La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 20/4386

La persona interesada en el presente expediente de queja, en representación de las familias del alumnado de un centro docente sevillano ubicado en el desafortunadamente bien conocido Polígono Sur, de Sevilla, barrio más pobre de España, nos exponía, en el mes de julio de 2020, el impacto que en dicha zona de la capital hispalense hab ía supuesto la brecha digital evidenciada con todo su crudeza en los meses en los que, decretado el estado de alama y establecidas las medidas de confinamiento de toda la población, obligó a la suspensión de toda la actividad docente presencial,.

Por ser del todo ilustrativo, y poner con incuestionable claridad la situación del alumnado y docentes del centro, así como las necesidades que hbían de ser cubiertas para tratar de paliar en lo máximo posible la desigualdad que sufren estos niños y niñas por la grave situación de pobreza y precariedad en la que viven, a continuación extractamos el escrito que nos envió:

“Doña … , mayor de edad, con NIE … con domicilio en ….

En representación de LAS FAMILIAS DEL COLEGIO (…) ubicado en la Avenida (…) , 41013 en Sevilla

EXPONGO:

Que desde que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, acordando la suspensión de la actividad académica presencial en todo el sistema educativo. Y según la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, por la que se definieron las directrices con el objeto de favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje; en donde se indicaba que los centros educativos adoptarían las medidas que consideren más adecuadas para garantizar la continuidad de estos procesos atendiendo entre otras, a la edad del alumnado, la tipología del centro, la etapa y el tipo de enseñanza.

Que el COLEGIO (…) ha realizado enormes esfuerzos para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de nuestros niños, pero la realidad con la que se encuentra debido a la GRAN BRECHA DIGITAL existente en el alumnado del colegio impone serias limitaciones para esto. Donde más del 50% de los niños no tienen conexión Wifi en sus casas. Un centenar de alumnos solo pueden conectarse con datos móviles limitados los cuales en pocos días agotan los planes de las familias y un 10 % de todo el alumnado no cuenta ni con conexión Wifi ni con datos móviles. Lo que lleva a estar desconectado de los profesores y de sus compañeros de clases. Y aunque el colegio ha adoptado planes de comunicación telefónica entre alumnos y profesores, consideramos que esta forma no garantiza la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, antes bien conlleva a considerables desgastes de los docentes.

Que el Polígono Sur donde vivimos las familias del Colegio, es el barrio más pobre de toda España, así lo ratifica el índice de Indicadores Urbanos (UrbanAudit) del año 2017, el último analizado, que acaba de actualizar el Instituto Nacional de Estadística (INE); con una renta anual per cápita de únicamente 5.112 euros. Y que ante la grave crisis económica que ha provocado el estado de alarma debido a la pandemia de coronavirus Covid-19 ha acrecentado aún más la situación de pobreza y marginalidad en nuestra zona. Lo que lleva a que esta BRECHA DIGITAL se agigante debido a que más de un 76% de las familias, es decir, 152 niños NO cuentan con ordenadores Ni con Tablets para que puedan acceder a la plataforma educativa de la Consejería de Educación y Deporte basada en la tecnología Moodle. Ha sido imposible para nuestros niños durante este tiempo interactuar con sus profesores y compañeros a través de un sistema de videoconferencia, o clases online síncronas. Todo esto resumido a que ni todos los padres tenemos ordenadores a disposición de nuestros hijos, ni todos los niños cuentan con teléfonos móviles, ni todas las familias pueden pagar conexión wifi o acceso a datos ilimitados. Es importante resaltar que hay alumnos que se están quedando en el camino, no porque no quieran estudiar online, sino porque sencillamente, no pueden.

Que el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19, establece en su artículo 9 respecto a los centros docentes lo siguiente: En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

Que en la planificación del curso 2020-21, hay que tener en cuenta que la evolución de la pandemia podría requerir medidas de restricción del aforo en las clases y de distancia física entre personas o que incluso pudiera ser necesaria de nuevo la suspensión de la actividad presencial en todo el sistema o en determinados centros o grupos docentes. Por ello resulta imprescindible una planificación del curso que incluya un plan de contingencia que tenga en cuenta las limitaciones de la BRECHA DIGITAL antes planteada para la adaptación a los distintos escenarios que pueden acaecer a comienzos del curso 2020-2021 y durante su desarrollo.

Que por medio del presente escrito venimos a presentar las siguientes

ALEGACIONES:

Primera: Que las herramientas digitales de enseñanza y los procedimientos virtuales de aprendizaje son considerados especialmente valiosos como complementos modernos y eficaces para la mejora de la docencia, pero no se consideran autosuficientes para llevar a cabo, sin merma del servicio prestado, una completa sustitución de los métodos de enseñanza presencial.

Segunda: Que reafirmamos la necesidad de que la educación en nuestro barrió sea eminentemente presencial en el convencimiento de que las relaciones que se entablan en el seno del Colegio aportan un valor importante en el ejercicio de las funciones de creación y transmisión del conocimiento. Su naturaleza presencial es un elemento fundamental para la humanización de la sociedad, pero en especial para el alumnado de la zona, la jornada presencial permite el disfrute de unas cuantas horas de normalidad en la vida de estos niños.

