La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 24/3777

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de evaluación, dictamen y estudio del alumnado con necesidades educativas y los consiguientes refuerzos de apoyo de profesionales para su atención y apoyo, en un Centro de educación infantil y primaria (CEIP) en un municipio de la provincia de Sevilla.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema con fecha 17 de septiembre.

Este Servicio ha solicitado información y aclaraciones al orientador de referencia del centro perteneciente al Equipo de Educación de Orientación Educativa (EOE) del municipio, que nos informa que ha mantenido dos entrevistas con la familia del menor, de las cuales manda las actas correspondientes.

La primera con fecha de 10 de abril de 2024, recoge que ante la solicitud de la familia de un cambio de modalidad de C a B, ya que no ven una evolución favorable, el orientador les informa en primer lugar que sí ha habido una mejoría en la autonomía personal y en desarrollo comunicativo, a través del sistema aumentativo de comunicación que se lleva a cabo en el aula específica; y en segundo lugar, que las necesidades educativas de su hijo, necesitan una atención específica permanente, a las que se les da respuesta desde una modalidad C.

La segunda acta con fecha de 19 de junio de 2024, en la que les informa de que durante el segundo y tercer trimestre del presente curso escolar 2023-2024, no se ha podido revisar la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización de su hijo, debido al gran número de alumnado NEAE de tránsito entre etapas educativas, que había que valorar de forma prescriptiva. Por lo tanto, en el próximo curso escolar 2024-2025 se le realizará dicha revisión del informe y el dictamen, siguiendo los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica, pendientes de valoración en el centro educativo.

En cualquier caso, el buen funcionamiento de la competencia educativa está supervisada por la Inspección educativa tal y como recoge la LOMLOE, art. 148:

3. la inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo. A fin de asegurar el cumplimiento del las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza inclusiva”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla para disponer la ordenación de los recursos dedicados al alumnado NEAE.

También observamos que el informe recibido de la Delegación explica los procesos regulados para definir el estudio y evaluación del alumno que debe ser atendido por los Equipos de Orientación y Evaluación. Como se indica en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, la finalidad es lograr aportar un criterio técnico y especializado sobre las características de los alumnos y alumnas que presenten indicios o signos que aconsejan ofrecer un dictamen sobre las necesidades de apoyo que, en su caso, se determinen.

Este singular apoyo deriva de los respectivos informes psicopedagógicos de cada alumno o alumna que permite determinar las necesidades de recursos específicos del alumnado de necesidades educativas especiales. Además, en función del dictamen de escolarización, se establece, en ocasiones, la atención en centros específicos de educación especial, o bien en aulas específicas en centros ordinarios (modalidad C) o bien la atención del alumnado se realiza dentro de las aulas con apoyos en periodos variables (modalidad B) para que el alumnado pueda continuar con su desarrollo evolutivo y formativo y su integración global en la sociedad.

Por otra parte, los recursos se distribuyen cada curso escolar, tras el estudio de las necesidades detectadas en todos los centros educativos a través de los Servicios de Ordenación Educativa proponiendo la distribución de estos recursos personales.

Pues bien, en el marco de esta metodología, observamos que se han atendido las peticiones de la familia en base a las notas o características de que el alumno presenta constitutivas de necesidades específicas de atención educativa (NEAE). Para atender esta petición, el equipo docente del centro ha considerado el caso y determina que “sí ha habido una mejoría en la autonomía personal y en desarrollo comunicativo, a través del sistema aumentativo de comunicación que se lleva a cabo en el aula específica; y en segundo lugar, que las necesidades educativas de su hijo, necesitan una atención específica permanente, a las que se les da respuesta desde una modalidad C”.

Es este tipo de situaciones, debemos señalar que esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y Defensor del Pueblo Andaluz no puede contradecir los criterios técnicos elaborados desde los profesionales del sistema educativo, puesto que no corresponde a esta Institución la supervisión de los cometidos propios de los especialistas en las distintas disciplinas que intervienen en estos procesos de estudio y dictamen.

Efectivamente, la evaluación psicopedagógica y la organización para la prestación de una atención educativa equitativa son actuaciones que realiza la Administración Educativa en el ejercicio de las potestades que tiene conferidas para garantizar el derecho fundamental a la educación (artículos 71, 74 y disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y artículo 7 de la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación).

Y, en todo caso, se trata de un proceso continuo de tal forma que el seguimiento y control de la marcha de cada alumno se produce a lo largo de su trabajo diario y, según se indica en el informe, “en el próximo curso escolar 2024-2025 se le realizará dicha revisión del informe y el dictamen, siguiendo los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica, pendientes de valoración en el centro educativo”.

En suma; comprendiendo la preocupación generada en la familia por disponer de los recursos adecuados, valoramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para realizar los seguimientos del alumno en el centro y considerar un nuevo estudio que está perfectamente previsto en la normativa aplicable.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 21/7678 dirigida a Consejería de Salud y Consumo, Servicio Andaluz de Salud, Dirección Gerencia

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante el Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud recomendando que se adopten medidas para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la provincia de Jaén, conforme a los principios de equidad e igualdad, y en coherencia con la garantía de accesibilidad recogida en el artículo 23 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, recomienda, mientras no sea posible la prestación en Jaén de la IVE en condiciones de igualdad con el ejercicio del derecho en las restantes provincias andaluzas, prever normativamente la compensación de los gastos por desplazamiento, alojamiento y manutención a las embarazadas que tengan que desplazarse fuera de la provincia.

ANTECEDENTES

I. El 2 de noviembre de 2021, la promotora de la presente queja, en representación del Movimiento Feminista de Jaén, nos trasladaba una cuestión ampliamente difundida por los medios de comunicación, consistente en la imposibilidad de ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la provincia de Jaén y el consiguiente incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

En este sentido, exponía que el 9 de septiembre de 2021 presentó escrito en la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de Salud y Consumo, solicitando que se ofertara la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los servicios sanitarios públicos, especialmente en Jaén, sin haber recibido respuesta.

La promotora de la queja manifestaba que en Jaén, al contrario que en el resto de provincia de Andalucía, no se ofertaba la prestación de la IVE ni en los centros sanitarios de la red pública ni mediante concierto a través de entidad privada. Por ello, las mujeres residentes en la provincia deben acudir a clínicas privadas fuera de dicho territorio y sufragar los costes del desplazamiento y en su caso pernocta por sus propios medios económicos, demás de adelantar el coste de la intervención médica, para posteriormente solicitar el reintegro por la vía establecida.

Consideraban, pues, que el obligatorio desplazamiento a otras provincias conculca el artículo 12 de la citada Ley Orgánica, que dispone lo siguiente: “Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.

Asimismo, consideraban que este obligado desplazamiento fuera del territorio de la provincia incumplía el apartado primero del artículo 19: “Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo, las administraciones sanitarias competentes garantizarán los contenidos básicos de esta prestación que el Gobierno determine, oído el Consejo Interterritorial de Salud. Se garantizará a todas las mujeres igual acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan”.

