La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 17/3499 dirigida a Consejería de Hacienda y Administración Pública, Secretaría General para la Administración Pública

En los últimos meses se vienen recibiendo en esta Institución numerosas quejas y consultas sobre la recuperación del Premio de Jubilación para el Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, dada la negativa a su reconocimiento al considerar que persiste la derogación establecida en el Decreto-Ley 1/2012 de 19 de Julio, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Publica (BOJA núm. 122, de 22 de junio de 2016).

Efectivamente, el art. 31 del referido Decreto-Ley suspende la convocatoria y concesión de cualquier ayuda que se derive del concepto de acción social, entre las que se incluyen los denominados premios de permanencia, fidelidad, jubilación voluntaria o cumplimiento de la edad reglamentaria para todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía, sus instituciones y entidades instrumentales.

Con posterioridad, la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. (BOJA núm. 192, de 1 de octubre de 2012), da una nueva redacción al contenido del referido artículo, disponiéndose en el art. 28 de dicha Ley que la suspensión afectaría solo a las ayudas que se deriven del concepto de acción social, exceptuadas las relativas a la atención a personas con discapacidad.

No afecta la nueva regulación legal a la suspensión de la aplicación de los artículos 36.4 y 62 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, relativos a la jubilación anticipada, manteniéndose en el art. 27 de la Ley 3/2012 la redacción primigenia del art. 30 del Decreto-Ley 1/2012.

Tras la regulación definitiva que se da a estas medidas en los términos que se recogen en el texto de la Ley 3/2012, es pacífica la interpretación de que a partir de la entrada en vigor de la misma ha sido levantada la suspensión de la concesión del premio de jubilación, permitiéndose el abono de dicho premio a las personas que pasen a situación de jubilación a partir de esa fecha y cumplieran las condiciones exigidas para ello, reconociéndose así en el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía HPPI00530/12, de 20 de diciembre de 2012, emitido sobre esta cuestión a petición de la Intervención General.

A pesar de ello, y aún cuando la suspensión de la percepción de este premio se aplicó en un principio tanto al personal funcionario como laboral, a partir de la aprobación de la Ley 3/2012 y tras la emisión de informe del Gabinete Jurídico, al personal funcionario se les repone de nuevo el premio de jubilación sin que se adoptara una medida similar para el personal laboral.

Ante la situación de desigualdad generada, causa extrañeza que en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 21 de junio de 2016, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016 (BOJA núm. 120, de 24 de junio de 2016), sobre calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley, no consta ninguna medida para la restitución de dicho premio al personal laboral de la Junta de Andalucía.

Esta recuperación de derechos beneficiaría a unos 270.000 empleados públicos, que en lo que respecta al derecho que tenían reconocido a la percepción de esta prestación, en su condición de personal laboral de la Junta de Andalucía, sigue estando suspendido, a pesar de que para el personal funcionario fue restituido. Es por ello que nos sorprende que en estos años no se haya repuesto dicho premio de jubilación para el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, a pesar de que se han llevado a cabo modificaciones recientes en el aún vigente VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de esta Administración, como las realizadas para la reubicación del personal laboral indefinido no fijo por resolución judicial , el Sistema de Clasificación Profesional, la recuperación de la jornada de 35 horas, jornadas especiales, recuperación de ayudas de acción social. (BOJA núm. 232, de 2 de diciembre de 2016).

Esta diferencia de trato para con el personal laboral respecto al personal funcionarios, viene siendo lo habitual -como denuncian las personas afectadas ante este Comisionado- y sin que vean actuaciones tendentes a eliminar las diferencias retributivas existentes entre estas categorías de personal, y no sólo ya respecto al premio de jubilación, sino también a retribuciones complementarias como los complementos específicos y de productividad, por ejemplo.

Por otra parte, recientemente se ha publicado la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración pública 26 de mayo de 2017 (BOJA núm. 104, de de 2 de junio) por la que se aprueban las normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2018, y en cuyo marco deben articularse las medidas de índole presupuestaria que posibiliten el reconocimiento efectivo de este derecho al personal laboral de la Junta de Andalucía.

En consecuencia con lo anterior y , en aplicación de lo establecido en el art. 1.1, en relación con el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, he decidido iniciar actuación de Oficio ante la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con objeto de conocer la situación existente en relación con la cuestión planteada y la posibilidad de adoptar cuantas medidas sean necesarias, previo acuerdo en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la recuperación del premio de jubilación para el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para el próximo ejercicio de 2018.

Queja número 17/0743

Se revisa el PIA por agravamiento de su situación y se asigna SAD adecuado a su situación.

La interesada indicaba que tenía reconocida la condición de persona en situación de dependencia (Gran Dependencia), con fecha 01/06/2016. Señalaba asimismo que tenía aprobado el Programa Individual de Atención, con fecha 13/01/2017, correspondiéndole plaza en Centro de Estancia Diurna (39 horas semanales), así como Servicio de Ayuda a Domicilio, con una intensidad de 22 horas mensuales.

Señalaba que había sufrido una caída y posterior operación con agravamiento de su enfermedad, por lo que había tenido que solicitar la modificación del PIA para que se le prestase exclusivamente el servicio de ayuda en el domicilio. Sin embargo, pese a la urgencia del asunto, no había obtenido aún una respuesta a su demanda.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, se nos indicó que con fecha 19 de septiembre de 2015, tuvo entrada en el registro auxiliar de ese Servicio Territorial solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, terminando el procedimiento inicial de valoración con resolución de fecha 1 de junio de 2016 y, el reconocimiento del Grado III de Gran Dependencia.