Tercera: Que en la planificación del curso 2020-21, dentro del plan de contingencia, debe incluir actividades no presenciales, la cuales se podrían programar tanto en sesiones síncronas diarias a través de videoconferencia y actividades formativas asíncronas. Es importante que estas últimas sean adecuadas a la docencia online y que mantengan una supervisión e interacción directa con los niños.

Cuarta: Que las sesiones síncronas diarias a través de videoconferencia constituyen una gran motivación para los niños ya que les permite mantener el sentimiento de grupo. Sentirse juntos, cada uno desde su casa. Los niños pueden interactuar en directo con sus tutores y compañeros. Lo más importante, pasan el tiempo aprendiendo juntos. Y para muchos de los niños de nuestro barrio representan las mejores horas de su día.

Quinta: Que estas sesiones también permiten establecer una rutina de aprendizaje con un horario fijo para los niños. Reafirmando que esto es una gran ayuda a todas las familias, especialmente a las que se encuentran sobrecargadas.

Sexta: Que para garantizar el derecho a la educación a todos los niños del colegio, el estado español debería también garantizar la conexión a internet, así como la dotación del material electrónico necesario para que los alumnos puedan recibir de forma efectiva el proceso de enseñanza en los casos en que se diera la suspensión de la actividad presencial.

Séptima: Que es necesaria una alfabetización digital para todas las familias, en especial para los niños, de manera que el desarrollo de la “competencia digital” permita que su uso sea creativo, crítico y seguro; lo que supone una orientación y supervisión directa de parte de los docentes. Como lo establece el sistema educativo:

«Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso, e implica la motivación y la curiosidad por el aprendizaje»

SOLICITO:

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud solicito eleve a las autoridades competentes para que al Colegio (…) le sea otorgado lo siguiente:

1. Dotación de conexión WiFi para por lo menos 100 alumnos.

2. Asignación para todo el alumnado de dispositivos electrónicos (tablets) con el software óptimo para el desarrollo efectivo de la enseñanza onl ine.

3. Dotación para todos los profesores de dispositivos electrónicos (tablets) con el software óptimo para el desarrollo efectivo de la enseñanza on line.

4. Formación para los profesores, padres y alumnos en relación al manejo de los equipos y software suministrados”.

Solicitada información a la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Sevilla, a la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, y a la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, es esta última la que nos ha enviado el informe que recoge las medidas que para paliar los efectos de la brecha digirtal se han adoptado con carácter general y, en particular, para el centro docente al que se refiere este expediente.

De este modo, y según nos indica, en primer lugar, se ha procedido a dotar a los centros educativos andaluces de dispositivos portátiles según lo recogido en la Instrucción de 31 de julio de 2020 de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de Transformación Digital Educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/21 donde se especifica en el apartado 6.1 (“Equipamiento del Centro”) que con objeto de reducir la brecha digital en los centros docentes, se han puesto en marcha actuaciones consistentes en la dotación a los centros de dispositivos tecnológicas para su entrega en préstamo al alumnado en riesgo de exclusión digital y al profesorado que lo necesite, garantizando asimismo [a conectividad que posibilite la continuidad del proceso educativo online.

Como resultado de esa actuación se han planificado la entrega de mas de 100.000 dispositivos portátiles a los centros educativos públicos andaluces. A la fecha de la redacción de este informe -finales del mes de abril de 2021-, se habían distribuido 71598 dispositivos portátiles.

En las próximas semanas, señala el informe, se completará la entrega de los portátiles restantes, entre la que se encuentra el lote correspondiente al centro docente, por lo que se entregarán 18 dispositivos portátiles.

Por otra parte, y según las Instrucciones de 6 de julio De 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, donde se recoge en la Instrucción Quinta que habrá de tenerse en cuenta dos situaciones: la de docencia presencial y, de manera excepcional, la docencia telemática. En la Instrucción Octava se establece que los dispositivos tecnologicos disponibles en los centros podrán ser utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a lo misma las experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectivo presencial, podrán ser puestas a dlsposición del profesorado y del alumnado, de de acuerdo a Io que establezca el proyecto educativo del centro.

Para reforzar las actuaciones de dotación a los centros docentes de equipamiento susceptible de ser prestado al alumnado en situación de vulnerabilidad (brecha digital), la Junta de Andalucía ha firmado el Convenio “Educa en dlgital” con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Entidad Pública empresarial Red.es, M.P. Publicado en el BOE.

Entre las acciones objeto del Convenio suscrito se encuentra 1. Actuaciones de dotación de puestos educativos en el hogar y otros equipos adicionales: A) Puesto educativo en el hogar: dotación a los centros docentes andaluces de equipamiento susceptible de ser prestado al alumnado en situación de vulnerabilidad. El “Puesto educativo en el hogar” consta de un dispositivo tipo ordenador portátil o equivalente con software de base necesario incorporado, junto con elementos de seguridad, configurado para uso educativo; y de una conexión a Internet. El puesto podrá incorporar las aplicaciones formativas proporcionadas por las administraciones educativas.

