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El interesado, en su calidad de Presidente de una Asociación de Padres de Familia Separados, revisando las diversas informaciones que en medios públicos se podían dar a las mujeres que sufrieran algún tipo de violencia dentro de su relación de pareja, estaba encontrando consejos que estimaba contrarios a la legislación vigente. Ponía de ejemplo el cuaderno informativo (concretamente su página 9) del Instituto de Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía, que se veía en la página web de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, titulado Violencia Contra las Mujeres.

Lo que ocurría era que dicha información, que había sido retirada de otros documentos informativos, por el Instituto de Andaluz de la Mujer, se quedaba en internet, pudiendo ser utilizada por mujeres, asociaciones, administraciones públicas (nos ponía como ejemplo los casos de algunas páginas web de diversos Ayuntamientos y de otros organismos públicos), … .

Pudimos comprobar que por la Federación de Municipios y Provincias se habían renovado los contenidos de su página web. No obstante, efectuado un seguimiento de las páginas web de diversos Ayuntamientos andaluces, a algunas de las cuales aludía el interesado, se comprobó que seguían apareciendo los contenidos antiguos, sin que se hubiese procedido a su actualización, pudiéndose inducir a error a las personas que las consultasen.

En consecuencia, en virtud del artículo 29 de nuestra Ley reguladora, se formula Recomendación a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el sentido de que se envíe circular a las Entidades Locales asociadas, a fin de que se revisen los contenidos de las guías, recomendaciones o documentos informativos sobre violencia de género publicados en sus páginas webs, para que los mismos estén lo más actualizados posible y adaptados a la normativa vigente.

Nos ponemos en contacto con usted en relación con la queja registrada en esta Institución bajo el número de referencia arriba indicado en la que la parte afectada exponía una serie de hechos que podrían tener la consideración de lesivos para determinados Derechos y Libertades reconocidos en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Una vez analizada la información y documentación obrante en el expediente, puesta la misma en relación con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

El interesado, en su calidad de Presidente de una Asociación de Padres de Familia Separados, nos exponía en su escrito de queja que estaban revisando las diversas informaciones en medios públicos que se podían dar a las mujeres que estimasen sufrir algún tipo de violencia dentro en su relación de pareja, independientemente de su situación legal y estaban encontrando consejos que se estimaban contrarios a la legislación vigente, notoriamente en el terreno económico.

En concreto al examinar el cuaderno informativo del Instituto de Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía, y que se podía ver en la página web de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, titulado Violencia Contra las Mujeres, en su página 9 en relación a aspectos económicos, decía lo siguiente: “La primera medida a tomar si tiene cuenta corriente, cartilla de ahorro o similar, compartida con su pareja, sepa que tiene derecho a la mitad de los fondos depositados en ellas. Si las cuentas bancarias están a su nombre y su marido tiene firma autorizada, retire la autorización.”.

Según el interesado esa información no era correcta en muchos casos, por cuanto que la mujer puede que no siempre tenga derecho a la mitad de los fondos depositados en cuenta corriente, cartilla de ahorro o similar, exponiendo algunas situaciones legales en las que ello no pudiera ser así.

El interesado expresaba que dicha información, que había sido retirada de otros documentos informativos, por el Instituto de Andaluz de la Mujer, se quedaba en internet, pudiendo ser utilizada por mujeres, asociaciones y también por parte de diversas administraciones públicas, y nos ponía como ejemplo los casos de algunas páginas web de diversos Ayuntamientos y de otros organismos públicos.

Finalizaba el reclamante solicitando se estudiasen estos hechos y que se solicitara principalmente al Instituto Andaluz de la Mujer que tomase las medidas oportunas para aclarar este aspecto legal, conforme a legislación y jurisprudencia existente, en toda Andalucía.

Admitida la queja a trámite y solicitado informe al Instituto Andaluz de la Mujer, por el mismo se nos informó de lo siguiente:

“En relación a la queja N° Q13/1016, interpuesta por D. ..., de la Asociación de Padres de Familia Separados ..., informo lo siguiente:

La publicación a la que se hace referencia en la queja, CUADERNO INFORMATIVO "VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" del Instituto Andaluz de la Mujer, es una publicación del año 2001.

