La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 13/2218 dirigida a Defensora del Pueblo de las Cortes Generales

04/04/2013

Tras elevar nuestra consideración sobre las, en principio, perjudiciales consecuencias que ha deparado para el movimiento asociativo ecologista la aprobación de la Ley 10/2012, de Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, a la hora de ejercitar acciones judiciales en defensa del medio ambiente, la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales nos ha comunicado que no consideran idónea, en el momento actual, la intervención en este asunto dado que está acabado de aprobar el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, que sustituirá en su día a la legislación actualmente vigente en la materia.

Tras habernos dirigido en esta actuación de oficio a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, desde esta Institución estatal se nos ha comunicado que ya en su día, con motivo de una intervención, se propició una modificación de la Ley 10/2012, de Tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia y que la determinación de los sujetos o entidades susceptibles de exención de tasas está aún abierta debido a la aprobación y posterior tramitación del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, que sustituirá en su día a la normativa actualmente vigente, por lo que entienden que, por prudencia, deberían ser los colectivos interesados los que, dentro del desarrollo del proceso legislativo, trasladaran sus pretensiones al Ministerio de Justicia y a los Grupos Parlamentarios. Por tanto, consideraba la Defensoría del Pueblo que no había lugar a la intervención en este asunto.

Por tanto y dado que la Defensoría nos ha trasladado su postura en este asunto, no cabe realizar actuaciones adicionales sino esperar que, finalmente y durante la mencionada tramitación, se incorpore una previsión en el sentido propuesto por esta Institución.

El Defensor del Pueblo Andaluz sitúa la vivienda y las demoras en servicios públicos esenciales como principales preocupaciones ciudadanas

· Jesús Maeztu ofrece un Decálogo para afrontar la crisis habitacional y medidas para que las ayudas y la atención pública lleguen a tiempo

· Llamamiento a reforzar la buena administración y la cultura democrática: planificar, simplificar y cumplir para que los derechos sean efectivo

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha presentado el Informe Anual correspondiente a 2025 poniendo el foco en las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía en su relación cotidiana con las administraciones públicas: el acceso a una vivienda digna; las demoras en sanidad o dependencia; las dificultades para obtener información clara y una respuesta en plazo, y la sensación de desigualdad territorial cuando el derecho depende del lugar en el que se vive o del canal por el que se intenta acceder.

El informe confirma que, cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, el derecho se debilita y se instala una desconfianza que afecta al conjunto del sistema democrático. Jesús Maeztu ha puesto en valor las más de 37.000 personas que han confiado en la Institución para defender sus derechos en su relación con las administraciones públicas y que ha supuesto un incremento inédito de un 30% en la presentación de quejas nuevas, con un total de más de 13.000 iniciadas. Las materias con mayor incidencia fueron Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad. A estas quejas se sumaron más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra récord que supera incluso la registrada durante la pandemia. En conjunto, la Institución desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día, con impacto directo en miles de personas y sus familias.

La vivienda se consolida como el principal termómetro social. El Defensor ha advertido de que la falta de oferta asequible, el parque público insuficiente, la presión del mercado en zonas tensionadas y los retrasos en ayudas al alquiler convierten el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos para miles de familias. Para revertir esta situación, el Informe incorpora un Decálogo de medidas que prioriza la ampliación y protección del parque público, la movilización de recursos residenciales, la coordinación efectiva con los servicios sociales para prevenir pérdidas de vivienda y la mejora de la gestión de ayudas para que cumplan su finalidad cuando más se necesitan. También reclama ordenar el impacto de la vivienda turística donde reduce el alquiler residencial y agrava procesos de sustitución social, además de impulsar una respuesta integral al sinhogarismo, con soluciones estables y cooperación con el Tercer Sector.

Junto a la vivienda, el Informe subraya la persistencia de las demoras en servicios esenciales, especialmente en sanidad y dependencia, y ha enfatizado que los retrasos no son solo burocracia, “son desprotección”. La ciudadanía traslada dificultades de acceso, esperas prolongadas, discontinuidad y falta de orientación, con un impacto especialmente duro en personas mayores, familias cuidadoras y quienes tienen menos recursos por su vulnerabilidad o sufren brecha digital. Estas situaciones se trasladan además a otros recursos públicos como rentas de subsistencia, valoración de la discapacidad, ayuda al alquiler, alumnado con necesidades especiales, y otro tipo de subvenciones. El Defensor del Pueblo andaluz ha insistido en que la modernización de la Administración debe medirse por su eficacia real: atención accesible, información comprensible, coordinación entre niveles y respuestas motivadas.

