La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Reunión con la Alcaldesa de Jerez

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha reunido con la Alcaldesa de Jerez (Cádiz), aprovechando su visita a la localidad para mantener un encuentro con los vecinos de la barriada de La Constancia. Ambas instituciones han repasado las principales quejas de los ciudadanos y ciudadanas en el municipio y han acordado establecer líneas de colaboración y agilizar así la respuesta. La alcaldesa de Jerez ha informado al Defensor del Pueblo Andaluz, entre otras cuestiones, del funcionamiento de la Oficina Municipal de Intermediación de Desahucios.

    MUCHOS ITINERARIOS PEATONALES NO SON SOSTENIBLES, NI SEGUROS, NI ACCESIBLES

    El Defensor del Pueblo Andaluz presenta este miércoles, 11 de noviembre, en el Parlamento, el Informe Especial sobre “Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en los Espacios Urbanos Peatonales de las Ciudades Andaluzas”

    Mañana día 11 de noviembre será debatido en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento Andaluz el Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz sobre “Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en los Espacios Urbanos Peatonales de las Ciudades Andaluzas.”

    En este Informe se pone de manifiesto el desfase existente entre el modelo de ciudad que se oferta y publicita en el discurso público y la realidad del día a día con la que se encuentra la ciudadanía. Gran parte de nuestros espacios e itinerarios peatonales no son sostenibles, ni amigables, ni seguros, ni accesibles.

    Muchos de los espacios reservados al peatón presentan graves riesgos para las personas que transitan por ellos desde la triple perspectiva de la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad ambiental.

    Pasos de cebra mal señalizados, contenedores que suprimen la visión de conductores y peatones, usurpación del espacio público por instalaciones de establecimientos de hostelería y otros locales comerciales, la pésima colocación del mobiliario urbano, señales de tráfico y otras instalaciones, el estado de la pavimentación de las aceras, la ausencia de alcorques en los espacios peatonales, la ausencia de continuidad y coherencia en los espacios peatonales adaptados y otras deficiencias hacen que nuestros espacios peatonales carezcan de los estándares mínimos exigibles para garantizar la calidad, la accesibilidad y la seguridad de los itinerarios.

    Mientras tanto la contaminación atmosférica, la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación acústica provocada por el tráfico y establecimientos de hostelería, y la contaminación visual que afecta al patrimonio histórico y a infinidad de inmuebles y perspectivas de calidad de nuestras ciudades, conllevan el que no contemos con espacios de calidad y funcionales que permitan hacer frente a los retos que en términos ambientales y de bienestar deben de afrontar nuestras ciudades.

    En este escenario es preciso que se tome consciencia de la urgencia en adoptar medidas que apunten a una nueva estrategia que permita un cambio drástico en la perspectiva de cómo afrontar los retos de nuestras ciudades desde la perspectiva ambiental, social, económica y cultural.

    La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz propone una serie de Recomendaciones y Sugerencias para facilitar el paso hacia esa ciudad que desde distintos foros se está demandando y en cuyo diseño no se han tenido en cuenta que, sin un cambio en el modelo de movilidad y sin conocer las necesidades de amplios colectivos como los de mayores, menores, personas con discapacidad, así como sin tener presente la perspectiva de género, y la participación ciudadana en el diseño de las ciudades no será posible ofrecer ciudades inteligentes que den respuesta a las necesidades de la población.

    La presentación del Informe Especial tendrá lugar en la sala de la Comisión de Fomento y Vivienda, en el Parlamento de Andalucía, a las 10 horas.

    Queja número 15/0357

    El Patronato de Recaudación Provincial de Málaga rompe el silencio administrativo en expediente de devolución de ingresos indebidos por IBI.

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado Resolución dirigida al Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga, concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, al escrito presentado por la parte afectada con fecha 15 de enero de 2015, por el que solicitaba la devolución de ingresos indebidos de cantidad que habría hecho efectiva en concepto de IBI.

    Recibido el informe de la Diputación, en el mismo se nos indica que ya han dado respuesta al interesado, por lo que se entiende aceptada la resolución.

    Queja número 15/1036

    El Ayuntamiento de Andújar, tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, da respuesta a reiterados escritos del interesado rompiendo silencio administrativo.

    La parte promotora de la queja expone:

    Que con fecha 18 de Septiembre de 2011 envió un email al Ayuntamiento en relación al irregular traslado de los restos de su abuela paterna, comunicación respecto de la que aún no había tenido respuesta.

    Con fecha 27 de Noviembre de 2014 vuelve a enviar otro correo electrónico a los mismos efectos, y ante la falta de respuesta con fecha 11 de Diciembre siguiente contacta telefónicamente y es informado de que en dos semanas se le daría una respuesta.

    Que al persistir la falta de contestación con fecha 23 de Febrero de 2015 envíaba un nuevo correo electrónico, y que en fecha 26 de Febrero -nos manifestaba- tras contactar por teléfono recibía un trato inadecuado.

    Añadiendo que al día de la fecha de la queja 27 de Febrero continuaba sin tener respuesta.

    A la vista de lo expuesto, se interesó al Ayuntamiento que resolviera la situación de silencio administrativo mantenido en relación a la petición del interesado.

    Recibido el informe solicitado al Ayuntamiento, en el mismo se nos indica que ya habían dado respuesta al interesado con fecha 10 de Marzo y 7 de Abril de 2015, rompiendo el silencio administrativo que alegaba el interesado.

    Queja número 15/3708

    El Ayuntamiento de Siles (Jaén), tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, resuelve procedimiento en el que mantenía silencio administrativo.

    La parte promotora de la queja expone que tras tener conocimiento de la interposición de una denuncia contra él, presenta con fecha 18 de Agosto de 2014 escrito solicitando elaboración de informe de la Policía Local acreditativo de su intervención en los hechos.

