En Julio de 2012, esta Defensoría efectuó una serie de propuestas concretas en la queja de oficio 12/3899 dirigida a la Consejería de Fomento y Vivienda, relativa a las viviendas protegidas que las entidades financieras embargan a sus titulares, para que las mismas volvieran lo antes posible al mercado protegido. En esta resolución pedíamos:
1. Las viviendas de protección oficial tienen que ser destinadas obligatoriamente por Ley a residencia habitual y permanente de sus beneficiarios.
2. El incumplimiento de esa ocupación ya sea en régimen de alquiler o de propiedad supone una vulneración de su normativa reguladora susceptible de ser sancionada y un incumplimiento de la función social que estas propiedades deben prestar.
3. Existen una gran cantidad de viviendas protegidas bajo titularidad de las entidades financieras que permanecen por tiempo indefinido sin ser ocupadas y, por tanto sin cumplir su función social. Por ello se pidió a la Consejera de Fomento y Vivienda que adoptara una serie de medidas respecto de las entidades financieras que mencionamos a continuación.
4. Que todas las Entidades financieras radicadas en Andalucía y si compartían esta medida el resto de Comunidades Autónomas, elaboraran en un breve plazo un inventario de todas las viviendas protegidas bajo su titularidad y que la publicitaran además de en su web en las respectivas Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos.
5. Tendrían carácter de demandantes preferentes de estas viviendas las familias y personas que se encontraran en situación de exclusión conforme a la normativa del Estado que preveía ayudas para quienes se encontraban en riesgo de ejecución hipotecaria.
6. Que se valorara la oportunidad de contemplar el ejercicio de la facultad expropiatoria respecto de las viviendas protegidas que no fueran ofertas por las entidades financieras en el plazo fijo y perentorio que se estableciera. Si bien al tratarse de una expropiación-sanción por incumplimiento de la función social de la propiedad se tendría en cuenta esta circunstancia y se debería llevar a cabo por el procedimiento que legalmente se estableciera.
7. Que el cumplimiento de estas obligaciones por parte de las entidades financieras fuera vigilado por una Comisión de Seguimiento en los términos que exponíamos en nuestra Resolución.
8. Que a pesar de la situación en que se encuentran las Administraciones publicas se habilitaran una serie de ayudas destinadas a que familias en situación de precariedad económica pudieran acceder a estas viviendas en régimen de alquiler o de propiedad aunque no se encuentren técnicamente en situación de exclusión.
Texto completo de la Resolución de Julio de 2012