El Informe incorpora además un mensaje de fondo sobre valores democráticos y garantías institucionales: frente al avance de discursos de odio y la polarización, es imprescindible sostener la igualdad y la no discriminación; reforzar los derechos sociales y laborales; garantizar la convivencia democrática y la sostenibilidad ambiental como condición de seguridad; y proteger instituciones de garantías como el Defensor del Pueblo Andaluz.

La conclusión se resume en una llamada a la acción: planificar con recursos y objetivos verificables, simplificar trámites y canales para que nadie quede fuera, y cumplir plazos y compromisos, “porque los derechos no se defienden solo proclamándolos, sino haciéndolos efectivos”, ha señalado Jesús Maeztu.

Queja número 25/4122

Esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia viene tramitando, desde el pasado mes de mayo de 2025, un expediente cuya incoación estuvo motivada por la recepción de un escrito en el que se denunciaba, de forma anónima, el maltrato que unas personas estarían causando a una menor de edad, residente en la provincia de Cádiz.

En el escrito de denuncia se relataba que en el mismo domicilio convivían los progenitores con una persona discapacitada y una hija menor de edad, y que se producían “gritos, insultos, le tiran cosas delante de la menor y la tratan peor que nada. Ruego pongan solución, es todos los días estos maltratos ...”

Dicha denuncia propició una actuación de esta Defensoría ante los servicios sociales de la localidad donde residía esta familia que nos informaron que con fecha 24 de junio de 2024 se solicitó la declaración de desamparo de la menor al organismo competente, siendo así que el pasado 8 de mayo de 2025, casi un año después, se seguía a la espera de que se ejecutase una medida protectora en favor de la menor.

Es por ello que a continuación solicitamos la emisión de un informe a esa Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre la actuación desarrollada en protección de la menor de edad respecto de la que los servicios sociales municipales habían propuesto su declaración de desamparo, y en su respuesta esa Delegación Territorial vino a señalar que con fecha 14 de mayo de 2025 se había iniciado el procedimiento de desamparo de la menor y se había acordado la medida cautelar de desamparo provisional, asumiendo su tutela y delegando su guarda en la familia acogedora de urgencia preseleccionada para dicho fin.

Toda vez que en dicho informe no se explicitaban los motivos del retraso, cercano al año, en la adopción de la declaración de desamparo provisional de la menor, acogimiento familiar provisional de urgencia, e inicio del procedimiento ordinario de desamparo, solicitamos de esa Delegación Territorial la remisión de un informe sobre esta concreta cuestión, y en respuesta recibimos la siguiente información:

"... Atendiendo a la normativa vigente, a la información obrante en el expediente de protección de la menor, a la edad de la menor y a las necesidades específicas que presentaba la misma; y ponderada esta información con la gravedad de la situación, se valoró que la mejor medida para la menor era asumir su tutela y delegar su guarda en una familia de urgencia que cumpliera los requisitos de idoneidad para la edad y necesidades específicas de la menor.

La búsqueda de la familia idónea para la edad y necesidades de esta menor no ha sido fácil, por lo que sopesando que no existía riesgo para la vida y la integridad física de la menor y que en los centros de protección de menores, atendiendo a la normativa vigente, todos los menores tienen más de siete años, se valoró que ingresar a la menor en un centro de protección de menores para volver a cambiarla a los tres meses era más perjudicial para la misma que esperar a que hubiera disponibilidad de familia idónea.

Por todo ello, se priorizaron las actuaciones tendentes a la búsqueda de familia idónea para el acogimiento temporal de esta menor. Dando la búsqueda resultados positivos se inició procedimiento de desamparo y se acordó medida cautelar de desamparo provisional a favor de la menor, mediante acuerdo de fecha 14 de mayo de 2025..."

Así pues, conforme a los hechos expuestos, al amparo de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, formulamos la siguiente RECOMENDACIÓN: (VER RESOLUCIÓN COMPLETA)

"Que se arbitren las medidas necesarias para garantizar que en la provincia de Cádiz se produzca una atención urgente, sin dilaciones evitables, a menores en situación de desamparo que requieran de una medida protectora de acogimiento familiar

La respuesta a nuestra Recomendación es en sentido favorable, precisando la Delegación Territorial lo siguiente:

"... Con relación a su recomendación relativa al procedimiento de queja de su referencia, desde esta Delegación Territorial tomamos nota de la misma y estamos promoviendo y priorizando todas las medidas necesarias para garantizar una atención urgente a menores en situación de desamparo que requieran de una medida protectora de acogimiento familiar.

