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La interesada exponía que el 27 de mayo de 2014 entregó la documentación necesaria y adjuntando fotos de la problemática de su casa, en la oficina de la Junta de Andalucía en Algeciras.

Dos años después aún no había recibido contestación, los problemas de las grietas empezaron en 2011 y seguían empeorando. La bañera estaba inclinándose hacia un lado y los boquetes que tenía la bañera eran mayores, pero el mayor problema era que en diciembre de 2015 el retrete dejó de tragar. Para desatascar el caño se sacaron del caño 5 cubetas grandes llenas de arena seca que ni se sabía de donde venía esa arena. A los 15 días otra vez estaba el caño lleno de arena y no se pudo desatascar. Después de dar muchas quejas levantaron el suelo de su casa pero no pudieron arreglar nada, decían que no sabían de donde era la avería porque había 8 casas perjudicadas con grietas y en mal estado.

Pusieron tuberías nuevas pero no se solucionó el problema. También tenía el patio agrietado con la obra, y el problema se agravó porque ya no podían ni tirar de la cisterna del retrete, ni bañarse. Su marido tenía alzheimer y un ictus que le tenía paralizado medio cuerpo y tenía que asearlo sentado en el retrete y con trapos por el suelo para el agua, no podía bañarlo, no tenían higiene y si echaban agua en la bañera la tenían que sacar a cubos y tirarla a la calle porque no corría el desagüe. Tampoco podían poner la lavadora.

Tenían prohibido hacer obras en la casa porque era de la Junta de Andalucía, pero llevaban 8 años esperando que alguien quisiera arreglar este problema. El Ayuntamiento decía que no era su competencia y no tenía dinero y la Junta de Andalucía ni se pronunciaba, caso omiso. El Ayuntamiento ya ni los recibía.

Este problema ya estaba afectando a 8 casas pareadas.

Ante esta situación nos dirigimos a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.

El Ayuntamiento indicó que el expediente de este grupo de viviendas se inició en junio de 2011, cuando la interesada manifestó el mal estado en el que se encontraba su vivienda, formando parte de una manzana de 4 casas.

Su vivienda estaba catalogada como albergue provisional perteneciente al grupo de viviendas UVA (Unidades Vecinales de Absorción), las cuales desde junio de 2004, gestionaba y administraba el Ayuntamiento por Convenio de Colaboración con la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

En dicho Convenio, en su estipulación tercera, se manifestaba que "El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, asumirá la administración de las UVAS a que se refiere, cuidando por el buen estado de conservación, policía e higiene de las mismas, que en primera instancia corresponde al usuario. La Comunidad Autónoma de Andalucía se hará cargo, previo acuerdo con el Ayuntamiento, de las obras de rehabilitación que al día de la firma del Convenio necesitan los grupos objeto del contrato.“. Desde entonces, la Junta de Andalucía y actualmente AVRA, no se habían pronunciado al respecto de la rehabilitación de dicho grupo de viviendas.

En Abril de 2012, la interesada manifestó un empeoramiento en la vivienda y se giró segunda visita domiciliaria al objeto de comprobar el estado de la misma y el 25 de ese mes se puso en conocimiento de la Delegación de Obras Públicas y Transportes el mal estado del inmueble, quien contestó derivando el caso a EPSA, por lo que el Ayuntamiento solicitó su pronunciamiento, sin dar respuesta alguna.

A pesar de que dicha obra de rehabilitación no le correspondía al Ayuntamiento y teniendo en cuenta la gravedad del asunto, el Ayuntamiento realizó gestiones para la rehabilitación del inmueble solicitando un presupuesto a una empresa., solicitó consignación económica y fue denegada según lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en su apartado segundo letra d.

Mencionaban que a la interesada se le había ofertado varios inmuebles, los cuales había rechazado.

La Viceconsejería de Fomento y Vivienda, enviando informe emitido por la Secretaría General de Vivienda, indicó que sobre la vivienda objeto de la reclamación había un contrato de uso y ocupación suscrito el 12 de marzo de 2014 entre el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y el marido de la interesada. Dicho contrato lo suscribió el Ayuntamiento dado que tenía la gestión de ese grupo de viviendas, en base al convenio firmado el 7 de enero de 1964 por el Consistorio -con el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), sobre utilización y conservación de los 1.000 alojamientos provisionales construidos por el INV en dicho municipio, y al convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Consejería de Fomento y Vivienda de 15 de junio de 2004 por el que se cedía al municipio la gestión de los mencionados alojamientos.