Los destinatarios del a actuación son los centros docentes andaluces, que recibirán 175.839 dispositivos portátiles con conectividad de datos. Y con objeto de detectar el alumnado objeto de la actuación la Consejería de Educación y Deporte ha elaborado un censo de dicho alumnado partiendo de los datos proporcionados por los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos El CEIP Paz y Amistad ha registrado en ese censo 107 alumnos y alumnas en situación de brecha digital. Asi, se le entregará al centro el número de Puestos Educativos en el hogar que ha registrado cuando éstos estén disponibles para su reparto A la fecha de la redacción de este informe la actuación se encuentra en la fase de licitación y la entrega de los ?Puestos Educativos en el hogar? comenzara en el momento de la recepción del equipamiento siendo la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) la responsable de la logística de la misma.

Como actuación complementaria a estas actuaciones de dotación, la Consejería de Educación y Deporte va a poner a disposición de los centros que estén desarrollando Planes de Compensatoria dispositivos USB de conexión inalámbrica con la finalidad de entregarlos en préstamo al alumnado que, disponiendo de algún dispositivo tecnológico para uso educativo (ya sea de su propiedad o prestado) no disponga de conexión a Internet en su hogar. El dispositivo USB es un módem que viene acompañado de una tarjeta de 15 Gb datos con una duración máxima de 15 dias desde el momento de su actuación. El número total de dispositivos es de 3000 unidades siendo el número de unidades que recibirá cada centro proporcional al alumnado que este matriculado en el mismo. El reparto de los dispositivos USB sera? a discreción del equipo directivo de cada centro receptor. El CEIP Paz y Amistad, al desarrollar un Plan de Compensatoria, es acreedor de esta actuación complementaria.

Por último, y en relación a las actividades formativas dirigidas al profesorado, alumnado y familias relativas al uso de los dispositivos y el manejo de las aplicaciones y software incluidos en los dispositivos que van a suministrase, el personal del centro puede dirigirse al Centro del Profesorado de Sevilla y a su asesor de formación de referencia para solicitar actividades de formación especificas para desarrollar que van a suministrarse al centro.

Las necesidades formativas del centro deben incluirse tanto en la Memoria de Autovaluacion del centro así como en su Plan de Formación, con objeto de poder diseñar actuaciones posteriores que se unan a las genéricas que ya se están celebrando en el momento de la redacción de este informe, como son las de formación en el uso de plataformas educativas como Moodle Centros y GSuite para Educación.

A la vista, pues, de la respuesta recibida, entendemos que el asunto objeto de la presente queja está en vías de solución, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 20/1032 dirigida a Consejería de Salud y Familias, Delegación Territorial en Sevilla

ANTECEDENTES

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Esta Institución decidió iniciar un expediente de queja tras dirigirse a nosotros una persona disconforme con la gestión del expediente administrativo mediante el que se dio respuesta a su solicitud de ayuda económica por el nacimiento por parto múltiple de sus 2 hijos. La interesada señalaba que presentó su solicitud en enero de 2018, y que no fue hasta agosto de 2019 cuando le fue notificado el reconocimiento de una sola de las 3 anualidades a las que tendría derecho (2018), todo ello con el argumento de que no había aportado documentación que le fue requerida en marzo de 2019, por lo que quedó extinguido el derecho a percibir las 2 siguientes anualidades (2019 y 2020).

CONSIDERACIONES

Del análisis de los hechos hemos de resaltar, en primer lugar, que el expediente en cuestión hubiera demorado su resolución 1 año y 8 meses, siendo así que la Orden reguladora de dichas ayudas (Orden de la Consejería de Asuntos Sociales, de 6 de mayo de 2002) preveía en su artículo 12 que la resolución conclusiva del expediente fuese emitida en el plazo de un mes, contado desde la presentación de la solicitud, que dicha resolución fuese motivada, y que se notificara a continuación a la persona interesada.

Por tanto, hemos de censurar como principal incumplidora de las normas de procedimiento a la propia Administración tramitadora del procedimiento administrativo conducente a la concesión de la ayuda económica.

Y es que en el informe que nos fue remitido por la Delegación Territorial no se hacía alusión a ningún obstáculo formal o material que hubiera imposibilitado la resolución de la solicitud en el plazo de un mes, tal como se preveía en el reglamento regulador de la ayuda económica, por lo que dimos por supuesto que tales motivos eran consecuencia de una actuación ineficiente o ineficaz de las unidades administrativas encargadas de su gestión, hecho que no pudimos pasar por alto por tratarse de ayudas económicas dirigidas a familias obligadas a asumir gastos perentorios e inaplazables derivados del nacimiento de hijos por parto múltiple, lo cual haría exigible, si cabe, aún más celo y celeridad en su tramitación.

A lo expuesto hubimos de añadir lo preceptuado en el artículo 20 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a la responsabilidad en la tramitación de los expedientes de las unidades administrativas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, siendo responsables directas de su tramitación y con la obligación de adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas interesadas o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

Hemos de traer aquí a colación el principio de buena fe o confianza legítima (artículo 3.1.e de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) que rigen las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, caracterizado por las notas de previsibilidad y seguridad jurídica, congruentes con lo establecido en los artículos 9 y 103 de la Constitución. Y es que resulta totalmente desproporcionado que se requiera a la persona interesada documentos indispensables para la continuación de su expediente tras haber transcurrido un año y 3 meses desde que presentó su solicitud, siendo así que en todo este tiempo no le fue remitida ninguna notificación explicando los motivos del retraso en la resolución de su expediente y emplazándole para que fuese actualizando, con la periodicidad que fuese necesaria, la documentación preceptiva.