    Ante la falta de respuesta, reitera su solicitud con fecha 25 de Noviembre de 2014.

    A la vista de lo expuesto, se interesó al Ayuntamiento Siles que diera contestación a la petición del interesado.

    Recibido el informe solicitado al citado ayuntamiento, en el mismo se nos indica que ya habían resuelto el procedimiento contestando al interesado.

    Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 15/4227 dirigida a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

    RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

    El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluida su intervención en esta actuación de oficio tras recabar dos informes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

    06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para conocer los motivos por los que unas infraestructuras hídricas construidas hace años en la Laguna del Brazo del Este se encuentran en estado de deterioro por su falta de uso y por, supuestamente, episodios de expolio y vandalismo, generando ene este paraje un importante daño ambiental en la vegetación y cambios en la fauna.

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio cuando hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio “admite que el sistema de gestión hídrica construido hace varios años por la Administración pública en el cauce del paraje natural del Brazo del Este se encuentra deteriorado e inoperativo como consecuencia de los episodios de expolio y vandalismo sufrido. La Junta responde de este modo a las denuncias de colectivos ecologistas como SEO Bird Life y Ecologistas en Acción, que alertan de la sequía que sufre este paraje gran parte del año, provocando «importantes cambios en el hábitat y un grave deterioro de la vegetación natural» según informan fuentes de SEO Bird Life”.

    De los antecedentes con los que ha trabajado esta Institución se ha comprobado que esta denuncia no es nueva, pues distintos colectivos de ecologistas vienen denunciado el deterioro que, por distintas causas y no sólo por la ineficaz gestión de los recursos hídricos de la zona, viene sufriendo este paraje natural pese a la existencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Brazo del Este y que amplía el ámbito territorial del citado paraje natural, aprobado por Decreto 198/2008, de 6 de mayo, de la entonces Consejería de Medio Ambiente (BOJA 120, de 18 de Junio de 2008).

    Esta normativa, en su Exposición de Motivos, ya decía que “La declaración del Brazo del Este como Paraje Natural se fundamentó principalmente en la fauna existente en el mismo, siendo el grupo de mayor interés el de las aves, por la importancia de las especies y el elevado número que alcanzan las poblaciones de algunas de ellas (…) Por otra parte, su localización en las marismas del Guadalquivir le confiere una importancia estratégica, ya que actúa como punto de descanso en la escala migratoria de aves y como hábitat alternativo a las especies existentes en el Parque Nacional de Doñana, cuando las condiciones en este espacio son desfavorables, especialmente en verano que es cuando se agotan las reservas hídricas, por lo que las especies acuáticas encuentran en el Brazo del Este un refugio vital para su supervivencia durante este período”.

    Pues bien, en una publicación digital de SEO/BirdLife hemos podido leer que esta pasada primavera el paraje presentaba un aspecto lamentable ya que estaba prácticamente seco “y con grupos de gaviotas comiendo las carpas muertas que se amontonaban entre el barro. Se había perdido ya las puestas de aves típicas del carrizal inundado, como buscarlas o carriceros”. Al mismo tiempo esta ONG recordaba que:

    (...) esta no es una situación nueva. SEO/BirdLife es consciente de que el deterioro de este espacio no es producto de actuaciones recientes, sino que es consecuencia de múltiples acciones que se vienen acumulando a lo largo de los años, que se cometen con total impunidad, y que han llevado a este paraje natural a una situación de alarmante abandono.

    Entre las agresiones a este espacio que SEO/BirdLife ha detectado, se encuentran la inadecuada gestión de la carga ganadera (equina y ovina) que provoca daños en la vegetación natural (por ejemplo, praderas de almajos, en franca regresión en toda Andalucía) y en las puestas de aves que anidan en el suelo; quemas de vegetación natural para generar pastos; laboreo de parcelas con vegetación natural que debe conservarse según establece el PORN; destrucción de colonias de canastera y otras aves por el uso de los terrenos en los que crían como pista de aterrizaje y despegue para las avionetas que realizan labores agrícolas del arrozal, y uso incontrolado de cañones de aire comprimido para ahuyentar aves en las inmediaciones de lugares de nidificación de especies protegidas.

    No solo eso, sino que en los arrozales aledaños se tiene constancia de que se realizan sistemáticamente matanzas de calamones, a los que últimamente se ha añadido otra especie de ave a la que se “acusa” de provocar daños en los cultivos: el morito común.

    SEO/BirdLife ha dirigido una carta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio exponiendo todas estas cuestiones y ofreciendo su colaboración para buscar soluciones consensuadas que mejoren la conservación de este espacio”

    Por su parte, en la web de Ecologistas en Acción podemos ver que hace un tiempo ya denunciaba, a propósito de este paraje natural, que:

    Su principal e histórico problema, la gestión del agua, nunca ha sido resuelto en este antiguo brazo del río Guadalquivir desde que lo “desconectaron” del mismo para crear zonas agrícolas. Sin aportes de agua del gran río, queda resignado a inundarse por agua de lluvia o por los desagües contaminados de los cultivos de arroz.

    Para el manejo de esas aguas, la administración invirtió fondos en una serie de compuertas, canales y la construcción de dos grandes sistemas de bombeo que nunca funcionaron. Ni siquiera cuentan con sistema eléctrico, mostrando un deterioro evidente.

    Ningún responsable de la Junta de Andalucía ni de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir responden de este malgasto de dinero público mientras cada año, varios de los segmentos de cauce (el curso natural está compartimentado por muros), se mantienen secos en pleno invierno.

    Otro aspecto que escandaliza a primera vista es el desmadre ganadero dentro de sus límites. Rebaños de cientos de ovejas y caballos devoran la vegetación natural pese a que existe un hábitat de Interés comunitario para protegerla y dejando las orillas convertidas en lodazales yermos. Las aves acuáticas, algunas en peligro de extinción, quedan de esta forma sin refugio ni alimento y en primavera, nidadas de especies coloniales y amenazadas como las canasteras, acaban bajo miles de pezuñas.