A la vista de lo anterior, se procedió por parte de los servicios sociales comunitarios competentes a la elaboración del correspondiente informe social para la elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención, considerándose como modalidad de intervención más adecuada a sus necesidades, la Unidad de Estancia Diurna más 22 horas de Servicio de Ayuda a Domicilio, produciéndose el ingreso en la unidad "..." de ..., con fecha 24 de enero de 2017.

Con fecha 9 de febrero de 2017, presentó revisión del Programa Individual de Atención, debido a la caída sufrida y la imposibilidad de acudir a la citada unidad. Con fecha 15 de febrero de 2017, la interesada presentó renuncia al recurso asignado hasta ese momento.

Con fecha 16 de febrero de 2017, de forma inmediata se solicita la elaboración del nuevo Programa Individual de Atención, que tuvo entrada en el registro auxiliar de la Delegación Territorial el día 10 de mayo de 2017, considerándose en este caso como modalidad de intervención más adecuada a la nueva situación de salud de la persona interesada el Servicio de Ayuda a Domicilio. El procedimiento de revisión del Programa Individual de Atención, había finalizado con fecha 13 de junio de 2017, dictándose resolución en la que se reconocía el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio con un total de 55 horas, distribuidas en atención personal 33 horas y 22 de ayuda domestica.

Puesto que el asunto por el que la interesada había acudido a esta Institución se había solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 17/1179

Se alivia la situación familiar de persona dependiente mediante reconocimiento de plaza en Residencia de Mayores.

El interesado indicaban que su abuela tenía 75 años y padecía la enfermedad de Alzheimer, junto con una cardiopatía. La evolución que había tenido a lo largo de estos años había sido muy mala, comenzando por lo que eran pequeños brotes psicóticos y terminando por generar una violencia descontrolada y una falta de control de esfínteres, lo que había derivado en una situación familiar insostenible, alterando de manera preocupante los núcleos familiares que la rodeaban (hijos y nietos).

Su marido, debido a su avanzada edad, no había sabido sobrellevar esta situación tan grave, lo que le había derivado en una profunda depresión, que a su vez, entorpecía notablemente los cuidados que se llevaban a cabo a la enferma. Las personas que apoyaban en los cuidados, limpieza del hogar y alimentación eran sus dos hijas, mermando la calidad de vida de las mismas por prestar cuidados de casi 24 horas diarias, llegando ambas incluso a necesitar medicación de carácter ansiolítico.

El 18 de marzo de 2015, se presentó solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, siendo valorada el 08 de febrero de 2016 con un grado II (obtuvo una puntuación total de 58 puntos). Dicha resolución tenía fecha de 28/04/2016. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, aún no se había aprobado el Programa Individual de Atención de la afectada, por lo que su abuela no estaba recibiendo los cuidados que necesitaba.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla y se nos comunicó que, con fecha 10 de abril de 2017 se resolvió mediante resolución el PIA por el cual se le reconocía plaza en una residencia de mayores de la provincia de Sevilla.

Habiéndose solucionado el asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 17/1819

Se aprueba PIA a gran dependiente y se reconoce derecho a atención residencial.

El interesado indicaba que su madre, tenía reconocida la condición de persona en situación de dependencia (Gran Dependencia), con fecha 01/04/2016.

Al parecer, la solicitud inicial de reconocimiento se realizó en fecha 03/06/2011, siendo reconocida inicialmente como dependiente moderada (en fecha 13/01/2015) y posteriormente, tras solicitud de revisión por agravamiento formulada el 02/06/2015, se le reconoció la situación de Gran Dependencia en fecha 01/04/2016.

Señalaba asimismo que tras el reconocimiento de Gran Dependencia se habían producido diversas incidencias que habían provocado que pese al tiempo transcurrido, aún no se hubiera aprobado el Programa Individual de Atención, por lo que su madre no estaba recibiendo los cuidados que necesitaba. Había presentado diversas reclamaciones, las últimas con fechas 23/01/2017 y 24/02/2017.

Solicitamos informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, quien nos respondió que con fecha 5 de mayo de 2017 se resolvió aprobar el Programa Individual de Atención por el que se reconocía el derecho de acceso al servicio de atención residencial en un municipio sevillano, como modalidad de intervención más adecuada.

Habiéndose solucionado favorablemente la pretensión del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/6000 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz

La esposa del interesado, reconocida como dependiente, y con modificación del grado de dependencia reconocido desde marzo de 2016, estaba padeciendo la demora en la aprobación del nuevo Programa Individual de Atención, lo cual resulta imprescindible para la adecuada provisión de cuidados requiere.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz en el sentido de que se apruebe la revisión del Programa Individual de Atención de la persona mayor dependiente, informando al interesado, en el caso de que no sea posible la aprobación inmediata del Programa Individual de Atención, de la fecha previsible para la aprobación.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente de queja que se tramita en esta Institución con la referencia del encabezamiento, Q 16/6000.

