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Nuestras actuaciones en la queja se iniciaron tras hacernos eco de noticias publicadas en distintos medios de comunicación relativas a la exclusión de un niño, de 9 años de edad, del campamento de verano que organizó el Ayuntamiento de Torremolinos por no poder prestarle asistencia adecuada al estar afectado por un trastorno del espectro autista.

Tras interesarnos por lo sucedido pudimos constatar que la Concejalía de Deportes de dicho Ayuntamiento mantuvo una reunión con el padre del menor y adquirió el compromiso de contratar a un monitor de educación especial que asistiría a su hijo, facilitando de este modo su participación en las actividades del campamento de verano. Una vez contratado dicho profesional el menor pudo asistir con total normalidad.

Finalizamos nuestra intervención en la queja al considerar garantizados los derechos y bienestar del menor con la solución aportada por el Ayuntamiento.

La persona interesada denuncia la ausencia de recursos personales necesarios para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en un Centro de Educación Infantil y Primaria en la Provincia de Granada, donde se encuentra escolarizado su hijo.

Por la situación expuesta nos dirigimos a la administración, quien tras varios trámites, remite un escrito señalando que se ha dotado al centro educativo en el presente curso escolar 2019/20 con unidades para la atención de su alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo: dos unidades de educación especial de apoyo a la integración, una unidad específica para la atención del alumnado con trastorno del espectro autista, y otra unidad de audición y lenguaje de apoyo a la integración.

A la vista de lo aportado por la Administración, entendemos que el problema planteado se ha resuelto favorablemente, por lo que con esta fecha procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

En esta Institución se tramita expediente de queja de oficio relativo a la no inclusión, dentro del cupo de reserva en favor de personas con discapacidad, de la reserva del 1% de estas plazas para personas con enfermedad mental prevista en el art. 28.1 de la Ley 4/2017 de los Derechos y Atención a las personas con Discapacidad en Andalucía.

Recibido el informe solicitado del Rectorado de la Universidad de Sevilla, se desprende que ha aceptado los contenidos esenciales de la Resolución que dictó esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz. Por ello, con esta fecha se procede a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja y al archivo del mismo.

Nuestras actuaciones en esta queja se iniciaron, de oficio, a principios de 2019 tras hacernos eco de noticias publicadas en los medios de comunicación referentes a la atención dispensada a menores inmigrantes no acompañados (MENA) ingresados en centros de protección de menores de Sevilla capital.

Según las crónicas periodísticas, MENA que son objeto de tutela o guarda y custodia en centros de protección de la provincia de Sevilla suelen abandonar los fines de semana los centros en que se alojan, contando con permiso o sin él, siendo así que para regresar a dichos centros suelen acudir a las comisarías de policía para que efectivos policiales los trasladen allí.

Tras incoar el expediente de queja nos interesamos por las medidas adoptadas para solucionar este problema solicitando un informe a la Administración respondiéndonos que el Ente Público estableció un dispositivo con una de las entidades colaboradoras (Samu); y así, en festivos y fines de semana, cuando un menor era localizado y había sido interpuesta una denuncia de fuga previa, personal de dicha entidad acudía a dependencias policiales y posteriormente daba traslado del menor a su recurso residencial.

Se recalca en el informe que esta medida sigue vigente a la fecha actual, y ello aunque el número de desplazamientos y ausencias voluntarias de estos menores se ha reducido considerablemente en los últimos meses.

Tras analizar la información aportada por la Administración, de la cual se desprende que el problema planteado en la queja habría quedado solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución relativo a Interno Centro Penitenciario Sevilla II le pierden las pertenencias en traslado de módulo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos traslada la siguiente información:

“Efectivamente, el día 08 de agosto de 2019 fue trasladado desde su departamento de residencia -módulo 5- al departamento de Aislamiento por aplicación del medio coercitivo previsto reglamentariamente de aislamiento provisional. En esta situación, el interno no puede disponer de aparato de televisión ni resto de pertenencias de su celda -se permiten aquellos artículos necesarios para su higiene personal-.

Al día siguiente, 09 de agosto, es trasladado al módulo 1, donde fueron llevadas sus pertenencias, bajo la supervisión de los funcionarios, desde la celda del departamento anterior -módulo 5- entre las que no se encontraba su aparato de televisión y ciertas prendas.