    Los agricultores también convierten parcelas de secano en regadíos sin la necesaria autorización medioambiental y gracias a las descoordinación de la Confederación Hidrográfica con la Junta de Andalucía que, a su vez, apenas actúa mediante procedimientos de infracción. A menudo, la vigilancia ambiental brilla por su ausencia y tanto agricultores como ganaderos, manipulan las compuertas a su conveniencia, inundando o desecando segmentos de cauce para, por ejemplo, utilizarlos como pastos”.

    En fin, todo esto acontece en un lugar que, como dice el portal sobre los espacios naturales protegidos de Andalucía de esa Consejería en relación a este espacio, “El Brazo del Este es un paraíso para el turismo ornitológico. Localizado estratégicamente entre Doñana, las marismas y la laguna de Dehesa de Abajo, permite la observación de multitud de anátidas, rapaces y migratorias de verano e invierno. La lista de especies es interminable: garza imperial, ánades azulón y rabudo, pato cuchara, cerceta, calamón (posiblemente la población más abundante de Europa), rascón europeo, polluelas pintonja y bastarda, gallineta, avetorillo, garcilla cangrejera, cerceta pardilla (para la que el Brazo del Este supone una importante zona de nidificación), garceta, garza real, garcilla bueyera, cigüeña blanca, milano real, busardo ratonero, lechuza campestre y aguilucho lagunero occidental. Asimismo, se puede observar al martinete común, algunas gaviotas y otra gran variedad de aves”.

    Precisamente para preservar sus valores naturales, entre los objetivos del PORN se fijan los de «3. Mejorar las condiciones de cantidad y calidad de los recursos hídricos esenciales para el funcionamiento ecológico de este espacio. 4. Controlar y regular los usos y actuaciones que puedan incidir en los cauces y caños que vierten sus aguas en el Brazo».

    Así las cosas y teniendo en cuenta que, para esta Institución, es prioritario garantizar la cantidad y calidad de los recursos hídricos, hemos abierto esta actuación de oficio pues nos preocupa que se hayan destinado unos recursos financieros públicos a unas infraestructuras que no se encuentran en uso, están muy deterioradas y, al parecer, algunos de su componentes ha sido sustraídos o dañados.

    En este contexto, esta Institución, en distintas ocasiones en estos últimos años, ha iniciado actuaciones de oficio cuando tenemos conocimiento que obras e instalaciones financiadas con dinero público, es decir de la ciudadanía, no se han puesto en funcionamiento por distintos motivos, con el objetivo de conocer las causas que han llevado a esa situación y las medidas que se van a adoptar para rentabilizar tales inversiones.

    Pues bien, en el caso que nos ocupa se da la doble circunstancia de que parece ser que el sistema diseñado para garantizar los mencionados recursos hídricos ni siquiera llegó a funcionar, o lo hizo sólo parcialmente, y que, posteriormente, ha existido una despreocupación por el mantenimiento y conservación de sus instalaciones con lo que no sólo no se ha garantizado el buen estado de éstas, sino que, además, ni siquiera ha prestado el servicio para el que se crearon previa elaboración de los informes técnicos en los que se dejara constancia de la necesidad de su implantación y de la funcionalidad que, de cara a conseguir los objetivos del PORN, tendrían estas infraestructuras.

    Por ello, nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer, en síntesis, el año de terminación y coste de las infraestructuras ejecutadas con motivo de la implantación del sistema de gestión hídrica que se encuentra, según estas noticias, en desuso, muy deteriorado y que ha sido objeto de actos vandálicos; evaluación de las consecuencias ambientales que, en términos de suficiencia de aportes hídricos de calidad, ha tenido las deficiencias del sistema de gestión hídrica en el caudal, la flora y la fauna del paraje natural del Brazo del Este; motivos por los que, aún teniendo conocimiento de esta situación, no se adoptaron medidas para garantizar el funcionamiento de estas infraestructuras y, en todo caso, evitar la realización de los actos vandálicos que, como decimos según las noticias que han llegado a esta Institución, que han llevado a la destrucción y sustracción de algunas de sus instalaciones y, por último, medidas que se vayan a adoptar y plazo de ejecución para garantizar el cumplimento de los objetivos 3 y 4 que se mencionaban en el Decreto 198/2008, de 6 de mayo, que hemos transcrito anteriormente.

    17-05-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluida su intervención en esta actuación de oficio tras recabar dos informes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

    Tras dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ésta, a través de la Viceconsejería, nos informa que el paraje natural del Brazo del Este, con una superficie aproximada de 1.653 hectáreas, se ve condicionado por dos factores, la lluvia y el agua procedente de las canalizaciones y desagües de los cultivos, de manera que en el invierno son las lluvias las que llenan los restos del cauce y las aguas procedentes del aprovechamiento agrario las que juegan ese papel durante el verano. El 53 % del paraje natural está dedicado a uso agrícola, predominando el cultivo del arroz (31 % de la superficie protegida) y los cultivos herbáceos en regadío (21 %); también la actividad ganadera tiene importancia, centrada en el aprovechamiento del rastrojo agrícola y de los pastos invernales de los cultivos del arroz.

    En cuanto a las cuestiones por las que nos interesábamos, en el año 2005 se puso en marcha la primera parte del proyecto “Regulación hidrológica de los niveles en el Paraje Natural del Brazo del Este”, complementándose en el año 2010 con su segunda fase. El proyecto tuvo un coste de 435.500 euros, siendo las estaciones de bombeo y electrificaciones las que han sido objeto de robo y vandalismo.

    El grupo de aves asociadas a ambientes acuáticos es el que reviste especial interés y en la actualidad encuentran en el paraje natural un hábitat idóneo para la alimentación, refugio, descanso y reproducción, tal y como ponen de manifiesto los censos que se realicen anualmente.