Una vez analizados los informes recibidos, puestos los mismos en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 25/10/2016 recibimos escrito de queja, presentado por D. ..., el cual expresaba que su cónyuge, reconocida como persona en situación de dependencia, recibió resolución por la que se modificaba el grado de dependencia reconocido el pasado mes de marzo de 2016.

Pese a lo anterior, en la fecha de presentación de la queja aún no le había sido aprobado el nuevo Programa Individual de Atención, lo cual resulta imprescindible para la adecuada provisión de cuidados que requiere.

Analizada la queja, esta Institución solicitó a esa Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en fecha 14/11/2016 la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

2. En respuesta a nuestra solicitud, el pasado 30/01/2017 recibimos informe emitido por esa Delegación Territorial, en el que se expresaba lo siguiente:

“En relación al expediente de Queja número Q16/6000 seguido por esa Defensoría a instancias de Don ..., quien manifestaba su protesta por la tardanza registrada en la asignación de recurso como persona dependiente en favor de su esposa Doña ..., debo señalar que según se ha tenido la oportunidad de informar en anteriores ocasiones, el retraso se debe al cúmulo de expedientes que se se encuentran en la actualidad en esta misma fase que deben ser resueltos tras el pertinente estudio y valoración. Consultado el Servicio de Coordinación de la Dependencia se ha sabido que la persona dependiente en cuestión tiene reconocido 45 horas mensuales de servicio de ayuda a domicilio, habiéndose aumentado el número de horas en dos ocasiones pasando de 30 a 40, y de 40 a 45 horas mensuales que es lo máximo autorizado para el grado II. Cierto es que la usuaria tiene reconocido desde el 15 de enero de 2016 un grado III, pudiéndose aumentar por tal motivo las horas hasta situarse entre las 46 y 70. La revisión del PIA Se encuentra pendiente por parte de esta Delegación Territorial a pesar de que la propuesta es de 14 de abril de 2016, porque teniendo en cuenta la limitada disponibilidad presupuestaria se está dando prioridad al reconocimiento del servicio de ayuda a domicilio iniciales, es decir, de usuarios que no tienen reconocido ningún servicio o prestación.”

3. Tras trasladar el informe recibido al promotor de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, hemos recibido en fechas recientes una nueva comunicación del interesado, el cual expresa que continúa sin aprobarse el nuevo Programa Individual de Atención de su cónyuge.

4. Del análisis de los hechos que aparecen en este expediente podemos destacar que desde el reconocimiento de la situación de dependencia en Grado III (Gran Dependencia) por revisión, hasta la fecha, han transcurrido ya más de 14 meses.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (referencia legal que debe sustituirse por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Disposición Final Cuarta de ésta última), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación de hechos que constan en el expediente, cabe destacar, como indicamos anteriormente, que se viene produciendo un significativo retraso en la aprobación del nuevo Programa Individual de Atención, correspondiente al nuevo grado de dependencia reconocido, de forma que en estos momentos la aprobación de la revisión del Programa Individual de Atención se ha demorado en el tiempo, sin que en la fecha actual se haya dictado la correspondiente resolución.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 16 y 19 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, en relación con los artículos 15.2 y 18.3 del mismo Decreto, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-). Asimismo los artículos 16,4 y 19,2 de este Decreto, referidos a los procedimientos de revisión, tanto del reconocimiento de la dependencia como del Programa Individual de Atención, contemplan los mismos plazos de tres meses para estos procedimientos.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que los términos y plazos establecidos en esa Ley o en otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

Lamentablemente no es éste el único caso, siendo numerosas las quejas que tramita esta Institución en que observamos plazos de resolución similares al de esta queja, situación esta que demanda una intervención de esa Administración Pública a fin de garantizar el cumplimiento de las previsiones, en cuanto a plazo de resolución, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración.

Máxime si tenemos en cuenta que el recientemente aprobado, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, “Plan de Medidas para la reducción del tiempo medio de respuesta asistencial en materia de dependencia en Andalucía” no contempla de forma expresa el incremento de la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio, por lo que tendrá que ser la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales quien adopte las medidas técnicas y jurídicas necesarias para agilizar el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación, se apruebe la revisión del Programa Individual de Atención de la persona mayor dependiente a la que alude esta queja, informando al interesado, en el caso de que no sea posible la aprobación inmediata del Programa Individual de Atención, de la fecha previsible para la aprobación.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 16/5339

Se resuelve temporalmente la necesidad de vivienda de familia con tres personas menores a cargo.

La interesada señalaba que le había sido notificada Resolución por la que se le daba traslado de demanda de desahucio por impago de las rentas de alquiler de la vivienda en la que residía junto a su familia, y se le requería para que, o bien abonase la deuda contraída y desalojase el inmueble, o bien presentase oposición a la demanda, quedando citada para juicio el día 27 de octubre y notificada la fecha de lanzamiento (28 de noviembre), para el caso de que no se opusiera a la demanda.

Manifestaba, que eran una familia de 5 miembros, tres de ellos menores, de 7, 5 y 4 años. Percibían únicamente 426 euros de renta agraria, y se encontraban a la espera de cobrar la ayuda del alquiler correspondiente al ejercicio 2015 que había de resolver en breve la Junta de Andalucía. Indicaba asimismo que las viviendas más baratas de alquiler que había en Osuna (Sevilla) tenían un coste superior a 320 euros mensuales y que, además, nadie quería alquilar a personas que no dispusieran de una nómina. Añadía finalmente que era demandante de vivienda protegida en el municipio de Osuna desde hacía aproximadamente 8 años, sin que en ningún momento se le hubiera facilitado el acceso a vivienda protegida por parte de ese Ayuntamiento.