En este sentido informamos que la provincia de Cádiz es la que tiene proporcionalmente desde hace años un mayor número de niños y niñas en acogimiento familiar de toda Andalucía. Un total de 576 niños y niñas tutelados en Cádiz se encuentran en acogimiento familiar, lo que representa el 23,5% de todos los acogimientos de Andalucía. Así mismo Cádiz es la única provincia de Andalucía en la que todos los niños y niñas tutelados de menos de siete años se encuentran en acogimiento familiar. También somos referentes a nivel nacional en lo que a acogimiento familiar de menores de siete años se refiere.

La situación que se produjo con la menor de referencia se debió a una situación coyuntural puntual que actualmente se encuentra resuelta.

Agradecemos su recomendación y continuamos trabajando para garantizar la protección de los menores ..."

Damos por concluida nuestra intervención en la queja al estar realizando la Delegación Territorial actuaciones encaminadas a garantizar una atención urgente a menores en situación de desamparo que requieran de una medida protectora de acogimiento familiar.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 26/2001 dirigida a Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Delegación Territorial de Sevilla

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, viene conociendo las necesidades de numerosos centros educativos como consecuencia de determinadas insuficiencias en sus instalaciones y dependencias.

Procuramos, así, estar atentos a posibles incidentes que surgen en estos centros y promover ante las autoridades autonómicas, y también municipales, las medidas de conservación y cuidados que estos edificios requieren y que, en no pocas ocasiones, presentan problemas que alertan a las respectivas comunidades educativas.

En esta ocasión traemos a colación un caso conocido por los medios de comunicación en el IES ‘Vicente Aleixandre’ de Sevilla. Y es que, según se menciona en las noticias a las que hemos tenido acceso, El pasado 9 de enero el IES sufrió un desprendimiento en uno de sus pasillos por un problema de humedades. Tres semanas después, este instituto de Triana sigue con cinco aulas cerradas y dos pasillos bloqueados, tiene agujeros en el techo con grandes grietas. Este "grave incidente" ha afectado a más de 500 familias que forman parte de la red escolar de este centro público y ha indignado a los padres de los adolescentes porque avisaron de las grietas en noviembre”.

La Institución ha considerado oportuno iniciar una actuación de oficio ante esa Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla a fin de conocer con exactitud la situación del caso expuesto y comprobar las medidas previstas, así como la puesta en práctica de aparentes compromisos adquiridos por la Administración educativa.

La función protectora y garantista otorgada a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía se dirige, específicamente, ante la posibilidad de que se estén afectando los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones). Todo ello, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) amparados desde Naciones Unidas y especialmente vinculados a los derechos de niños, niñas y jóvenes.

Considerando, pues, los anteriores precedentes, nos encontramos ante una situación que motivaría una actuación por propia iniciativa de la Defensoría todo ello de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz en concordancia con el artículo 24 de la Ley 4/2021, de la Infancia y la adolescencia en Andalucía, reguladora de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite oportuno, nos permitimos interesar de esa Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla la emisión del preceptivo informe, adjuntando la documentación que estime oportuna para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 26/2648 dirigida a Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Delegación Territorial en Sevilla, Ayuntamiento de Tomares, (Sevilla)

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, ha tenido conocimiento de problemas en el edificio que sirve de sede del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Ítaca en la localidad de Tomares (Sevilla).

Recientemente, con motivo de varias actividades de protesta, pudimos tomar conocimiento de la grave situación del centro que, tras un dilatado tiempo transcurrido, parece haberse agravado notablemente hasta el extremo de que sus instalaciones resultan incompatibles con la actividad docente normalizada.

En concreto, la situación ha sido descrita por miembros de la comunidad educativa como de “Goteras en el techo que provocan que los días de lluvia caiga agua dentro de las aulas, suelos levantados, paredes llenas de agujeros, puertas destrozadas, sistemas de climatización que no funcionan y ventanas deterioradas. Al repertorio de desperfectos se suman las filtraciones de agua en paredes y enchufes como consecuencia de las sucesivas borrascas de las últimas semanas”.