    Evitar los robos y actos vandálicos en el paraje natural, debido a su extensión y localización (zona despoblada y muy aislada, de carácter agrícola y absolutamente llana) se convierte en una tarea prácticamente imposible, según nos informa la Consejería. En cuanto a las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las infraestructuras, en la primavera se desecó para la ejecución de determinadas obras de gestión y manejo realizadas en los últimos dos años.

    Para la Consejería, la situación real de la zona difiere mucho de la que se publica en los medios de comunicación o la que tienen las asociaciones ecologistas. Por ejemplo, el uso de compuertas mecánicas manuales y pequeñas infraestructuras han permitido el manejo de agua para desarrollar los procesos ecológicos propios del espacio natural. A modo de conclusión comentaban algunos extremos:

    - Los usos agrícolas y ganaderos son, en su mayoría, compatibles con la preservación del espacio y las transformaciones operadas en la zona con esta finalidad son las que han dado lugar a este espacio natural con características ecológicas sobresalientes.

    - Los usos agrícolas y ganaderos inadecuados se restringen a unas 20 hectáreas, 1,2 % de la superficie del paraje natural. Esta parcela, que no está labrada, fue, en su momento, expropiada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y actualmente está en proceso de reversión a sus antiguos propietarios. Las praderas de canastera y almajo son testimoniales en el paraje natural y cuando se detectan prácticas inadecuadas se intentan resolver a través del entendimiento y, cuando no es posible, se inician procedimientos sancionadores.

    - El aspecto del Brazo del Este que se describe en las publicaciones de las asociaciones conservacionistas obedece a obras de reforzamiento de compuertas, imprescindibles para la gestión hídrica del paraje natural, que deben efectuarse con el Brazo seco. Esto, además, ha permitido eliminar especies invasoras que, en otras zonas de Andalucía, ha supuesto importantes inversiones.

    - Asociar la quema incontrolada, testimonial en el paraje por realizarse en una zona marginal y escaso valor ecológico, a la creación de pastos para el ganado carece de sentido.

    - La falta de funcionamiento de las infraestructuras ha ocasionado que la cantidad de agua presente en el Brazo del Este dependa del año hidrológico y del agua de retorno del arrozal, aunque la mayoría de estas infraestructuras ejecutadas para mejorar la gestión hídrica del espacio no se encuentran en funcionamiento por causas ajenas a la Consejería, y de complicado control si no imposible.

    Estas infraestructuras hidráulicas lo que pretendían era poder manejar los niveles de agua dentro del paraje natural, no restaurar su régimen hídrico pues es un objetivo totalmente inviable por sus condiciones (hábitat artificial conformado tras múltiples obras realizadas en el río Guadalquivir desde el año 1816 para mejorar su navegabilidad y evitar las inundaciones que provocaba o poner en cultivo gran parte de sus marismas).

    En cuanto a las infraestructuras, dice la Consejería que no están totalmente abandonadas y sin vigilancia, aunque no es posible realizar esa vigilancia las 24 horas del día, ni por parte de la Consejería ni por las Fuerzas de Seguridad del Estado. En definitiva, para la Consejería, están haciendo todo aquello que está a su alcance para la adecuada gestión del paraje natural: las infraestructuras que ejecuta, de muy distinta tipología, son especialmente vulnerables a este tipo de comportamientos ilícitos, pero no por ello “puede dejar de realizar lo que le corresponde, ni dejar de ejecutar aquellas acciones que se consideren necesarias para mejorar la gestión de los espacios protegidos, permitir el acercamiento y el disfrute de los mismos por parte de la ciudadanía, dar a conocer los valores naturales presentes en el medio natural andaluz (…). Por último, hay que señalar que los robos se han intensificado en los últimos años a raíz de la crisis económica todavía vigente, es decir en fechas muy posteriores al diseño e inicio de las obras de las infraestructuras objeto de esta queja”.

    A la vista de la documentación obrante en el expediente, dimos por terminada nuestra intervención en esta actuación de oficio, confiando, y así se lo comunicamos a la Consejería, que tan pronto lo permitan las disponibilidades presupuestarias se repongan las infraestructuras que han sido objeto de robos y actos vandálicos y que se arreglen las que, aún permaneciendo en el lugar, están sufriendo el deterioro del paso del tiempo y la falta de uso y utilización, y que necesitarán igualmente de labores de mantenimiento, reparación, arreglo o puesta a punto.

    Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 15/4654 dirigida a Ayuntamiento de Sevilla

    RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

    De la respuesta que nos ha facilitado el citado Ayuntamiento cabe resaltar el acuerdo que ha adoptado la Gerencia Municipal de Urbanismo, remitido a la Comisión Europea, de suspender la ejecución del Anteproyecto de la nueva Ronda Urbana SE-35, Tramo Norte, en los tramos afectados, así como de suspender la tramitación del procedimiento en curso para la aprobación en el orden técnico del Proyecto de construcción “Ronda Urbana SE-35, Tramo Avda. Emilio Lemos-Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes)” y, finalmente, “Adoptar el compromiso de que, una vez el Ayuntamiento de Sevilla adopte la decisión de si ha de ser objeto de ejecución el Anteproyecto de la Ronda Urbana SE-35 ya aprobado y con ello los proyectos aprobados en el orden técnico o, por el contrario, decidiese la redacción y aprobación futura de un nuevo y distinto anteproyecto de Ronda Urbana SE-35, será sometido al correspondiente trámite de evaluación ambiental de forma previa a cualquier acto de ejecución o redacción y aprobación de nuevos proyectos”.