A este respecto, y sin perjuicio de las actuaciones procesales que llevasen a cabo las partes ante el juzgado, estimamos necesario destacar que con fecha 1 de marzo de 2016 el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias suscribieron Convenio de Colaboración sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.

Dicho convenio, entre otras cuestiones, promovía la articulación de medidas para que hubiese una comunicación efectiva entre el órgano jurisdiccional que conociera el caso, la Consejería competente en materia de Vivienda, para la inclusión de los afectados en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y los servicios sociales de la entidad local adherida, para que éstos analizasen la situación y, en su caso, se adoptasen las medidas encaminadas a asegurar la actuación de los servicios sociales.

Nos dirigimos al Ayuntamiento de Osuna, a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla y al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Osuna.

La Delegación Territorial nos informó sobre si había existido comunicación por parte del órgano jurisdiccional de la situación familiar afectada para su inclusión en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que consultado DOMO, programa de gestión de los expedientes tramitados por la Oficina del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios (SAID), no figuraba la interesada como usuaria de este programa. Tampoco se tenía constancia de que se hubiese dirigido a esa oficina por ningún medio. Y que por parte del órgano jurisdiccional no se había producido dicha comunicación.

No obstante, vista la descripción de la situación de esta unidad familiar, desde la Oficina SAID se había contactado con la interesada y con el Juzgado competente, a los efectos de valorar las posibilidades de éxito de una intermediación por parte de la Oficina y adoptar alguna medida al respecto.

El Juzgado n.° 2 de Osuna confirmó la existencia del procedimiento de Juicio Verbal ... por falta de Pago de la Renta, en el que se tramitaba la Resolución del contrato de alquiler entre demandante y demandada, así como, la liquidación de los recibos de alquiler impagados y las costas del proceso por un total de 2.118,27 euros. Según informó el órgano judicial, no cabía posibilidad de enervar la acción.

La demandada había procedido a solicitar el beneficio de justicia gratuita, si bien, era consciente tanto de la imposibilidad de enervar la acción, como de la firme voluntad del demandante de dar por resuelto el contrato de arrendamiento. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Osuna informaron en consulta telefónica, que una vez que la interesada pudiera localizar otro alquiler acorde con su situación económica, se haría cargo de la fianza previa y de al menos, una mensualidad del mismo.

Por último, se nos informó que la interesada era beneficiaria de la ayuda para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 y que con fecha 19 de octubre de 2016 se había materializado el pago de la misma. Dicha ayuda consistía en el abono de un 40% del importe de la renta.

Por su parte, el ayuntamiento de Osuna nos informó que la interesada constaba inscrita en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Osuna con fecha 03/11/2011 y que el Ayuntamiento no disponía de viviendas de promoción pública de segunda ocupación para poder adjudicar, y tampoco se había iniciado ninguna promoción de viviendas protegidas de nueva construcción. A pesar de ello habían movilizado recursos disponibles para paliar en parte la difícil situación social y económica en la que se encontraba esta familia. Así, se habían gestionado por los departamentos competentes las siguientes actuaciones:

- Tramitación a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la ayuda al alquiler de vivienda a personas con ingresos limitados (convocatoria 2015), resultando beneficiaria de la misma, con una subvención aprobada de 1.200,00 €. Se había presentado solicitud para la misma ayuda convocada para el año 2016, que estaban siendo verificadas y analizadas por los órganos instructores de la Delegación Territorial, una vez finalizado este proceso se abriría el plazo de subsanación de las solicitudes que correspondieran.

- Mediante el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, gestionado por el ayuntamiento, aprobado por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por la falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos, se encontraba como gasto específico a cubrir mediante otras prestaciones de urgencia social, los gastos de alquiler, siempre que su impago redundase en un desahucio, la interesada había sido beneficiaria de una prestación económica destinada al abono del alquiler de la vivienda correspondiente a la mensualidad de diciembre/2015 por un importe de 250 €.

- Por otra parte, desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento y en relación a la regulación de prestaciones básicas complementarias del Sistema Público de Servicios Sociales en lo que se refiere a la gestión municipal, entendidas como ayudas económicas que se destinan a paliar situaciones que deben ser atendidas con inmediatez para prevenir situaciones de riesgo social y ante la demanda presentada por la interesada, le habían sido concedidas diversas prestaciones económicas de carácter puntual, en concepto de ayuda de emergencia social de garantía alimentaria, del sistema educativo y otras ayudas económicas de pago único, entre ellas ayudas puntuales para el pago del alquiler de su vivienda en varias mensualidades. También se había gestionado la tramitación del Programa de Solidaridad de los Andaluces (Salario Social) ante la Delegación competente.

- Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia, se aprobó otorgar una prestación económica familiar periódica y puntual, consistente en la aportación de un máximo de 300 euros mensuales durante 6 meses, en concepto de pago de alquiler de una vivienda alternativa; ayuda gestionada por los Servicios Sociales Comunitarios.

- Afirmaba que se seguiría atendiendo a esta unidad familiar en el ámbito competencial del Ayuntamiento, aplicándole los recursos disponibles a los que por sus circunstancias socio-económicas le correspondieran.

