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Tras conocer, por los medios de comunicación, que 13 depuradoras de aguas residuales cuya construcción estaba prevista para el año 2010 en la provincia de Córdoba no han sido ejecutadas y cuya construcción tenían carácter prioritario dentro de las 29 que son precisas ejecutar para el año 2015, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para conocer los motivos del retraso de esta ejecución. Por ello, nos hemos dirigido, en primer lugar, a la Diputación Provincial de Córdoba para conocer la moción aprobada por la misma y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre el convenio firmado entre ambas instituciones.

Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que 13 depuradoras de aguas residuales cuya construcción estaba prevista para el año 2010 en esa Provincia no han sido ejecutadas. Al parecer la construcción de estas depuradoras tenían carácter prioritario dentro de las 29 que son precisas ejecutar para el año 2015.

A la vista de ello esa Diputación Provincial ha aprobado una moción instando a la Junta de Andalucía a que cumpla el convenio que tiene firmado con esa Corporación Provincial a fin de que se lleve a cabo su ejecución.

Todo ello, entendemos que se planificó en su día de acuerdo con la denominada Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea que según sus previsiones obligaría a que se produjera el 100% de la depuración de las aguas residuales para el 2015.

Teniendo en cuenta tales hechos, esta Institución ha decidido incoar una queja de oficio a fin de determinar la situación en la que se encuentran la programación de las depuradoras que debían de entrar en funcionamiento en este ejercicio y valorar las causas de los retrasos que se están produciendo, así como las medidas a adoptar para dar cumplimiento a la mencionada directiva.

De acuerdo con ello y con carácter previo a dirigirnos a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba hemos considerado de interés solicitar que nos envíen copia de la moción aprobada por esa Corporación y remitida a la Consejería del convenio firmado en su día, así como de los informes jurídicos y técnicos que en su caso obren en el expediente.

10/03/2015

Una vez recabada esta información sugerimos a ambos organismos que mantuvieran una reunión para que, en el marco de colaboración y lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas y con objeto de garantizar los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía, se determinaran con claridad las responsabilidades de cada una de ellas en relación con la ejecución de esas 13 depuradoras pendientes de ejecutar en la provincia de Córdoba y que, fruto de esas reuniones, se programara la ejecución de las mismas.

Como respuesta a esta resolución, tanto la Diputación Provincial de Córdoba como la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio nos han comunicado, en síntesis, que se han mantenido ya contactos entre ambos y que se trabaja, aunque todavía en una fase preliminar, en la ejecución de las estaciones depuradoras objeto de nuestra actuación.

Por lo tanto, en la consideración de que nuestra Sugerencia se ha aceptado tanto por la Diputación Provincial como por la citada Consejería y en la consideración de que parece que se está trabajando ya en la línea sugerida, hemos dado por concluidas nuestras actuaciones en esta actuación de oficio, confiando, y así se lo hemos comunicado a ambos organismos, en que la colaboración activada, dentro de las competencias que cada Administración, tenga que asumir según los acuerdos alcanzados en el pasado y los que se alcancen durante las nuevas reuniones previstas, fructifiquen en la ejecución, lo más pronto posible, de las obras previstas para la depuración de aguas en diversos municipios de la provincia de Córdoba, que no es sino la finalidad perseguida.

03/03/2014

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras conocer las actuaciones que viene realizando el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para mantener la limpieza de la zona de la laguna de Torrox, ha concluido la actuación de oficio que abrió en su día, aunque ha instado a la Alcaldía-Presidencia a que, dentro de los medios y posibilidades que tiene el Ayuntamiento y a tenor de la conjunción de competencias en distintas áreas y organismos locales para garantizar un buen estado a la Laguna de Torrox y a su entorno, se realice una actuación de seguimiento por todos los responsables municipales, sugiriéndole la posibilidad, dentro de ese seguimiento que se llegue a realizar, de que se celebre una reunión de coordinación entre el departamento responsable y las empresas, públicas y privadas, encargadas del mantenimiento de la zona, en la que poder tratar de primera mano y con todos los implicados la situación de este enclave y fórmulas de mejora de su estado. 