    A la vista de este acuerdo adoptado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, especialmente en lo que afecta al compromiso asumido, entendimos que la problemática por la que se había incoado esta actuación de oficio se encuentra en vías de solución, al haberse suspendido la tramitación dada la posible irregularidad de la que adolecía en materia de prevención medioambiental, con lo que procedimos al archivo de nuestras actuaciones. Al respecto, recientemente han aparecido noticias en medios de comunicación de las que igualmente hemos tenido conocimiento, que significan el archivo del procedimiento sancionador incoado por la Comisión Europea por la SE-35, dado el compromiso municipal referido.

    05-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido, en una actuación de oficio, al Ayuntamiento de Sevilla para conocer si se ha cumplido la normativa de prevención ambiental en la construcción de la carretera de circunvalación SE-35, al tener conocimiento por los medios de comunicación de que la Comisión Europea está culminando un procedimiento de infracción contra el reino de España por la omisión de este trámite medioambiental de obligado cumplimiento.

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, por los medios de comunicación, que la Comisión Europea ha procedido ya a enviar a España el dictamen motivado, que supone el segundo paso en el procedimiento de infracción, por haber omitido la aplicación de la normativa europea que obligaría a los proyectos que pueden tener importantes repercusiones en el medio ambiente a ser sometidos a esa evaluación.

    En el dictamen, según estas noticias, las autoridades comunitarias pondrían de manifiesto que ya se han aprobado distintos tramos de la obra de la carretera de circunvalación urbana conocida como SE-35, en el término municipal de Sevilla, sin que se haya cumplido el citado requisito preceptivo.

    Las noticias apuntarían a que se ha dado un plazo de dos meses para que nuestro país cumpla con los requisitos que exige la normativa comunitaria procediéndose en caso contrario a llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

    Esta Institución ya tuvo conocimiento, hace más de un año, a través de distintos medios de comunicación, de que la Comisión Europea estaba investigando el proyecto del trazado de esta carretera por cuanto había recibido noticias de que no se había realizado una evaluación de impacto ambiental específica sobre la misma. Es decir, el PGOU de Sevilla sí había sido objeto de una evaluación sobre su impacto ambiental en el territorio, pero no de manera singularizada la mencionada carretera.

    Por este motivo, una plataforma vecinal había solicitado la intervención de la Comisión Europea ya que la mencionada obra pública atraviesa una zona verde que, además, es un humedal protegido donde anidan diversas aves.

    Tras tener conocimiento de estos hechos la Comisión Europea, siempre según estas noticias, habría pedido explicaciones al Ayuntamiento y comenzó a investigar los motivos por los cuales no se había realizado el mencionado trámite ambiental. A resultas de ello la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea informó que iba a proceder “de manera inmediata a la apertura de un procedimiento por infracción”.

    Hace unos días, el 24 de septiembre, la Comisión Europea envió un ultimátum a España para que se procediera a llevar a cabo la tan mencionada evaluación de impacto ambiental de la carretera de circunvalación SE-35.

    Por todo ello, hemos procedido a iniciar esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Sevilla para conocer los motivos por los que, pese a la advertencia de las autoridades comunitarias, no se ha procedido a realizar la mencionada declaración de impacto ambiental, actuaciones que, en su caso, se van a seguir a raíz de la apertura del procedimiento de infracción y el subsiguiente dictamen motivado al no haberse corregido esa importante deficiencia.

    11-03-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Ayuntamiento de Sevilla informa al Defensor del Pueblo Andaluz que ha suspendido la tramitación de los expedientes que motivaron esta actuación de oficio relativa a la posible omisión de trámites medioambientales en el proyecto de carretera de circunvalación SE-35, que había motivado la incoación de un procedimiento sancionador por la Comisión Europea.

    De la respuesta que nos ha facilitado el citado Ayuntamiento cabe resaltar el acuerdo que ha adoptado la Gerencia Municipal de Urbanismo, remitido a la Comisión Europea, de suspender la ejecución del Anteproyecto de la nueva Ronda Urbana SE-35, Tramo Norte, en los tramos afectados, así como de suspender la tramitación del procedimiento en curso para la aprobación en el orden técnico del Proyecto de construcción “Ronda Urbana SE-35, Tramo Avda. Emilio Lemos-Carretera A-8008 (Sevilla-Brenes)” y, finalmente, “Adoptar el compromiso de que, una vez el Ayuntamiento de Sevilla adopte la decisión de si ha de ser objeto de ejecución el Anteproyecto de la Ronda Urbana SE-35 ya aprobado y con ello los proyectos aprobados en el orden técnico o, por el contrario, decidiese la redacción y aprobación futura de un nuevo y distinto anteproyecto de Ronda Urbana SE-35, será sometido al correspondiente trámite de evaluación ambiental de forma previa a cualquier acto de ejecución o redacción y aprobación de nuevos proyectos”.

    A la vista de este acuerdo adoptado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, especialmente en lo que afecta al compromiso asumido, entendimos que la problemática por la que se había incoado esta actuación de oficio se encuentra en vías de solución, al haberse suspendido la tramitación dada la posible irregularidad de la que adolecía en materia de prevención medioambiental, con lo que procedimos al archivo de nuestras actuaciones. Al respecto, recientemente han aparecido noticias en medios de comunicación de las que igualmente hemos tenido conocimiento, que significan el archivo del procedimiento sancionador incoado por la Comisión Europea por la SE-35, dado el compromiso municipal referido.

    Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 15/4459 dirigida a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

    RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

    El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluidas sus actuaciones al entender que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está coordinando sus actuaciones con otras Administraciones competentes para evitar, con todos los medios a su alcance, que los bañistas y usuarios de las cascadas del Huéznar incurran en situaciones de riesgo al infringir la prohibición de baño.

    06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio ante el peligro que supone el baño en las llamadas cascadas del río Huéznar, en la localidad de San Nicolás del Puerto, así como ante la posible descoordinación de competencias de distintas administraciones que pueden darse sobre esta zona.