Posteriormente, en el año 2007, el IAM publicó una nueva versión de dicho cuaderno con el mismo título, actualizando sus contenidos a los legislativos, científicos y sociales en materia de violencia de género y adaptando sus contenidos a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Protección Integral contra la Violencia de Género.

Este cuaderno editado en el año 2007 es el que aparece en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer.

http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/violencia-de-genero--132

Por tanto este es el cuaderno informativo vigente en la actualidad.

En esta publicación del año 2007 no aparece el párrafo que aparecía en la publicación del 2001 y que genera la queja. El consejo que se ofrece, la referencia a los aspectos económicos, se incluye en el apartado "RECOMENDACIONES' y aparece en la página 17 con la redacción:"VELAR POR TU ECONOMÍA: Si las cuentas bancarias están a tu nombre y tu pareja tiene firma autorizada, retira la autorización".

Tampoco aparece ningún consejo con una redacción similar a la que provoca la queja en otra publicación de similares características que realizó la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y que está vigente en la actualidad, la "Guía para mujeres en situación de violencia de género" (2006), que en el apartado 'Planificar la huida" recoge en su página 114: "Abre una cuenta en un banco que sólo tu conozcas y deposita allí todo el dinero que puedas reunir".

Como se reconoce en la queja, el Instituto Andaluz de la Mujer no tiene en sus documentos de difusión vigente y actualizados el párrafo que genera dicha queja, no pudiendo responsabilizarse de que otras entidades mantengan información no actualizada en sus contenidos.

Accesorio:

En la página web de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a la que hace referencia la queja, aparece tanto el cuaderno informativo del año 2001, como el cuaderno informativo vigente:

http://www.famp./racs/ramlvm/documentosconsulta.php “

Una vez trasladada esta información al reclamante, para oír alegaciones, por el mismo se formularon las que estimó pertinentes, centrándolas en que debería ser el organismo del que inicialmente partió la, a su juicio, información errónea quien no debería permitir que se esté dando una incorrecta información a las mujeres de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Abundaba el reclamante en que el folleto antiguo al que venía refiriéndose contenía también otros errores muy graves, como por ejemplo, la expresión “Los malos tratos son causa legal de separación ...”, afirmación que no resistía un somero análisis jurídico, al amparo de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

Transcurrido un tiempo prudencial, hemos podido comprobar que por la Federación de Municipios y Provincias se han renovado los contenidos de su página web sin que aparezca ya el cuaderno informativo al que se refería el interesado, según el IAM del año 2001, apareciendo tan solo el cuaderno informativo actualizado y vigente elaborado por el IAM, del año 2007, al que se nos aludía en el escrito de respuesta del referido organismo.

No obstante, efectuado un seguimiento de las páginas web de diversos Ayuntamientos andaluces, a algunas de las cuales aludía el interesado en su escrito de queja, hemos podido comprobar que en las mismas, siguen apareciendo los contenidos de la Guía informativa del año 2001, sin que se haya procedido a su actualización, pudiéndose inducir a error a las personas que las consulten, en los aspectos a los que se refería el interesado en su queja.

CONSIDERACIONES

- De las funciones del Instituto Andaluz de la Mujer.

El IAM es un organismo autónomo, creado por la Ley 10/1988, de 29 de Diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y dependiente de la actual Consejería para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales y entre sus funciones se encuentran las de:

Recopilar y publicar información relativa a la mujer a través del Centro Andaluz de Documentación y Publicaciones.

Informar a las mujeres de todos sus derechos, recursos y programas existentes en la Comunidad Andaluza.

Asimismo, por Resolución de 9 de junio de 2009, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se aprueba la Carta de Servicios del citado organismo, se contempla entre las competencias del mismo, la atención general a la mujer, información y sensibilización y entre los servicios que presta, ofrecer información a través de la «Guía de los Derechos de las Mujeres» en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer.

- Derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.

El artículo 34 del Estatuto de Autonomía para Andalucía consagra el derecho de la ciudadanía “a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, mediante los medios y recursos que la ley establezca”.