El Defensor del Pueblo Andaluz abrió una actuación de oficio para conocer los planes del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) para la recuperación y protección de la zona verde existente en el entorno de la Laguna de Torrox y que, según las noticias que esta Institución conoció, podía ser objeto de actos vandálicos y encontrarse en una situación de total abandono y suciedad.

A través de la respuesta del Ayuntamiento conocimos que las actuaciones de mantenimiento de la zona verde de la laguna, siega y desbroce, se realizan cada 45 a 50 días, siendo la limpieza semanal; en Septiembre de 2012 el Ayuntamiento fue autorizado, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, a realizar las actuaciones de desbroce mecanizado de la vegetación desarrollada dentro del vaso así como la retirada de depósitos de su interior, que fueron realizadas cuando se secó el vaso; en cuanto a las labores de reparación de los paseos y vallado perimetral de los vasos de la laguna, en esos momentos se estaban desarrollando y, por último, nos trasladaban que la Unidad de Limpieza Viaria del Departamento de Espacios Públicos del Ayuntamiento estaba realizando un censo de solares, tanto públicos como privados, para que procedieran a la limpieza de los mismos.

Con esta respuesta entendimos que el Ayuntamiento estaba realizando las actuaciones necesarias para la limpieza de la laguna, dando así por concluidas nuestras actuaciones, no obstante interesamos de la Alcaldía-Presidencia que, dentro de los medios y posibilidades que tiene el Ayuntamiento y a tenor de la conjunción de competencias en distintas áreas y organismos locales para garantizar un buen estado de la Laguna de Torrox y de su entorno, realizara una actuación de seguimiento a su estado por todos los responsables municipales. Asimismo, le hemos sugerido la posibilidad, dentro de ese seguimiento que se llegue a realizar, de que se celebre una reunión de coordinación entre el propio Departamento de Espacios Públicos del Servicio de Medio Ambiente y las empresas, públicas y privadas, encargadas del mantenimiento de la zona, en la que poder tratar de primera mano y con todos los implicados la situación de este enclave y fórmulas de mejora de su estado. 

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Sevilla para conocer las actuaciones que haya realizando ante las denuncias de los vecinos de la zona de la Alameda de Hércules por un bar que, siempre según las noticias que llegaron a esta Institución, desde 1996 ha tenido 200 denuncias por ruidos y por la colocación de veladores, cuya licencia la obtuvo en el año 2009.

Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que hay un bar en la zona de la Alameda de Hércules, en Sevilla, ha tenido, al menos y desde 1996, 200 denuncias por ruidos y por la colocación de veladores, cuya licencia la obtuvo en el año 2009. Siempre según estas noticias, los vecinos llevan denunciando estas irregularidades ante distintos organismos e instituciones: han puesto decenas de denuncias en la Gerencia de Urbanismo, responsable del control de los veladores, y otras tantas ante Medio Ambiente, encargada de controlar el nivel de ruido emitido por el negocio; también hay expedientes abiertos por la Policía Local, así como quejas ante el Distrito Centro y el Defensor del Ciudadano.

Los denunciantes cuentan, al parecer, con varias mediciones de ruido, tanto públicas como privadas, en las que habría quedado acreditado que se superaba el nivel permitido, llegando incluso en alguna de esas mediciones hasta superar en niveles por encima del 84%.

Continúa esta noticia indicando que el Ayuntamiento asegura que ha realizado varias inspecciones al bar, en alguna de las cuales se ha detectado que exceden las limitaciones de la licencia de apertura, como elementos musicales, de los que se ha ordenado su retirada.