Dado traslado del informe municipal a la interesada para que formulase las alegaciones oportunas, ésta nos comunicó que, en efecto, venía recibiendo la ayuda del Ayuntamiento y agradecía el interés mostrado por su caso, en particular por la aprobación de la prestación económica familiar periódica y puntual de 300 euros durante 6 meses. No obstante lo anterior, nos indicaba que en próximos días finalizaría su percepción de la Renta Agraria y que, en el caso de que consiguiera una vivienda en alquiler en Osuna o en alguno de los pueblos cercanos, su situación volvería a ser igual al transcurrir los seis meses de ayuda aprobada.

Así las cosas, y aunque en el informe municipal se especificaba que no se disponía de vivienda protegida que pudiera ser adjudicada a esta unidad familiar a corto plazo, acordamos solicitarle un nuevo informe acerca, por un lado, de las previsiones de que pudiera quedar disponible alguna vivienda protegida en un plazo medio, de forma que se pudiera encadenar la ayuda municipal con la adjudicación de la vivienda. Por otro lado, le solicitamos nos informase si se había tratado el caso de esta unidad familiar con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por si dicha entidad tuviese previsión de disponibilidad de viviendas en Osuna a corto o medio plazo.

En su respuesta, el Ayuntamiento de Osuna nos informó que quedó vacante una vivienda de propiedad municipal, la cual se adjudicó mediante sorteo celebrado con fecha 31 de enero de 2017 ante fedatario público entre las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida que cumplían con los requisitos establecidos, y entre las cuales se encontraba la interesada.

En el supuesto de disponer de alguna vivienda se adjudicaría atendiendo a los criterios establecidos en las bases por las que se regula el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el cual consta inscrita la interesada al igual que numerosas unidades familiares demandantes de vivienda en situación de precariedad.

En lo referente a la previsión de disponibilidad de viviendas pertenecientes al parque publico gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y tras las consultas efectuadas, la respuesta es la inexistencia de las mismas a corto o medio plazo.

A la vista de todas las actuaciones practicadas, podíamos concluir que con la ayuda de los Servicios Sociales había podido acceder en régimen de arrendamiento a una vivienda en el mercado libre. Asimismo, observamos que por parte de los Servicios Sociales se le prestaba la necesaria ayuda económica para que pudiera transportar a sus hijos a su centro educativo, garantizándose de esta forma su derecho a la educación. No obstante, comprendíamos su temor ante la imposibilidad de atender el pago de la cuota arrendaticia y verse nuevamente en un procedimiento de desahucio.

En este sentido, le indicamos que habíamos insistido ante los Servicios Sociales en la necesidad de continuar colaborando con ella a fin de evitar que pudiera sufrir un nuevo desahucio hasta que se le ofreciera una vivienda protegida en régimen de alquiler social a través de los procedimientos de adjudicación establecidos.

En consecuencia, considerando que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 17/1891

Se le concede, por fin, la tarjeta de aparcamiento por movilidad reducida a su madre nonagenaria.

El interesado exponía que el 22 de marzo de 2017 fue notificada resolución denegatoria de tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida a su madre por no reunir las condiciones que determinan la existencia de dificultades de movilidad establecidas en los apartados A, B y C del baremo recogido en el Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, ni alcanzaba la puntuación mínima de 7 puntos que establece el citado baremo para determinar la existencia de dificultades de movilidad.

La valoración realizada por el Centro de Valoración y Orientación de Sevilla certificaba:

- “Tiene reconocido un grado de Discapacidad del 39%, estando establecido en el artículo 4.1 de la citada Orden un mínimo del 33 %”. Lo cual resultaba incongruente ya que superaba en 6 puntos el mínimo establecido (el grado de discapacidad estaba reconocido por medio del certificado de discapacidad).

- “No reúne condiciones que determinan la existencia de dificultades de movilidad en el baremo establecido en el Anexo 3 de Real Decreto citado anteriormente”, el cual recoge que el usuario/a depende de silla de ruedas o bastones para deambular, cuando el informe de su Médico de Familia presentado con fecha 13/01/2017, recogía en el Anamnesis “paciente nonagenaría (93 años) presenta gran dificultad para la deambulación, precisando ayuda de los familiares (utiliza un andador prescrito por el centro de salud), añadiendo la disminución importante de la agudeza visual y un amplio historial de patologías cardíacas y coronarias que le impiden cualquier tipo de esfuerzo”.

Ni tampoco alcanzaba la puntuación mínima de 7 puntos que establece el citado baremo para determinar la existencia de dificultades de movilidad en las situaciones previstas en los siguientes apartados:

D) Deambular en terreno llano 0 no tiene dificultad

E) Deambular en terreno con obstáculos 1 limitación leve

F) Subir o bajar un tramo de escaleras 0 no tiene dificultad

G) Sobrecargar un escalón de 40 cm 2 limitaciones grave

H) Sostenerse de pie en medio de transporte 1 limitación leve

4 total puntos.