En virtud de dicho Convenio y conforme a la cláusula tercera, "el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción asumirá la administración de las UVAS a que este convenio se refiere, cuidando por el buen estado de conservación, policía e higiene de las mismas, que en primera instancia corresponde al usuario … .”.

Mediante acta de transferencia suscrita el 6 de marzo de 2014, en ejecución el Decreto 448/2010, de 21 de diciembre, por el que se cedía a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la titularidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a determinadas promociones públicas de viviendas, locales, trasteros, garajes y edificaciones complementarias propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se transfirió a AVRA la titularidad de dos grupos de viviendas, a uno de los cuales pertenece la que nos ocupa, quedando en manos del Ayuntamiento de La Línea la gestión de los mismos, al subrogarse la Agencia en la posición de la Consejería.

En escrito dirigido a AVRA el 27 de noviembre de 2015, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción instó la resolución de mutuo acuerdo del convenio de colaboración de 15 de junio de 2004. A posteriori, mediante notificación del Decreto de Alcaldía número 466/16, de fecha 3 de febrero de 2016, se emplazó al representante de AVRA a efectos de levantar Acta respecto a la resolución anticipada de dicho Convenio. Por su parte, AVRA requirió al Ayuntamiento por escrito, el 18 de enero de 2016, que documentase convenientemente la resolución del Convenio, aportando, entre otros documentos, "un informe técnico, junto con reportaje fotográfico, sobre el estado de conservación del grupo en el que se realice una valoración de las obras necesarias de reparación.".

El 22 de febrero de 2016, Ayuntamiento y AVRA mantuvieron reunión para abordar la resolución anticipada del convenio, por renuncia unilateral del Ayuntamiento, acordando ambas partes lo siguiente:

- El Ayuntamiento documentaría convenientemente el expediente conforme a las estipulaciones del Convenio suscrito el 15 de junio de 2004 y el requerimiento efectuado por AVRA el 18 de enero de 2016 y ejecutaría aquellas obras de reparación necesarias para garantizar la seguridad y mínima habitabilidad de los inmuebles de las barriadas afectadas.

- Por su parte, AVRA atendería las solicitudes de compra que los precaristas presentasen, previo informe favorable del Ayuntamiento y procuraría la obtención de la financiación para acometer directamente, o por terceros, la rehabilitación de una de las barriadas.

En conclusión y conforme a lo previsto en la cláusula tercera del Convenio vigente, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción era el responsable de la administración de las UVAS a las que se refería dicho acuerdo, por lo que "debe cuidar por el buen estado de conservación policía e higiene de las mismas, que en primera instancia corresponde al usuario …”', de modo que, mientras no se resuelva el convenio y conforme lo acordado en la reunión del 22 de febrero de 2016, el Ayuntamiento ejecutaría aquellas obras de reparación necesarias para garantizar la seguridad y mínima habitabilidad de los inmuebles de ambas barriadas.

Por tanto, volvimos a dirigirnos al Ayuntamiento en demanda de un nuevo informe. Recibido éste, se nos participó que según informe de 23 de junio de 2017, aunque no parecía alarmante el estado de la vivienda que nos ocupa, en cuanto a las condiciones de seguridad y habitabilidad, si sería aconsejable realizar un seguimiento de las patologías existentes para ver la evolución de las mismas, considerando recomendable realizar una mejora del terreno, una vez se hubieran tomado las medidas oportunas con la vivienda colindante, mediante inyección de resinas expansivas para consolidar cimentaciones, ya que la expansión de estas resinas en el terreno aumentaba la presión y resistencia del mismo, consolidando la cimentación del edificio e igualmente servían para rellenar huecos que se hubieran producido bajo el edificio por cualquier motivo: una bajada del nivel freático en cimentaciones, un movimiento de terreno por obras colindantes, etc.