II. Tras recabar una serie de datos que resultaban fundamentales para continuar la tramitación del expediente, el 15 de marzo de 2024 esta Institución admitió a trámite la queja con la intención inicial de instar una respuesta a la solicitud formalizada por la interesada y, por ende, en principio centrada en dicha respuesta, sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto.

III. Con fecha 31 de marzo de 2022 se recibió informe de la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Salud y Consumo remitiendo la respuesta ofrecida a las solicitantes.

La respuesta recibida de la DT de Salud y Consumo se ciñó a la remisión de las explicaciones ofrecidas a quienes habían formalizado la petición, indicando que se había mantenido una reunión con las plataformas y colectivos requirentes el 9 de febrero de 2022, en la que se les había trasladado verbalmente la información pertinente, así como que el 2 de marzo de 2022 se había solicitado informe a la Asesoría Jurídica del SAS en la provincia de Jaén, sobre las cuestiones enumeradas en el documento, emitiéndose su dictamen el 25 de marzo de 2022 en el siguiente sentido:

1º. En primer lugar, respecto a si el acceso a la prestación de Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E.) está garantizado para las mujeres que residen en la provincia de Jaén, concluía afirmativamente, al considerar que en los supuestos permitidos por la L.O. 2/2010, de 3 de marzo, el SAS garantiza la IVE en los centros integrados en su red asistencial, o en los centros vinculados o incluso en los centros acreditados en el resto del territorio nacional.

El fundamento normativo lo residencia en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica que, respectivamente, imponen al servicio público de salud competente el deber de aplicar las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos legales; así como hacerlo en los centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.

Igualmente, en el artículo 2 del Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo, y, más específicamente, en su artículo 3, que establece la realización de la IVE en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma en cualquiera de las formas legales, debiendo tratarse siempre de centros acreditados, concepto que desarrolla el artículo 4 del propio Real Decreto.

Todo ello completado con la posibilidad excepcional, para que la prestación se dispense a tiempo, de que la prestación pueda materializarse en cualquier centro acreditado en el territorio nacional, asumiendo el servicio de salud público correspondiente el gasto devengado.

El dictamen concluía que la prestación está por tanto garantizada, aunque en Jaén no se presta la IVE en los centros integrados en su red asistencial provincial, ni en centros privados vinculados al SAS por ningún instrumento jurídico, al no existir este tipo de centros en la provincia de Jaén, debido a la falta de acreditación de tales centros privados por la autoridad sanitaria competente, por no cumplir los requisitos mínimos del Anexo del citado Real Decreto, lo que, en suma, reduce el ejercicio del derecho a instar la prestación en centros privados acreditados ubicados fuera de la provincia de Jaén.

2º. Esta certeza, por su parte, conduce a la pregunta dirigida a disipar las dudas respecto de la segunda cuestión, esto es, sobre si procede el reintegro, por parte del Servicio Andaluz de Salud, de los gastos en que incurren las demandantes de la IVE residentes en la provincia de Jaén con ocasión del desplazamiento a otra provincia para la obtención de la prestación.

La respuesta en este caso es negativa, con fundamento en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y, específicamente, del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, que según la Asesoría Jurídica del SAS no ampara la pretensión de reintegro de gastos distintos a los estrictamente asistenciales, esto es, diferentes a los devengados por la realización de la IVE. Por ello, el informe estima que el SAS cumple con garantizar los gastos sanitarios derivados de la atención al proceso asistencial de la IVE.

IV. En septiembre de 2023, se recogía en los medios de comunicación que la Gerencia del Hospital Universitario de Jaén estaba organizado un grupo de trabajo para crear un equipo de ginecólogos voluntarios que se desplacen a los distintos hospitales de la provincia de Jaén para practicar la IVE.

Posteriormente sin embargo los citados medios recogían que las IVE que se practican en Hospital Universitario de Jaén son solo aquellas que se realizan solo por prescripción médica, de forma que las mujeres de Jaén deben seguir desplazándose a otras provincias para las interrupciones voluntarias del embarazo que se producen dentro de las primeras 14 semanas de gestación que estipula la legislación.

En atención a lo expuesto, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se inició la presente queja sin que según parezca se hayan adoptado medidas que permitan garantizar el derecho a la IVE conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de la provincia de Jaén.

CONSIDERACIONES

En la Sentencia 44/2023, de 9 de mayo de 2023, del Tribunal de Constitucional, en recurso de inconstitucionalidad 4523-2010, el alto tribunal concluye que “la interrupción voluntaria del embarazo, como manifestación del derecho de la mujer a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respeto a su propio cuerpo y proyecto de vida, forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE) en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad como principios rectores del orden político y la paz social (art. 10.1 CE).”

Asimismo, considera que “tanto el embarazo como su eventual interrupción son fenómenos que afectan de manera exclusiva a las mujeres, y las limitaciones injustificadas o desproporcionadas de sus derechos derivadas de tales acontecimientos, anudados indisolublemente a su sexo, constituyen una discriminación por sexo prohibida por el art. 14 CE (SSTC 173/1994, de 7 de junio; 136/1996, de 23 de julio; 182/2005, de 4 de julio; 214/2006, de 3 de julio;17/2007, de 12 de febrero; 12/2008, de 29 de enero; 66/2014, de 5 de mayo, y 108/2019, de 30 de septiembre, entre otras muchas)”.

En los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo legalmente permitidos, ello supone que la ley ha de armonizar el derecho del personal sanitario la objeción con la garantía de la prestación por parte de los servicios de salud y con los derechos de la mujer embarazada que pueden verse comprometidos en estos casos.

Así, según el Tribunal Constitucional el artículo 12 de la ley contiene un “mandato dirigido a las administraciones públicas sanitarias para que adopten las medidas organizativas necesarias para garantizar la prestación, con la finalidad de compatibilizar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios con el derecho de la mujer a acceder a la prestación sanitaria que están obligados a garantizar. Una previsión perfectamente acorde con las exigencias de nuestra doctrina anteriormente citada, conforme a la cual la ley puede regular el ejercicio de la objeción de conciencia para hacerlo compatible con las exigencias derivadas de otros bienes y derechos constitucionales a cuya tutela se orienta el deber del que el objetor es eximido”.

También hizo referencia a esta cuestión la Sentencia 78/2023, de 3 de julio de 2023, del Tribunal Constitucional, en recurso de amparo 2669-2019. Aunque el supuesto de hecho de dicha sentencia no es asimilable al que se plantea en esta queja, puesto que la recurrente debió desplazarse desde la Región de Murcia a la Comunidad de Madrid, para la interrupción de su embarazo, interesada ahondar en algunas de las consideraciones del Alto Tribunal.

En particular, señala que “la ley trata de asegurar que la interrupción del embarazo se lleve a cabo del modo menos gravoso para la mujer tratando de evitar desplazamientos que, además de provocar gastos, pueden ser perjudiciales para quien acaba de ser objeto de una intervención médica de estas características, y de garantizar, en la medida de lo posible, que la mujer que va a interrumpir el embarazo, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad física y emocional, no salga de su entorno habitual y pueda contar con los apoyos de sus allegados para hacer frente a esta difícil situación del modo menos traumático posible”.