Con independencia de que los vecinos, según estas noticias, han acudido a la vía judicial -motivo por el que en la cuestión de fondo que se plantea en el procedimiento esta Institución no puede entrar, a tenor de lo establecido en el art. 17.2 de nuestra Ley reguladora- sí nos interesa conocer el problema general planteado, que no es otro que el trámite y actuaciones que se hayan seguido en ese Ayuntamiento con motivo de la problemática de estas denuncias durante tantos años y que, al parecer, no han impedido que el mencionado local continúe desarrollando una actividad que ha motivado estas denuncias.

Por ello, nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Sevilla para que  la Gerencia Municipal de Urbanismo, Servicio de Vía Pública, nos informe sobre el resultado de las inspecciones que se hayan realizado en los dos últimos años y si, a resultas de las mismas, se ha dictado y ejecutado alguna medida provisional o resolución respecto de la terraza con mesas y veladores que posee este local.

También queremos conocer, del Servicio de Protección Ambiental, las inspecciones que ha realizado en los dos últimos años y el resultado de las mismas; para el caso de que se haya dictado alguna medida provisional o resolución con motivo del ruido que se genera con origen en la actividad que se desarrolla en el local, que se nos envíe copia de la misma y nos informe si ha sido ejecutada.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio al conocer, a través de noticias en distintos medios de comunicación, que en la madrugada del viernes 21 al sábado 22 de junio, la Policía Local de la ciudad de Granada tuvo que desalojar una discoteca al parecer porque su aforo triplicaba al máximo permitido (598 personas para un aforo de 206) y gran número de las personas que se encontraban en la sala eran menores de edad, de entre 15 y 16 años, que estarían, supuestamente, celebrando una fiesta de graduación de cuarto curso de la ESO.

Siempre según estas noticias, los titulares de la discoteca han realizado un comunicado en el que, tratando de defenderse y de aclarar las circunstancias en las que se llevó a cabo este desalojo, vienen a decir que los aforos de los locales destinados a este tipo de actividades “no están bien calculados” y que la legislación que regula la forma de medirlos está “mal formulada”, de forma que, en cierto modo, justifican el hecho de que el aforo triplicara el máximo autorizado en el desacuerdo con dicho máximo, argumentando que, además de haber espacio suficiente, tenían zonas libres o con poca gente. Sin embargo, en otras noticias se dice que fueron algunos de los menores los que llamaron a la Policía Local al sentirse agobiados por la gran multitud de personas que había en la Sala.

Por otra parte, también hemos conocido que desde Septiembre de 2012 han sido varias las denuncias que vecinos de la zona han presentado contra esta discoteca por los elevados niveles de ruido que genera su actividad, así como por la aglomeración de personas en su entrada.

Cabe recordar también que por los mismos hechos expuestos parece que ya en el año 2005, el titular entonces de una discoteca con el mismo nombre fue sancionado con una multa de 30.050 euros, impuesta por la Junta de Andalucía, por una infracción muy grave tipificada en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Así al menos se desprende de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 215, de 29 de Octubre de 2008, páginas 100 y siguientes.

De confirmarse los hechos expuestos, nos volveríamos a encontrar, en el mismo establecimiento, con una infracción muy grave tipificada en el artículo 19 de la citada Ley 13/1999, en la que, además, parece haberse dado una situación de riesgo para un importante número de personas.

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz finaliza la actuación de oficio iniciada para conocer los datos sobre las multas de tráfico impuestas por los Ayuntamientos en los últimos cinco años (2008 a 2012). Esta investigación se ha centrado en las actuaciones seguidas por los Ayuntamientos andaluces; por tanto, no se incluyen las sanciones impuestas por los órganos del Ministerio del Interior.

Como resumen, los datos que hemos obtenido no permiten concluir que exista un ánimo recaudatorio por parte de los municipios que venga a compensar la disminución de ingresos como consecuencia de la crisis económica. De hecho, la mayoría de los municipios han disminuido el número de expedientes sancionadores en los últimos años. Otra cosa es que, con frecuencia, el nivel de recaudación se haya mantenido, en algunos casos como consecuencia de una mayor eficacia en la gestión.

