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El Defensor del Pueblo Adaluz, Jesús Maeztu, participa en la inauguración del Día Internacional del Trabajo Social organizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.
La Dirección General de Justicia Juvenil informó que la escolarización de la menor para la continuidad de sus estudios de tercero de ESO, quedó solventada. No obstante, en aras de profundizar en las causas que pudieron motivar la demora -cercana al mes y medio- en la incorporación de la menor al instituto, continuamos con la tramitación de la queja y solicitamos la emisión de un informe a la Delegación Territorial de Educación sobre las incidencias acaecidas en el mencionado procedimiento de escolarización, con especial referencia al protocolo establecido para la escolarización de menores internados en centros de internamiento de menores infractores.
La Administración educativa justificó que la escolarización se produjo tras pedirlo el Juzgado de Menores.
La interesada es abuela de una menor interna en un centro de responsabilidad penal de menores. Expresa su preocupación porque el centro no viene garantizando la continuidad de los estudios de su nieta, de 15 años de edad, y por tanto dentro del tramo de edad de escolarización obligatoria. Refiere que ingresó en el centro en junio y que a primeros de octubre sigue seguía sin acudir al Instituto, y a pesar de haberlo preguntado en el centro no le facilitan información acerca de las actuaciones que vienen realizando para garantizar que su nieta realice el curso académico con normalidad.
La Institución media entre el Ayuntamiento de San Fernando y la Junta de Andalucía, con objeto de que ésta afronte el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tributaria y otros recursos públicos adeudados al municipio.
En la presente queja, la Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando nos trasladaba Acuerdo Plenario exigiendo a la Junta de Andalucía la rectificación urgente y pago inmediato al Ayuntamiento de la cantidad que adeuda por importe de 748.175,25 euros, que mantiene en vía ejecutiva referida al periodo 1996-2013. Exigiendo, de igual manera, que no se retrase en el pago de sus obligaciones tributarias.
Asimismo, exige de la Junta de Andalucía que haga frente al pago pendiente de las subvenciones por importe de más de 1,6 millones de euros, y que corresponden a sufragar los gastos referidos a sectores sociales muy necesitados.
Por nuestra parte, solicitamos a la Alcaldía promotora de la queja ampliación de información sobre concreción y desglose de cantidades a que estaban referidos los importes totales que hacía mencionaba el Acuerdo Plenario que nos había sido trasladado; informando al efecto que la deuda reclamada a Administración de la Junta de Andalucía corresponde a ingresos de carácter tributario, así como deudas de carácter no tributario, correspondientes a sanciones por infracciones de tráfico.
Se añadía en la respuesta obtenida que la deuda reclamada se encuentra en periodo ejecutivo de pago y corresponde a los ejercicios de 1996 a 2013. Se habrían incluido así mismo los recibos generados en el año 2014, ya que los mismos -indicaba la Intervención citada- corresponden a ingresos de notificación colectiva y cobro periódico, que se generan anualmente. Concluía el escrito de la Intervención afirmando que revisados y actualizados los importes, la cantidad reclamada por el principal de la deuda al día de la fecha asciende a la cantidad de 1.040.050,16 euros.
A la vista de lo que el Ayuntamiento manifestaba, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó información a la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública.
En el informe recibido al efecto, se nos indica que desde la Dirección General de Patrimonio se ha solicitado información al Ayuntamiento afectado para detalle de las deudas pendientes, con indicación de las que corresponden a obligaciones tributarias y obligaciones derivadas de carácter no tributario.
La Administración autonómica indica que mantiene un fuerte compromiso con sus obligaciones económicas de toda índole y en especial con las de carácter tributario, de manera que se haga uso eficiente de los recursos públicos orientados a la eficacia, la eficiencia y la calidad, por lo que asegura que una vez analizada la información que se reciba, se dará traslado de la misma a los Departamentos responsables, con el fin de que se proceda a hacer efectivo el importe de las cantidades reclamadas y reconocidas a la mayor celeridad posible.
Dado que de la información recibida de la Administración se evidencia que desde la Consejería se mantiene diálogo fluido con la Corporación municipal, y que el asunto planteado en la presente queja se encuentra en vías de ser solucionado tan pronto sean aclarados los aspectos técnicos pendientes, damos por concluidas nuestras actuaciones y se procede al cierre del expediente.
Esta Institución considera que el sistema de estructuras tarifarias que contempla el número de personas que habitan en la vivienda objeto del suministro es el sistema más justo y más acorde con el principio de que quien contamina paga, que se recoge en la Directiva Marco del Agua y con los objetivos de fomento del consumo responsable y eficiente que contempla la legislación en materia de aguas vigente en nuestra Comunidad Autónoma.
Nos parece una medida acertada que antes de acometer el cambio al sistema de tarificación por habitante exista un compromiso de la entidad local y la empresa suministradora de compensar los excesos de recaudación que puedan producirse reajustando las tarifas cobradas a los colectivos que resulten mas perjudicados por el nuevo sistema.