El Tribunal Constitucional concluyó que el Servicio Murciano de Salud, al derivar a la recurrente a un centro sanitario privado en una localidad lejana de su residencia habitual para practicar la interrupción del embarazo sin haber aducido ningún motivo excepcional que justificara que los servicios de salud de esta comunidad autónoma no pudieron facilitar en tiempo la prestación, ha vulnerado el derecho de la recurrente a la interrupción del embarazo que forma parte de su derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE, en conexión con el art. 10.1 CE).

Aunque insistimos en que el supuesto de hecho no es el mismo que aquí se plantea, puesto que nos referimos a un desplazamiento dentro de la propia comunidad autónoma, lo cierto es que, dada la amplitud geográfica de la provincia de Jaén, el obligatorio traslado a otras provincias para la práctica de la IVE -insistimos que en los supuestos previstos legalmente-, pude conllevar, además de los lógicos inconvenientes, dificultades adicionales para mujeres de escasos recursos económicos o en una situación de vulnerabilidad física y emocional, que afectan a su propio derecho a la práctica de la IVE en condiciones de igualdad con respecto al resto de andaluzas.

En este orden de cosas, la elaboración de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía, que entendemos que podría contemplar medidas estables en el aspecto que nos ocupa, sigue pendiente desde hace varios años.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1.- Adoptar medidas para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Jaén, conforme a los principios de equidad e igualdad, y en coherencia con la garantía de accesibilidad recogida en el artículo 23 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

RECOMENDACIÓN 2.- Mientras que no sea posible la prestación en Jaén de la IVE en condiciones de igualdad con el ejercicio del derecho en las restantes provincias andaluzas, prever normativamente la compensación de los gastos por desplazamiento, alojamiento y manutención a las embarazadas que tengan que desplazarse fuera de la provincia.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 24/6643

El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a las medidas de conservación y protección del inmueble identificado como iglesia de San Antón, en la ciudad de Baza.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Granada, que completó su informe con fecha 23 de septiembre.

Primero. La Iglesia de San Antón en Avenida de Andalucía n.º 18 de Baza, Granada, forma parte del conjunto histórico de Baza declarado como Bien de interés cultural (BIC) , e incluida en el Catálogo urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Baza.

Segundo. Debido a lo anterior, esta Jefatura de Servicio ha dirigido oficio al ayuntamiento de Baza en los siguientes términos:

Mediante escrito del Defensor del Pueblo Andaluz de 12 de septiembre de 2024 tuvo entrada en el registro de la Delegación Territorial con fecha 16 de septiembre de 2024 una queja de la Asociación Baza Histórica. En el citado escrito de queja se pone de manifiesto la preocupación de la Asociación Baza Histórica por el estado que presenta el inmueble de la Iglesia de San Antón en Avenida de Andalucía n.º 18 de Baza, Granada. La Iglesia de San Antón, se encuentra ya protegida mediante la declaración como BIC del Conjunto Histórico de Baza, así como mediante su inclusión en el Catálogo urbanístico del PGOU. En este sentido hay que recordar que mediante Decreto 138/2003, de 20 de mayo, por el que se declara y delimita como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de Baza (Granada), esa localidad recibió una protección patrimonial de la que hasta ese momento carecía.

La aprobación de un PGOU con contenido de protección y su correspondiente catálogo urbanístico, informados favorablemente por la Consejería de Cultura, y la posterior delegación de competencias en el ayuntamiento de Baza en 2017, cambió la situación jurídica de protección patrimonial de Baza. En este catálogo urbanístico quedan recogidos estos bienes de relevancia local que no alcanzan entidad como para ser declarados BIC, con sus correspondientes regímenes de protección. En relación a los mismos, desde aquel momento las competencias atribuidas anteriormente a la Junta de Andalucía, pasan a ser de titularidad del ayuntamiento bastetano, que se convierte en la Administración encargada de la tutela patrimonial del Conjunto Histórico y de todos los inmuebles en él incluidos, sin perjuicio de la tutela patrimonial de la Junta en relación a los inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El artículo 14 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, establece las obligaciones de las personas titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz: las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores.

El motivo del presente oficio es solicitar la cooperación de ese ayuntamiento en relación a la preservación de la Iglesia de San Antón en Avenida de Andalucía n.º 18 de Baza, Granada, catalogada en su PGOU dentro del Conjunto Histórico de Baza. Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y de acuerdo con lo previsto en el art. 4.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que viene a determinar lo siguiente:

Artículo 4. Cooperación de otras Administraciones Públicas.

1. Las Administraciones Públicas colaborarán estrechamente entre sí en el ejercicio de sus funciones y competencias para la defensa, conservación, fomento y difusión del Patrimonio Histórico, mediante relaciones recíprocas de plena comunicación, cooperación y asistencia mutua.

En consecuencia de todo lo anterior rogamos comprueben la situación del edificio sito en Avenida de Andalucía n.º 18 de Baza, Granada y, en su caso, recuerden a sus propietarios la necesidad de cumplir con las obligaciones estipuladas en el artículo 14 de Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, dando traslado a esta Delegación Territorial de lo actuado acompañada de memoria fotográfica e informe de los técnicos municipales correspondientes. Lo que le comunico a los efectos oportunos’.

Tercero. En consecuencia de todo lo anterior, esta Delegación Territorial no tiene competencias en relación al inmueble en cuestión base de la queja que ahora se traslada, dado que las competencias son del ayuntamiento de Baza, por lo que la adopción de medidas respecto de este inmueble corresponden a ese ayuntamiento, sin perjuicio de las de sus propietarios estipuladas en el artículo 14 de Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía”.

Por su parte el ayuntamiento de Baza también ha ofrecido su comunicación con fecha 26 de septiembre de 2024.

En representación de los propietarios del edificio sito en Avenida de Andalucía nº13 antigua Iglesia de San Antón de la localidad de Baza y habiendo tenido conocimiento del comunicado remitido por el Defensor del Pueblo Andaluz al Ayuntamiento de Baza, en el que se solicita información acerca de la queja efectuada por una entidad que manifiesta, sin otro argumento más que el de las visuales exteriores del edificio, que el templo se encuentra en “ruina alarmante” e insta a los propietarios o en su defecto a las administraciones pertinentes a realizar obras de emergencia, queremos hacer las siguientes apreciaciones.

El edificio en cuestión es una antigua iglesia que formó parte de un complejo religioso de mayor tamaño y que comprendía también un convento anejo, actualmente demolido. El templo en su totalidad fue objeto de desamortización y ha venido empleándose como almacén de productos agrícolas y como vivienda durante décadas. Pese a lo manifestado por la entidad el templo no se encuentra en situación de ruina si bien requiere medidas que mejoren la envolvente exterior (cubierta de teja árabe) con el fin de evitar futuras patologías.