Dado el largo tiempo de espera sin ninguna notificación no puede resultar extraño que la persona interesada actuara convencida de que la Administración resolvería su solicitud con la documentación que ya había aportado al expediente ya que nada nuevo le fue requerido. Su falta fue que por avatares de la vida cambió de domicilio y olvidó notificar dicho cambio a la Administración a la que un año antes había presentado su solicitud, pero aún así en su expediente constaban otros medios para contactar con ella -especialmente su número de teléfono-, lo que le hacía albergar la confianza legítima de que si algo ocurría con la documentación que había aportado se pondrían en contacto con ella para solventar cualquier inconveniente que pudiera ocurrir, cosa que efectivamente hicieron pero no para advertirle que presentase la documentación en cuestión sino para notificarle que su expediente había sido resuelto, encontrándose con la sorpresa de que lo fue pero solo parcialmente, estimando solo una de las tres anualidades de ayuda económica que había solicitado.

Y no sólo constaban datos en su expediente que hubieran permitido comunicar a la interesada de forma ágil -aunque no fehaciente- la necesidad de aportar datos económicos actualizados de su unidad familiar, sino que además en su solicitud la interesada marcó la opción que autorizaba a la Administración gestora de su expediente para recabar dichos datos de la Administración tributaria. En virtud de cuanto antecede efectuamos la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales que habían sido incumplidos al dar trámite a este procedimiento administrativo y con la finalidad de encontrar una solución al problema planteado en la queja formulamos la siguiente

RECOMENDACIÓN. - "Que se inicie un procedimiento de revisión de oficio de la resolución extintiva de las anualidades de ayuda por parto múltiple correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, y que en su virtud se proceda a su reconocimiento y abono si ello resultase procedente tras recabar de la Agencia Tributaria o de la persona interesada la documentación que fuese necesaria”

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 21/1574

La persona promotora de este expediente solicitaba nuestra intervención con la finalidad de que se agilizara la respuesta a su solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, y a tales efectos dirigimos nuestras actuaciones ante la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, la cual vino a reconocer que, efectivamente, se había superado en exceso el plazo de un mes que fija la normativa para la resolución de este tipo de expedientes, transmitiendo sus disculpas por las molestias que se hubieran podido ocasionar. En cualquier caso el expediente finalmente quedo resuelto con la inscripción efectiva en el Registro de dicha pareja.

Y en cuanto a los motivos de la demora, la Delegación Territorial vino a exponer una situación de sobrecarga de trabajo, al existir un amplio volumen de demanda en relación con los efectivos de personal existentes en la Delegación. No obstante, se resalta el esfuerzo que se viene realizando para cumplir con las garantías procedimentales a las que obliga la normativa de aplicación.

Al haber quedado solucionado el problema planteado en la queja (inscripción en el Registro de Parejas de Hecho) finalizamos nuestras actuaciones en este expediente, sin perjuicio de permanecer atentos a que el problema de fondo causante de la demora no fuese coyuntural y precisase de medidas para evitar su repetición en el futuro.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 21/4323 dirigida a Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración, Secretaría General para la Justicia

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Nos garantizan la defensa del derecho a la educación de los menores sujetos a medidas de responsabilidad penal.

07-06-2021 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Recientemente hemos tenido noticias de la elaboración y firma de un convenio entre la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia junto a la Consejería de Educación y Deporte para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes incluidos en el sistema de justicia juvenil e internos en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI).

Se anunciaban con fecha 3 de febrero de 2021 una serie de medidas tales como la creación de un coordinador en cada una de las provincias para supervisar y agilizar los trámites administrativos que se requieren cuando el ingreso del menor en algunos de los recursos del sistema de Justicia Juvenil necesita de un cambio de centro educativo, incluso de provincia.

Se prevé también la supervisión de los procesos de escolarización de estos jóvenes internos y el modo en el que se lleva a cabo la misma, siempre adaptada a las necesidades y circunstancias de cada menor. Es decir, en función de si el joven puede o no salir del centro, si este debe recibir las clases en el mismo y el tipo de formación que deba recibir, etc.

De esta forma, el convenio vendría a favorecer la continuidad de los ciclos educativos aun cuando el menor permanezca en centro de internamiento o reforma. “Se garantiza así el derecho de los menores internados a recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente le corresponda, cualquiera que sea su situación en el centro”, se ha señalado, y también se facilita a los menores el acceso a los otros estudios que componen los diferentes niveles del sistema educativo y otras enseñanzas no regladas que contribuyan a su desarrollo personal y sean adecuadas a sus circunstancias.

Para ello, la Consejería de Justicia se compromete a dotar los espacios, equipamiento, horarios y personal de apoyo necesarios para el desarrollo de la actividad docente con el alumnado del centro y también equipamiento informático y la conectividad necesaria en los centros de internamiento, para posibilitar el acceso a los recursos didácticos digitales imprescindibles que permitan la continuidad del proceso educativo del alumnado menor infractor.