Visto dicho informe por la Concejalía de Vivienda, y considerando que las actuaciones que se tenían que llevar a cabo estaban motivadas por actuaciones urbanísticas según lo dispuesto en el artículo 13.1.a del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se excepcionaban de la obligación de adjudicación a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida "las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. Podrán referirse a promociones completas o viviendas concretas."

Habida cuenta de tales circunstancias, con fecha 29 de junio de 2017 ante la disponibilidad de una vivienda protegida en régimen general de alquiler, propiedad de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.L., (EMUSVIL, S.L.), se propuso realojar a la interesada y su unidad familiar en dicha vivienda, tras comprobarse que los interesados cumplían todos los requisitos necesarios exigidos para acceder a la misma.

Por tanto, considerando en vías de solución la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada manifestaba que con fecha 23 de noviembre de 2011, solicitó la subvención para adjudicatarios de vivienda protegida en régimen de alquiler, que accedían a la vivienda en propiedad, en cuantía de 9.000 euros. Pese a cumplir los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha subvención, y habiéndola reiterado en numerosas ocasiones, aún no se le había sido abonada, al parecer, al no existir disponibilidad presupuestaria para ello.

Manifestaba que, tras personarse en la sede de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, se le dijo que su expediente y otro más eran los únicos pendientes de concluir.

En consecuencia, nos dirigimos a la citada Delegación Territorial en solicitud de informe y fue la Viceconsejería de Fomento y Vivienda, quien envió un informe emitido por la Secretaría General de Vivienda en el que se indicaba que en relación con el pago de la subvención, no se había avanzado al no ser viable su materialización en ese momento, por falta de disponibilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía, con cuyo argumento también contestaron a la hoja de sugerencia y reclamación que la interesada presentó el 17 de diciembre de 2013.

Entendían que existía una expectativa de derecho, a la que debería dar solución definitiva el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, que contemplaba que los procedimientos en que no hubiera recaído resolución estimatoria, se entenderían terminados por falta de disponibilidad presupuestaria, procediéndose al archivo de las actuaciones.

A esta información la interesada alegó que con fecha 4 de noviembre de 2016, su marido formuló Recurso de Alzada contra la Resolución dictada por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda el 20 de septiembre de 2016, sin que hubiese sido resuelto. Por lo que, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, interesamos de dicha Delegación la necesidad de resolver expresamente el recurso.

Desde la Viceconsejería de Fomento y Vivienda, por informe emitido por la Secretaría General de Vivienda, se nos indicó que con fecha 5 de junio de 2017 se dictó resolución desestimatoria del recurso de alzada interpuesto.

Por tanto, habiéndose dado respuesta al recurso planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado contaba con una hipoteca con La Caixa de la vivienda donde está domiciliado, de un valor de 195.000 euros, que se había visto obligado a dejar de pagar por encontrarse en paro y sin ingreso.

El problema de la finca era que el dominio se producía en tres partes indivisas. Desconocíamos la deuda actual, aunque nos refería que había solicitado a dicha entidad financiera la dación en pago, acogiéndose a lo recogido en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, dada por la Ley 172013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de Deudores Hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, para negociar una salida a esta situación y en la que pudiera acogerse a un alquiler social en su vivienda.

Sin embargo, observábamos que otro de los propietarios mantenía otras deudas personales que se encontraba en vía ejecutiva, por lo que este caso presentaba complicaciones, según pudimos comprobar en la nota simple.

De conformidad a los procedimientos de colaboración acordados entre esta Institución y la entidad financiera La Caixa, le dimos traslado de este expediente por si pudieran hacer algo al respecto.

En contacto telefónico con los responsables de La Caixa para abordar este caso se nos comunicó que no habría problema en negociar la dación en pago y un alquiler social, aunque la única dificultad sería el hecho de que la vivienda era de tres propietarios, uno de ellos el afectado. Por ello nos comentaron que se tenían que poner, preferentemente la sobrina, en contacto con el director de la sucursal y que les atenderían para este motivo. Si no fuese así sería una de las personas de rescate la que haría la negociación.

Esta información la pusimos en conocimiento del interesado, el cual empezó a recabar documentación para entregarla en la entidad financiera.