Según el informe médico presentado, la valoración establecida en el apartado D era incorrecta, puesto que era imposible deambular sin dificultad si tenía que ayudarse de un andador o sus familiares; el apartado E lo valoraba como una limitación leve cuando debería ser mucho mayor debido a sus condiciones físicas; el apartado F recogía que no tenía dificultad para subir o bajar un tramo de escaleras, lo cual era prácticamente imposible en una persona con 93 años y ayudándose de un andador o bastones; en cuanto al apartado H, el más sorprendente, planteaba que tenía limitación leve para sostenerse en un medio de transporte, cuando ya el hecho de subirse a un autobús para ella era de una imposibilidad absoluta, al margen que se podía entender perfectamente que no sería capaz de mantenerse dentro cuando iniciara la marcha.

Destacaba el interesado que toda esta valoración se realizó en el Centro de Valoración de Sevilla, en una consulta que duro aproximadamente diez minutos y donde no se le realizó exploración, prueba ni reconocimiento físico ninguno, ni siquiera una comprobación visual de las capacidades físicas a la hora de demostrar si realmente su madre era capaz de subir tramos de escaleras, deambular con obstáculos o mantenerse en una plataforma en movimiento, limitándose la persona responsable, a rellenar un cuestionario y pasarla a la consulta de la Trabajadora Social inmediatamente.

Respecto de la tarjeta de aparcamiento, alegaba el interesado que, según recoge la Orden, por razones humanitarias se podrán expedir tarjetas de aparcamiento a las personas que por causa de enfermedad o patología de gravedad que suponga una reducción sustancial de la esperanza de vida que se considere normal para una persona de su edad (93 años) y demás condiciones personales que no permitan tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de dicha tarjeta, solicitaba su concesión por entender la manifiesta necesidad que cualquier persona precisa para hacerle más fácil el último periodo de su vida y para lo cual se espera la máxima implicación de todas las administraciones públicas.

Ante esta resolución, presentó recurso de alzada.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, se nos indicó que el 22 de mayo de 2017 se citó a la interesada para pasar un nuevo reconocimiento para el baremo de movilidad y se le concedió 10 puntos, habiendo sido ya emitida resolución y tarjeta de movilidad reducida.

Puesto que el asunto por el que el interesado acudió a esta Institución se encontraba solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 17/0203 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla

El padre del interesado, reconocido como Gran Dependiente, está padeciendo la demora en la aprobación del Programa Individual de Atención y el reconocimiento del servicio que requiera.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se apruebe definitivamente su programa individual de atención y se de plena efectividad al recurso correspondiente.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente de queja que se tramita en esta Institución con la referencia del encabezamiento, Q 17/203.

Una vez analizados los informes recibidos, puestos los mismos en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17/01/2017 recibimos escrito presentado por D. ..., que quedó registrado como Queja con la referencia del encabezamiento, Q 17/203.

El interesado indicaba en su queja que su padre, residente en el municipio de ..., tenía reconocida la condición de persona en situación de dependencia (Gran Dependencia), con fecha 21/06/2016. Señalaba asimismo que debido a la avanzada edad de su padre, y a las circunstancias de su entorno familiar, necesitaba con carácter urgente que se aprobase su Programa Individual de Atención y se le reconociese el servicio que requería.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, y pese a haber recibido la visita del trabajador social con fecha 23/11/2016, en el momento de presentación de la queja aún no se había aprobado dicho Programa Individual de Atención, por lo que su padre no estaba recibiendo los cuidados que necesitaba, debiendo destacarse que la solicitud de reconocimiento de la dependencia se había presentado en el mes de junio de 2015.

Analizada la queja, esta Institución solicitó a esa Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en fecha 06/02/2017 la emisión del correspondiente informe para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

2. En respuesta a nuestra solicitud, el 29/03/2017 recibimos informe emitido por esa Delegación Territorial, en el que se expresaba lo siguiente:

“Remitida la Resolución de fecha 21 de junio de 2016 de reconocimiento de la situación de dependencia de la persona interesada (Grado III, de Gran Dependencia) a los Servicios Sociales comunitarios del Ayuntamiento de ..., con fecha 23 de noviembre de 2016 se le ha realizado el preceptivo trámite de consulta al dependiente acerca del recurso del servicio de ayuda a domicilio de 57 horas mensuales como el más adecuado a sus circunstancias socio-familiares.

A día de hoy, se está a la espera de recepcionar, por este órgano territorial, la Propuesta de Programa Individual para una vez comprobada que la documentación es válida, proceder al estudio del copago. Para la tramitación del expediente se atenderá al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siguiendo el orden riguroso de incoacción en asuntos de homogénea naturaleza.”

3. Tras trasladar el informe recibido al promotor de la queja, para que aportara las alegaciones que estimara oportunas, hemos recibido una nueva comunicación del mismo, el cual se ratifica en la queja y expresa que continúa sin aprobarse el Programa Individual de Atención del afectado.

En concreto refiere que personado el pasado 20/04/2017 en los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de ..., el Trabajador Social le ha comunicado que la propuesta de PIA se encuentra aún en estado de Borrador en la plataforma Netfegys y que hasta tanto esa Delegación Territorial no valide dicho PIA el Ayuntamiento no puede remitir la documentación para su posterior aprobación.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (referencia legal que debe sustituirse por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Disposición Final Cuarta de ésta última), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación de hechos que constan en el expediente, cabe destacar, como indicamos anteriormente, que se viene produciendo un significativo retraso en la aprobación del Programa Individual de Atención, que se ha demorado en el tiempo, más de once meses ya desde el reconocimiento de la situación de Gran Dependencia, sin que nos conste que en la fecha actual se haya dictado la correspondiente resolución.