Aunque los propietarios actuales son responsables de su conservación, es evidente que la escala del edificio y su importancia histórica exceden de la capacidad que una familia media puede abordar máxime cuando en la actualidad el edificio se encuentra sin uso y por tanto no supone ninguna fuente de ingresos que permita paliar las deficiencias de conservación que cualquier edificio de estas características presenta.

Durante los últimos años se han tomado medidas puntuales para resolver problemas de humedad derivados del envejecimiento de su cubierta y es voluntad de los propietarios seguir haciendo esta labor. Sin embargo, hemos de manifestar que la responsabilidad de conservación del monumento en trámite de ser declarado BIC, y por tanto sobrevenida, no puede estar en manos exclusivas de sus propietarios. Dado que el interés de conservación es público, como muestra la propia entidad la administración ha de velar también, ayudando a sus propietarios o bien dando lugar a su compra por el procedimiento que estimen oportuno ya que la propia calificación del inmueble impide a sus propietarios realizar actividades que pudieran paliar el déficit que presenta.

No obstante, como se ha dicho, la familia va a realizar en breve obras tendentes a preservar la edificación cuyo único déficit se encuentra en puntuales problemas de tejas que pudieran provocar humedades que afectasen, en un futuro, a los elementos arquitectónicos de interés en el interior del templo. Para ello se va a solicitar la ayuda que el Ayuntamiento de Baza ha publicado para la rehabilitación de edificios en casco histórico durante el año 2024. Mientras tanto, los propietarios han encargado a este técnico un proyecto para llevar a cabo los trabajos de preservación de la cubierta del templo”.

Como ya tuvimos la oportunidad de analizar con motivo de quejas similares, compartimos la lógica preocupación de esa entidad, y de muchas las personas y vecinos de la localidad, por la conservación del caserío de la localidad de Baza, así como del situado particularmente en su casco histórico. Podemos comprobar las actuaciones municipales en orden a promover la conservación de los inmuebles afectados y al empleo de las medidas que la legislación otorga a fin de hacer cumplir por parte de los titulares del inmueble las medidas de conservación y adecuación en base a la normativa cultural y a la legislación común urbanística.

En todo caso, es evidente que estos supuestos exigen una labor continua y esforzada de permanente control y seguimiento. Se trata de promover medidas de conservación sobre el inmueble de diferente entidad técnica y con un impacto económico, en ocasiones, nada desdeñable a la hora de valorar su alcance y efectividad.

A la vista de las actuaciones desplegadas por los servicios municipales y de la actitud de diálogo y participación que se alude en el informe, podemos deducir que el asunto se encuentra, al día de la fecha, en vías de solución, por lo que procede concluir nuestras actuaciones.

Y, como acostumbramos a señalar en esta particular temática de quejas, persistiremos en nuestra labor de compromiso por impulsar la intervenciones de las autoridades culturales en la protección y tutela del rico patrimonio histórico y artístico de la ciudad de Baza.

Queja número 24/3925

La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con las gestiones para dotar de infraestructuras educativas a un municipio de Cádiz solicitadas por la representación del AMPA de un centro de educación infantil y primaria (CEIP).

Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información ante los servicios de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz y el propio ayuntamiento de la localidad.

Pues bien, en el informe recibido el 31 de mayo de 2024 desde el ayuntamiento ofrecía un detenido relato de las gestiones y contactos realizados para intervenir en la cubierta del edificio como proyecto prioritario.

Con fecha 19-04-2024 se recibe “Informe sobre situación obra cubierta CEIP de la Consejería de Educación, por el que se informa por un lado, del histórico de actuaciones en relación a la obra de referencia y, por otro, del estado actual de la obra; «Actualmente está en trámite la licitación de la correspondiente obra a la espera de la modificación de unos pliegos del proyecto. La obra se encuentra dentro de un marco de actuación prioritario. Desde la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) se indica que a priori la cubierta no presenta ningún problema de seguridad. No obstante, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad de Cádiz se está gestionando la próxima visita de un técnico de la agencia para valorar dicha problemática”.

Por su parte, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional relata con fecha 30 de septiembre:

En relación al expediente de queja referenciado, instado ante esa Institución por la AMPA del C.E.I.P., en el que muestran su preocupación porque las obras de la cubierta no se encuentren finalizadas para el inicio del próximo curso escolar, y una vez consultado el Portal de Contratación Pública de la Junta de Andalucía.

(https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=691413)

Se puede comprobar que el expediente de licitación CONTRATO OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA EN EL CEIP se encuentra resuelto y formalizado el contrato con fecha 20/08/2024, adjudicado a la empresa”.

En atención al informe recibido desde los servicios educativos y municipales, podemos considerar que quedan registradas unas actuaciones para dar respuesta a las demandas ofrecidas en la queja de la AMPA y al inicio de determinadas gestiones dirigidas a la mejora de la infraestructura educativa del colegio. Con posterioridad a dichos informes, desde esta Defensoría hemos tenido conocimiento de la formalización del contrato y la disposición para la ejecución de la propia obra en la cubierta.

Aun comprendiendo la preocupación generada por encontrar la mayor agilidad para la conclusión de las obras, parece confirmarse la adecuada respuesta ante las demandas de la AMPA que han resultado acertadas y, finalmente, acogidas.

Por todo ello, y a la vista de las informaciones recibidas, hemos de considerar que el asunto abordado se encuentra en vías de solución necesitando el periodo necesario para concretar la completa ejecución hasta la incorporación de las mejoras para el edificio del CEIP.

Queja número 24/4952

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de atención a la alumna con necesidades educativas y refuerzo de apoyo de profesionales para la atención y apoyo, en el centro educativo de referencia.

En su día, nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema con fecha 7 de octubre de 2024.

PRIMERO.- Que, consultado el Sistema de Gestión de Centros Docentes de la Junta de Andalucía (Séneca), el censo de alumnado NEAE del C.D.P., se comprueba que la alumna se encuentra escolarizada en 4º de EP E. Siendo la única alumna con necesidades educativas especiales en esta aula.

SEGUNDO.- La alumna tiene en vigor como medidas específicas de atención a la diversidad programas específicos para la comunicación, cognición y desarrollo de la autonomía personal. Se puede observar que tanto los recursos personales (PT) como la atención es la adecuada teniendo en cuenta que la alumna ha superado todas las áreas curriculares de 3º de primaria con las medidas de atención anteriormente citadas aplicadas. En cuanto al resto de los recursos, deben ser cubiertos por el propio centro educativo, con la dotación económica asociada al concierto. El titular de dicho centro tiene autonomía para la contratación de los recursos personales necesarios para atender la diversidad de su alumnado si observara que las medidas aplicadas no son las suficientes.

