Alerta por correo electrónico de las novedades

El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a las peticiones dirigidas sobre la adecuada conservación de los valores paisajísticos y contemplativos de la delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) denominado Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (Sevilla).

Para conocer las circunstancias del caso, solicitamos con fecha 17 de marzo de 2025 el necesario informe ante el propio ayuntamiento de la localidad y la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla.

Ese Ayuntamiento de Valencia de la Concepción con fecha 8 de mayo de 2025 nos informaba:

“En relación con el expediente de referencia relativo a la queja del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el impacto ambiental de las antenas de telecomunicaciones y en lo referido al patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción, he de informar lo que sigue:

1.- El escrito del Defensor del Pueblo Andaluz solicita informe del Ayuntamiento dando traslado de la queja presentada con el siguiente tenor literal:

“El sitio arqueológico calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla) se encuentra contaminado y degradado visualmente por estructuras utilizadas para las telecomunicaciones, el ayuntamiento no acomete la labor de redactar un plan de descontaminación perceptiva para dar cumplimiento a los artículos 19 y 31 de la Ley 14 /2007 del patrimonio histórico de Andalucía”.

2.- De un modo específico en Valencina le son de aplicación las siguientes determinaciones de protección:

- Decreto 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (Sevilla), BOJA nº 44 de 5 de Marzo de 2010.

- Normativa de Protección Arqueológica, Modificación de las Normas Subsidiarias de Municipio de Valencina de la Concepción (Sevilla), BOJA nº 13 del 18 de Enero de 2008.

3.- Las estructuras señaladas correspondientes a infraestructuras de telecomunicaciones se sitúan en las cotas superiores de los bordes de la cornisa norte del Aljarafe. Se localizan dentro de la delimitación del Bien de Interés Cultural denominado Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (BOJA n.º 44 de 5 de Marzo de 2010) que engloba también a la zonas delimitadas dentro de la Normativa Municipal de Protección Arqueológica (BOJA nº 13 del 18 de Enero de 2008).

4.- El artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía establece como: “1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, a los efectos de esta Ley, aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación. 2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como Bienes de Interés Cultural deberán recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán, al menos, el control de los siguientes elementos:

a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.

b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos.

c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones.

d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior.

e) La colocación de mobiliario urbano.

f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.

3. Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a los que se refiere este artículo estarán obligadas a retirarlos en el plazo de seis meses cuando se extinga su uso”.

5.- Las investigaciones arqueológicas en el yacimiento de Valencina se inician a finales del siglo XIX con el descubrimiento del dolmen de La Pastora en un área situada entre los municipios de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán. Desde entonces los resultados obtenidos por las 162 intervenciones arqueológicas realizadas hasta 2018 han permitido fijar una delimitación del yacimiento con una superficie superior a las 400 hectáreas. Desde el punto de vista del paisaje la primitiva fisonomía señala la presencia de una meseta central de forma tendente a cuadrangular y suaves laderas perimetrales, ceñida entre las cotas 154 y 150 metros y coincidente con las antiguas fincas de La Perrera y La Candelera, en torno a ella se disponían pequeños cerros enmarcados por cañadas que daban lugar a espacios inundables y de escorrentía hoy totalmente desaparecidos (paleocauces) pero que se están pudiendo documentar en diferentes excavaciones.

En los espacios rurales del sureste de la actual población de Valencina se conserva todavía un paisaje de suaves lomas topográficas que perpetúan el primitivo paisaje prehistórico correspondiente a los túmulos de tierra bajo los cuales se ocultan centenares de construcciones megalíticas, algunas de ellas de gran porte como los megalitos de La Pastora, Matarrubilla, Ontiveros o Montelirio, por citar los mas singulares.

6.- Por tanto se puede establecer como las estructuras de telecomunicaciones poseen un doble impacto desde el punto de vista de la protección arqueológica. Por un lado, por su propia implantación sobre el yacimiento prehistórico, y su afección al subsuelo y por otro, por su notable interferencia en la percepción visual del paisaje tumular prehistórico conservado en el entorno rural del núcleo de población de Valencina.

7.- Es por ello que se considera que procede la modificación y/o actualización del planeamiento urbanístico municipal, con la elaboración de un estudio de impacto paisajístico particularizado de todas y cada una de las estructuras/antenas que acogen instalaciones de telecomunicaciones y con la inclusión de determinaciones sobre su impacto en la percepción de los bienes arqueológicos objeto de protección y las correspondientes medidas correctoras.”.

