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El Defensor del Pueblo Andaluz da por concluidas sus actuaciones cuando el Ayuntamiento de Güéjar-Sierra nos ha comunicado que no existen denuncias en sede municipal y que cumple con las funciones derivadas de sus competencias en materia de ruidos y establecimientos hosteleros.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició en su día una actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Güéjar-Sierra (Granada) por las denuncias que nos habían llegado de diversos vecinos del municipio quejándose de los ruidos y molestias (posible incumplimiento de los horarios, celebración no autorizada de espectáculos, emisión de música pregrabada en locales sin autorización) que les producían los establecimientos hosteleros que se sitúan en las inmediaciones de la plaza mayor del pueblo.

En la respuesta que nos ha facilitado la Alcaldía-Presidencia, ésta nos comunica que no se han recibido en el Ayuntamiento denuncias al respecto y, en principio, parece que los locales que podrían ser objeto de las quejas cumplen con la normativa. Con ello, entendimos que no eran precisas nuevas actuaciones por nuestra parte y dimos por concluida nuestra actuación, aunque, no obstante, pedimos al Ayuntamiento, en el momento de comunicarle el archivo del expediente, que tuviera presente esta problemática, que nos había sido denunciada en varios escritos, a fin de inspeccionar los locales y controlar que las actividades que desarrollan son las autorizadas por el Ayuntamiento, y que se ajustan a las exigencias municipales en materia de protección contra el ruido y de cumplimiento de horarios.

Propiciamos una rápida respuesta para concederle el abogado de oficio.

Había pedido muy recientemente el beneficio de justicia gratuita y necesitaba con urgencia la respuesta porque carecía de capacidad económica para iniciar el pleito y además terminaba en pocas fechas el cobro del subsidio de desempleo.

Tras nuestra intervención, la Comisión Provincial que estudiaba el caso asumió la urgencia del trámite y propuso atender la ayuda solicitada.

La Consejería de Fomento y Vivienda tramita el correspondiente expediente del pago de intereses de demora por una expropiación.

La interesada nos exponía en su escrito de queja que se vio afectada por la expropiación de su propiedad, situada en el municipio cordobés de Palma del Río, como consecuencia de la ejecución de la obra “Variante Noroeste de Palma del Río en la A-453”. Le fue abonado el principal del justiprecio en Diciembre de 2011, solicitando que le fuera practicada la preceptiva liquidación de intereses de demora y el correspondiente pago de su importe en concepto de indemnización. Sin embargo, desde dicha fecha y a pesar de las innumerables gestiones que había realizado, no se le abonaban tales intereses. Su situación económica era muy precaria siendo así que la cantidad pendiente de abonar le resultaba vital para poder atender gastos necesarios del día a día, por lo que se encontraba en una caótica situación personal.

Tras la admisión a trámite de la queja y después de varias actuaciones, finalmente la Dirección General de Infraestructuras, de lla Consejería de Fomento y Vivienda, nos comunicó que ya disponía de crédito presupuestario para el pago de los intereses, por lo que habían tramitado el correspondiente expediente de la interesada.

De acuerdo con ello, entendimos que el problema de retraso en el abono de los intereses de demora que se le adeudaban a la reclamante se encontraba en vías de solución, por lo que no resultaban precisas nuevas gestiones por nuestra parte.

El Ayuntamiento de Sevilla reconoce la falta de notificación de una sanción de tráfico y procede a su anulación.

