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El Defensor del Pueblo Andaluz, consigue la notificación expresa de Resolución estimatoria de devolución de ingresos indebidos recaudados en periodo ejecutivo.

La parte promotora de la queja exponía se le tramitaba procedimiento de embargo de nómina en dos tramos de 500 euros. Añadía que mediante llamada telefónica presentó alegaciones al respecto, ya que se trataba de embargo al parecer por recibo de IBI del ejercicio de 2015, que le pretendían cobrar de forma íntegra por error, cuando ya con antelación había solicitado y se le había concedido la división al existir separación judicial de su ex cónyuge.

Asimismo, solicitaba la devolución de las cantidades embargadas en demasía a la mayor brevedad posible, ya que si el Patronato había cometido el error, debería realizar la devolución a la mayor brevedad y coincidente con el levantamiento del embargo.

Interesados ante la Administración, se recibe informe al efecto, indicando que la solicitud de devolución de ingresos indebidos que había formulado el interesado fue objeto de Resolución 3770/2016, de 20 de julio, por medio de la cual la Gerencia del Patronato, por la que se reconocía el derecho a la devolución de ingresos que solicitaba el interesado por importe de 174,97 euros.

Estando dicha Resolución a fecha 8 de noviembre de 2016, de entrada en el Registro de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, pendiente de que se dictare Orden de Pago y de la notificación expresa al interesado.

Considerando que el asunto es encuentra en vías de ser solucionado se procede al cierre del expediente.

Ver Resolución dPA

En respuesta a nuestra petición, el Alcalde nos remite informe emitido por el Coordinador General de Urbanismo y Vivienda, con el Visto Bueno del Concejal Delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, del que se desprende que “el día 19 de agosto del presente se celebró una reunión en el Excmo. Ayuntamiento entre los representantes de éste (Sr. Alcalde, Concejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda, Directora Técnica de Comunicación y Jefe de Departamento de Arquitectura e Infraestructuras de esta Gerencia) y los representantes de todos los grupos políticos, así como de la Asociación para la Memoria Histórica, facilitándoles en ese momento todo tipo de información en relación a las deficiencias planteadas en su petición, habiendo sido las mismas subsanadas en la actualidad”.

Desprendiéndose de lo anterior que el problema que dio lugar a la presentación de esta queja ha quedado positivamente resuelto, damos por concluidas nuestra intervención en la misma.

El representante de un Grupo Municipal del Ayuntamiento de Málaga reprueba la actitud del Ayuntamiento en las promesas incumplidas y en enfoque del Parque de la Memoria del antiguo cementerio de San Rafael de Málaga, lugar clasificado como de la Memoria Histórica (hoy Democrática), que no está adecuándose a lo primitivamente pactado al respecto.

Una vez admitida, nos dirigimos al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Málaga, relativa a la paralización sufrida por el Proyecto de construcción del Parque de la Memoria en el antiguo Cementerio de San Rafael de Málaga, que, al parecer, no sólo ha sido objeto de modificaciones que han ido restando brillo al inicial, sino que del mismo sólo se ha ejecutado una primera fase, pese a que se adoptó en línea con la declaración de la fosa de dicho cementerio como uno de los primeros catorce Lugares de la Memoria Histórica de Andalucía por Acuerdo de 20 de marzo de 2012 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, deplorando que la situación actual del lugar fuera la de un recinto vallado y abandonado donde, además, se han instalado unos “pipi-can” que no parecen ser precisamente los elementos más adecuados al entorno cuya protección se pretendía ejercer, no compadeciéndose en absoluto con el pretendido carácter que se le quiso dar a dicho espacio como Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía, a cuyo efecto le pedíamos la emisión del preceptivo informe al respecto.

La Administración informa que se acaba de producir la aprobación de la modificación de la calificación urbanística de la parcela en la que está construido el Conservatorio de El Ejido, lo que permitirá asumir por parte de la Junta de Andalucía la titularidad de dicho centro y, por lo tanto, su conservación y mantenimiento.