Además, el propio ayuntamiento de Valencia adjuntaba un informe técnico de sus servicios urbanísticos que añadía:

“Visto el artículo 19 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y atendiendo a la queja formulada por interesado y elevada al Defensor del Pueblo, así como al informe del arqueólogo municipal de fecha 21/02/2025, se informa: con motivo de la redacción del PGOM cuyo contrato de servicios se formalizó el 6 de marzo de 2024, se acometerá la redacción de las determinaciones necesarias para que se apliquen medidas que eviten la contaminación visual o perceptiva de los bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como Bienes de Interés Cultural de este municipio que son: la zona arqueológica así como los megalitos que tienen la consideración de monumentos. Se hará especial énfasis en las estructuras de telecomunicaciones que por otro lado se sitúan en el suelo rústico o cercano al borde de la delimitación del suelo urbano, señalar que las de mayores dimensiones son anteriores a la declaración del BIC zona arqueológica que entró en vigor en 2010”.

También, por su parte, la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Sevilla enviaba informe de fecha 22 de septiembre en el que se indica:

“Con fecha 06/02/2025 se recibe solicitud de informe y documentación del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con la Queja sobre la ausencia de informe ambiental preceptivo en los entornos de los restos arqueológicos de Valencina de la Concepción para la adecuación de los valores paisajísticos y evitación de contaminación visual de estos espacios declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Con fecha 17/02/2025 se solicita al Defensor del Pueblo documentación, que es recibida el día 17/03/2025.

A continuación, con fecha 30/04/2025 esta Delegación Territorial a través del Sv. Bienes Culturales remite oficio al Ayuntamiento de Valencina de la Concepción para que informe si el mismo tiene redactado un Plan de Descontaminación Visual del Conjunto dolménico: Dolmen de la Pastora, Dolmen de Matarrubilla, Dolmen de Ontiveros, Dolmen en "Divina Pastora" y Dolmen de Montelirios y Zona de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán y en su caso nos envíen la documentación correspondiente. Asimismo se le requiere para que informe si las torres de telecomunicaciones a que se refiere el interesado cuentan con autorización municipal para su instalación y en su caso nos envíen la documentación correspondiente.

A fecha de firma de este informe no se ha recibido la documentación solicitada ni ninguna otra en relación a la queja planteada por parte del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, por lo que se ha reiterado la petición.

Así, y sin disponer de la completa información que permitiría a esta Delegación Territorial pronunciarse con pleno conocimiento de los hechos, pasamos a analizar la cuestión suscitada.

La queja recibida se refiere a la colocación de antenas de telecomunicaciones en al municipio de Valencina de la Concepción. En este municipio se encuentra el BIC Monumento “Conjunto Dolménico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán” (Orden de 21 de enero de 2003), y el BIC Zona Arqueológica, cuya delimitación en los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (Sevilla) se recoge en el Decreto 57/2010, de 2 de marzo. Alega el interesado el incumplimiento de los artículo 19, 31 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El art. 19 LPHA establece:

“1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, a los efectos de esta Ley, aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione.

2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como Bienes de Interés Cultural deberán recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán, al menos, el control de los siguientes elementos:

a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.

b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos.

c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones.(…)”

En relación a este artículo en primer lugar se debe conocer la afección concreta generada, no presuponiendo la misma como negativa. Para valorar esta afección se debe tener en cuenta la naturaleza y delimitación de los BIC afectados ya que se trata de un amplio territorio (casi un término municipal completo) y por tanto, deben valorarse en la aplicación estricta de la definición de contaminación visual principios como el de proporcionalidad en la actuación de las administraciones públicas, ya que de concluirse con la prohibición de toda construcción o instalación de determinada altura y manifiestamente visible supondría que toda una población vería limitado su derecho a los suministros energéticos, sistemas de comunicaciones, etc.

En relación al apartado segundo del citado art. 19 LPHA, no se dispone información sobre si el municipio de Valencina de la Concepción recoge en su planeamiento urbanístico u ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva, por ello se ha reiterado la petición de información al citado Ayto.

Respecto al artículo 31 LPHA se refiere a Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales, no siendo aplicable a Monumentos o Zonas Arqueológicas, luego no es de aplicación al caso que nos ocupa.