TERCERO.- En cuanto al marco normativo, señalar que el artículo 8, Criterios específicos de prioridad para acogerse o modificar el concierto de Educación Especial, in fine, de la Orden de 16 de diciembre de 2020, por la que se establecen las normas de las convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, desde el año académico 2021/22 hasta el año académico 2024/25, establece:

[...]En la concertación de las unidades de Educación Especial se atenderá al número de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales escolarizados en el centro, al grado y tipología de sus capacidades personales, de acuerdo con los correspondientes dictámenes emitidos por los Equipos de Orientación Educativa, y a los recursos con los que cuente el mismo. En el marco de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, tendrán preferencia los centros que dispongan de un proyecto educativo en el que se recoja el plan de actuación para atender al alumnado que presente necesidades educativas especiales. En dicho plan de actuación se recogerá el personal complementario que el centro va a contratar al amparo de la dotación económica aportada por la unidad concertada. Asimismo, se tendrán en cuenta los recursos que para este alumnado existen en la zona en la que se ubique el centro, priorizando aquellas solicitudes que atiendan necesidades de escolarización con déficit de oferta en dicha zona [...]”.

CUARTO.- Que el centro no presenta alegaciones a la propuesta de conciertos educativos de acuerdo con la Resolución de 11 de junio de 2024, de la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, por la que se dicta la propuesta provisional de resolución de la convocatoria para acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación o modificación de los mismos, con centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académico 2024/25. Por lo que se entiende que el centro está conforme con la propuesta provisional.

Hacer notar que doña... presentó, ante la Fiscalía Provincial de Sevilla, Sección de Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad, escrito sobre la situación de su hija, escolarizada en C.D.P., elevándose cumplida respuesta, al oficio recibido el 21 de septiembre de 2023, desde esta Delegación Territorial, el 8 de noviembre del mismo año. La misma cuestión fue planteada ante este Delegado, por la señora en el mismo mes de noviembre”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla para abordar las necesidades del centro y de la familia de la alumna afectada.

También observamos que el informe recibido de la Delegación alude a la definición de los servicios de atención al alumnado con necesidades en el centro a función de su respectivo concierto educativo. Por otra parte, los recursos se distribuyen cada curso escolar, tras el estudio de las necesidades detectadas en todos los centros educativos a través de los Servicios de Ordenación Educativa proponiendo la distribución de estos recursos personales.

En concreto, en virtud de la naturaleza del centro, se señala que “La alumna tiene en vigor como medidas específicas de atención a la diversidad programas específicos para la comunicación, cognición y desarrollo de la autonomía personal. Se puede observar que tanto los recursos personales (PT) como la atención es la adecuada teniendo en cuenta que la alumna ha superado todas las áreas curriculares de 3º de primaria con las medidas de atención anteriormente citadas aplicadas. En cuanto al resto de los recursos, deben ser cubiertos por el propio centro educativo, con la dotación económica asociada al concierto”.

En el marco de esta metodología, confiamos que finalmente, una vez ejecutadas estas medidas y desde su fecha de implantación, los resultados puedan aportar una atención adecuada a las necesidades y una evolución que, hasta la fecha, parece resultar correcta.

Por otra parte, y en atención a la singularidad de este tipo de quejas, observamos los antecedentes formales elaborados desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional como respuesta a las peticiones de la familia, así como los contactos personales ofrecidos a la promotora y madre de la alumna.

Comprendiendo la preocupación generada en la familia por disponer de los recursos adecuados, valoramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para evaluar la progresión educativa de la alumna en el centro elegido.

Queja número 24/1484

En queja anterior, presentada por este mismo interesado, iniciamos actuaciones en relación con su necesidad de obtener cita de seguimiento en la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) de Osuna, con la finalidad de hacer un adecuado control y ajuste de la medicación que tiene prescrita.

El interesado se encontraba de baja laboral por un proceso de salud mental que se venía tratando en la referida USMC con una periodicidad mensual desde enero de 2023 hasta septiembre de 2023, fecha en la que no había vuelto a ser citado. Tras haber solicitado una cita tanto telefónicamente como por correo electrónico, así como mediante reclamación y al no haber recibido respuesta, se dirigió a esta Institución.

En el informe solicitado previamente desde esta Institución al Área de Gestión Sanitaria (AGS) de Osuna en la queja anteriormente citada, se nos indicaba que se había asignado cita al interesado el día 1 de abril de 2024 y nos rogaban que le trasladáramos sus disculpas “por la demora fruto de la falta de profesionales e incidencias que ha sufrido la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental del AGS de Osuna”. En consecuencia, en el mes de febrero de 2024 procedimos al cierre de dicha queja al estimar que se había solucionado el asunto objeto de la misma.

No obstante, con fecha 27 de febrero de 2024 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación en la que el promotor de la queja nos expresaba que la referida cita fue anulada, sin que se le hubiese facilitado una nueva cita

Tras la admisión a trámite de la queja y las oportunas gestiones, el Defensor del Pueblo Andaluz formuló Resolución ante la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, que contenía Recomendación para la adopción de las medidas que permitan la cobertura de las plazas estructurales de psiquiatras en la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria de Osuna de Osuna, a fin de mejorar la calidad asistencial y asegurar el acceso continuo y adecuado a los servicios de salud mental para toda la ciudadanía andaluza, especialmente de aquella afectada por los trastornos más graves.

En su respuesta, la Administración sanitaria acepta la Resolución formulada, indicando que se están proponiendo soluciones para poder contratar nuevos profesionales: fidelización de los residentes para que se queden en los sitios donde ejercen la residencia; contratos de larga duración; incentivos para sitios de difícil cobertura, etc. No obstante, y dada la gran oferta en Salud Mental no solo en Andalucía, sino en el resto de España, la movilidad de estos profesionales es alta: de ahí que se esté intentando fidelizar estos puestos de trabajo. En definitiva, están adoptando, por todos los medios posibles, aquellas medidas que garanticen la accesibilidad, la continuidad y la calidad asistencial.

Queja número 24/2935

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de obras en un centro de un municipio de la provincia de Huelva. En su día con motivo de otra queja tuvimos la oportunidad de analizar el complicado proceso de dichas obras y concluimos que:

(…) la situación se está abordando desde unas pautas razonables y que, esperamos, pronto recuperen su perfecta normalidad tras la conclusión de los trabajos. Por ello consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para la superación de las carencias detectadas. Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas”.

Pues bien, de nuevo el AMPA de dicho centro volvía a dirigirse a esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia y Defensor del Pueblo Andaluz, reiterando su preocupación por la falta de impuso de las obras, lo que motivó incoar nueva queja y nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva trasladando de nuevo dicha problemática.

Hemos recibido comunicación sobre el tema de fecha 3 de octubre actualización el estado de la cuestión:

Atendiendo a la petición de informe de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía del Defensor del Pueblo Andaluz por la queja admitida a trámite interpuesta por el AMPA del CEIP en la localidad … , sobre las incidencias ocurridas durante el proyecto y ejecución de las obras de mejora en las instalaciones del centro se informa de lo siguiente:

PRIMERO.- Que desde esta Delegación territorial se ha mantenido desde el comienzo de las obras un contacto continuo con el equipo directivo del centro implicando una revisión y visitas para el seguimiento y evolución, en concreto, por el Servicio de Inspección a través de inspector de zona. Esto ha conducido a una estrecha colaboración entre la Inspección y el Servicio de Planificación con la finalidad de informar, trasladar las necesidades y la preocupación del centro sobre la finalización de las obras, usos de espacios, así como reuniones con familias y responsables de la APAE.