Por la desaparición de sus pertenencias, el promotor del presente expediente presentó queja ante este Centro Directivo. Se instruyó investigación por parte de la Subdirección General de Análisis e Inspección. El interno en escrito reclamaba su televisor y prendas por valor de dos mil -2.000- euros. Tras las oportunas indagaciones se constató que efectivamente era propietario de un televisor marca Phillips con número de serie YN1A1409216004. No se constató, ni el interno presentó prueba alguna, de la propiedad de prendas de vestir por valor de dos mil euros. Se le ha solicitado al interesado que aporte justificantes de las prendas extraviadas, sin que hasta la fecha haya aportado nada.

En base a lo anterior, el procedimiento sigue abierto, a la espera de que el interno aporte prueba sobre la propiedad de las prendas desaparecidas. Si no se recibiese contestación, se elevará propuesta para el inicio de expediente de indemnización por responsabilidad patrimonial por la perdida del televisor.

De las indagaciones realizadas, se constata que el procedimiento establecido por el centro penitenciario Sevilla II, es que ante la aplicación del medio coercitivo de aislamiento provisional previsto en la normativa penitenciaria, se recoja las pertenencias de la celda del interno para su depósito en el almacén y que le son reintegradas al finalizar la medida restrictiva. AI parecer los enseres del interno se guardaron en bolsas -similares a las empleadas para la recogida de basura-. Estos enseres, en las referidas bolsas, por error involuntario, pudieron ser confundidos por los internos responsables de la recogida de basura”.

Tras un detenido estudio de dicha información, se deduce que el asunto por el que acudió a nosotros se encuentra en vías de solución, sugiriéndole que tal y como se indica en el mismo, proceda a la justificación de las prendas extraviadas.

Así pues, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

El reclamante, en un completo y documentado escrito, exponía la petición vecinal de los residentes en una calle del municipio de Alcalá de Guadaíra para que, debido a la grave y perjudicial contaminación acústica y de gases perjudiciales para la salud que causaban los autocares de transporte público a su paso por la misma, fueran desviados por otras calles más amplias en las que no originaran los perjuicios antes reseñados.

Admitida la queja a trámite, solicitamos del Ayuntamiento de dicha localidad que nos indicara si se compartía esta demanda vecinal y, de ser así, que nos expusiera las gestiones realizadas o que se tuvieran previsto realizar ante el Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Sevilla o la empresa concesionaria a fin de que, si era posible, el recorrido del autobús fuera desviado por otras vías públicas más adecuadas.

En el informe municipal remitido se nos indicaba sobre el problema que afectaba a la calle objeto de la queja, que se había solicitado la realización de una medición acústica y sobre emisión de gases, habiéndose instalado en relación con la emisión de gases un total de cuatro sensores que deberían estar instalados un mes y otro aparato para medir la incidencia de las partículas en suspensión. Se añadía a ello que se estaban manteniendo conversaciones con el Consorcio de Transportes para estudiar posibles trayectos alternativos de los autobuses. Se concluía que, tras estas actuaciones, se adoptaría una determinación sobre lo solicitado por los vecinos.

De acuerdo con ello, quedamos a la espera de que se nos mantuviera informados de la resolución que se adoptara acerca de la solicitud de los vecinos de que se estableciera otro itinerario para los autobuses del Consorcio, una vez que se hubieran concluido las mediciones y actuaciones previstas para medir las afecciones que el transporte público suponía para la calle en cuestión.

Se exponía en el nuevo informe de la Delegación de Transportes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que el informe de valoración que debía emitir la Consejería de Medio Ambiente no había sido aún remitido al Ayuntamiento, por lo que se había requerido nuevamente su emisión a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.

Examinado el completo informe técnico emitido por la Delegación de Transportes municipal, cabía descartar la existencia de contaminación ambiental en dicho viario al no superarse los límites legales establecidos. Por el contrario, en lo que se refería a la contaminación acústica sí se superaban, principalmente en horario nocturno, los niveles establecidos como objetivo de calidad acústica.