Aparecía en la prensa una noticia que hacía referencia a los graves problemas de suministro eléctrico que sufre el Conservatorio Profesional de Música de El Ejido desde que fuera inaugurado en el mes de Octubre de 2010, suponiendo ello que, desde entonces, haya servicios que no han podido ponerse en funcionamiento, como el ascensor o el aire acondicionado.

Según se puede leer, se trata de un edificio muy moderno, con unas instalaciones extraordinarias para impartir las clases de música, pero que desde hace ya cinco años no puede funcionar a pleno rendimiento.

La puesta en marcha del Conservatorio vino a cubrir una demanda del El Ejido, El Poniente y Alpujarra tras largas reivindicaciones de padres, madres y profesores, lo que llevó en su momento al primero de los Ayuntamientos señalados a ejecutar el proyecto de construcción, que contó para ello con una inversión de cuatro millones de euros financiados con fondos del Plan-E del Gobierno de España. Una vez concluidas las obras, el Consistorio instó a la Junta de Andalucía a asumir sus competencias de mantenimiento, puesto que las corporaciones municipales no tienen ninguna competencia en ello.

Sin embargo, no se explica que aunque haga ya dos años que se formalizaran todos los trámites administrativos que tenían que ser llevados a cabo por parte del Ayuntamiento para que la Consejería de Educación se haga con la titularidad del edificio, aún no se haya hecho, de manera que es el propio Ayuntamiento el que, no correspondiéndole en ningún caso, esté asumiendo su gestión.

Considerando, pues, la anterior información, se inició, de oficio, un expediente.

La Administración manifesta su compromiso de proponer a los Centros Directivos competentes la priorización de la tramitación, resolución y ejecución de los procedimientos administrativos referentes a becas y ayudas al alumnado desempleado, impulsando a dichos efectos los informes previos y preceptivos a distintos organismos de la Junta de Andalucía afectados por dichos procesos.

La persona interesada en septiembre de 2016 exponía un problema referente a la no resolución de la Beca de Transporte solicitada, el 7 de Octubre de 2011, por su participación en un Curso de Formación para el Empleo, de Administrador de Servidores y Páginas Web.

La Administración informa que le ha sido expedido el certificado de categoría de familia especial.

La persona interesada expone que lleva casi 5 meses esperando que la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla resuelva su petición de cambio de categoría de familia numerosa, pasando a categoría especial. El que se demore dicho reconocimiento le causa perjuicios económicos que considera inaceptables ante la obligación de la Administración de actuar de modo eficiente y eficaz en los trámites administrativos que le incumben.

La Administración informa que se encuentran en curso los mecanismos previstos en la legislación en protección de la menor, supervisando su situación los servcicios sociales de zona y estando pendientes de su evolución los Servicios de Protección de Menores de la Junta de Andalucía.

Una menor relata el maltrato psicológico del que estaría siendo víctima por parte de su madre, lo cual la habría obligado a abandonar su domicilio para irse a vivir con sus abuelos maternos.

La Administración informa que el proceso de preadoptivo se dilató en el tiempo, ante la presentación del presunto progenitor de las pruebas de paternidad ante el juzgado. La Demanda no se ha podido tramitar desde el Servicio de Protección de Menores ante la insuficiencia de licenciados en Derecho, necesario para resolver los procedimientos administrativos y realizar las correspondientes demandas y gestiones en el juzgado, entre otras funciones.

Esta situación está cambiando porque se ha puesto en marcha por la Administración un plan de choque para resolver esta situación crítica vivida por el servicio de Huelva, consistente en la incorporación de tres licenciados en Derecho para gestionar todas las funciones específicas de este profesional en la materia de menores. Por tanto la relación de puestos de trabajo con respecto a la figura de licenciados en Derecho estaría cubierta y resuelta por el plan de apoyo y por tanto en los próximos días se presentará en el Juzgado la propuesta previa de adopción.

La persona interesada manifiesta que tiene en acogimiento familiar preadoptivo a 2 hermanas desde noviembre de 2012. Respecto de una de ellas ya se ha tramitado y resuelto la propuesta de adopción en el Juzgado, no así respecto de la otra, ya que por problemas burocráticos la Junta de Andalucía aún ni siquiera ha presentado en el Juzgado la propuesta de adopción, acumulando 8 meses de demora.