SEGUNDO.- Que se ha atendido a las familias en diferentes ocasiones, tanto en el propio centro educativo por parte del inspector de zona, como en las dependencias de la Delegación Territorial.

TERCERO.- Que se han celebrado reuniones con alcaldes y miembros de la corporación municipal, junto con el Delegado territorial, el equipo directivo y AMPA para realizar el seguimiento y estudiar las posibilidades además de informar a toda la comunidad educativa, ya sea a través del inspector de zona y/o a través de la jefa de servicio de Planificación.

CUARTO.- Que debido a los sucesivos incumplimientos de plazos en la ejecución de las obras por parte de la empresa constructora, la Agencia Pública tomó la decisión de resolver el contrato con dicha empresa.

QUINTO.- Que una vez resuelto el contrato, se hizo imprescindible solventar los asuntos de seguridad que afectaban al alumnado. Para ello con la colaboración del Ayuntamiento, se llevaron a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la recepción de la obra con unas mínimas garantías.

SEXTO.- Que el Ayuntamiento realizó el acondicionamiento de los espacios para su uso, principalmente en lo referido a la limpieza.

SÉPTIMO.- Que resuelto el contrato, se logró la recepción de la obra a través del Acta de Ocupación.

OCTAVO.- Que, pese a toda la problemática derivada del incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de las obras, hay que destacar que gracias a la labor conjunta de Ayuntamiento y Delegación Territorial de Educación, junto a la colaboración del AMPA del centro y el equipo directivo del mismo, se ha conseguido:

- Garantizar la escolarización a comienzos del nuevo curso 2024/2025.

- Cumplir las medidas de seguridad en los espacios.

- Tramitar una nueva licitación para conseguir finalizar los trabajos de obra”.

Tras estudiar el nuevo informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva para impulsar las soluciones a los graves retrasos de las obras y los impactos que se provocaban en la vida ordinaria del centro educativo.

Observamos que el informe recibido de la Delegación ratifica las dificultades derivadas de la necesidad de resolver el contrato y el esfuerzo significativo de los servicios educativos en adoptar las medidas para recepcionar las obras que se habían ejecutado y las decisiones adecuadas para, en lo posible, amortiguar y minorar los impactos de estas situaciones para un centro educativo que pretende mantener su actividad.

En particular, también destacamos el esfuerzo de comunicación y participación de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con la comunidad educativa para acoger sus propuestas y ofrecer las medidas de adecuación más acertadas cuando se relata las reuniones con representantes de padres y madres de alumnos del centro para informar de la situación de retraso en la ejecución de la obra y plantear posibles soluciones al impacto que dicha eventualidad genera en la actividad docente.

Comprendiendo las molestias generadas por este proyecto, y de las opiniones que su ejecución puede suscitar en la actividad actual del centro, nos ratificamos en que la situación sobrevenida se está abordando desde unas pautas razonables y que, esperamos, pronto recuperen su perfecta normalidad tras la conclusión de los trabajos. Al respecto tomamos en cuenta las medidas resultantes de “garantizar la escolarización a comienzos del nuevo curso 2024/2025; cumplir las medidas de seguridad en los espacios; y tramitar una nueva licitación para conseguir finalizar los trabajos de obra”.

Por ello consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para la superación de las carencias detectadas. Y, de nuevo, permanecemos atentos para desplegar el seguimiento del caso que resulte necesario.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 23/9466 dirigida a Consejería de Salud y Consumo, Servicio Andaluz de Salud, Dirección Gerencia

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante el Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud recomendando que se adopten las medidas organizativas y asistenciales precisas para la satisfacción de la demanda de intervenciones quirúrgicas de reasignación genital en plazos razonables, en particular las genitoplastias feminizantes, que actualmente acusan en el Hospital Regional Universitario de Andalucía una espera de nueve años que, de no adoptar medidas urgentes, continuarán aumentando exponencialmente, de conformidad con el respeto a la diversidad y la dignidad de las personas transexuales consagradas en la legislación nacional y andaluza y como parte integrante del derecho a una buena administración.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 18 de diciembre de 2023, recibimos comunicación de la interesada en la que nos trasladaba su desazón por la demora que acumulaba su cirugía de cambio de sexo, que fue inscrita en el Registro de Demanda Quirúrgica del Hospital Regional Universitario de Málaga en el mes de abril de 2021.

(...) En el Servicio de Cirugía Plástica le habían informado que la última intervención había sido en el mes de marzo a una usuaria inscrita en el año 2015, manifestando sentirse triste y sin esperanza, dado que mientras aguarda dicha operación, sentía que aún no había podido iniciar una vida normal como mujer ni tener una vida sexual completa.

II. Como principales antecedentes de esta queja, debemos referirnos en primer lugar a la queja (…), relativa a la demora en la intervención quirúrgica de la interesada para su reasignación de sexo, inscrita en el Registro de Demanda Quirúrgica el Hospital Regional Universitario de Málaga en el mes de febrero de 2016, intervención no incluida dentro de las técnicas detalladas en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica.

Poníamos en valor entonces la aprobación en el año 2016 del proceso asistencial de atención sanitaria a personas transexuales adultas y del proceso asistencia integrado para la atención sanitaria a personas transexuales en la infancia y adolescencia, de conformidad con los principios inspiradores y el mandato expreso a la Consejería competente en materia de salud establecido en la Ley 2/2014, de 18 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

Igualmente constatábamos una clara voluntad del poder legislativo de continuar la realización de estos derechos, con la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, que propugna en su preámbulo medidas en el ámbito de la salud a través de los nuevos procesos asistenciales integrados (PAI) de atención a personas transexuales en Andalucía, refiriendo que estos protocolos, uno para la población infantil y adolescente y otro para la adulta, facilitarían el trabajo de los profesionales, garantizarían la continuidad asistencial desde la infancia y descentralizarán la atención con unidades específicas en todas las provincias y se evitarían los desplazamientos innecesarios para los diferentes tratamientos. Así, el texto legal, incluye entre sus principios, el de garantía de un tratamiento adecuado en materia de salud, para que todas las personas tengan derecho a gozar de un alto nivel de protección en materia de salud y destina el Capitulo V íntegro de la referida Ley a medidas en el ámbito de la salud.

Sin embargo, la realidad administrativa que veníamos observando en las quejas que nos llegaban a esta Defensoría, mostraba un escenario presidido por las listas de esperas, la escasez de medios y la priorización de intervenciones quirúrgicas más urgentes y con encuadre normativo en el Decreto de garantía de plazo de respuesta, que imposibilitaban hacer realidad en un plazo razonable las aspiraciones, anhelos y expectativas de las personas que aguardaban la intervención quirúrgica deseada.