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al tener conocimiento del fallecimiento de un joven al “saltar” en las cascadas del río Huéznar, en la zona del municipio sevillano de San Nicolás del Puerto. Según hemos podido conocer por los medios de comunicación, aunque desgraciadamente esta vez ha tenido un desenlace extraordinariamente grave, tanto el baño en este río como la utilización de sus cascadas para realizar saltos sobre éste parece que son hechos frecuentes durante la temporada estival y, aunque la titularidad del río parece que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el decreto de declaración de este entorno como monumento natural parece que atribuye la gestión y protección de estos espacios a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

    Pues bien, con independencia de que es difícil evitar el uso de este río para el baño o que se realicen actos que conllevan un riesgo importante para quienes los lleven a cabo, como quiera que existe un pleno conocimiento y conciencia de ese riesgo, esta Institución considera que sería necesario, en la medida de lo posible y dentro de las dificultades que entraña, adoptar algunas medidas preventivas adicionales a las que se vienen implementando hasta ahora, con objeto de intentar minimizar este riesgo.

    En este sentido hemos leído en los citados medios que el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha manifestado que “en las mismas cascadas se colocan recurrentemente señales específicas de prohibido el baño y desaparecen producto de actos vandálicos”. Asimismo, fuentes de la Consejería han puesto de manifiesto que en la propia web y en la entrada del sendero que da acceso a las cascadas se informa de la prohibición de baño, siendo así que, por lo demás, los Agentes de Medio Ambiente visitan con frecuencia la zona e informan a las personas que se están bañando de la existencia de tal prohibición. De acuerdo con ello, entendemos que, por parte de la Consejería, en principio se vienen adoptando medidas destinadas a prevenir este riesgo.

    Sin embargo, el Alcalde del municipio de San Nicolás del Puerto muestra su disconformidad con la información facilitada por la Consejería en el sentido de que “de forma recurrente se sustituyan los carteles informativos”. Es más, según entrecomillado en uno de los medios de comunicación podemos leer que la mencionada autoridad local manifiesta que “A principios de verano colocaron un folio en los alrededores informando de la prohibición que no duró ni 24 horas y en la propia cascada donde se produjo el accidente jamás ha habido ningún cartel”. Asimismo, se lamentaba el alcalde de que tras más de dos semanas desde que se produjo el luctuoso hecho “no se haya tomado ninguna medida y que nadie de la Consejería se haya puesto en contacto con él para conocer la problemática de primera mano”.

    Se trata de un lugar de gran afluencia de visitantes pues, según la Guardia Civil, parece que llegan a congregarse hasta 2.000 personas en los fines de semana durante el periodo estival.

    Ante esta situación, hemos decidido iniciar una actuación de oficio con objeto de dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer si se tiene previsto adoptar medidas adicionales como podría ser reforzar la información no solo sobre la prohibición, sino también sobre el riesgo de que se produzcan accidentes si desatendiendo aquélla se hace un uso del río para el baño y aún más si se realizan actividades de mayor riesgo como la que provocó este accidente.

    En este contexto, a juicio de esta Institución, sería conveniente, si no se ha hecho ya, entrar en contacto con los responsables municipales con objeto de conocer su criterio en torno a las medidas preventivas adicionales que se podrían adoptar para intentar evitar este tipo de accidentes.

    08-02-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

    Tras dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ésta nos informó del régimen competencial (dicha Consejería, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Administración Local y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) respecto de las zonas de baño en parques naturales. En cuanto a esta zona concreta, la Consejería nos decía lo siguiente:

    Debido a la frecuencia con la que las citadas señales desaparecen, y ante el lamentable suceso acontecido, además de continuar reponiéndolas se ha procedido a incluir pegatinas con la prohibición de baño en otras señales de mayores dimensiones y, por tanto, más difíciles de expoliar.

    Por último, respecto al contacto con los responsables del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, se informa que el pasado día 15 de septiembre representantes de esta Consejería asistieron a una reunión en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, en la que estaban presentes el Alcalde y otros miembros de la Corporación de dicho municipio.

    En dicha reunión, por parte de esta Consejería se informó de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de uso público y del refuerzo de la señalización, así como se compartió por todos los asistentes la necesidad de mejorar el control de acceso, el control de los aparcamientos, la difusión de la prohibición del baño, la coordinación sobre el monumento, reforzar el papel de las fuerzas de seguridad, etc. Para lo cual se acordó que desde dicha Delegación de Gobierno se convocaría a todas las administraciones competentes para coordinar las acciones en el área, de forma previa al inicio de la temporada de mayor afluencia, es decir, antes de Semana Santa de 2016”.

    Conforme a esta información, entendimos que se iban a tomar las medidas para evitar que se produzcan, siempre dentro de lo posible, situaciones de riesgo para los bañistas, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, aunque comunicamos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que hiciera especial hincapié en el asunto relativo a “reforzar el papel de las medidas de seguridad” y a “la difusión de la prohibición del baño”, en aras a evitar con todos los medios posibles esos saltos desde las cascadas que tanto peligro entrañan para quienes los practican por suponer riesgo de lesión grave o, lo que es peor, por suponer riesgo real de muerte, como aconteció el pasado verano.

    Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 15/4541 dirigida a Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla)

    RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

    El Ayuntamiento de Aguadulce nos comunica las diversas gestiones que ha puesto en marcha para dar una solución a la falta de funcionamiento de la EDAR de la localidad, tales como la solicitud de asistencia técnica a la Diputación Provincial de Sevilla o conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

    06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para conocer la situación en la que se encuentra la EDAR de Aguadulce que, según las noticias que llegaron a esta Institución, se encuentra en estado de abandono y sin funcionar desde hace varios años, lo que está provocando que se viertan al río Blanco las aguas residuales del municipio sin depurar.

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio cuando, a través de recientes noticias en medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad sevillana de Aguadulce lleva cuatro años sin funcionar, lo que provoca que las aguas residuales que debería depurar, pese a que pasan por sus conductos e incluso por la propia EDAR, son vertidas sin depurar al río Blanco y, posteriormente, pasan al río Genil, del que aquél es afluente.

