la documentación que había solicitado, por lo que tuvimos que formular resolución al mismo.

Como respuesta a esta resolución, el Ayuntamiento nos dio cuenta de los diversos escritos presentados por la interesada señalando la situación judicial que subyace en este asunto y exponía que, a juicio municipal, en contraposición con lo expresado por esta Institución, no se ha ejercido la acción pública urbanística por la interesada en este caso, apelando a amplia documentación doctrinal que se nos transcribía. No obstante, pese a estas objeciones, se señala que vista nuestra Recomendación se le permitía el acceso a la información disponible en relación a la parcela concreta, requiriéndole para que concrete la información a la que pretende acceder.

Así las cosas, considerando que, pese a las objeciones expuestas, se ha manifestado la aceptación de nuestra Resolución y se pretendía facilitarle, en los términos indicados, el acceso a la información urbanística antes concretada a la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En su escrito de queja, el interesado manifestaba que presentó una reclamación contra un taller de reparación de vehículos, al parecer por la colocación de una pieza defectuosa, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Écija, pero no había obtenido respuesta alguna a la misma.

Tras dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos informó que había dado traslado de la hoja de reclamación del interesado al taller de reparación de vehículos, que no había respondido a la misma.

Ante la dificultad manifestada por el personal adscrito a la OMIC de llevar a cabo un seguimiento adecuado de los numerosos expedientes de reclamaciones y consultas que se registran en el año, el Ayuntamiento había implementado una base de datos informática para el departamento de Consumo que permita una mejor gestión de servicio, detectando los requerimientos que no sean atendidos por las empresas reclamadas, como era la situación de la reclamación del interesado. Dado que la herramienta informática estaba ya en funcionamiento, esperaba el Ayuntamiento que no se volviera a repetir esta situación.

Por tanto, dimos por concluidas nuestras actuaciones al entender que el problema estaba en vías de solución.

En esta Institución se tramita queja de oficio relativa al reconocimiento de antigüedad del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en situación de excedencia forzosa.

Con fecha 23 de julio de 2018 se formuló a la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Sugerencia: “Para que por ese Centro Directivo se cursen las Instrucciones necesarias en orden a que las solicitudes de reconocimiento de antigüedad, planteadas por el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en situación de excedencia forzosa, sean atendidas y su cómputo reconocido en los términos que correspondan, en orden a la efectividad de los beneficios que se deriven del marco legal o convencional de referencia”.

Con fecha 5 de octubre de 2018 la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública nos comunica que se acepta la Resolución dictada y que se procederá, no solo al cómputo sino también al reconocimiento de antigüedad durante la suspensión de la relación laboral.

Dado que la actuación llevada a cabo por la Dirección General de Infraestructura resultaba plenamente ajustada a derecho, y siendo previsible que en un plazo de tiempo no muy largo la interesada tuviera que abandonar la vivienda que ocupaba, sin título legítimo, junto a su hija menor, consideramos que era el Ayuntamiento de La Palma del Condado, en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de vivienda y en las de asistencia social, cuando se trataba de personas que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad, quién debería prestar el apoyo que necesitaba la interesada.

Por ello, en virtud del artículo 29 de nuestra ley reguladora, se formuló Resolución en el sentido de que por parte de los servicios sociales se realizase un seguimiento del caso de la interesada, para que llegado el momento en el que tuviera que abandonar la vivienda que ocupaba de forma irregular, se le pudiera ofrecer una alternativa habitacional digna. Asimismo se propuso que desde los servicios sociales se actuase en coordinación con la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda con la intención de causar el menor perjuicio a la interesada, y muy especialmente a su hija menor.

En su respuesta el Ayuntamiento confirmó que por parte de los servicios sociales se estaba realizando un seguimiento del caso, e incluso se le había prestado apoyo para poder inscribirse en el Registro de vivienda municipal, así como en la elaboración del recurso con las alegaciones realizadas ante la Consejería de Fomento y Vivienda, si bien existía por tal Consejería interés en que se determinase que hacer con ese grupo de viviendas y que pudieran disfrutarlas familias con necesidad. Si bien les manifestaron a todas las familias que siguieran viviendo en las casas mientras tanto.

La vivienda en que residía la interesada con su hija de cinco años era una de las que mejor acondicionada estaba, no pudiéndole en esos momentos ofrecer por parte del Ayuntamiento otro tipo de vivienda por carecer de ellas, ni existía ninguna promoción de la que pudiera beneficiarse. Por ello, afirmaba el Ayuntamiento, competía a ese organismo la legalización y mantenimiento de su situación actual.

En vista de lo anterior, consideramos que la resolución formulada había sido aceptada por el Ayuntamiento, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

En relación con escrito de queja presentado en esta Institución relativo a la falta de respuesta de la Administración al Recurso de Alzada presentado contra Resolución desestimando solicitud de inscripción en Registro de Artesanos de Andalucía y recibida respuesta a nuestra solicitud de informe de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en dicho informe la Administración nos indica que con fecha 25 de mayo pasado le fue notificada la resolución dictada en respuesta a su Recurso de Alzada formulado con fecha 25 de septiembre de 2017.

En la resolución desestimatoria recaída, se incluye -extractadamente- la siguiente argumentación y fundamentación jurídica:

“Examinada la documentación aportada por el recurrente tras requerimiento de 26 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se observa que las deficiencias no fueron subsanadas, quedando sin justificar determinados requisitos incluidos en el art. 9 del Decreto 475/2008, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Artesanos de Andalucía.

En concreto, no fue aportada nueva alta en el Impuesto de Actividades Económicas, ni informe de vida laboral actualizado, que atestigüe el ejercicio de actividad artesana, imprescindibles para la acreditación ante el Registro de Artesanos. Igualmente, no han quedado acreditados el cumplimiento de los "Requisitos para la inscripción” del art. 4.1.a) del citado Decreto 475/2008 . Por todo ello, y al no haber presentado el recurrente alegación alguna que desvirtúe la Resolución recurrida, no procede la inscripción.”

En consecuencia, dado que la presente queja se admitió a trámite únicamente a los efectos de romper el silencio administrativo existente a su recurso, le comunicamos que, a la vista de la información recibida, nos vemos obligados a dar por concluidas nuestras actuaciones en su expediente de queja.