Por su parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos enumera su artículo 4 Principios generales a los que se somete la utilización de las tecnologías de la información que, por otra parte, tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, de los que podemos destacar, los siguientes:

- Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.

- Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.

- Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.

- Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.

- Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

Esta misma Ley contempla otra serie de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, entre ellos, el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones.

Paralelamente, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9, dispone que es competencia de los municipios el establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías.

Por otra parte, los principios ya citados, fundamentalmente, los de accesibilidad a la información por medios electrónicos, mediante sistemas que lo permitan de manera segura y comprensible y el de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones, encuentran su correlativo complemento desde la posición de la ciudadanía, en los de buena fe y confianza legítima que han de ser respetados por las administraciones públicas en sus actuaciones (artículo 3.1 in fine de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y, todo ello, en garantía del elemental y superior principio constitucional de seguridad jurídica previsto en el artículo 9.3 de nuestra Norma Suprema.

- De las competencias municipales en materia de violencia de género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, contempla en el artículo 19 el Derecho a la asistencia social integral atribuyendo competencias propias a las Corporaciones Locales, al decir que "1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.”.

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía, establece en su artículo 39:

“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, las Administraciones públicas de Andalucía, y en particular la Consejería competente en materia de igualdad:

a) Contarán con servicios de información accesibles para dar a conocer los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género.(...)

2. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, se fomentará la colaboración entre la Consejería competente en materia de igualdad y las Corporaciones locales así como con las organizaciones sociales y asociaciones de mujeres que presten servicios en materia de violencia de género.”.

El artículo 41 habla expresamente de "Competencia de los municipios":

“1. Además de todas las otras funciones establecidas en esta Ley que, en razón de sus competencias, les corresponda asumir en relación a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, corresponden a los municipios:

a) Colaborar con la Administración andaluza en la atención e información a las mujeres.

b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género.

c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los que tenga conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local.

2. Los municipios establecerán reglamentariamente la distribución territorial y la dotación de estos servicios, que en ningún caso podrán atender a una población mayor de 50.000 habitantes.

3. Los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes podrán delegar sus competencias a una mancomunidad de municipios o a otros entes locales.”.

- De los fines de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Según el artículo 3.1.g) de los Estatutos de esa Federación, aprobados en la 6ª Asamblea, entre sus fines se encuentra el de la promoción y desarrollo de las políticas de igualdad y demás políticas sectoriales de las Entidades Locales, entre las que indudablemente se encuentra la de la información y prevención en materia de violencia de género.

Para la consecución de estos fines, la Federación, entre otras, podrá facilitar el intercambio de información sobre temas locales, constituir servicios de asesoramiento y asistencia para sus entidades asociadas y promover publicaciones y documentos informativos en materias de su competencia, así como cualquier otra actividad que favorezca el logro de sus fines (art. 7 de los Estatutos).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN en orden a que por esa Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se envíe circular a las Entidades Locales asociadas, a fin de que por las mismas se revisen los contenidos de las guías, recomendaciones o documentos informativos sobre violencia de género publicados en sus páginas webs, a fin de que los mismos estén lo más actualizados posible y adaptados a la normativa vigente, pudiendo servir de referencia para ello, los documentos informativos que edita y publica el Instituto Andaluz de la Mujer, especialmente en aquellos aspectos a los que se refería el interesado en el presente expediente de queja.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación informativa de la administración, a los principios de buena fe, confianza legítima y, en definitiva, al de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la demora de la solicitud del interesado de reconocimiento del Ingreso Mínimo de Solidaridad y puesto que, transcurrido un tiempo desde que la administración nos informara de que la propuesta estaba pendiente de autorizar y dotar económicamente, por el órgano competente en la celebración de la próxima Comisión Provincial de Valoración, seguía sin resolverse la solicitud, se formula Recomendación en el sentido de que dicte resolución que ponga término al procedimiento, aprobando definitivamente la propuesta de concesión del Ingreso Mínimo y, en su caso, de las restantes acciones que procedan contempladas en el Programa de Solidaridad.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Administración en relación con el expediente promovido a instancias de D. ..., con D.N.I. ..., exponiendo la demora en la tramitación de su solicitud de reconocimiento del Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 14 de agosto de 2015 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que el interesado, nos trasladaba su situación de precariedad económica.