Por otro lado, la DT 3ª recoge que “los municipios que se encuentren en el supuesto contemplado en el artículo 19 de la misma deberán elaborar un plan de descontaminación visual o perceptiva que deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.”. A este respecto, se informa de que no consta solicitud ni aprobación de este plan en esta DT.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en la determinación de si estamos o no ante una situación de contaminación visual o perceptiva y por tanto en el ámbito de aplicación del artículo 19 LPHA deben ser valoradas por especialistas multitud de variables como la ubicación concreta de los bienes más singulares o relevantes dentro del BIC, las perspectivas afectadas, el resto de elementos que conforman esa zona, los accidentes geográficos… Este estudio es complejo y supone la dedicación de medios, que a corto plazo son difíciles de alcanzar en esta Delegación Territorial.

Finalmente, indicar, a la espera de mayor información al respecto por parte del municipio de Valencina, que esta Delegación Territorial está siempre a disposición, con los medios a su alcance, para colaborar con el Ayuntamiento, así como con el Defensor del Pueblo u otras instituciones en la protección de nuestro patrimonio histórico y en la puesta en valor del mismo”.

A la vista de las informaciones recibidas, hemos podemos acreditar un relato sobre los contenidos de la queja presentada y la posición de los responsables culturales de los ámbitos local y autonómico.

Efectivamente, recogemos una doble valoración sobre estas instalaciones en relación a su afectación al conjunto arqueológico. De un lado, la Delegación señala que “se debe conocer la afección concreta generada, no presuponiendo la misma como negativa. Para valorar esta afección se debe tener en cuenta la naturaleza y delimitación de los BIC afectados ya que se trata de un amplio territorio (casi un término municipal completo) y por tanto, deben valorarse en la aplicación estricta de la definición de contaminación visual principios como el de proporcionalidad en la actuación de las administraciones públicas”.

Por otro lado, a modo confirmatorio, el Ayuntamiento expresa que “se puede establecer cómo las estructuras de telecomunicaciones poseen un doble impacto desde el punto de vista de la protección arqueológica. Por un lado, por su propia implantación sobre el yacimiento prehistórico, y su afección al subsuelo y por otro, por su notable interferencia en la percepción visual del paisaje tumular prehistórico conservado en el entorno rural del núcleo de población de Valencina”.

Esta situación se explica a partir de todo un proceso de desarrollo urbanístico de la zona, próxima a núcleos de población importantes y que presenta eventos producidos en fechas muy anteriores a la entrada en vigor de medidas y condicionantes de protección cultural de estos entornos arqueológicos.

Tales impactos, a la luz de la normativa indicada, determinan la puesta en práctica de medidas impeditivas sobre intervenciones añadidas que afecten y deterioren los valores contemplativos desde la declaración formal del BIC y sus entornos; pero, sobre todo, exigen una identificación de aquellos otros aspectos o elementos que están presentes y que necesitan una clara identificación, así como planes específicos que ordenen su compatibilidad con dichas condiciones contemplativas.

A tales efectos la Delegación señalaba oportunamente la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 14/2017, que recoge que “los municipios que se encuentren en el supuesto contemplado en el artículo 19 de la misma deberán elaborar un plan de descontaminación visual o perceptiva que deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico”. Esta herramienta planificadora se presenta como la respuesta oportuna ante la situación creada, no exenta de complejidades, como ya se ha señalado en la información citada.

De ahí que en las comunicaciones mantenidas entre ambas instancias se destaca por parte del ayuntamiento que “(...) se acometerá la redacción de las determinaciones necesarias para que se apliquen medidas que eviten la contaminación visual o perceptiva de los bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como Bienes de Interés Cultural de este municipio que son: la zona arqueológica así como los megalitos que tienen la consideración de monumentos. Se hará especial énfasis en las estructuras de telecomunicaciones que por otro lado se sitúan en el suelo rústico o cercano al borde de la delimitación del suelo urbano (…)”.

Y, en ese contexto de adaptación urbanística, se indica también desde el municipio que “se considera que procede la modificación y/o actualización del planeamiento urbanístico municipal, con la elaboración de un estudio de impacto paisajístico particularizado de todas y cada una de las estructuras/antenas que acogen instalaciones de telecomunicaciones y con la inclusión de determinaciones sobre su impacto en la percepción de los bienes arqueológicos objeto de protección y las correspondientes medidas correctoras”.

A modo de balance, podemos apreciar una actuación coherente a cargo de los servicios de protección cultural-patrimonial, dirigida a la identificación de algunos elementos constructivos e instalaciones de impacto, procurando su adecuación a la normativa general urbanística, así como a las disposiciones que protegen el derecho contemplativo del patrimonio monumental.