Por su parte, la Consejería de Educación garantizará la escolarización de este alumnado en centros del sistema educativo público andaluz para cursar la educación obligatoria y posibilitará la escolarización post-obligatoria, en el régimen ordinario o en el régimen de personas adultas cuando sus circunstancias lo hagan necesario. Todo ello, posibilitando la formación presencial necesaria, el acceso a plataformas digitales, la aportación de personal docente y la continuidad de la formación iniciada una vez finalicen las medidas judiciales impuestas.

Sin duda, el objetivo del convenio anunciado supone un foco de interés y obligado seguimiento por parte de esta Institución del Defensor del Menor, debido a las funciones que tiene encomendadas de garantía y protección de los derechos de estos jóvenes; y, más concretamente, debido a la singular experiencia que se ha acumulado a la hora de supervisar y analizar los supuestos en los que, con frecuencia, el motivo de nuestras actuaciones a través de las quejas, venía a incidir precisamente en los problemas para la normalidad de los estudios de estos internos.

A la vista del relato de los hechos, a esta Institución del Defensor del Menor de Andalucía le corresponde velar por la seguridad y bienestar de las personas internas en centros para el cumplimiento de medidas impuestas por Juzgados de Menores y por ello, con fundamento legal en el artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz; en la Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor; y artículo 48.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores, esta Institución ha decidido iniciar, de oficio, un expediente de queja a fin de supervisar las actuaciones previstas en el convenio aludido.

Solicitando un informe referido a las actuaciones que se han previsto en el convenio; en particular: identificación de los servicios responsables de asignar las funciones de coordinador provincial y plazos previstos para su designación; previsiones de aplicación en los Centros de los recursos técnicos y materiales para alcanzar las capacidades de conectividad y aprovechamiento de las actividades educativas; acciones de coordinación con los órganos judiciales para adecuar las medidas judiciales acordadas y su compatibilidad con las previsiones recogidas en el convenio; proyectos elaborados para identificar las variedad de acciones conveniadas y sus calendarios de ejecución; cualquier otra circunstancia que consideren de interés para complementar la información que hemos reseñado anteriormente; finalmente sería de interés poder contar con el contenido del convenio recientemente firmado.

30-09-2021 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

A comienzos de 2021 tuvimos noticias de la elaboración y firma de un convenio entre la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia junto a la Consejería de Educación y Deporte para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes incluidos en el sistema de justicia juvenil e internos en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI).

A la vista de tal iniciativa, debemos tener en cuenta que esta Institución de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía (creada por la Ley 4/2021 de la Infancia y Adolescencia) le corresponde velar por la seguridad y bienestar de las personas internas en centros para el cumplimiento de medidas impuestas por Juzgados de Menores y por ello, con fundamento legal en el artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz; en la Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor; y artículo 48.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores.

Por ello, esta Institución acordó iniciar, de oficio, un expediente de queja a fin de supervisar las actuaciones previstas en el convenio aludido. Gracias a la información recibida con fecha 3 de septiembre de 2021, pudimos analizar con mayor detenimiento los contenidos acordados entre las autoridades educativas con la Consejería responsable de justicia juvenil. En citado convenio, suscrito el 3 de febrero de 2021, se definen varias medidas que podrían destacarse:

- Establecer un grupo de trabajo técnico formado por dos funcionarios de cada Consejería firmante del Acuerdo, se encargara de impulsar, implementar y realizar el seguimiento de las actuaciones que se realicen en el ámbito del Acuerdo, además de los grupos de trabajo formados por las personas de referencia en cada una de las Delegaciones Territoriales competentes.

- Disponer de todos los recursos para el cumplimiento de medidas privativas de libertad dispongan de personal de apoyo para el desarrollo de la actividad docente, complementaria a la realizada habitualmente por la Consejería de Educación y Deporte.

- Los centros de internamiento de menores infractores se datarán de los medios informáticos y tecnológicos necesarios para garantizar el acceso a los recursos digitales del sistema educativo andaluz.

- Se atenderá, a través de la convocatoria de puestos específicos, la disposición de personal docente y las necesidades de recursos humanos estables para una mejor atención a este colectivo.

- Se ha definido la agilizacíón del procedimiento de matriculación, en establecido con las delegaciones territoriales, mediante el sistema de registro informatizado ECO, un protocolo de envío y recepción de expedientes muy efectivo, que acorta considerablemente los plazos de tramitación y resolución de expedientes.

Ciertamente, la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía no puede sino ratificar la oportunidad de estas iniciativas de coordinación y el esfuerzo por avanzar en el mejor desempeño de las responsabilidades de la Consejería de Educación y Deporte con la Consejería en materia de justicia juvenil. De hecho, muchas de las actuaciones que se desarrollan desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía se detienen en analizar, precisamente, la efectiva educación ofrecida a los menores internos que deben compaginar el cumplimiento de las medidas acordadas por la autoridad judicial, con la continuidad de su vida educativa.

En el curso de la actividades habituales que se despliegan desde esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, tendremos la oportunidad de analizar la aplicación prácticas de las medidas y mejoras que se expresan en el convenio analizado. En concreto, deberemos persistir en el funcionamiento de los servicios responsables de asignar las funciones de coordinador provincial y plazos previstos para su designación; previsiones de aplicación en los Centros de los recursos técnicos y materiales para alcanzar las capacidades de conectividad y aprovechamiento de las actividades educativas; acciones de coordinación con los órganos judiciales para adecuar las medidas judiciales acordadas y su compatibilidad con las previsiones recogidas en el convenio; o conocer los proyectos elaborados para identificar las variedad de acciones conveniadas y sus calendarios de ejecución.

