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El interesado exponía que por Resolución de 19 de julio de 2016 a su madre le fue reconocida la Dependencia Severa en Grado II y tenía concedida plaza de una residencia desde octubre pasado, pero aún no les decían nada, salvo "que no hay plaza", cuando sabían por haber llamado a diferentes residencias, que sí tenían disponibles plazas públicas.

La situación era insostenible, su mujer tuvo que dejar su trabajo y él salía del suyo y pasaba a relevarla, por lo que tenían a sus hijas, menores, totalmente abandonadas, para poder cuidar a su madre.

El 6 de marzo de 2017 expusieron, viendo la no disponibilidad de plazas en su localidad, su interés en que se le concediera la plaza, en cualquier residencia de la provincia de Málaga e incluso de la provincia de Cádiz.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, se nos indicó que emitió el 19 de julio de 2016, resolución de reconocimiento de la situación de dependencia con un Grado II. Desde los Servicios Comunitarios correspondientes, se elaboró el PIA, en cuya propuesta se solicitó como servicio más adecuado el Servicio de Atención Residencial para Personas Mayores Asistidas, con ámbito provincial, dictándose la correspondiente resolución el 26 de Octubre de 2017.

Al haberse solucionado el asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La parte promotora de la queja exponía que en fecha 20 de abril de 2017, y al amparo de lo dispuesto en normativa de Transparencia, presentaron ante el Ayuntamiento de Sevilla escrito solicitando información sobre si los espacios reservados para el aparcamiento de cuadrillas de toreros en la calle Antonia Díaz, de esta ciudad, es una concesión municipal gratuita; sin que hubiera recibido una respuesta.

Interesados ante el Ayuntamiento de Sevilla, se nos informa de la respuesta dada a la parte promotora de la queja, en el sentido de que los días en los que existen eventos taurinos se instalan reservas de espacio a petición de la Policía Local, por lo que no es una concesión sino una instalación solicitada por un Servicio municipal.

Al parecer, según afirman, se ha intentado remitir notificación a la parte interesada varias veces sin que se haya podido practicar.

Dado que el asunto planteado ha quedado resuelto, damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

La Administración informa que el abono de las cantidades ha sido materializado y el pago de los importes de las ayudas se realizará a través del centro docente donde la alumna estuvo escolarizada.

La persona interesada expone que, pese al informe que en su día se emitió por parte de la Administración en relación a la beca de transporte que le había sido concedida, transcurridos nueve meses, aún no ha percibido la cantidad que le había correspondido.

La reclamante manifestaba que era madre de una niña de 10 años, a la que había criado yo sola sin ninguna ayuda. Se encontraba en situación de desempleo desde hacía ya tiempo y lo único que percibía era el salario social cada seis meses alternos. De manera que los meses que no cobraba, percibía cero ingresos.

Vivía de alquiler, por el que pagaba una renta de 325 euros mensuales, teniendo en cuenta que además tenía que atender los gastos de alimento y suministros básicos, no le alcanzaba para vivir. Pedía una vivienda digna donde poder criar a su hija. En el año 2015, fue incluida en la lista de solicitantes de vivienda en régimen de alquiler social.

En numerosas ocasiones había solicitado la ayuda de los servicios sociales para poder atender el pago de los gastos de alquiler, luz o agua. No obstante, se lo habían denegado, al parecer porque no se podía conceder esta subvención en dos ocasiones.

Solicitado informe al Ayuntamiento de Punta Umbría, se nos ratificó la precaria situación económica que afectaba a la interesada y su unidad familiar.

No obstante, se nos trasladó la imposibilidad de ofrecer a la interesada una vivienda protegida en régimen de alquiler o de alquiler con opción a compra, al ser éstas las dos opciones por ella solicitadas, dado que no existían viviendas vacantes en el municipio.

Asimismo, se apuntaba por esa corporación local como solución provisional, que por parte de los Servicios Sociales se tramitaran las ayudas económicas dirigidas al mantenimiento de la vivienda que en esos momentos ocupaba la interesada en régimen de arrendamiento libre, evitándose así un desahucio.