Y es que la demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 16 y 19 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, en relación con los artículos 15.2 y 18.3 del mismo Decreto, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-). Asimismo los artículos 16,4 y 19,2 de este Decreto, referidos a los procedimientos de revisión, tanto del reconocimiento de la dependencia como del Programa Individual de Atención, contemplan los mismos plazos de tres meses para estos procedimientos.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala que los términos y plazos establecidos en esa Ley o en otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos formular a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que sin más dilación se apruebe el Programa Individual de Atención de la persona mayor dependiente a la que alude esta queja.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 16/4867 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

La madre de la interesada, reconocida con un grado III, nivel 1, de dependencia, está padeciendo la demora en la resolución del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se había aprobado el PIA, reconociendo el derecho a disfrutar de la prestación vinculada al servicio, en lugar de la plaza de atención residencial que había solicitado.

Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se revise la situación de la persona dependiente y se verifique si la suma de su capacidad económica y la prestación económica vinculada al servicio resulta suficiente para adquirir el servicio de atención residencial.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial en relación con el expediente que tramitamos con la referencia del encabezamiento, Q 16/4867, alusivo a prestación de dependencia.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12/08/2016 se recibió en esta Institución escrito de queja, en el que la interesada señalaba que su madre tenía reconocida un grado III, nivel 1, de dependencia, con fecha 01/09/2011 y se encontraba disfrutando del servicio de ayuda a domicilio. Con fecha 25/08/2015 solicitó una revisión del PIA para que le fuera reconocida la atención residencial, debido al deterioro del estado de salud.

No obstante, mientras se resolvía la revisión del PIA tuvieron que ingresar a la madre en una plaza privada de una residencia (Centro Residencial ...), y en fecha 01/02/2016 presentó un escrito pidiendo que la plaza de atención residencial solicitada fuera en la propia Residencia ..., en la que ya se encontraba ingresada y a la que podía acudir con facilidad el padre de la interesada y marido de la afectada.

Pese a lo anterior, en el mes de junio 2016 se aprobó la revisión del PIA, reconociéndose el derecho a disfrutar de la prestación vinculada al servicio, en lugar de la plaza de atención residencial que había solicitado.

En fecha 27/07/2016 la interesada interpuso recurso de alzada contra la resolución por la que se había aprobado el PIA, solicitando que se reconociera el derecho a la plaza residencial.

Admitida a trámite la queja, con fecha 24/08/2016 esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

2. Con fecha 31/10/2016 recibimos informe emitido por esa Delegación Territorial, en el que se señalaba lo siguiente:

“La asignación de plazas concertadas en el CR ... depende de la disponibilidad de las mismas y en estas fechas, este centro no las tiene disponible por lo que se aprueba mediante resolución la prestación vinculada al servicio de atención residencial a fin de que la persona dependiente pudiera residir en tal centro que es el más próximo a su domicilio.”

3. Trasladado el informe a la interesada, para que efectuara las alegaciones que estimase convenientes con respecto al contenido del mismo, ésta nos expresó, en síntesis, lo siguiente:

  • En primer lugar su agradecimiento por el interés de la Delegación Territorial por preservar la unión de su madre con su padre y también con el resto de la familia, al considerar la necesidad de que su madre permanezca en la residencia ..., que es la más próxima al domicilio de sus padres, y a la única a la que su padre, que es una persona octogenaria y que se desorienta con facilidad, puede llegar andando, como de hecho lo hace a diario. Incidía además la interesada en que esta decisión de la Administración demuestra que se ha actuado con la mejor intención del mundo, de buena fe y con muchísima humanidad.

  • Pese a lo anterior, reiteraba que habían solicitado para su madre una plaza residencial, y no la prestación económica vinculada al servicio, porque de lo contrario no podrían seguir sufragando la plaza residencial ni total ni parcialmente, pues los ahorros de los que dispone la familia son limitados y pronto se agotarían.

  • Finalmente señalaba que su madre llevaba casi dos años residiendo en dicho centro y que durante ese tiempo ha habido disponibilidad de plazas concertadas libres que se han cubierto con otras personas.

4. A la vista de las anteriores alegaciones, con fecha 09/01/2017 solicitamos a esa Delegación Territorial la emisión de un nuevo informe, que recibimos el pasado 13/02/2017, en el que se expresa lo siguiente:

“Con fecha 10 de noviembre del año pasado, recibimos la solicitud de revisión del PIA a fin de cambiar la prestación vinculada por una plaza en el Centro … . Como consecuencia, se inicia el procedimiento de revisión del PIA, teniendo en cuenta que en caso de aceptar el recurso solicitado, no se puede garantizar que sea el centro en el que reside actualmente la persona dependiente ya que se le concederá en función de las disponibilidades en cualquier centro de la provincia de Sevilla.”

5. Trasladado este nuevo informe a la interesada, con fecha 10/03/2017, para que efectuara las alegaciones que estimase convenientes con respecto al contenido del mismo, ésta se ha ratificado en la queja inicialmente presentada, indicando además que su madre no tiene ingresos económicos, por lo que el coste de la residencia lo han de asumir el padre y marido de la dependiente, que es pensionista y las hijas de la dependiente, una de ellas desempleada y la otra con ingresos muy bajos, por lo que no entiende que se le reconozca una prestación económica vinculada al servicio.