El interesado nos indicaba en su escrito de queja que en Abril de 2013 se le impuso una sanción de tráfico por aparcar su moto en zona prohibida, concretamente sobre la acera en la zona cercana a la portada de la feria, sin que le fuera notificada esta infracción. Sin embargo, posteriormente recibió en su domicilio la notificación de la sanción, incluyendo recargo y costas, por un total de 223,33 euros. Recurrió, en Febrero de 2014, esta sanción al Ayuntamiento de Sevilla, exponiendo que aunque estaba de acuerdo con la infracción cometida, al no haber recibido notificación en su domicilio no había tenido la oportunidad de beneficiarse del 50% de descuento por pago en el plazo de 20 días desde la notificación. La única respuesta que recibió del Ayuntamiento fue que, en Julio de 2014, se le embargó de su cuenta corriente la cantidad de 249,55 euros, por lo que acudió a las oficinas de recaudación del Ayuntamiento de Sevilla para exponer su queja: “Allí me dijeron que ellos habían mandado la notificación en su momento. Me entregaron un documento en el que se ve que mi dirección no es correcta y por tanto el cartero puso dirección incorrecta. Por lo que no pude recibir notificación alguna. Se puede comprobar que en mi empadronamiento, que es un documento municipal se ve claramente mi correcta dirección”.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, éste reconoció en su respuesta que la notificación se practicó en domicilio incorrecto, por lo que habían procedido a revocar la sanción que le fue impuesta al interesado, acordando la baja y archivo del expediente sancionador que le afectaba. Entendimos con ello que el problema estaba solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz, considerando que no existe irregularidad en la actuación municipal del Ayuntamiento de Granada respecto de la reducción de la cadencia de paso de peatones en los pasos semafóricos de diversas calles de esta ciudad, ha trasladado al Ayuntamiento sus consideraciones con el fin de garantizar un tiempo de paso suficiente para todas las personas y, en especial, para aquellas de mayor edad o que tengan una movilidad reducida.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio para conocer si el Ayuntamiento de Granada ha reducido la cadencia de los semáforos en algunas calles para agilizar el tráfico. Tras dirigirnos al mismo, de la respuesta que hemos recibido no hemos podido constatar concretas irregularidades en la nueva regulación de los ciclos semafóricos implantada por el Ayuntamiento.

En concreto, el Ayuntamiento nos indicaba, respecto de la duración del tiempo destinado a los pasos de peatones con señalización semafórica en los que se ha reducido el tiempo, que esta reducción tiene el doble objetivo de ganar eficacia y desincentivar que los peatones crucen con semáforo rojo por exceso de espera. Sobre esta decisión, respetando el «ius variandi», esta Institución considera que los gobiernos municipales pueden adoptar las decisiones que consideren oportunas en el diseño y ejecución de las políticas sectoriales, aunque la reducción del tiempo no puede suponer un riesgo para determinadas personas con movilidad reducida, por lo que hemos trasladado a la Corporación Local que es preciso articular alternativas que, garantizando la seguridad de estos colectivos, permitan, también, como pretende dicha administración, garantizar la fluidez y puntualidad del transporte colectivo.

En este contexto, y a nuestro juicio, es muy necesario que se cumplan escrupulosamente las obligaciones establecidas en el art. 13 del Real Decreto 505/2007, de 20 de Abril, sobre Condiciones Básicas de Accesibilidad y No Discriminación de Personas con Discapacidad.

En cuanto a si se habían consultado estas medidas con asociaciones representativas de personas con movilidad reducida y/o peatonales, el Ayuntamiento nos trasladaba que se había consultado a 133 asociaciones y entidades el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que es el marco en el que se concretaban las actuaciones concretas.

En base a esta respuesta, trasladamos a la Alcaldía que hubiera sido aconsejable, a nuestro juicio, recoger, en un amplio periodo de información, en lo posible las pretensiones y demandas de la ciudadanía y lograr una mayor adhesión a las medidas implantadas, pues toda decisión política debe ser explicada a la ciudadanía, fomentando con ello la participación en la toma de decisiones que afectan, en el día a día, a las personas.

Respecto de la tercera cuestión, el Ayuntamiento nos exponía que realiza un seguimiento exhaustivo de los cambios realizados en los ciclos semafóricos a fin de ajustar lo necesario, habiéndose realizado diversas modificaciones para favorecer el tránsito peatonal de personas mayores y con movilidad reducida.

Por todo ello, entendimos que no eran necesarias nuevas actuaciones en esta queja, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, trasladándole las consideraciones antes sintetizadas para intentar garantizar, en todo momento, un tiempo de paso suficiente para todas las personas y, en especial, para aquellas de mayor edad o que tengan una movilidad reducida.

Aceptada la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz: el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha procedido a anular un expediente sancionador en materia de tráfico, procediendo a devolver la cantidad cobrada por la multa a la interesada.

Tras la resolución formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por las irregularidades detectadas en un procedimiento sancionador en materia de tráfico, dado que se trata de una denuncia de agentes de la Guardia Civil en casco urbano, el Ayuntamiento nos ha comunicado que acepta nuestra resolución, por lo que ha procedido a revisar el expediente sancionador que afectaba a la interesada en el sentido recomendado, dejando sin efecto la sanción que le fue impuesta.