Con todo ello, debemos valorar el sentido de la queja de oficio debidamente atendido a cargo de la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia, junto a la Consejería de Educación y Deporte, y procede concluir las actuaciones emprendidas, manteniendo las medidas de seguimiento y comprobación que resulten necesarias en le marco de las funciones institucionales de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía para garantizar el derecho a la educación de los menores sujetos a medidas de responsabilidad penal.

Queja número 21/3624

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja en relación con la devolución solicitada por la interesada respecto a las cuantías abonadas para servicios deportivos municipales que han sido restringidos con motivo de la pandemia.

Para conocer el alcance del problema planteado nos dirigimos con fecha 13 de mayo de 2021 al ayuntamiento, que ha remitido un informe donde se señala:

“Por los servicios administrativos del Patronato de la Universidad Popular Municipal , se está procediendo desde hace meses a la devolución del importe de las matrículas del alumnado matriculado en el curso 2019-2020 y 2020-2021, suspendidos por la pandemia de COVID-19, para lo cual, se ha reforzado debidamente de personal a nuestros servicios administrativos, con objeto de finalizar el proceso en el menor tiempo posible. A pesar de ello, hay que entender que en este proceso de devolución intervienen, además, varias instancias/servicios de este Ayuntamiento (Tesorería, Intervención, etc.) y que al haber sido suspendidos todos los cursos en su totalidad o parcialmente, el número de personas afectadas es de miles, por lo que el número de matrículas a devolver supera las 5.000, no siendo fácil llegar a todos los usuarios con la celeridad deseada para cumplir los plazos ordinarios de devolución. Es la primera vez que la Universidad Popular Municipal se enfrenta en su historia a un proceso de devolución de esta envergadura.

Por todo ello, le comunicamos que el expediente administrativo de Dª ... se encuentra en estos momentos en fase de notificación a la usuaria sobre las cantidades adeudadas, siéndole reintegrada la totalidad de la parte correspondiente a la matrícula a la mayor brevedad posible, dentro de las dificultades que el gran volumen de afectados genera”.

Por tanto, del contenido de dicho informe parece que los motivos que explicaban la presentación de la queja se encuentran en vías de solución a tenor de las medidas de gestión que explicaban los servicios municipales para proceder a las devoluciones acordadas; por lo que procede concluir nuestras actuaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas de seguimiento que, en su caso, resulten oportunas.

Queja número 21/3775

La presente queja se tramita con motivo de la vacante del servicio de Profesional Técnico de Inserción Social (PTIS) para un Instituto de Educación Secundaria en la provincia de Málaga, y en la que se expresaba por la representación de la AMPA la preocupación por los inconvenientes derivados de esta carencia y sus repercusiones en la actividad escolar del alumnado.

Desde el Defensor del Pueblo Andaluz, y Defensor del Menor, hemos trasladado tales inquietudes a las autoridades educativas con fecha 19 de mayo de 2021 a fin de que manifestaran las explicaciones acerca de esta situación. Y así, la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Málaga dirigió la siguiente información:

“En relación con su escrito de fecha 21 de mayo de 2021, en relación con la cobertura por lT del PTIS del IES ..., se le informa a continuación del procedimiento establecido para cubrir las sustituciones, según reunión, que tuvo lugar en octubre de 2018, con el Servicio de Función Pública y la Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de Intermediación.

SUSTITUCIONES PERSONAL

EI personal laboral cuando se encuentra en situación de IT, se les sustituye mediante oferta enviada al Servicio Andaluz de Empleo, el procedimiento establecido es muy largo y lento, podemos tardar en sustituir a esta personal entre 25 a 30 días. con la consiguiente intranquilidad por parte del equipo directivo del centro a donde va destinado el sustituto.

Procedimiento:

- Cuando se produce algunas de las situaciones, se procede a solicitar autorización a Función Pública para poder enviarla oferta al SAE.

- Una vez firmada la oferta se remite a la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Empleo,Servicio de Intermediación.

- Este organismo es el encargado de trasladada a la oficina de empleo correspondiente.

- Una vez en la oficina se publica en una WEB durante 5 días naturales, donde los interesados se inscriben.

- De todos esos candidatos se seleccionan 3. que envían la documentación requerida a la Sección de Personal no Docente mediante correo electrónico. Una vez que la documentación de los candidatos ha tenido entrada en la Sección se procede a convocar a los sindicatos con representación en el Comité de Empresa en una comisión de baremación, el que haya obtenido la puntuación más alta es el que resulta adjudicatario.

- Se procede a hacer el contrato con la firma de Ia Delegada.

- Por último, una fiscalización previa por parte de la Intervención Provincial, con una antelación mínima de 5 días.

A todo este procedimiento tan largo, se une otro inconveniente que la búsqueda de los candidatos se hace a nivel de Comunidad Autónoma, por lo que las renuncias a estas sustituciones son constantes, esto conlleva que a veces tenemos que volver al punto de partida porque nos quedamos sin candidatos para esa oferta.