En el momento actual no tenemos constancia de que se haya llevado a cabo la revisión del Programa Individual de Atención, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja.

Así pues, proceden las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.

La Prestación económica vinculada al servicio (en adelante PEVS) viene recogida en el artículo 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su redacción dada por el artículo 22 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad .

Se trata de una prestación económica de carácter personal, y periódica, vinculada en todo caso a la adquisición de un servicio, que se reconocerá únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.

Siendo, por tanto, una prestación vinculada a la adquisición de un servicio, resultaría un contrasentido aprobar la prestación en la cuantía que resulte cuando, sumada ésta a la capacidad económica de la persona dependiente, no resulte suficiente para la adquisición del servicio.

En este sentido, cabe señalar que esta Institución no dispone de la documentación económica correspondiente a la persona dependiente afectada en esta queja, que nos permita discernir si con la aportación de la PEVS le resulta posible adquirir el reiterado servicio.

No obstante, tanto en la queja inicial como en la última ampliación de información facilitada, la interesada nos ha afirmado, como antes se indicó, que su madre no tiene ingresos económicos, por lo que el coste de la residencia lo han de asumir el padre y marido de la dependiente, que es pensionista y las hijas de la dependiente, una de ellas desempleada y la otra con ingresos muy bajos

Segunda.

En lo que respecta a la prescripción del servicio de atención residencial y a la posibilidad de que la persona dependiente se mantenga en el mismo centro en el que viene residiendo en plaza privada, nos reiteramos en el criterio que ya hemos expresado en la queja Q 16/5878, esto es:

  • En primer lugar, que desde el punto de vista asistencial, existen numerosas guías y recomendaciones para el manejo de este tipo de personas en las que se dan pautas para evitar y prevenir trastornos de conducta, en los que se recalca la importancia de mantener la orientación temporoespacial, o de la no conveniencia de rotar al personal. Así, por ejemplo, el Plan de cuidados de enfermería de la Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de Salud) para los pacientes que están incluidos en el Proceso Asistencial Integrado de Demencia, ofrece orientaciones acerca de la necesidad de disponer de un ambiente físico estable y una rutina diaria en el manejo de pacientes con demencia. También resulta fundamental en atención geriátrica, y así lo recoge el citado Plan de cuidados, preservar el papel de las familias como coterapeutas y soporte en el proceso de atención de la paciente, incluyendo a los mismos en la planificación, provisión y evaluación de los cuidados.

  • En consecuencia, parece conveniente que, en la medida de lo posible, se eviten los cambios de entorno físico a la persona dependiente que padece deterioro cognitivo y, a la vez, se facilite la participación de la familia en el proceso de cuidados, evitando los ingresos en centros alejados del entorno familiar.

  • No obstante lo anterior, entendemos la dificultad que entraña organizar un proceso de prescripción del servicio de atención residencial en el que cada familia decida cuál es el centro en el que debe residir la persona mayor con demencia, pues los recursos residenciales son limitados y la disponibilidad de plazas está en función de las vacantes que se produzcan y del número de plazas concertadas de que se disponga en cada momento.

  • Tampoco parece razonable, en términos de igualdad, que por el hecho de encontrarse una persona residiendo en un centro residencial tenga preferencia sobre otra que tal vez hubiera deseado acceder a una plaza en dicho centro pero no ha podido hacerlo por no disponer de capacidad económica para ello.

  • Finalmente, a nuestro juicio, sería conveniente, en el caso de que no se esté haciendo, que para la decisión de asignación de plazas residenciales se valore la inclusión ponderada de variables, como podrían ser el arraigo/adaptación en el centro residencial en el que ya está residiendo la persona, y la cercanía del centro residencial al lugar de residencia del núcleo familiar de convivencia anterior al ingreso residencial, con el objetivo de que en la medida de lo posible se eviten los cambios que provocan desorientación a la persona dependiente que padece deterioro cognitivo y se facilite la participación de la familia en los cuidados de dicha persona.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos dirigir a la Delegación Territorial en Sevilla de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que se revise la situación de la persona dependiente a la que se refiere esta queja y se verifique si la suma de su capacidad económica y la prestación económica vinculada al servicio resulta suficiente para adquirir el servicio de atención residencial.

En el caso de que la afectada no tenga capacidad para adquirir el servicio de atención residencial, por resultar insuficiente la suma de sus ingresos y de la prestación vinculada, se le debe reconocer a la mayor brevedad el servicio de atención residencial en plaza concertada teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, la voluntad expresada por sus familiares de que permanezca en el centro residencial de su elección.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado el derecho a una buena administración que comprende, entre otros, el derecho de los particulares ante las Administraciones Públicas a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable (artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Ver nueva RESOLUCIÓN por reapertura de queja

 

 

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 17/0499

La Administración informa que se ha adoptado por el centro educativo, en colaboración con el Equipo de Orientación Educativa y con el Servicio de Inspección, una serie de medidas e intervenciones que están permitiendo la convivencia pacífica entre el alumnado del 5º curso de primaria así como la integración del menor afectado con el resto de los compañeros.

Las personas interesadas exponen la situación que están sufriendo sus hijos como consecuencia de la actitud disruptiva de otro alumno con necesidades específicas de apoyo educativo del centro, y la ausencia de medidas eficaces para garantizar la seguridad del resto del alumnado.

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