Así las cosas, se aludía en el propio informe a que el artículo 9 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, establecía que en las áreas de sensibilidad acústica las Administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de planes zonales específicos a los que se refiere el artículo 75.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

De acuerdo con todo ello, solicitamos del Ayuntamiento conocer las medidas que, al amparo de la normativa citada o de cualquier otra aplicable, se iban a impulsar para evitar la contaminación acústica que padecía la calle, señalando si, atendiendo a la pretensión del reclamante, se iba a desviar el recorrido del transporte público urbano que transitaba por dicha calle o, de no ser así, explicando las causas o motivos por los que ello no se estimara procedente.

Lo cierto es que esta petición de informe al Ayuntamiento, pese a haber sido reiterada en dos ocasiones, no fue objeto de la respuesta procedente. Sin embargo, sí recibimos un informe del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla que reconocía que probablemente no se cumplían los objetivos de calidad acústica en los periodos de tarde y noche y recomendaba el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.3 del Decreto 6/2012.

Así las cosas, con objeto de poder dictar una resolución definitiva en este expediente de queja, nuevamente interesamos del Ayuntamiento que nos indicara las medidas que se pudiera tener previsto impulsar.

En el último informe recibido, tras todos los estudios y mediaciones realizadas, el Técnico municipal concluía que el paso de los autobuses públicos por la calle en cuestión no era responsable directo del exceso en los niveles máximos acústicos obtenidos en la franja horaria nocturna y que, por tanto, no quedaba razonablemente justificada la modificación o desviación del recorrido del transporte público reclamado. No obstante, se añadía que, en relación a la afección acústica leve que se había detectado en dicha calle, se trasladaría el expediente a la Delegación de Tráfico municipal, para que se estudiaran las posibilidades al objeto de minorar el número de vehículos que transitaban por la citada calle y los posibles efectos sobre la incidencia acústica.

Así las cosas, no estimamos necesarias nuevas actuaciones por nuestra parte en la tramitación de este expediente de queja toda vez que el informe municipal, que goza de la presunción jurisprudencial de veracidad y acierto, consideraba que no quedaba razonablemente justificada la modificación o desviación del recorrido del transporte público por la calle. Y esperábamos que el anunciado estudio de la Delegación de Tráfico sobre posible minoración del número de vehículos que transitaban por la calle afectada permitiera eliminar la afección acústica leve detectada.

El promotor de la queja manifestaba, en su comunicación, su disconformidad con la deuda que le reclamaba Vodafone, contra la que había formulado la oportuna reclamación. En concreto, el motivo de dirigirse a esta Institución es que decidió cambiar de otra compañía de telefonía a Vodafone por problemas de facturación con su anterior compañía. Vodafone le hizo una una oferta de productos y servicios que, a juicio del interesado, no se cumplieron pues los técnicos de la compañía no llegaron a conectar el router con una consola de juegos de su hijo. De ahí que, antes de los diez días previstos para su desistimiento, solicitaron la baja de Vodafone.

Sin embargo, continuaban remitiéndole facturas por lo que acudió a los servicios de atención de Vodafone, pero estos cada vez le indicaban cantidades diferentes que, tras las explicaciones de él, terminaban reconociendo que no debía nada. En una de esas llamadas la persona que le atendió “me indica que debemos 17,21 euros y que los debo pagar. Me da un número de referencia que es el ... Intento realizar el pago en la web que me indica Vodafone y es imposible realizarlo. Por problemas personales dejo este tema aplazado para volver a retomarlo pasado una semana y en todo este proceso me llega un cobro de Vodafone por la cantidad de 44,59 euros, el .. de Mayo. ¿A qué se debe esta cantidad? Ya que como he indicado antes cada vez me piden una cantidad de dinero distinta, otros operarios me dicen que no debo nada, entonces no sé como solucionarlo. Nadie me manda factura para saber por qué tengo que pagar."

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos a Vodafone conocimos que habían comprobado que el interesado no tenía ningún servicio activo con la compañía y que no tenía ninguna cantidad pendiente de abonar; además que se le había excluido de “cualquier fichero de solvencia patrimonial negativa que, en su caso, hubiera sido incluido por Vodafone”.