Asimismo, advertíamos las dificultades para que las personas conociesen una fecha probable de intervención, por lo que resultaba necesario abogar a la transparencia y claridad en los datos para estas personas que aguardan una operación crucial en su trayectoria vital.

Con fecha 29 de junio de 2020 formulamos una Resolución al Hospital Regional Universitario de Málaga, abogando por el ejercicio efectivo del derecho a la salud en favor de las personas que aguardan una respuesta quirúrgica para el cambio de sexo en un plazo razonable y con la dotación de medios humanos y materiales para hacer efectiva esta realidad, indudablemente ligados a la materialización de la intervención quirúrgica. A tal fin, solicitábamos que se contemplasen actuaciones que conllevasen la disminución de la espera para las intervenciones quirúrgicas a realizar a este colectivo (histerectomía, cirugía mamaria, gonadectomía, penectomía, genitoplastia, etc.) y su seguimiento postquirúrgico y se evaluase la posibilidad de ampliar la red de centros hospitalarios para la realización de las mismas.

Del mismo modo, fundamentalmente por la necesidad de estar informada la persona de una fecha cierta para la intervención que aguarda, recomendamos “que se posibilite la consulta del estado de situación en cada momento en la lista de espera a través del dispositivo Salud Responde en aras de la transparencia”.

La Dirección Gerencia del Hospital regional Universitario de Málaga, en su respuesta de 24 de agosto de 2024, afirmaba ser consciente de la demanda asistencial existente, que se justificaba en que la Unidad de Atención a la Persona Transexual (UAPT) es una unidad de atención pionera en España y por ende en Andalucía y que la UGC de cirugía plástica tiene un importante volumen de personas usuarias pendientes de reasignación de género derivadas desde comunidades autónomas, que carecen de este servicio, a través del Sistema de Información del Fondo de Cohesión (SIFCO).

Como medidas organizativas, se indicaba que se estaban formando continuamente especialistas y que se dedicaba un quirófano semanal en condiciones de normalidad asistencial y que las intervenciones se priorizan en función de las características del/la usuario/a, conviviendo con el resto de lista de espera de procesos más urgentes o sometidos a garantía de plazos de respuesta.

La respuesta esgrimía argumentos de tipo competencial para no poder aceptar en esencia alguna de las cuestiones recomendadas, como el conocimiento de la lista de espera. Concluimos la investigación trasladando al centro competente, la labor importante que le incumbe en la orientación de los recursos humanos, materiales y financieros precisos y en la elevación a las instancias superiores de su necesidad, para la adopción de medidas que permitan hacer efectiva la continuidad de la prestación asistencial en tiempos razonables y velar por los derechos de las personas usuarias. En este sentido, aludimos a las correspondientes memorias de gestión del centro hospitalario.

Así las cosas, y sin restar valor a los esfuerzos que nos constan que se realizan diariamente por los profesionales sanitarios, no podíamos compartir los argumentos esgrimidos por esa Administración a las manifestaciones contenidas en nuestra Resolución y, con esta fecha, procedíamos a la reseña del expediente de queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía correspondiente al ejercicio 2020 y al consiguiente archivo del mismo.

Por lo que respecta a la situación de la Lista de Espera Quirúrgica (LEQ) existente para estos procesos, el hospital nos detalló las intervenciones de genitoplastia feminizante realizadas entre 2016 y 2019, con una media de 16 anuales, descendiendo hasta las 4 realizadas en 2020 debido a la paralización que se había producido como consecuencia de la pandemia de Covid-19, hasta que en mayo de 2021 se retomaron por orden de antigüedad.

Asimismo se indicaba que en el mes de mayo de 2021 se estaba interviniendo de genitoplastia feminizante a las personas inscritas en LEQ en julio de 2014, con una demora por tanto de más de seis años.

En el año 2022, esta Institución retomó actuaciones con ese Hospital Regional Universitario de Málaga en el expediente 22/4599, a fin de conocer la situación de la lista de espera quirúrgica de las intervenciones de reasignación de sexo una vez superada la crisis de la pandemia Covid-19, aunque perviviendo sus consecuencias en el sistema público de salud.

El citado hospital nos comunicó en septiembre de 2022 que, tras la pandemia, aún no se había recuperado el ritmo de intervenciones de genitoplastia feminizante, habiendo realizado solo 7 intervenciones entre mayo de 2021 y junio de 2022. La situación de demora, pues, se había agravado considerablemente con respecto a la existente antes de la pandemia, razón por la cual aún había personas inscritas en el año 2015 pendientes de intervención, por lo que la lista de espera había aumentado a siete años.

III. Sobre la base de los antecedentes expuestos, planteada por la promotora de la presente queja la demora en su proceso asistencial, en fase de intervención quirúrgica, recabamos de la interesada la documentación acreditativa de su situación en la lista de espera quirúrgica y, en consecuencia, con fecha 13 de mayo de 2024 procedimos a admitir la presente queja queja a trámite, al considerar que reunía los requisitos establecidos en la Ley reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz (Ley 9/1983, de 1 de diciembre). En consecuencia, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, solicitamos formalmente la colaboración de ese hospital mediante la remisión del preceptivo informe sobre las siguientes cuestiones:

- La situación actual de la lista de espera quirúrgica, así como las medidas que se estén adoptando para paliar el retraso añadido como consecuencia de la pandemia.

- Una referencia siquiera aproximada a la fecha en que podría llevarse a cabo la intervención quirúrgica demandada por la interesada.

IV. Con fecha 8 de julio de 2024 recibimos informe del hospital en el que se informaba que las personas usuarias pueden consultar el estado de su situación en cada momento en la LEQ a través de la Secretaría del Servicio de Cirugía Plástica, si bien se debe tener en cuenta que la lista de espera de este tipo de intervenciones no es estática y se gestiona no solamente bajo un criterio de antigüedad en la fecha de inscripción, sino también bajo un criterio clínico que determina la idoneidad de priorización de casos por las características de las personas usuarias o por causas meramente organizativas, lo que dificulta poder adelantar previsiones de fechas para las intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, se indicaba que la programación de las intervenciones depende de factores externos al Servicio de Cirugía Plástica, como la disposición de quirófanos para dicha patología y la colaboración del Servicio de Ginecología y/o Urología.

Respecto a la actividad anual del Servicio en este tipo de intervenciones, se nos facilitan los datos relativos a las intervenciones de Genitoplastia Feminizante, misma intervención que aguarda la interesada.

En primer lugar, se indican las intervenciones de este tipo realizadas desde la última información facilitada, que suponía 2 intervenciones en 2021, 6 en 2022, 2 en 2023 y 6 hasta el mes de junio de 2024. Concretamente, a fecha de emisión del informe, la última intervención había tenido lugar el 29 de mayo de 2024 a una persona inscrita en LEQ el 20 de mayo 2015, por tanto aumentando el plazo de demora a nueve años.