Así las cosas, entendemos que el problema que tenía la reclamante ha quedado en vías de solución y que, por parte municipal, se estarán haciendo las gestiones precisas para la devolución de la multa que pagó, por lo que podemos dar por concluidas nuestras actuaciones.

Posteriormente, la propia interesada se ha puesto en contacto con esta Institución para darnos traslado de la resolución municipal por la que se acuerda la devolución de la cantidad correspondiente a la sanción económica más los recargos y costas cobradas.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, la Consejería de Fomento y Vivienda tramita el correspondiente expediente para el pago de los intereses de demora del principal de una expropiación para la construcción de una carretera.

El interesado denunciaba en su escrito de queja que en su día se le expropiaron dos parcelas colindantes con ocasión de la construcción de la carretera 485, tramo Gibraleón-San Bartolomé de la Torre. Pasado un tiempo, le abonaron el principal de dicha expropiación, pero quedaron pendientes los intereses de demora de dicho principal. Desde entonces y a pesar de que había reclamado en varias ocasiones esta cantidad, no se la abonaban.

Tras varias actuaciones con la Dirección General de Movilidad, finalmente conocimos que ya disponía de crédito presupuestario para el pago de estos intereses, por lo que habían tramitado el correspondiente expediente ante la Intervención Delegada de la Consejería de Hacienda, para que la cantidad fuera transferida a la Tesorería de la Delegación Provincial y proceder a su pago.

Así las cosas, entendimos que el problema que motivó la presentación de la queja, el retraso en el abono de los intereses de demora que le adeudaban al reclamante, se encuentra en vías de solución ante su inminente pago por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda nos da cuenta de las actuaciones que ha llevado a cabo para solucionar el problema de fuertes olores existentes en el municipio por las deficiencias que presentaba la EDAR de la localidad.

La interesada nos trasladaba en su escrito de queja, en esencia, los insoportables olores que desprendía la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), situada muy cerca de una zona residencial, generando una gran contaminación atmosférica y afectando a un importante número de vecinos y vecinas. Asimismo, nos comentaba que, según rumores que se oían en la localidad, es posible que en el proceso de depuración no se estuvieran utilizando los productos adecuados que permitieran mitigar los olores generados, por su elevado coste. En particular, aseguraba que desde el pasado mes de agosto de 2013 el olor era insufrible en las viviendas cercanas, por lo que tenían que cerrar las ventanas, pese a lo cual era imposible evitar que entrara el olor. Además de las molestias propias de los malos olores, había muchos vecinos que pensaban que estos olores eran perniciosos para la salud, de ahí que temieran que esta situación se prolongara en el tiempo.

Nos constaba, a este respecto, que se habían presentado en el Ayuntamiento escritos en los que muchos vecinos denunciaban esta situación y pedían soluciones, aunque hasta aquel momento no habían tenido respuesta concreta alguna.

Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, éste nos ha dado cuenta de todas las actuaciones que había llevado a cabo con los vecinos para informarles de la situación en la que se encontraba la EDAR, entre ellos una reunión con los vecinos más afectados a los que se dio cuenta del informe emitido por la entidad concesionaria del abastecimiento de agua potable y depuración de las residuales, en la que se abordó el tema y de las mediciones ambientales que se habían llevado a cabo.

Así en concreto, nos indicaban que las concentraciones de sulfhídrico estaban dentro de los límites establecidos en la norma, por lo que ya habían finalizado la campaña de seguimiento de estos elementos. Asimismo y después de los estudios llevados a cabo, habían detectado que el origen de las emisiones se debía a problemas estructurales y de mantenimiento de las instalaciones, a lo que el Ayuntamiento había propuesto diversas medidas correctoras que habían constatado un paulatino descenso de las concentraciones de contaminantes, con un buen resultado de las medidas adoptadas.

Tras dar cuenta de estas actuaciones a la interesada para que presentara las alegaciones y consideraciones que creyera oportunas, ésta nos envió un escrito de respuesta con el que entendimos que en este asunto no eran necesarias nuevas actuaciones por nuestra parte, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones al entender que el problema estaba en vías de solución.

Por fin el preso logra una revisión de la pensión por incapacidad que había solicitado.

Logramos para un interno en prisión que le tramitaran una revisión de la ayuda concedida de 271 euros hasta alcanzar los 365,90 debido a la actualización del grado de discapacidad que padece. Además esta ayuda es el único ingreso que tiene para su manutención.