    Esta circunstancia, además de constituir una muy deficiente gestión de los recursos públicos que, en su momento, fueron destinados a su construcción y generar un daño ambiental –que debería suscitar una preocupación a los regidores públicos-, ha dado lugar también, según estas noticias, a la imposición de sanciones económicas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos contaminantes y por daños al dominio público hidráulico.

    Prosiguen estas noticias significando que el Pleno municipal del Ayuntamiento de Aguadulce, a instancia de dos concejales, ha tenido conocimiento de estos hechos pero que, hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida, a pesar de que, tras una visita a la propia EDAR, se ha calificado su estado como “una ruina”, acreditado incluso con fotografías en las que “se pueden ver tuberías rotas por donde pasa el agua recogida, maquinaria oxidada, motores arrancados, cuadros eléctricos destruidos e incluso tapas de alcantarillado robadas”. Ante tales circunstancias, desde el Ayuntamiento parece que se ha reconocido que la EDAR dejó de funcionar en 2013 “debido a diferentes robos y actos vandálicos que se produjeron en las instalaciones”, aunque se apunta también el año 2011 como el año en que las instalaciones dejaron de funcionar.

    Por otra parte, parece que desde la Diputación Provincial de Sevilla se ha ofrecido al Ayuntamiento la posibilidad de integrarse en uno de los sistemas que operan en la provincia para gestionar, de forma mancomunada, el ciclo integral del agua de la localidad, bien sea en el Plan Écija, bien en el Consorcio de la Sierra Sur, y que desde el Ayuntamiento se están valorando estas opciones.

    Desde el Defensor del Pueblo Andaluz se vienen realizando, en los últimos años, distintas actuaciones relacionadas con el cumplimiento del objetivo conocido como “Vertido Cero” (Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la políticas de aguas), al que todas las Administraciones Públicas estarían obligadas para el final de este año 2015 y que implicaría que todas las aguas vertidas al dominio público deberían ser convenientemente depuradas en las EDAR instaladas al efecto. En este contexto, hemos tramitado diferentes quejas, tanto de oficio como a instancia de parte, con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como con Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Mancomunidades e, incluso, hemos solicitado la colaboración de la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para conocer diferentes informaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que afectan a nuestra Comunidad Autónoma.

    Por ello nos preocupa sobremanera esta situación de Aguadulce, que hemos conocido a través de la prensa, especialmente por el daño ambiental que se está produciendo con estos vertidos incontrolados y que está repercutiendo muy negativamente no sólo en el derecho constitucional y estatutario a un medio ambiente adecuado, que se está viendo vulnerado tanto respecto a los habitantes de esa localidad como a los de otras tantas poblaciones por las que discurren los ríos Blanco y Genil, sino también por la infracción de diversas normas legales de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas, singularmente por parte de las entidades locales que ostentan como competencia propia la evacuación y el tratamiento de las aguas residuales, como recuerda el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local. Pero es que, además, no puede olvidarse que, con independencia de la normativa sectorial que se está infringiendo, la realización de vertidos a las aguas terrestres contraviniendo las leyes y otras disposiciones protectoras del medio ambiente, está tipificado como delito en el artículo 325 del Código Penal.

    Y es que, con independencia de que sea difícil evitar la comisión de actos vandálicos contra bienes e instalaciones públicas, consideramos que ello no puede ser justificación para mantener abandonada, durante años, una EDAR que no sólo ha sufrido el deterioro propio del abandono y de los robos sufridos, sino que, lo que es más grave, se ha mantenido una actitud pasiva de quienes ostentan la responsabilidad, autoridades y funcionarios, de adoptar todas las medidas legales a su alcance para evitar vertidos incontrolados sin depurar al dominio público hidráulico. Al mismo tiempo, a una ciudadanía a la que se le exige el abono del canon de mejora, por más que, como sabemos, ello no implica que el importe de lo recaudado se destine específicamente a unas determinadas infraestructuras hidráulicas, le es muy difícil entender por qué se le exigen esas cantidades si en su municipio los responsables públicos se muestran incapaces de garantizar el buen funcionamiento de su EDAR.

    Por todo lo expuesto, conocidos estos hechos por los medios de comunicación que determinan el incumplimiento, como se ha dicho, de diversa normativa sectorial en materia de ciclo integral del agua que, a su vez, está generando un importante daño ambiental por vertidos incontrolados al río Blanco, hemos iniciado esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Aguadulce para conocer la realidad de la problemática expuesta; en concreto, pretendemos conocer la fecha cierta desde la que no funciona la EDAR de Aguadulce; los informes que se hayan emitido, o acuerdos que se hayan adoptado, por los órganos de gobierno municipal ante tal circunstancia; motivos y causas de la inactividad municipal y las medidas que se tenga previsto adoptar ante las dos alternativas que, siempre según los medios de comunicación, se han dado al Ayuntamiento (incorporarse al Plan Écija o al Consorcio Sierra Sur), así como la fecha en la que podría materializase, en su caso, la conexión.

    12-02-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Ayuntamiento de Aguadulce nos comunica las diversas gestiones que ha puesto en marcha para dar una solución a la falta de funcionamiento de la EDAR de la localidad, tales como la solicitud de asistencia técnica a la Diputación Provincial de Sevilla o conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

    - Es voluntad del Ayuntamiento de Aguadulce poner en marcha la EDAR de la localidad, siendo conscientes de la necesidad de depurar las aguas residuales antes de que sean vertidas al río Blanco.

    - Se están llevando a cabo diversas reuniones y gestiones con diferentes instancias administrativas, estudiando diferentes vías de financiación y valorando sistemas de depuración a poner en marcha.