Por tanto, entendimos que el problema estaba solucionado y dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Carmona a nuestra petición de informe inicial, se formula Resolución al objeto de que se indique la situación urbanística del inmueble en cuestión, las causas que impiden la prestación en el mismo del servicio de suministro de agua potable como el que disponen, al parecer y según indicaba la afectada, otros inmuebles de la zona y, por último, las actuaciones que debería realizar, en su caso, para poder disfrutar del citado suministro, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.

La respuesta consistió en lo siguiente:

“1.- Situación urbanística de la Urbanización ... de Carmona:

Se trata de un Suelo clasificado urbanísticamente como SUELO URBANO CONSOLIDADO según las Normas Subsidiarias adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Plano “2” del documento de adaptación de NNSS a la LOUA.

Si bien, de acuerdo a sentencia dictada el 7 de octubre de 2013 por la sección 2ª del TSJA, se declara la nulidad del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carmona por el que se recepcionaban las obras de urbanización pertenecientes a la tercera fase de la Unidad de Ejecución … . La sentencia del TSJA establece retrotraer el expediente administrativo al momento anterior al informe sobre la terminación de las obras. Dando cumplimiento a dicha sentencia, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de noviembre de 2014, no se dan por finalizadas las obras de urbanización, por lo que se entiende que estamos ante un SUELO URBANO NO CONSOLIDADO hasta tanto no se produzca la recepción de las obras de urbanización.

Fruto de todo lo anterior, se aprueba definitivamente el Plan de Etapas de obras de la urbanización de la unidad de ejecución ..., mediante acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria de fecha 19 de febrero de 2019. Dicho documento puede consultarse en: http://www.carmona.org/planeamiento/plan_publ19.php

2.- En cuanto a la prestación de servicios por las compañías suministradoras, tal y como se puede ver en los documentos aportados por la interesada, en el año 2005 cuando se realizaron las obras de urbanización relativas al abastecimiento y saneamiento, el alcalde en su momento mandó esa carta al Consorcio del Huesna autorizando el suministro de agua a las parcelas que aparecían en el listado.

Esa forma de proceder no estaba de acuerdo con el artículo 175 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual establece que las empresas suministradoras exigirán para la contratación definitiva de los servicios respectivos la licencia de ocupación o primera utilización.

Todas aquellas parcelas que no realizaron el suministro en aquel momento o no estaban en ese listado, deben proceder conforme a la normativa vigente, obteniendo licencia de ocupación o declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

Dado que la vivienda de la interesada nunca ha tenido licencia de obras, debía proceder a su legalización mediante la correspondiente licencia de obras para la posterior obtención de la licencia de ocupación, o bien, proceder a la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según la vivienda cumpla o no con la normativa urbanística vigente en la urbanización.

3.- En la situación actual, hay que tener en cuenta el reciente Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía; el cual pretende facilitar la regularización de las viviendas irregulares.

Según el mencionado decreto, las personas titulares de estas viviendas pueden tramitar el procedimiento correspondiente para declararlas en régimen de asimilado a fuera de ordenación, o bien, le puede ser de aplicación el artículo 2 del mencionado Decreto-ley, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Las edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no urbanizable, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística. Dicho régimen no será extensible a las obras posteriores que se hayan realizado sobre la edificación sin las preceptivas licencias urbanísticas.

Igual criterio se aplicará respecto de las edificaciones irregulares en suelo urbano y urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo.

Las personas propietarias de las citadas edificaciones podrán recabar del Ayuntamiento certificación administrativa en la que se hará constar el régimen aplicable a las mismas.”

En cualquiera de los casos, la interesada ha de contratar un técnico externo para el estudio de la situación urbanística de su vivienda, el cual determinará qué procedimiento debe iniciar. Ambos llevan aparejados el correspondiente pago de tasas e impuestos, en su caso; si bien no se puede determinar la cantidad exacta hasta que no se presente la documentación pertinente con el presupuesto de ejecución material en aplicación de las ordenanzas fiscales vigentes.”

De la respuesta municipal recibida entendimos que se aclaraban todas las cuestiones planteadas de forma pormenorizada por lo que, considerando atendida nuestra Recomendación y expuestos los pasos a dar por parte de la interesada para poder disponer de agua potable en su inmueble, dimos por concluidas nuestras actuaciones.