El promotor de la queja, en consecuencia, refería que en el mes de febrero de 2015 había solicitado el reconocimiento del Ingreso Mínimo de Solidaridad (salario social), sin que su petición hubiera sido atendida.

Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

2. Con fecha de 22 de septiembre de 2015 recibimos la respuesta de la Delegación Territorial, que nos remitió un informe en el que se corroboraba que el interesado había presentado su solicitud el 10 de febrero de 2015, que se inició su estudio en el Delegación Territorial el 7 de abril, finalizándose el 11 de junio y al día siguiente 12 de junio se llevó a la Comisión Provincial de Valoración la propuesta favorable. Concluyendo que a la fecha de la emisión del informe, 8 de septiembre, “la propuesta está pendiente de autorizar y dotar económicamente, por el órgano competente, la celebración de la próxima Comisión Provincial de Valoración”.

3. En el momento actual no nos ha sido comunicado que se haya dictado la Resolución por la que se resuelva la solicitud de Ingreso Mínimo de Solidaridad del interesado, persistiendo, por tanto, la pretensión que motivó la interposición de la presente queja.

CONSIDERACIONES

Primera. Sobre el Ingreso Mínimo de Solidaridad y su normativa reguladora:

El Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad, contempla la aplicación de una serie de acciones (reconocimiento temporal de una prestación económica, inclusión del beneficiario en itinerarios profesionales, en programas de educación permanente y acciones relacionadas con el acceso a la vivienda), cuya pretensión es la de promover la inserción social de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión.

Entre dichas medidas, la de mayor virtualidad práctica es la de la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad, popularmente conocido como salario social, que consiste en la percepción, durante el período de seis meses, prorrogables por igual plazo, de una prestación económica mensual del sesenta y dos por ciento del salario mínimo interprofesional, susceptible de incremento o de disminución en función, respectivamente, del número de miembros de la unidad familiar y de los recursos computables de la misma, con topes máximos y mínimos en cualquier caso.

El procedimiento establecido por el reseñado Decreto, sigue el esquema común de los procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte en cuanto al plazo dentro del cual la Administración ha de cumplir la obligación de resolver expresamente, que su artículo 19.3 concretó en el de tres meses, computados (con fundamento en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992), desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Una vez transcurrido dicho plazo, el silencio administrativo produce efectos negativos, es decir, se podrá entender que la petición ha sido desestimada, sin que ello faculte a la Administración (conforme al artículo 42.1 de la Ley 30/1992), para quedar exonerada de dictar y notificar resolución expresa en el expediente, que está obligada a adoptar, aunque sin vinculación alguna al sentido del silencio (es decir, ya sea desestimando ya estimando la pretensión).

Tomando en consideración las especiales circunstancias económicas de los últimos años, el plazo para resolver de tres meses, anteriormente aludido, fue, sin embargo, reducido por el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que en su disposición final segunda, dio una nueva redacción al apartado primero del artículo 19 del Decreto 2/1999, en el sentido de que los órganos competentes resolverán motivadamente las solicitudes presentadas en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de su presentación. A cuyo efecto, prevenía la norma que, entretanto se llegaba a la aprobación de la normativa que regule la Renta Básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, habían de adoptarse las medidas necesarias para dotar de mayor agilidad administrativa al procedimiento para la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad establecido en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, al objeto de dar cumplimiento efectivo al plazo de resolución de dos meses.

Todo ello, sin olvidar que el reiterado Decreto también contempla una concesión prioritaria provisional del Ingreso Mínimo de Solidaridad, -con independencia de la tramitación ordinaria del procedimiento-, para aquellos peticionarios de cuya documentación resultase la concurrencia de una situación de emergencia social (artículo 20).

Segunda. Sobre el incumplimiento de la obligación administrativa de resolver expresamente el procedimiento y la de hacerlo en plazo:

Partiendo de la regulación anteriormente referida, de lo alegado por el promotor de la queja, así como del contenido del informe remitido por la Administración autonómica competente, resulta que la Delegación Territorial competente ha infringido su obligación legal de dictar resolución expresa y de hacerlo en el plazo preceptuado por la normativa de aplicación.

