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La Fiscalía Provincial manifiesta que se dictó sentencia de fecha 27 de noviembre de 2012 absolviendo a la acusada, madre de los menores, ante el compromiso de esta de cumplir el régimen de visitas.

El interesado denuncia que lleva más de un año sin ver a sus hijos, desde el momento en que su mujer decidió incumplir el régimen de visitas establecido por el Juzgado.

Refiere haber presentado diferentes denuncias en el Juzgado y se muestra desesperado ante la reciente suspensión de la fecha del juicio debido a la incomparecencia de la Fiscalía. 

La administración convino un acogimiento familiar permanente para los menores. Como hasta la fecha no se había establecido ningún régimen de visitas por parte de la madre, se acordó estudiar y valorar esta posibilidad.

La interesada nos dice que se encuentra interna en un centro Penitenciario y a pesar de llevar más de 2 años cumpliendo condena aún no ha tenido ningún contacto con sus hijos.

 Repecto a 4 de sus hijos, nos dice que son sus padres quien no permiten que los menores mantenga contactos con ella. Y en el caso de uno de ellos, nos dice que se encuentra interno en un centro de protección de menores, y que a pesar de sus intentos tampoco le ha sido posible mantener ningún contacto con él.

Definitivamente se lleva a cabo la intervención que precisaba la interesada.

En virtud del informe administrativo achacaban la demora en la intervención quirúrgica que precisaba la interesada, a una eventual descoordinación entre las unidades de patología mamaria y el registro de demanda quirúrgica, anunciando el análisis de las causas que la motivaron para evitar que este tipo de situaciones se repitieran.

Por otro lado reconocían que el día que tenía prevista la intervención, ésta debió llevarse a cabo, aún cuando ello supusiera el alargamiento de la jornada de la anestesista, ante lo cual nos comunicaban que habían procedido a llamar la atención a la profesional sobre este aspecto.

Por último nos indicaban que definitivamente fue operada el 5 de Febrero pasado.

A la vista de lo expuesto, a pesar de las deficiencias detectadas en el proceso asistencial, primero por incumplimiento del plazo de garantía de respuesta para intervenciones quirúrgicas, y después por la suspensión de la intervención el día que fue programada, teniendo en cuenta el propio reconocimiento que por ese hospital se realiza de las mismas, y la petición de disculpas a la interesada, hemos considerado que el asunto que motivó su recurso a esta Institución se ha solucionado.

Resuelto y notificado recurso de alzada frente a providencia de apremio.

Una ciudadana manifestaba que le había sido notificado por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Cádiz providencia de apremio y requerimiento de pago, incoado por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.

Exponía la interesada que había formulado recurso de alzada contra la providencia de apremio, alegando no haber recibido notificación alguna en período voluntario

Continuaba exponiendo que le había sido notificada por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Cádiz, diligencia de embargo de cuentas corrientes.

Ante ello, formuló recurso de alzada contra la diligencia de embargo, sin que hubiera obtenido una respuesta expresa a ninguno de los recursos formulados.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, el Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de Cádiz, informa que ha resuelto el recurso de alzada interpuesto, informando, asimismo, a la parte interesada de dicha resolución.

Un ciudadano manifestaba que en escrito de fecha 3 de julio de 2012, en cumplimiento de la Resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (TEARA), solicitó la devolución de ingresos indebidos, en concepto de liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Y añadía que hasta la fecha no se había hecho efectiva.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, desde la Agencia Tributaria de Andalucía se nos informa que se ha dado traslado a la Oficina Liquidadora competente, para acordar la devolución del ingreso indebido