Tales actuaciones se anuncian que se encuentran canalizadas a través de la redacción municipal de las modificaciones del planeamiento urbanístico, a la vez que su concreción específica podrá realizarse contando con el apoyo técnico y el asesoramiento de los servicios de la Delegación Territorial.

Sin considerar emitir un pronunciamiento formal como Resolución a la vista de las respuestas recibidas por ambas entidades en un sentido colaborador, sí resulta imprescindible la continua comunicación entre la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Sevilla y el municipio de Valencia de la Concepción a fin de que se logre una programación ordenada y comprobable de los objetivos señalados en sus respectivos informes.

Asumiendo la complejidad técnica de estas tareas, hemos de considerar que los procedimientos de control se han activado y procede otorgar un plazo para la conclusión de dichas actuaciones de control y de definición del conjunto de actuaciones que deben lograr la mejor y más completa protección visual de los entornos de los valores paisajísticos y contemplativos de la delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) denominado Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán.

Procedemos, pues, a concluir nuestra intervención quedando a la espera de las conclusiones de los trámites anunciados, de los que esperamos ser informados en su momento.

Se recibía en esta Institución escrito de un usuario del Puerto de Estepona a través del cual exponía ser usuario del Puerto de Estepona desde hace 20 años, con un contrato de cesión del derecho de uso preferente de amarre situado en la zona de poniente.

Según manifestaba había presentado numerosos escritos a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía solicitando diversas mejoras en la zona de poniente de este puerto, especialmente por los reiterados problemas de seguridad que padece la zona y por no disponer de suministro de combustible los barcos deportivos ubicados en la misma.

Según señalaba sus propuestas habían sido respondidas amablemente por la Agencia pero no habían sido atendidas, continuando con los mismos problemas.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para solicitarle información relativa a las posibilidades de atender las peticiones y propuestas del interesado.

Desde la Agencia Pública de Puertos de Andalucía se nos informó de las medidas previstas para dar solución a la problemática de seguridad y falta de suministro de combustible para las embarcaciones, también se informaba del traslado de dichas actuaciones al promotor de la queja.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de solución y procedimos al cierre del expediente de queja.

La presente queja fue tramitada de oficio por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de analizar las necesidades de mejora en la regulación de los usos de instalaciones deportivas para menores en una entidad deportiva y social de Tomares.

La tramitación de la queja llevó a formular Resolución con fecha 11 de agosto de 2025 ante el ayuntamiento de Tomares y dicha entidad:

“SUGERENCIA 1: Al Ayuntamiento de Tomares que se incluyan en las ordenanzas municipales de Tomares reguladoras del uso de instalaciones deportivas o de ocio (en las existentes o, en su caso, en las que se pudieran elaborar) las condiciones de uso de vestuarios y aseos por personas menores de edad con la finalidad de garantizar su privacidad e intimidad.

SUGERENCIA 2: Al Ayuntamiento de Tomares que a tales efectos se efectúen las adaptaciones precisas en los reglamentos internos o pliegos de prescripciones técnicas de las instalaciones deportivas o de ocio de titularidad municipal.

SUGERENCIA 3; A la entidad social que se promuevan como titular de las instalaciones unas normas o pautas de uso acordes con los criterios expresados para el uso de vestuarios y aseos por personas menores de edad con la finalidad de mejorar en las garantías de su privacidad e intimidad”.

Con fecha 20 de octubre de 2025, el ayuntamiento de Tomares respondió a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, conforme señala el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, indicando :

“Visto el escrito de esa defensoría, de fecha 11 de agosto de 2025, reiterado por escrito de 30 de septiembre de 2025, en relación con la queja arriba señalada en relación con el uso compartido de los vestuarios del club de Tomares, para los menores y personas mayores.

Por medio de la presente y, a los efectos de contestar su requerimiento, ponemos en su conocimiento que, una vez vistas y aceptadas las sugerencias recogidas en la Resolución de esa Defensoría, las mismas se incluirán, tanto en las Ordenanzas Municipales, como en los reglamentos internos y en los pliegos de prescripciones técnicas de las instalaciones deportivas o de ocio de titularidad municipal, cuando se proceda a su modificación o elaboración, comprometiéndose este Ayuntamiento a informarle en ese momento”.

Por su parte los gestores del club señalaban con fecha 7 de noviembre de 2025 ante la resolución comunicando la instalación de sendas indicaciones reguladoras del acceso de menores a los vestuarios según el rango de seis años para dirimir el acompañamiento de adultos o la autonomía de acceso, solicitando que se interpretara la conformidad con los contenidos sugeridos en la resolución de esta Institución.