    - Se han mantenido reuniones con la Diputación Provincial de Sevilla, a la que se ha solicitado formalmente asistencia técnica para estudio y valoración del sistema de depuración idóneo a poner en marcha y posterior redacción del proyecto.

    - Se está pendiente de mantener una reunión con el Delegado Territorial de Medio Ambiente para tratar el tema del canon de vertido y su aplicación a la financiación de las obras necesarias en esa localidad.

    A la vista de esta información y pese a que de ella no se desprende aún solución alguna, ni siquiera a corto plazo, para la falta de funcionamiento de la EDAR de la citada localidad, hemos de considerar que, en principio, este asunto se encuentra en vías de solución merced a las diversas gestiones que desde la Alcaldía-Presidencia se están llevando a cabo. Confiamos en que tales gestiones fructifiquen lo antes posible para poner fin, cuanto antes, a los vertidos sin depurar al río Blanco que se vienen produciendo pese a que ese municipio de Aguadulce cuenta con una EDAR. Por ello, hemos procedido a su archivo.

    No obstante, hemos instado al Ayuntamiento a que, entretanto y si quedara algo de esta instalación que pudiera ser reutilizado cuando se decida qué hacer (si una nueva EDAR o si remodelar la actual), debería abordarse, de manera urgente, cómo protegerla de robos y otros actos vandálicos.

    Comunicado sobre las personas trabajadoras del extinguido plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral, para el reforzamiento de la red de oficinas de empleo (Plan MEMTA)

    COMUNICADO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ, DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOBRE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL EXTINGUIDO PLAN EXTRAORDINARIO DE MEDIDAS DE ORIENTACION, FORMACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL, PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO ( Plan MEMTA ).

    I.- Planteamiento.

    Ante esta Institución se reciben escritos de varios trabajadores del extinguido Plan MEMTA del Servicio Andaluz de Empleo, relativo a la situación en la que manifiestan encontrarse por cuanto consideran que, cuando el 31 de diciembre fueron despedidos, cada uno de ellos, individualmente, interpusieron los recursos pertinentes, que culminaron con fallos diferentes y contradictorios, dando lugar a una clara discriminación por parte de la Junta de Andalucía a la hora de la ejecución de las mismas.

    En la tramitación del expediente de queja, solicitamos la colaboración del titular de la Secretaría General de Empleo, a su vez, Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, cuya información se encuentra incorporada al expediente.

    II.- Antecedentes.

    El extinguido Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral, para el reforzamiento de la red de oficinas de empleo, (MEMTA) se aprobó, paralelamente al inicio de la crisis económica, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008.

    El 4 de julio de 2008 se dicta Orden TIN/1940/2008 por el que se distribuyen las subvenciones para el desarrollo del Plan Extraordinario, y de conformidad con el Anexo 1 de la Orden, que establece la financiación del programa hasta el 31 de diciembre de 2008, el Servicio Andaluz de Empleo, procede a la contratación por obra y servicio, y con carácter excepcional, de personal laboral temporal. Entre este personal se encuentra el colectivo de personas Orientadoras Laborales.

    Señalar que la ejecución del Plan comenzó en septiembre de 2008, motivo por el cual la vigencia temporal se fijó hasta agosto de 2009.

    Posteriormente, mediante Real Decreto Ley 2/2009, de 6 de marzo, de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y el Fomento del Empleo y la Protección de las personas desempleadas, se procede a la elaboración de un nuevo paquete de medidas. Entre estas medidas se encuentra la prórroga durante dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2011, como máximo, del referido personal contratado para reforzar la Red de Oficinas de Empleo, efectuada por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009.

    En 2010, y en virtud del Real Decreto Ley 13/2010 de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, se incorporan 1.500 nuevas personas Promotoras de empleo hasta el 31 de diciembre de 2012 y como secuencia de la valoración positiva de los efectos del Plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012, la contratación del personal orientador asociado al Plan Extraordinario de 2008.

    Pero la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado no mantiene posibilidad alguna de nueva prórroga de los contratos englobados en el Plan Extraordinario que se puso en marcha desde el Gobierno de la nación en el año 2008.

    El recorte en la financiación, así como la importante reducción de los fondos asignados a las Políticas Activas de Empleo por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) situado en torno a un 56,9% y, por ende, la supresión del citado Plan Extraordinario de 2008, cuya finalización se estableció para el 31 de diciembre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, llevaron a la extinción de los contratos por obra y servicio determinado de estos trabajadores adscritos al Servicio Andaluz de Empleo.

    III.- Fallos judiciales y su ejecución.

    El iter procesal de las demandas de despidos planteadas por las personas trabajadoras del extinguido Plan MEMTA, ha concluido en pronunciamientos judiciales dispares que van desde el reconocimiento de la procedencia de las extinciones contractuales hasta la declaración de improcedencia e incluso de nulidad, de los despidos llevados a cabo por el Servicio Andaluz de Empleo.

    Se trata de procedimientos individuales de despido iniciados por cada uno de los Asesores de empleo y cuya resolución judicial ha dependido de los planteamientos iniciales contenidos en las demandas de los trabajadores, de ahí que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, en resolución de los recursos de suplicación planteados, se haya pronunciado en unas ocasiones a favor de la procedencia del despido y en otras haya considerado el mismo improcedente o nulo.

    Ello explica que, por razones estrictamente jurídicas y ajenas a cualquier atisbo de discriminación por parte de la Junta de Andalucía, existan procedimientos de trabajadores Asesores de empleo en los que no ha sido posible recurrir ante el Tribunal Supremo por falta de contradicción, otros que han concluido con Autos de inadmisión del Alto Tribunal y otros en los que se resuelve tanto con sentencias declarando tanto improcedencia como de procedencia de los despidos.

    En consecuencia, será el Servicio Andaluz de Empleo quien deberá disponer de las medidas oportunas para, en su caso, dar cumplimiento a las resoluciones judiciales una vez sean firmes.

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