Asimismo, facilita el informe los datos sobre las usuarias pendientes de Genitoplastia Feminizante incluidas en LEQ durante los años 2021 a junio de 2024, tras confirmar de forma telefónica su situación real en la misma, pudiendo causar baja por haber sido intervenidas en centros privados o fuera de España, o bien suspender temporalmente su inclusión en LEQ por estar pendientes de otro tipo de intervención quirúrgica, como es el caso de la Cirugía Bariátrica.

Según se explicaba, en 2021 se habían realizado 83 nuevas inscripciones, 111 en 2022, 117 en 2023 y 54 personas hasta mayo de 2024.

En cuanto al caso particular de la interesada, se confirma que fue inscrita en LEQ por el Servicio de Cirugía Plástica con fecha 21/04/2021 con diagnóstico trastorno identidad sexual, procedimiento más probable a realizar construcción vagina (creación neovagina), una prioridad asistencial normal y un tipo de anestesia prevista general. Se nos indica que actualmente existen 286 personas inscritas en LEQ con más antigüedad, sin tener en cuenta las distintas circunstancias de algunos usuarios ya descritas.

CONSIDERACIONES

Es habitual el traslado a esta Institución por parte de la ciudadanía de los retrasos que presiden las intervenciones quirúrgicas que no se encuentran incluidas en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y las sucesivas Órdenes que lo han modificado; y, a su vez, es reiterada la respuesta ofrecida desde la Administración Pública, en la que se nos informa de esta circunstancia de exclusión de las intervenciones en las normas aludidas y de la necesidad de atender y priorizar otras patologías más graves e incluidas en el Decreto y sus Órdenes.

En el caso de las cirugías de reasignación genital, un paso importante para muchas personas transgénero en su proceso de transición, este retraso alcanza niveles especialmente preocupantes, como se ha expuesto en el apartado de antecedentes.

En el caso de las intervenciones quirúrgicas de genitoplastia feminizante en el Hospital Regional Universitario de Málaga ─intervención respecto de la que hemos recibido varias quejas en estos años─, observamos que la media de 16 intervenciones anuales antes de la pandemia ha disminuido drásticamente, registrando (excluyendo por razones obvias 2020 y 2021) 6 en 2022, 2 en 2023 y 6 hasta el mes de junio de 2024. Por tanto, ni siquiera si en 2024 se continuara en buen ritmo del primer semestre, se alcanzarían las citadas 16 intervenciones que se realizaban de media con anterioridad.

Esta lenta progresión de las intervenciones debe ponerse en relación con el inversamente proporcional aumento de la demanda. Si entre 2015 y 2020 se inscribían anualmente en la LEQ entre 50 y 90 personas, las inscripciones habían aumentado hasta las 117 registradas en 2023, a lo que debe contribuir sin duda el hecho de que este hospital sea centro de referencia no solo andaluz sino también nacional, según la información facilitada por el propio hospital.

Como consecuencia, la demora para la realización de estas intervenciones se ha incrementado, situándose a día de hoy en los nueve años, que aumentarán inevitablemente habida cuenta que el ritmo de la demanda crece mientras que el de las intervenciones resulta absolutamente insuficiente, llegando a ser inexplicable que un centro de referencia nacional no disponga de capacidad para asumir ni un 10% de las inscripciones anuales, sin tan siquiera contar las acumuladas.

Esta Institución no desconoce los importantes recursos humanos y materiales que requieren las complejas intervenciones a las que nos referimos, en términos de personal de diferentes categorías y especialidades, tiempo de quirófanos, etc., en un sistema de salud que ya acusa de déficit de personal (como es el caso de los especialistas en anestesia en algunos centros sanitarios) y de retrasos en intervenciones quirúrgicas que están amparadas por los plazos de respuesta quirúrgica del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre.

En un contexto de aprobación de textos legales con una clara vocación y compromiso de atención al colectivo desde una perspectiva holística e integral, a los que se ha añadido la reciente Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, debemos reiterarnos en nuestras actuaciones y resoluciones anteriores, manifestando que una espera más allá de lo razonable puede equipararse a desasistencia, desde la perspectiva del derecho a la protección de la salud que recoge nuestra Constitución en su artículo 43, lo que nos lleva a reclamar la adopción de medidas para evitar esta situación.

A dicha fundamentación podemos añadir la previsión que se contempla en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en relación con la garantía, dentro del derecho a una buena administración, de que los asuntos de los ciudadanos (que también habrá que entender referidos a la vertiente asistencial), se resuelvan en un plazo razonable; e igualmente la del art. 5 d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, en términos similares, de acuerdo con el principio de proximidad a la ciudadanía consagrado en el artículo 3 r) del mismo texto legal

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que se adopten las medidas organizativas y asistenciales precisas para la satisfacción de la demanda de intervenciones quirúrgicas de reasignación genital en plazos razonables, en particular las genitoplastias feminizantes, que actualmente acusan en el Hospital Regional Universitario de Andalucía una espera de nueve años que, de no adoptar medidas urgentes, continuarán aumentando exponencialmente, de conformidad con el respeto a la diversidad y la dignidad de las personas transexuales consagradas en la legislación nacional y andaluza y como parte integrante del derecho a una buena administración .

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 24/0855

La promotora de la queja exponía que se encontraba inscrita desde hacía 21 meses (desde el 23 de mayo de 2022) en el Registro de Demanda Quirúrgica para ser sometida a intervención en canal espinal y vértebras, no habiendo sido citada hasta el momento de presentación de su queja, pese a haber transcurrido el plazo de garantía de respuesta de 180 días previsto para este tipo de intervenciones en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Tras la admisión a trámite de la queja y las oportunas gestiones, el Defensor del Pueblo Andaluz formuló Resolución ante el Hospital Torrecárdenas que contenía Recomendación para que se adopten las medidas organizativas oportunas para que se respete el plazo máximo previsto normativamente para la práctica de las intervenciones quirúrgicas y, en particular, se proceda a la intervención quirúrgica que precisa la interesada.

Asimismo recomendaba que en los casos en los que se supere el plazo máximo establecido sin que la intervención quirúrgica se haya realizado, y siempre que no hayan concurrido circunstancias que determinen la suspensión del mismo o la pérdida de la garantía, se comunique a los ciudadanos la posibilidad de acudir a un centro privado para someterse a la intervención que precisan.

Formulada la Resolución, posteriormente hemos tenido conocimiento de que la parte promotora de la queja ha sido intervenida, habiendo sido derivada del Hospital Torrecárdenas al Hospital Virgen del Mar para la intervención.

Queja número 24/2988

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz inició actuaciones ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, interesándonos por la demora en el traslado del expediente de dependencia de la afectada desde la provincia de Cádiz a Sevilla.

Recibido el informe solicitado, en síntesis, se nos participa que con fecha 27 de septiembre de 2024 se ha efectuado el traslado del expediente, encontrándose actualmente en la provincia de Sevilla.

A la vista de tal información se deduce que el asunto objeto de la queja se encuentra solucionado, habida cuenta que, tras nuestra intervención, ha sido resuelto el traslado de expediente de dependencia solicitado en el mes de octubre de 2023, por lo que procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el presente expediente.

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