A partir de este compromiso, y del relato municipal de actuaciones que también se ha recibido, parece que el municipio ha dispuesto de intervenciones necesarias para dotar de pautas y normas adecuadas que garanticen las condiciones idóneas de uso de espacios deportivos y vestuarios para menores, que deben revertir en una mejora sustancial en sus condiciones de acogida y de servicio para el conjunto de la vecindad de la localidad. En la misma línea creemos entender la respuesta de la entidad afectada.

En una valoración global del caso, interpretamos la actitud colaboradora de ambas instancias confiando en que las medidas adoptadas promuevan una clarificación de estas normas de acceso y el adecuado uso compartido de mayores y menores en vestuarios.

Siendo conscientes de la importancia de dotar a estas normas de un plazo necesario de aplicación, normalización y control, permaneceremos atentos a cualquier novedad que se produzca en orden a estas necesidades de mejora del aprovechamiento de las infraestructuras deportivas; igualmente persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece, lo que ocupará la atención de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz en futuras intervenciones.

Agradeciendo toda la colaboración y confianza ofrecida a lo largo del tramitación de la presente queja, procedemos a concluir nuestras actuaciones desplegadas en el expediente.

En la queja remitida a esta Defensoría por el representante de la Plataforma de afectados por la remodelación de la 7ª fase del Cerro del Moro (24/5486), nos manifestaban, entre otras cuestiones, su disconformidad con la calificación de la promoción de viviendas a la que retornarían tras la demolición de las suyas, dado que supone que no podrán acceder a la propiedad de estas viviendas hasta que haya transcurrido 50 años. Un periodo excesivo que les posiciona en una desventaja respecto a la anterior fase en la que tenía la opción de ejercitar esta opción a los 10 años.

En la reunión posterior mantenida en esta Defensoría con una representación de cada uno de los edificios de esta promoción, también nos transmitían que no conocían y/o entendían el alcance de muchos de los términos que AVRA les pedían suscribir para formar parte de este proceso, ni algunas de las condiciones que regirán los contratos a suscribir en la nueva promoción.

Teniendo en cuenta lo manifestado, así como las consideraciones legales pertinentes, el pasado 5 de junio se dictó resolución requiriendo a la Agencia que diera respuesta en el plazo de 30 días a las recomendaciones y sugerencias formuladas, aceptándolas o no y en su caso, manifestando cuantas cuestiones consideraran al respecto.

Tras el informe remitido por la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda con fecha de entrada en esta Defensoría el pasado 31 de julio, dando respuesta al contenido de la resolución, conforme el informe emitido por la Directora General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), le trasladamos nuestras consideraciones:

“RECOMENDACIÓN 1, para que, en virtud del derecho de información de los destinatarios de esta actuación, teniendo en cuenta los términos expuestos en esta resolución, se informe por el medio requerido por la Plataforma de afectados por la remodelación de la 7ª y 8ª fase del Cerro del Moro, sobre las pretensiones trasladadas a esa Dirección Provincial”.

Nos trasladan que acepta nuestra recomendación, adjuntando copia de la respuesta dada a la solicitud de información pública de la Plataforma a través del Consejo de Transparencia y Protección de datos el pasado 9 de abril de 2025, “sobre el uso de fondos europeos en el proyecto de construcción de la 7ª fase del Cerro del Moro en Cádiz, vulneración de derechos y falta de transparencia en el proceso”.

Y nos informan igualmente del trámite dado al escrito del pasado 19 de abril, de (...), en representación de la Plataforma, en la que solicitaba a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Cádiz, la “entrega por escrito de todas las ofertas, condiciones y consecuencias legales de la operación, tal y como exige la normativa vigente, garantizando el tiempo suficiente para su estudio y consulta con asesores independientes”.

Una información que consideraban en la Agencia que no se podía facilitar hasta tanto no se “acreditase la representación vecinal que realmente ostenta”. Un requerimiento que con fecha 30 de abril se le requirió al Sr. (...) que acreditase la representación vecinal que realmente ostenta, requerimiento que ya se le efectuó directamente desde AVRA con fecha 3 de abril de 2025, sin que hasta la fecha haya atendido dichas solicitudes”

En relación a esta última solicitud, entendemos en esta Defensoría que se ha actuado correctamente, dado que tratándose de una documentación suscrita por cada una de las personas atendidas, necesita la autorización expresa de sus firmantes para compartirla con la Plataforma.