Registrada en la Delegación Territorial la solicitud del interesado el 10 de febrero de 2015, el plazo máximo para la notificación de la resolución adoptada, venció el 10 de abril de 2015, siendo así que el 11 de junio de 2015 el expediente se encontraba aún en fase de estudio y valoración y, el 8 de septiembre, pendiente de propuesta de concesión.

Ha transcurrido por ello más de cinco meses desde el vencimiento del plazo máximo, sin que el procedimiento haya sido concluido, mediante la adopción de la correspondiente resolución de estimación o denegación de la solicitud. Lo que, en definitiva, es contrario a la esencia, naturaleza y finalidad de una norma precisamente establecida para paliar y aliviar, siquiera sea modestamente y de forma transitoria, la situación de aquellas personas que carecen de recursos para satisfacer por sí mismas sus necesidades vitales más perentorias.

Tercera. Supeditación de la concesión del derecho a cuestiones presupuestarias:

El incumplimiento de la obligación administrativa de resolver, no ya la petición del promotor de la queja, sino, en general, las solicitudes de la índole de la que nos ocupa, no tiene únicamente su causa en demoras derivadas de la disfunción de la Administración, sino que, como el propio informe reconoce, está asimismo provocada por la indisponibilidad del crédito preciso para que la Comisión pueda efectuar las correspondientes propuestas de resolución.

En suma, reconoce el informe que la concesión del derecho está subordinada a la preexistencia de crédito o disponibilidad presupuestaria, de tal modo que la falta de dotación impide la estimación de solicitudes de concesión del salario social. Condicionamiento éste que, en cualquier caso, no está previsto en el Decreto 2/1999, cuyo artículo 24, en materia de financiación del Programa de Solidaridad, establece, simple y llanamente, que el mismo se financiará con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

Primera.- En relación con los principios determinantes del reconocimiento del derecho:

- El Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007: artículos 3.14º, 37, (apartado 1.7º y apartado 2) y 23.2, que, respectivamente, establecen:

• La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social, entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.

• La atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social, como uno de los principios rectores de las políticas públicas, orientadas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos y a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión, facilitando el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos y estableciendo los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables

• El derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

- El Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad.

Segunda.- En relación con el procedimiento de concesión y, particularmente, con el plazo de resolución del expediente:

- El artículo 103.1 de la Constitución Española, conforme al cual la Administración Pública debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia.

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que consagra el principio de buena administración, que comprende el derecho de los ciudadanos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

- El artículo 42, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación y en los plazos vistos para ello.

- El artículo 19 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad (en su redacción dada por la disposición final segunda del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía), que fija en dos meses el plazo para que por los órganos competentes se resuelvan motivadamente las solicitudes presentadas.

Por todo lo anterior, y de conformidad con la facultad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos dirigir a la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

Con el mismo fundamento, le dirigimos la siguiente

RECOMENDACIÓN: Que sin mas dilación dicte resolución que ponga término al procedimiento del afectado, aprobando definitivamente la propuesta de concesión a su favor del Ingreso Mínimo y, en su caso, de las restantes acciones que procedan contempladas en el Programa de Solidaridad.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Asimismo, quedaría garantizado tanto el derecho de los particulares ante la Administración Pública a la resolución de sus asuntos en un plazo razonable, como preservada la garantía de ofrecer a los solicitantes de este Programa, en situación de vulnerabilidad social, un mínimo de subsistencia.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la disconformidad de la interesada con la resolución que modificaba el grado de discapacidad que tenía reconocido, tras numerosas actuaciones ante la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, que terminó dictando resolución ratificando el grado resultante de la revisión de oficio, 37% de discapacidad, y que estaba pendiente de ser notificada a la interesada, formulamos Recomendación en el sentido de que adoptasen las medidas pertinentes para que el procedimiento de revisión de oficio del grado de discapacidad reconocido con carácter definitivo a la afectada se llevase a cabo siguiendo el cauce procedimental que contempla la legislación de aplicación.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido por Dª. ..., con domicilio en ..., exponiendo su desacuerdo con la Resolución por la que se modifica el grado de discapacidad que tiene reconocido.