EI parte de baja del PTIS del IES que nos ocupa, se recepcionó en la Sección de Seguridad Social de esta Delegación Territorial con fecha 9 de abril. Desde esa sección hay una demora en grabar la citada baja, que se efectúa el 20 de abril, fecha en la que se inicia la tramitación desde la Sección del Personal no Docente, el 23 de abril se remite al Servicio de intermediación del Servicio Andaluz de Empleo, para que procedan a seguir el procedimiento.

Una vez que se recibieron los 3 candidatos seleccionados desde el Servicio Andaluz de Empleo, se lleva a Comisión de Baremación el 18 de mayo,

EI 20 de mayo el adjudicatario presenta la documentación requerida para proceder a hacerle el Contrato con los 5 días de fiscalización previa por parte de la Intervención Provincial, dicha persona empezó a trabajar el 27 de mayo”.

Igualmente se señala que la causa de la vacante de la plaza de PTIS se debió a la baja por IT y que no ha sido hasta el 27 de mayo de 2021 cuando se ha podido cubrir mediante la designación de un profesional con carácter sustituto.

A la vista de las explicaciones ofrecidas, debemos resaltar los impactos evidentes que esa vacante ha provocado en el servicio del PTIS del centro lo que repercute, no sólo en la medida que afecta a las familias promotoras de la queja del AMPA sino, muy probablemente, para el resto de alumnado que requiere tales servicios. Sin otros datos que poder comentar, lo que destaca es que la vacante ha necesitado un procedimiento que “es muy largo y lento, podemos tardar en sustituir a esta personal entre 25 a 30 días con la consiguiente intranquilidad por parte del equipo directivo del centro a donde va destinado el sustituto”, en palabras de la Delegación.

En todo caso, las noticias ofrecidas recogían que el PTIS se incorporó el 27 de mayo por lo que poco a poco se habrá normalizado la situación.

Por ello, entendemos que al día de la fecha procede concluir nuestras actuaciones, sin perjuicio de volver sobre la cuestión en la medida en que este proceso de puesta al día de los profesionales del IES permita su reordenación y atienda, finalmente, las necesidades del próximo curso sin nuevos incidentes.

El Defensor del Pueblo andaluz se reúne con los alcaldes de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy un encuentro con los 19 alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz para conocer la problemática de la zona, en el marco del desplazamiento a la comarca que durante dos días ha realizado la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía de la Institución.

En concreto, a la reunión de hoy en la localidad gaditana de Villamartín han asistido los representantes municipales de Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.

Los alcaldes de la zona han agradecido al Defensor el desplazamiento de la Oficina de Información para la atención personalizada a los vecinos y vecinas de la Sierra, al tiempo que le han trasladado diversas problemáticas.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, le ha indicado al Defensor el déficit en recursos sanitarios; la necesidad de mejoras en la red de transporte público; problemas de financiación de estas entidades locales, o la situación del medio ambiente. Asimismo, otros problemas que han destacado los alcaldes de la comarca han sido la necesidad de incrementar los recursos y los profesionales para atender a las personas mayores, así como el problema de la exclusión financiera con el cierre de entidades bancarias. En cuanto a la infancia y a la adolescencia, los alcaldes han demandado más recursos en educación y sanidad.

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz ha expuesto a los alcaldes los retos a los que se enfrenta la sociedad en estos momentos de pandemia y las prioridades que deben acometer las administraciones públicas, como son el reforzamiento de los servicios públicos, la atención a una economía de cuidados, la agilidad en los servicios de atención e información ciudadana, y la necesidad de coordinar bien los recursos y prestaciones sociales para que lleguen a los colectivos y personas más necesitadas. Jesús Maeztu también ha advertido sobre su preocupación ante el repunte de casos de salud mental, especialmente entre los niños y niñas, y sobre el agravamiento de la pobreza infantil.

El Defensor ha recordado su papel como Institución garante de derechos y ha mostrado su disposición a fortalecer la colaboración y las relaciones con los ayuntamientos para la protección de los derechos de la ciudadania.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz se ha desplazado a la Sierra de Cádiz durante dos días -el lunes a Villamartin y el martes a Arcos- para atender las quejas y consultas de la ciudadanía. En concreto, el equipo del Defensor ha atendido individualmente a una veintena de vecinos de comarca, que le han trasladado, entre otros asuntos, problemas de contaminación acústica, de carencia de aparcamiento en el caso histórico, de deficiencias de las comunicaciones y de retrasos en las prestaciones de renta mínima y ayuda al alquiler de vivienda, entre otros. También han mantenido encuentros con asociaciones de vecinos y con asociaciones de salud mental, de memoria democrática y de atención a menores. Finalmente han mantenido sendos encuentros con los servicios sociales de la zona que atienden a la población de dicha comarca.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

La situación del derecho de pase a 2ª actividad o servicios adaptados de las personas empleadas públicas de las Entidades Locales de Andalucía

El ejercicio de determinadas funciones públicas, requieren para su eficaz desempeño unas especiales condiciones y facultades físicas y psíquicas en sus integrantes que, ya por causa de la edad, o por otras causas sobrevenidas, pueden verse limitadas afectando a su efectivo cumplimiento. Ello ha determinado que en las dos últimas décadas se haya ido generalizando la inclusión en las normativas reguladoras de los colectivos de empleados públicos que tienen encomendado el desempeño de esas funciones -tanto a nivel nacional, como autonómico o local- la incorporación de una especial situación administrativa conocida como segunda actividad.