También consideramos necesario que el proceso de implantación del nuevo sistema tarifario se haga de forma paulatina, con un periodo de información previa a los usuarios suficientemente dilatado y constituyendo un organismo dedicado específicamente a solventar las dudas y a dar respuesta a las situaciones especiales que puedan plantearse.
La Administración informa que se ha realizado por la Inspección educativa distintas actuaciones, todas ellas en coordinación con la Coordinadora del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa, la responsable del Equipo de Orientación Especializado en trastornos de conducta y el Orientador del colegio, y dirigidas a establecer pautas de actuación con el alumno en cuestión y adoptar estrategias de intervención educativa con el mismo.
La persona interesada expone el problema surgido en el grupo de 4º del centro educativo tras la incorporación de un alumno con problemas de trastornos de conducta. Manifiesta su discrepancia en cuanto a la atención que está recibiendo este alumno así como el resto de los que conforman el grupo, lo que está perjudicando el clima de convivencia y el normal desarrollo de las clases.
Esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Delegación Territorial de Educación en varias ocasiones, sin que hasta la fecha se haya adoptado medida alguna para solucionar el problema expuesto.
La administración informa que los menores de edad fueron puestos a disposición de la Entidad Pública por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ingresando al día siguiente en un centro de acogida inmediata de la provincia de Granada y activándose los mecanismos necesarios en estos casos.
Conocimos por los medios de comunicación de la localización de una patera, en la que viajaban 63 personas (algunas mujeres embarazadas) y entre estas personas 7 menores de edad en la zona del Mar de Alborán.
Por este motivo se inició de oficio, una actuación en salvaguarda de los derechos de los menores para que se informara sobre la atención dispensada por el Ente Público de Protección a los menores que por encontrarse en situación de desprotección hubieran quedado bajo la custodia del Ente Público de Protección, en garantía de sus derechos y bienestar.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido hoy al Parlamento de Andalucía su conformidad a la propuesta de cese del Adjunto del Defensor, de acuerdo al artículo 8.2 de la Ley 9/1983 reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz y al artículo 18.2.d de su Reglamento de Funcionamiento.
La propuesta viene motivada por la pérdida de confianza en el Adjunto ante su imputación judicial en unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito contra la intimidad por cesión a terceros de datos personales o de revelación de secretos con relación a un expediente tramitado desde la Oficina del Defensor a instancia de una persona.
Jesús Maeztu ha informado hoy ante los miembros de la Comisión de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento de Andalucía que su propuesta de cese se hace ante los indicios contrastados que hacen apreciar la falta de idoneidad del Adjunto para el desempeño de sus funciones ya que los hechos investigados implican un notorio incumplimiento de las obligaciones y deberes de confidencialidad y reserva inherentes al desempeño de su puesto.
A juicio del Defensor, su mantenimiento en el cargo, independientemente de lo que resulte del procedimiento judicial, podría también constituir un perjuicio para la Institución al afectar a los principios básicos de confianza y credibilidad de los ciudadanos y ciudadanas en que se sustenta.
Jesús Maeztu ha defendido que, con independencia del procedimiento jurisdiccional penal, la gravedad de los hechos no permite más demora. Se trata de una respuesta en el ejercicio de su responsabilidad que refuerza ante la ciudadanía los mecanismos de corrección de la Institución ante un mal funcionamiento. En este sentido, confía en que este hecho, puntual en más de 30 años de funcionamiento de la Defensoría andaluza, no debilite la confianza de la interesada y de los ciudadanos y ciudadanas en la Institución.
El Defensor ha recordado que la Institución ha actuado desde el primer indicio de sospecha de una posible vulneración del derecho a la intimidad con todos los mecanismos legales a su alcance para preservar y garantizar este derecho.
En febrero de 2015, ante la denuncia de la interesada de una posible filtración de sus datos a terceros desde la Institución, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió un expediente de investigación reservado cuyo resultado puso en conocimiento de la Fiscalía para que, si así lo consideraba, prosiguiera con la investigación, dada las limitaciones legales de la Institución para avanzar sin que pudieran resultar afectados los derechos del personal de la Oficina del Defensor. Posteriormente, la actuación de la Fiscalía provocó la intervención del Juzgado así como la actuación de la Unidad de Policía especializada en delitos tecnológicos. Y, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado la apertura de diligencias previas, en el curso de cuya instrucción está siendo investigado el Adjunto al Defensor.
Toda la actuación por parte del Defensor del Pueblo Andaluz ha estado motivada en todo momento por el compromiso de la Institucion con la persona afectada que presentó la queja, y con su deseo expreso para que, en la medida de lo posible, se evite una nueva exposición pública del caso por los daños que tal situación añadida le provocaría.
En este sentido, ha querido trasladar a todos los ciudadanos y ciudadanas su preocupación e interés por aclarar estos hechos y fortalecer así la relación de confianza que, desde hace más de 30 años, han depositado en la Institución y en el trabajo de las personas que la integran, implicadas y comprometidas en la defensa y protección de sus derechos.
Una vez celebrada esta sesión, la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el DPA y Peticiones ha dado su conformidad a la propuesta de cese del Adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz.
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