Igualmente esta Defensoría ha seguido diversas informaciones por los medios de comunicación que, sin perjuicio de su concreción, describen la situación del centro de manera preocupante y necesitado de una respuesta diligente y correctiva. Entre las medidas se señala la necesidad de abordar un nuevo emplazamiento para el IES ‘Ítaca’ a cuyos efectos también esperamos contar con el criterio del ayuntamiento de la localidad de Tomares.

Considerando, pues, la anterior información, nos encontramos ante unas situaciones que —de ser ciertas y confirmadas en los términos que se han expresado— motivarían una actuación por propia iniciativa de esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz; todo ello de conformidad con el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz en concordancia con el artículo 24 de la Ley 4/2021, de la Infancia y la adolescencia en Andalucía, reguladora de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

La función protectora y garantista otorgada a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía se dirige, específicamente, ante la posibilidad de que se estén afectando los derechos fundamentales establecidos en los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos en los artículos 1.a, 112 y 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones).

Y, en concreto es nuestra intención conocer la situación en la que se encuentra el centro educativo en cuestión y, en su caso, las medidas que, de forma urgente, se hayan adoptado, o se adoptarán, al objeto de solucionar el problema señalado.

En consecuencia, a fin de dar a esta queja el trámite oportuno, en base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos interesar en el ámbito de sus respectivas competencias de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla y al ayuntamiento de Tomares la emisión del preceptivo informe, adjuntando la documentación que estimen oportuna para el esclarecimiento del asunto en cuestión.

Queja número 25/12369

Se recibía en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación del promotor de la queja en el que exponía que, con fecha 05.08.2025, formuló escrito reclamando el abono de unos gastos de defensa jurídica devengados en relación con un proceso judicial relacionado con el desempeño de su anterior cargo en el Ayuntamiento de la localidad. Dicho escrito se había complementado con otro remitido con fecha 27.11.2025, sin haber recibido contestación a los mismos.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado Organismo resolviese el escrito presentado por el promotor.

En respuesta el Ayuntamiento nos trasladó la resolución de alcaldía de la solicitud presentada por el interesado así como la notificación de la misma a la parte promotora de la queja.

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a este escrito se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Queja número 25/11398

Se recibía en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación del promotor de la queja en el que exponía que, con fecha, 21.04.2025 formuló reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Con fecha 10.07.2025 recibió comunicación de ese Consejo informándole de la ampliación del plazo de respuesta por 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución.

Según manifestaba el interesado dicho plazo se había cumplido sin que le haya sido notificada resolución alguna a su reclamación.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado Organismo resolviese el escrito presentado por el interesado.

En respuesta el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía nos informó de que “la citada reclamación (núm. ***/2025) fue resuelta mediante la Resolución ****/2025, de 10 de diciembre, y fue notificada a la persona reclamante el mismo día.”

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a este escrito se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Queja número 25/10643

Se recibía en esta Institución escrito de una asociación ecologista formulando queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a un escrito presentado, a través del cual se solicitaba que se convocase una sesión del Consejo General de Participación Ciudadana, señalando que “lleva años sin convocarse a pesar de la obligación y responsabilidad que asume el Ayuntamiento”.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido organismo diese expresa respuesta al escrito de la promotora, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el escrito presentado por la parte afectada.

Recibimos del Ayuntamiento el informe que daba respuesta a la solicitud de la asociación reclamante. A la vista de que se había puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

Queja número 25/5041

Se recibía en esta Institución escrito del promotor formulando queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento a un escrito presentado solicitando que se le proporcionara información sobre sus padres, abuelos y bisabuelos, para así poder empezar a rellenar su árbol genealógico.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido organismo diese expresa respuesta al escrito del interesado, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el escrito presentado por la parte afectada.

Recibimos del Ayuntamiento el informe que daba respuesta a la solicitud del reclamante. A la vista de que se había puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

Queja número 25/5006

Se recibía en esta Institución escrito del interesado formulando queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento a un escrito presentado, solicitando que se procediera al desbloqueo de su acceso a la cuenta municipal de Facebook y que se le informase de cuáles fueron los mensajes concretos que motivaron el bloqueo.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido organismo diese expresa respuesta al escrito del promotor, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el escrito presentado por la parte afectada.

Recibimos del Ayuntamiento el informe que daba respuesta a la solicitud del reclamante mediante el cual se le trasladaba que se procedía al desbloqueo del interesado y se le recordaba la necesidad de cumplir de forma rigurosa las normas de uso del canal, manteniendo en todo momento un comportamiento basado en el respeto, la educación y un tono adecuado.

A la vista de que se había puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

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