En vista de esta información, siendo consciente esta Institución de la escasez de viviendas protegidas y del elevado número de personas que engrosan las listas de solicitantes, y habiendo podido comprobar que por parte de los Servicios Sociales se había activado el protocolo para los casos de personas en situación de especial vulnerabilidad, habiéndose prestado a la interesada la ayuda puntual necesaria para atender sus necesidades básicas, consideramos que podría ser una solución provisional aceptable la propuesta que se formulaba desde el Ayuntamiento, en el sentido de colaborar en el mantenimiento del alquiler como alternativa para garantizar a la interesada un techo digno donde vivir hasta que pudiera adjudicársele por el procedimiento legalmente establecido la vivienda que tenía solicitada.

En consecuencia, con el propósito de garantizar el derecho a la vivienda que la legalidad vigente reconocía a la interesada, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de nuestra Ley reguladora, procedimos a formular al citado organismo Resolución en el sentido de que los servicios sociales realizasen con la urgencia requerida, las actuaciones que procedieran en aras a garantizar a la interesada el pago puntual del alquiler de su vivienda, hasta que pudiera adjudicársele una vivienda protegida a través del procedimiento legalmente establecido.

En su respuesta, el Ayuntamiento de Punta Umbría nos informó que desde los servicios sociales municipales se consideró procedente acceder a apoyar puntualmente a la presente familia y en concepto de cobertura de necesidades básicas, siempre que las condiciones socio-económicas familiares fuesen las que presentaba en la actualidad, y siempre que cumpliera las orientaciones marcadas en el proyecto de intervención social.

Considerando, pues, que la Resolución formulada había sido aceptada, dios por concluidas nuestras actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz formulaba Resolución ante el Ayuntamiento de Motril, por la que recomendaba dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada con fecha 15 de junio de 2016.

Mediante informe recibido al efecto, el Ayuntamiento acepta la Resolución formulada, y nos da traslado de la respuesta que con fecha 13 de febrero de 2018 ha remitido a la parte promotora de la queja, por lo que se procede al cierre del expediente.

Lo anterior, toda vez que según nos aclaraba el Ayuntamiento de Motril, no había dado una respuesta inmediata a la reclamante por no tener constancia de su domicilio.

Añadiendo además que se habría incorporado a la dependencia habilitada para la recepción de visitantes, un libro de hojas de reclamaciones; aprobando la Comisión Gestora del Espacio Reserva Natural Concertada Charca de Suárez, unas normas concretas de acceso para visitantes; pidiendo disculpas a la reclamante por la incidencia producida durante su visita.

El interesado exponía que debido a la precariedad económica en la que se encontraba su familia, compuesta por sus dos hijos menores de edad, su mujer y él mismo, había solicitado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento una ayuda para hacer frente al pago del agua y de la luz. Manifestaba que por parte de los Servicios Sociales se le indicó que no existía la posibilidad de conceder ayudas de emergencia para el pago de los suministros básicos, así como que tampoco tendría derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad por encontrarse uno de los miembros de la unidad familiar trabajando, a pesar de que el interesado afirmaba que sus ingresos fueron únicamente de 160 € el último mes.

Nos dirigimos al Ayuntamiento competente, desde donde se nos informó que existía expediente de la unidad familiar desde antes del año 2002, habiendo sido múltiples las intervenciones realizadas. Concretamente, en los años 2016 y 2017 se les había concedido diversas ayudas familiares y para el pago de suministros.

La trayectoria socioeconómica de la unidad familiar había estado marcada por desempleo prolongado y escasez de recursos económicos. Además de actuaciones dirigidas a la ayuda para cubrir las necesidades económicas también se habían llevado a cabo diferentes actuaciones en el ámbito familiar.

Tras la petición de informe al Ayuntamiento, se incluyó a la familia en la convocatoria 2017/2018 del Programa de Pobreza Energética, realizándose el primer abono y se le facilitó documentación referida al Ingreso Mínimo de Solidaridad.

En consecuencia, consideramos que se había producido una resolución positiva de la queja planteada por el interesado y dimos por concluidas nuestras actuaciones, sin perjuicio de que entendíamos que la precariedad de la situación económica de la unidad familiar requería una continuidad en la intervención de los servicios sociales.