La situación de segunda actividad tiene por finalidad garantizar a determinado personal público -que suele prestar funciones eminentemente operativas y, en ocasiones, arriesgadas y peligrosas- una adecuada aptitud psicofísica para el desarrollo de su actividad profesional que puede verse afectada por diversas circunstancias, de edad o sobrevenidas, limitadoras de las mismas.

Nos encontramos, por tanto, ante un derecho de las personas integrantes de los colectivos de empleados públicos de la Administración Local que así lo tuvieran reconocido, por circunstancias que disminuyen sus aptitudes psicofísicas para el eficaz desempeño de sus funciones, y que se hará efectivo en el marco de las previsiones legales y reglamentarias que lo configuran y desarrollan.

El Defensor del Pueblo andaluz advierte ante el Pleno del Parlamento andaluz del deber de garantizar el cumplimiento de los derechos ante la Andalucía post COVID-19

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de que los representantes públicos tienen no solo el deber de garantizar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, sino también el de “enseñar y concienciar a la ciudadanía de la importancia crucial de asumir ese deber, para consigo misma, sus semejantes, su entorno y con el propio Estado”.

Jesús Maeztu ha estimado que este deber es necesario para mitigar el impacto de la pobreza y la desigualdad que sucede a todas las crisis, y ha revindicado que, una vez se vayan superando las crisis sanitaria y económica, “nadie se olvide de la crisis social, como sucedió en 2008, para que nadie vuelva a quedarse atrás”.

Ante el Pleno del Parlamento de Andalucía para la presentación del Informe Anual 2020 de la Institución, el Defensor del Pueblo andaluz ha reclamado que la ciudadanía no solo reivindique sus derechos, sino que cumpla con su deber en la defensa de esos derechos, y ha puesto como ejemplo, “oportuno a causa de la pandemia, nuestro deber de prevenir enfermedades y contagios, y de hacer un uso racional y responsable de los servicios de salud”.

La necesidad de defender los derechos humanos como un deber ciudadano viene recogida en la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, una suerte de reverso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que han estado trabajando expertos de todo el mundo, alentados por la Fundación Saramago e inspirados en un discurso del escritor con motivo del Premio Nobel logrado en 1998.

Jesús Maeztu ha señalado que “2020 ha sido el más duro y difícil de cuantos recuerda en los casi cuarenta años de historia de esta Institución”. De hecho, una de cada cuatro solicitudes de actuación presentadas por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo andaluz en el año 2020 estuvo directamente relacionada con la pandemia por coronavirus.

Fueron 35.146 personas las que requirieron la intervención de este comisionado parlamentario. De ellas, 8.665 presentaron quejas, lo que sumadas a otras 87 de oficio, hicieron un total de 8.752 quejas. A estas se suman 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. El aumento de actuaciones en quejas y en consultas fue de un 25%.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, 2020 debe ser también “un año para no olvidar” y del que extraer lecciones con un objetivo: avanzar hacia la igualdad real en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada. En este sentido, el Informe extraordinario realizado en el confinamiento por la Institución llamado Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia recogió 13 retos que el Defensor ha condensado ahora en cuatro aportaciones o lecciones que está dejando esta pandemia.

La primera lección sería la necesidad de un reforzamiento de los servicios públicos, en cuanto a los servicios sanitarios y de servicios sociales, con un nuevo modelo de gestión de las residencias de mayores. El segundo reto sería la oportunidad de promover y consolidar una economía de cuidados, que cuide a los más desprotegidos, entre ellos, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, al tiempo que se requiere una atención especial a la salud mental.

Un tercer desafío sería la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, ante la necesidad de rehumanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. Ello incluye la brecha digital como un ejemplo de esa imposibilidad de acceso a los servicios públicos, que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social. En cuarto y último lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que supone una tarea inaplazable contar con el diseño de un sistema de acogida y acompañamiento para colectivos de especial vulnerabilidad que, entre otros, ofrezca respuesta a personas necesitadas de unos ingresos mínimos, o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; las personas dependientes o con discapacidad; los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados; las personas que padecen una enfermedad mental, o los sistemas de empleo. En este punto, Jesús Maeztu ha reivindicado políticas de formación para la juventud.

Tras nuestra mediación, se acuerda la reapertura del mercadillo en las condiciones pactadas

Enviado por candy el Mar, 22/06/2021 - 14:05

Desde el mes de octubre, con motivo de la Pandemia COVID-19, el Ayuntamiento restringió la celebración del mercadillo semanal en el municipio, lo que está ocasionando un daño a los promotores, vendedores de venta ambulante, que resulta irreparable económicamente para el sector y las familias afectadas. Amén de ello se añade el perjuicio que se ocasiona a las personas consumidoras habituales de este tipo de mercados.

Código: 
20/7820
Respuesta: 
Fecha: 
Lun, 23/11/2020
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Tema: 
Administraciones locales
Provincia: 
ANDALUCÍA
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