En diversas ocasiones tratamos de contactar con el interesado para conocer el estado de tramitación de las gestiones emprendidas, sin resultado, por lo que, tras un tiempo prudencial, al no manifestar el interesado nada en contra, dimos por concluidas nuestras actuaciones considerando que el asunto se encontraba resuelto.

El interesado, en calidad de representante de la comunidad de vecinos exponía que había realizado varias reclamaciones, sin obtener respuesta por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). El problema de la comunidad de vecinos era una tubería con corrosión que estaba provocando grandes humedades y daños en la comunidad y en una vivienda en particular.

El seguro de la comunidad estaba interviniendo, pero la Agencia no asumía compromiso alguno. La mayor parte del bloque era propiedad de dicha Agencia.

En consecuencia, solicitamos informe a la misma contestándonos la Viceconsejería de Fomento y Vivienda, con el envío de un informe emitido por la Secretaría General de Vivienda en el que se indicaba que con fecha 26 de mayo de 2017 finalizaron las obras de reparación de la mencionada tubería, según informe técnico de fecha 15 de junio de 2017.

Con la resolución favorable del asunto planteado dimos por concluidas nuestras actuaciones.

La interesada exponía que su familia, compuesta por 5 miembros (2 adultos y 3 niños de 8, 6 y 4 años) estaban viviendo con 227,05 € de ayuda familiar y que pagaba un alquiler de 300 € del cual no podía hacerse cargo porque “no me llega”, teniendo, incluso, que pedir ayuda al personal de trabajo social. Decía que había ido a Provisa, que se había apuntado, pero que le decían que ahora mismo no había nada.

Decía que sabía que en la barriada había por lo menos 3 casas vacías, cuyos inquilinos estaban trabajando fuera y, además, en la calle ... había al menos 7 viviendas vacías, aunque necesitaran rehabilitarlas. Ella había pedido que le dieran una y que poco a poco la iría arreglando. Igual ocurría en la barriada ..., o en el casco antiguo, muchas vacías. Decía que lo único que le habían ofrecido era un alquiler con derecho a compra teniendo que pagar 200 € todos los meses, pero tampoco podía, además decía que le pedían 2 meses, enganche de luz y agua, pagar un seguro, y lo peor de todo, amueblarla.

A la vista de las condiciones de precariedad que nos trasladaba la interesada, debido a su carencia de recursos económicos para hacer frente a los pagos del alquiler de la vivienda en la que residía en régimen de arrendamiento, estimamos oportuno solicitar informe al Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), sobre si le constaba a esa Administración Municipal la necesidad de acceder a una vivienda protegida por la Administración que manifestaba tener la compareciente.

Pedimos que nos informaran si había disponible en la actualidad vivienda protegida, de primera o segunda ocupación que poder adjudicarle, siempre que reuniese los requisitos exigidos, conforme al procedimiento establecido y no hubiera otros solicitantes con mejor derecho.

Asimismo, interesamos nos confirmaran la denuncia de viviendas protegidas, al parecer desocupadas, que efectuaba la interesada y que, de confirmarse los hechos denunciados, deberían decirnos quien ostentaba la titularidad de las mencionadas viviendas y si se había puesto en conocimiento del mismo esta cuestión.

También pedíamos que nos informaran sobre cualesquiera otras posibles soluciones a la necesidad de vivienda que manifestaba la compareciente, como pudiera ser ayuda de emergencia para el pago transitorio de un alquiler u otras ayudas o recursos públicos a los que pudiera acceder dada su situación.

Del informe que nos enviaron se deducía que los servicios sociales había estado interviniendo, en el transcurso de varios años (desde 2009 a la actualidad), en diferentes ámbitos tanto a nivel económico -tramitándoles ayudas a diferentes instituciones y que habían ido percibiendo todas aquellas a las que tenían derecho- como realizando informes de bolsa para trabajos. En la actualidad continúan atendiéndoles y realizaban gestiones de coordinación con los técnicos del Registro Municipal de la Vivienda, a la espera de la desocupación de una vivienda que pudiera serles asignada siempre según los requisitos y criterios del mencionado registro.

A pesar de ello y previendo que si la adjudicación de una vivienda social no llegara a efectuarse con la urgencia necesaria, en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora sugerimos al Ayuntamiento la adopción de alguna otra medida alternativa, cual pudiera ser, a título meramente ejemplificativo, una ayuda de emergencia al alquiler, a fin de evitar que la interesada y su familia se encontrasen sin un techo digno dónde poder vivir.