Por tanto, la imagen que se tiene sobre el objetivo recaudatorio de la imposición de multas en la esfera local no viene respaldada por los datos procedentes de la información requerida a los Ayuntamientos

03/07/2013 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Con la finalidad de ofrecer una información adecuada en torno a las sanciones de tráfico y valorar si es cierto que, en los últimos años, se están imponiendo más multas de tráfico en nuestros municipios, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio dirigiéndose a todos los municipios de Andalucía de más de 20.000 habitantes para enviarles un cuestionario y conocer, con datos objetivos, la realidad de la idea –que sabemos que existe en la sociedad y en los medios de comunicación- de que las multas, en algunas ocasiones, son utilizadas como instrumento de recaudación de los Ayuntamientos.

Con motivo de la celebración de la IV Jornada sobre Seguridad Vial, esta Institución quiere que se genere un debate en torno a las sanciones de tráfico como medida educativa y preventiva. También sabemos que existe en la sociedad y en los medios de comunicación la idea de que las multas, en algunas ocasiones, son utilizadas como instrumento de recaudación de los Ayuntamientos, apreciación ésta que ha dado lugar a no pocas noticias en los medios de comunicación de ámbito nacional, cuando no en programas de televisión, foros de Internet, etc., en los que, de manera reiterada, se plantea la proporcionalidad y la adecuación de la imposición de multas en relación con los fines perseguidos por las mismas: su carácter preventivo, educativo y sancionador.

De acuerdo con ello y con la finalidad de poder ofrecer una información adecuada en torno a esta cuestión y valorar si es cierto que, en los últimos años, se están imponiendo más multas de tráfico en nuestros municipios, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio dirigiéndose a todos los municipios de Andalucía de más de 20.000 habitantes para enviarles un cuestionario y conocer, con datos objetivos, la realidad de esta idea muy marcada en la sociedad.

18/05/2015 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Hemos recibido las respuestas de todos los Ayuntamientos, aunque no han respondido a nuestro cuestionario o, al menos, no nos consta la recepción de sus respuestas, los siguientes: en la provincia de Almería, el Ayuntamiento de la capital de provincia, Almería; en la provincia de Cádiz, Barbate y Jerez de la Frontera; en Córdoba, Cabra; en Huelva, Almonte y Huelva; en la provincia de Málaga, Alhaurín de la Torre, Benalmádena y Ronda y, por último, Sevilla y Utrera en la provincia de Sevilla. Es decir, de los 80 municipios a los que nos dirigimos, todos aquellos de más de 20.000 habitantes, han respondido 69 y no lo han hecho 11.

Tras valorar las respuestas recibidas, hemos preparado un informe que se ha trasladado a todos los Ayuntamientos a los que nos dirigimos, con un resumen de las respuestas recibidas, unas valoraciones y conclusiones y, en base a todo ello, unas resoluciones que nos ha sugerido el resultado de la información obtenida.

Como resumen, los datos que hemos obtenido no permiten concluir que exista un ánimo recaudatorio por parte de los municipios que venga a compensar la disminución de ingresos como consecuencia de la crisis económica. De hecho, la mayoría de los municipios han disminuido el número de expedientes sancionadores en los últimos años. Otra cosa es que, con frecuencia, el nivel de recaudación se haya mantenido, en algunos casos como consecuencia de una mayor eficacia en la gestión.

Por tanto, la imagen que se tiene sobre el objetivo recaudatorio de la imposición de multas en la esfera local no viene respaldada por los datos procedentes de la información requerida a los Ayuntamientos

En consecuencia, una vez redactado el citado informe, entendemos que procede cerrar la actuación de oficio abierta en su día.

Acceda al Informe del Defensor del Pueblo Andaluz