A este respecto, le hemos puesto en conocimiento de la Agencia, que en consonancia con lo anterior, la Plataforma de afectados por la remodelación de la 7ª y 8ª fase del Cerro del Moro, presentó en esta Defensoría la relación de firmas que se le requirió en el trámite de la queja que ha dado objeto a esta actuación de oficio, por lo que se encuentra legitimada en las actuaciones que se llevan a cabo en relación a esta queja de oficio.

“RECOMENDACIÓN 2, para que en la información trasladada a cada uno/a de las personas atendidas individualmente, se complemente con aquellas cuestiones que sean de su interés, tanto las referidas a la adquisición de su vivienda a demoler, como a la adjudicación de la nueva, incluyendo la normativa y articulado de referencia, el modelo de contrato que suscribirían, así como otras cuestiones que pudiera afectarle a cada una de las familias, en función de sus circunstancias. Todo ello a los efectos de que puedan suscribir cuantos documentos sean necesarios con la información previa que evite especulaciones en la actuación”.

Nos exponían que aceptaban nuestra recomendación y nos describían la información individual que se les ha venido trasladando a cada uno de las personas afectadas.

Así, nos indican que entre los meses de diciembre de 2020 y junio de 2021 se celebraron reuniones individuales con cada una de las familias “para conocer su situación y elaborar el estudio social de necesidades (nº de dormitorios, vivienda adaptada, etc.) de cara a la nueva promoción de viviendas de forma que el Proyecto de construcción de las 67 viviendas se adecúe al máximo a las necesidades de las familias de dicha fase por esta actuación”.

Y que “posteriormente, y una vez que el Consejo Rector de AVRA aprueba, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2024, la actuación “entre los meses de julio y noviembre de 2024 nuevamente técnicos de AVRA mantuvieron reuniones individualizadas y de manera voluntaria con cada una de las familias” trasladándoles los avances en la actuación desde la reunión mantenida el año 2021 y se repasó “la situación jurídico-social de la familia por si ha habido alguna variación o hubiera que realizar algún trámite previo (fallecimientos que hayan podido modificar la unidad familiar, herencias, hipotecas...)”. También dicen que “se les ha aclarado las dudas que se plantean en relación con la actuación o a la situación personal de cada uno de los vecinos”

Nos informan que se les explicó igualmente las fuentes de financiación, que “provienen en parte del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, a través del Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda que entró en vigor con la publicación del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero y en parte del “Programa 6 de ayuda de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes” cuyo objeto es el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible a 50 años, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción, como ya se informó a esa Defensoría, en las quejas Q22/3356 y Q24/5701”.

Es precisamente el vacío de información que tienen los/as vecinos/as entre junio de 2021 y julio de 2024 uno de los objetos de la queja, sobre todo teniendo en cuenta que ya en 2022, cuando solicitaron la financiación en AVRA se conocían que conforme a la misma la posibilidad de ser propietarios pasaría de 10 a 51.

Hemos de incidir que, si bien en el contexto de la queja 22/3356 desde esta Defensoría se impulsó la reactivación de una rehabilitación urbana que se encontraba paralizada, en ningún momento era nuestro objeto concretar los aspectos técnicos, urbanísticos y económicos derivados de esta actuación.

Así, tal y como ustedes les trasladan a la Plataforma, en la reunión celebrada el 15 de diciembre de 2022, a la que asistimos representantes de distintos organismos e instituciones como es esta Defensoría, “se puso de manifiesto cuales eran las fuentes de financiación de la actuación”, pero no los términos concretos del alquiler, ni en lo referido al plazo fijado de 50 años sin poder ejercer el derecho a compra, ni al resto de condiciones. Unos términos que tampoco se hicieron constar en ninguno de los informes remitidos en la queja de referencia.

Es por ello que sí encontramos una ausencia de información de la Agencia a los vecinos desde el tiempo comprendido entre la solicitud de financiación en 2022 hasta “los meses de julio y noviembre de 2024”, en los que se les atiende individualmente.

También nos informan que, a la fecha de su informe de 22 de julio de 2025, ya son una mayoría las que han suscrito documentación. En concreto “a un año de la terminación prevista de la promoción de viviendas de la nueva 7ª fase, 58 de las 70 familias de la 8ª fase (el 83%) están plenamente informadas y atendidas. Respecto a las 12 familias restantes, el pasado 4 de junio se les remitió la información requerida y confiamos resolver las cuestiones necesarias para alcanzar los acuerdos que proceden”. Concretamente habían previsto que, “a 17 de julio de 2025, más de la mitad de las familias de esta fase “Cerro del Moro” habrán suscrito con la Junta de Andalucía los acuerdos necesarios para resolver definitivamente su situación habitacional”.