En respuesta a nuestra petición, la citada corporación municipal informó que en julio de 2015 se le adjudicó una vivienda desde AVRA, cuyo alquiler ascendía a 42,96 euros mensuales, firmando la interesada el contrato y trasladándose a la misma en diciembre del mismo año.

Nos congratulaba comprobar que finalmente le había sido adjudicada una vivienda en régimen de alquiler social, habiendo quedado solucionado el problema por el que solicitó el amparo de esta Defensoría. En consecuencia, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado exponía que el 29 de junio de 2007 se solicitó, por parte de la comunidad de propietarios, a la antigua EPSA, una ayuda de rehabilitación al amparo del Plan de Vivienda 2003/2007.

Tras la aprobación del proyecto el 28 de abril de 2010 se realizó el ingreso en la Caja Rural del importe de la Tasa de Tramitación y Expedic. Licencias por un importe de 2.409,44 euros más 115 euros del Cartel de la Obra, todo ello por exigencia de la Junta de Andalucía, pues por parte de la Junta no se podía comenzar dicha obra sin el Pago de la Licencia, y hasta el día de presentación de la queja (julio de 2015) estaban esperando se realizase dicha rehabilitación. No obstante, dicha licencia había caducado.

Según información facilitada por AVRA, el expediente estaba pendiente de firma de Convenio.

En su comunidad eran casi todos jubilados (20 viviendas), habiendo vecinos que no podían bajar las escaleras.

En un primer momento solicitamos informe a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), respondiéndonos la Viceconsejería de Fomento y Vivienda con el envío de un informe elaborado por la Secretaría General de Vivienda, tras cuyo examen, y puesto éste en relación con la normativa que resultaba de aplicación en esta materia, concluimos que, efectivamente, la inexistencia de disponibilidad presupuestaria era un paraguas que eximía de cualquier responsabilidad a la administración afectada.

Ahora bien, con independencia de que desde un punto de vista estrictamente legal, no podíamos hablar de una actuación contraria a derecho imputable a la Administración, toda vez que la misma encontraba su amparo legal en su norma reguladora, así como en la Ley de reequilibrio financiero, no podíamos obviar, que menos aún esa situación resultaba imputable a los ciudadanos. A lo que habría que añadir, que la tramitación del expediente por su parte, les había obligado a tener que asumir una serie de gastos por exigencia de la propia administración, que de no continuarse con la tramitación del expediente habrían caído en saco roto.

En todo caso, habríamos de estar a lo que se estableciera en el nuevo Plan de Vivienda, cuya aprobación, al parecer se iba a producir dentro del primer trimestre del año 2016.

En consecuencia, en febrero de 2016 procedimos a decretar el archivo provisional de las actuaciones, hasta ver como el nuevo Plan podría afectarles.

Transcurrido un tiempo, tras haberse dirigido el interesado en distintas ocasiones a nosotros y haberse publicado el nuevo Plan de Vivienda 2016/2020, en octubre de 2016 procedimos a dirigirnos a la Secretaría General de Vivienda en aras a conocer si el nuevo Plan podría aportar una solución a aquellos expedientes de ayuda a la rehabilitación que habían sido aprobados, y cuya suspensión se produjo en el momento anterior a la firma del convenio de colaboración.

De su respuesta, se deducía que el asunto planteado se encontraba en vías de solución, por lo que debería esperar a que se publicasen los listados definitivos de beneficiarios, lo que entendíamos debería producirse a la mayor brevedad, por lo que volvimos a dar por concluidas nuestras actuaciones en diciembre de 2016.

Transcurrido, nuevamente, un tiempo prudencial, hubimos de reabrir la queja en marzo de 2017 y solicitar informe sobre el estado de tramitación de la convocatoria a la Secretaría General de Vivienda, y en particular del expediente del interesado.

En su comunicación, el citado organismo informaba que la comunidad de propietarios se encontraba en la relación de beneficiarios definitivos de las ayudas, desprendiéndose, en consecuencia, que el asunto planteado se encontraba solucionado, dando por finalizada nuestra intervención.