Por lo tanto, entendemos en esta Defensoría que, dado que la financiación de la promoción afecta las expectativas de sus destinatarios sobre todo en lo que se refiere a los derechos de opción de compra, que como ya saben era una de sus principales solicitudes de este colectivo, al menos una vez solicitada la misma en 2022 hubiera sido necesario una información más general a nivel colectivo para trasladar su alcance. Con ello se hubiese evitado muchas especulaciones y malos entendidos y hubiese ayudado a su personal técnico a llegar a acuerdos puntuales con las personas interesadas.

En todo caso, interesados en conocer cómo ha ido evolucionando los acuerdos suscritos le pedimos tengan la amabilidad de actualizarnos dicha información.

“SUGERENCIA 1, para que se contemple encargar una nueva valoración de las viviendas a demoler, complementaria a la que nos remiten en el informe, o se admita el estudio de cualquier otra aportada por la plataforma de afectados, que pudiera dar una mayor satisfacción a sus demandas”.

A este respecto nos informan que “el 23 de septiembre de 2024 el Jefe de Servicio de Valoraciones de la Agencia Tributaria de Andalucía de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos emite dicha valoración individualizada de cada una de las viviendas de la 8ª fase, en virtud de los datos catastrales de las fincas, de la Orden de delimitación del Área Degradada Cerro del Moro fases 7 y 8, del Acuerdo de la comisión de seguimiento relativo a la financiación del Área Degradada “Cerro del Moro”, de las fichas del PGOU de Cádiz indicando la inclusión de la 8ª fase en la Unidad de Ejecución EX-17-B y del estado de conservación de las propias viviendas”.

Del resultado de dicha valoración, el precio de las mismas “asciende a 644 euros/m², siendo esta valoración superior a las de las viviendas de la 7ª fase, 625 euros/m² construido” Unas cantidades que dicen no ser las que les ha trasladado el representante de la plataforma.

A este respecto indicar que, con independencia de lo manifestado por el representante de la Plataforma, fue en el informe de AVRA de fecha 25/10/2024 cuando nos traslada copia del escrito que se le entrega a las personas que atienden, en el que se recogía la horquilla de precios: “.. la Agencia Tributaria ha informado de su valoración la cual oscila entre los 34.132 € y 38.640 €, en función de la superficie construida”. Una cantidad que se detectaba era inferior al precio medio abonado a los anteriores propietarios de las viviendas demolidas, que segúnel mismo informe “ronda los 50.000 €”.

En todo caso, una vez aclarado que estas cantidades son la que la Agencia ha aportado a esta Defensoría, nos informan que habiendo suscrito ya escrituras de venta más de la mitad de la promoción aceptando este precio consideran “que no sería justo revisar la valoración, dado que al realizarse en un estado peor de conservación de las viviendas, ésta sería inferior a la establecida, perjudicando por lo tanto a posteriores vendedores”

Por tanto, entendemos que siendo estas cantidades el resultado de una “valoración individualizada de cada una de las viviendas de la 8ª fase”, podrá ser sometida a informe contradictorio por cada uno de los titulares, siempre que así lo consideren.

“SUGERENCIA 2, para que se informe a los destinatarios de la actuación en qué consiste la cláusula en la escritura pública “de derechos sucesorios y de derechos de adquisición preceptiva para que estos vecinos no pierdan la propiedad de sus viviendas en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad” en qué preceptos legales tiene cobertura y quienes se podrían acoger a ella.

A este respecto se nos traslada que en “la escritura pública de compraventa de inmueble de la 8ª fase de “Cerro del Moro” y constitución de arrendamiento con opción de compra de una vivienda de la nueva 7ª fase establece expresamente: “3.5. Transmisibilidad.- Este derecho de opción sólo podrá ejercitarse por el titular inicial o por sus herederos” y así se les ha informado detenidamente a los vecinos precisamente para garantizar que la adquisición futura de la nueva vivienda puede ejercerse por los herederos de los actuales propietarios de las viviendas de la 8ª fase”

Entendemos por tanto que, además de haberles recogido esta cláusula en la escritura firmada ante notario, la misma formará parte del contrato que suscriban en el momento de la adjudicación, dado que es éste último el que regulará la relación jurídica con la vivienda adjudicada, conforme a la normativa que lo ampare.

En cuanto a que los herederos que puedan ejercitar la adquisición futura, igualmente entendemos que están informando de los requisitos que deben de aportar una vez llegado ese momento, como pudiera ser no disponer de otra vivienda, acreditar tiempo de residencia en la misma, etc.

“SUGERENCIA 3, para que, a los efectos de poder acceder a una vivienda de alquiler con opción a compra de quienes disponen de condiciones económicas suficientes, si han considerado la posibilidad de ofrecérsela en otras promociones existentes en la actualidad o a futuro, como pudiera ser la que se tiene previsto construir en la parcela resultante de la 8ª fase. Todo ello informándoles con detalle sobre los términos de esta opción”.

En su informe nos indican que ya ha sido considerada por la Agencia esta sugerencia, dado que “quienes dispongan de condiciones económicas suficientes pueden aceder a una vivienda en alquiler con opción a compra en la nueva 7ª fase”.

Entendemos que pudiera ser un error la interpretación de la citada sugerencia dado que hemos de precisar que el sentido de la misma es que a las personas destinatarias que en la actualidad o en un corto plazo pudieran ejercer la opción de compra se les pudiera facilitar esta posibilidad, bien en alguna de las viviendas calificadas como alquiler con opción a compra, disponibles en este momento en otras promociones o bien a futuro “como pudiera ser en la que se tiene previsto construir en la parcela resultante de la 8ª fase. Todo ello informándoles con detalle sobre los términos de esta opción”.

Una posibilidad que también podrían explorar en alguna de las promociones de PROCASA, a través de la coordinación entre ambas administraciones, dado que con ello se dejaría vacantes en esta promoción del Cerro del Moro viviendas asequibles para familias solicitantes del Registro de Demandantes que tiene muchas dificultades para acceder a una vivienda adecuada a sus circunstancias socioeconómicas.

Hemos de recordar que la mayor de las disconformidades con esta promoción está relacionada precisamente en tener que esperar 50 años para ejercitar la opción de compra. Por lo tanto, esperamos que esta sugerencia pueda ser atendida y analizada esta pretensión, en el caso de que algún/a destinatario/a se les solicitara.

Y por lo que respecta a la información que nos aportan referida a la alternativa en el parque público de viviendas de quienes no disponen de condiciones adecuadas a su situación económica actual, y sin haberse aportado más datos del caso específico que nos trasladan, consideramos que con este tipo de opciones se ha de evitar un efecto pernicioso que pudiera repercutir en los derechos que asisten a los residentes en la 7ª fase del Cerro del Moro por el mero hecho de no disponer de recursos suficientes para acometer las obligaciones contractuales tras la adjudicación.

Por ello se ha de tener en cuenta que son muchas las personas que llevan esperando años para disfrutar de una vivienda con condiciones de habitabilidad adecuadas, y que debieran de beneficiarse de la adecuación de su precio de alquiler a sus circunstancias y no ser expulsados a otras promociones ajenas al entorno en el que reside.

Como en otras ocasiones le hacíamos llegar, en actuaciones como las que nos ocupan, consideramos de vital importancia poner especial atención a los principios inspiradores de una buena administración como son la claridad, proximidad, participación, objetividad y transparencia de los procedimientos administrativos, los cuales nos han transmitido que los tienen en cuenta en la atención que realizan con cada una de las personas que atienden,.

Tras lo expuesto, en relación a la respuesta dada por la Agencia a la resolución formulada, teniendo en cuenta que el sentido de la misma fue el de instar a la Agencia para que prestara una atención acorde a las pretensiones de las personas residentes en la promoción de la 7ª y 8ª fase del Cerro del Moro, tanto las demandadas por la Plataforma como a nivel individual, damos por concluidas nuestra actuación considerando que el objeto de la misma está en vías de ser solucionado, toda vez que se están citando al resto de personas que no han suscrito documentación alguna y que restan actuaciones por concretar hasta la adjudicación de la promoción.

Dado que esta actuación de oficio se inicia a instancia de la queja formulada por la Plataforma de afectados por la remodelación de la 7ª fase del Cerro del Moro en la queja 24/5486, así como por las demandas que nos hacían con posterioridad los/as propios/as vecinos/as en la reunión mantenida en la sede de esta Defensoría, se le dará cuenta a la mencionada plataforma de su contenido para su debido conocimiento, poniéndonos a su disposición para lo que estimen trasladarnos.