Una vez analizados los informes recibidos, puestos los mismos en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de julio de 2014 se recibió en esta Institución escrito de queja de la Sra. ..., en el que expresaba, en síntesis, que en el año 2001 fue valorada por el Centro de Valoración y Orientación de Málaga con un grado de minusvalía de 82%, aplicándole 26 puntos por necesidad de concurso de tercera persona.

Con fecha de 19/02/2013, la interesada procede a solicitar revisión de grado o ratificación del mismo al objeto de que se expida nuevo certificado ya que el que poseía estaba deteriorado.

Con posterioridad a remitir dicha solicitud, la interesada recibió dos resoluciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga; en la primera de ellas, de fecha 28/11/2013, se le reconoce un grado de discapacidad del 65% y en la segunda Resolución, de la misma fecha, se le reconoce un grado de discapacidad del 37%.

Ante esta contradicción entre dos resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad de la misma fecha, el 20/01/2014 presenta escrito solicitando la subsanación de dicho error.

De la documentación aportada junto con la queja no parecía desprenderse que se hubiera producido una mejoría que acreditara dicha disminución de grado.

Por dichos motivos, esta Institución solicitó a esa Delegación Territorial que se aclarase el grado reconocido y se nos informase si se había producido una mejoría que permitiese dicha revisión.

2. El 17 de noviembre de 2014 se recibe en nuestras oficinas el informe solicitado a esa Delegación, informe que señalaba las siguientes cuestiones:

a) Que ni la fecha ni el grado de discapacidad reconocido al que alude la interesada coinciden con los datos obrantes en los archivos del Centro de Valoración y Orientación de Málaga, siendo el grado de discapacidad reconocido del 65% y la fecha de la Resolución el 23 de julio de 2012, que fue revisada a los dos años, mediante Resolución de 15 de junio de 2004, esta vez con carácter definitivo.

b) Que la interesada fue citada para valoración el 30 de julio de 2013, en respuesta a su solicitud de 19 de febrero de 2013. El equipo de valoración y orientación solicitó a la interesada la aportación de informes y/o pruebas externas, siendo aportados dichos documentos el 13 de septiembre de 2013.

c) Que en base a los informes aportados por la interesada, el equipo de valoración y orientación, en el momento de la emisión del informe, consideraba que el grado de discapacidad de la Sra. ... era del 37%. Por este motivo, y al amparo de la previsión del artículo 89.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede”), esa Delegación dictó una Resolución ratificando el grado de discapacidad de la Sra. … (65%) y una segunda Resolución de revisión de oficio del grado de discapacidad mediante la que disminuía el grado de discapacidad de la Sra. ... al 37%. Ambas resoluciones se dictaron en la misma fecha.

3. Con fecha 16 de diciembre de 2014, remitimos una nueva solicitud de informe a esa Delegación Territorial, interesándonos por las siguientes cuestiones:

a) Si el grado reconocido a la interesada por Resolución de 15 de Junio de 2004, tenía carácter definitivo o provisional.

b) Si de los informes técnicos facultativos se apreciaba mejoría que permitiese la revisión de dicho grado.

c) Si se le había dado traslado al interesado de la revisión de oficio que se había iniciado para hacer alegaciones.

d) Finalmente se preguntaba si entendía esa Delegación que en este caso se debería acudir al procedimiento regulado en el art. 146 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social.

4. Con fecha 13 de mayo de 2015 recibimos el informe solicitado, remitido el 5 de mayo de 2015, en el que se señalaba:

a) Que el grado de discapacidad reconocido por Resolución de 15 de junio de 2004, del 65%, lo es con carácter definitivo.

b) Que de acuerdo con el artículo 89.2 de la Ley 30/1992 la resolución dictada en un procedimiento iniciado a instancia del interesado no puede agravar la situación inicial de este, sin perjuicio de la posibilidad de incoar un nuevo procedimiento, si procede.

c) Que los distintos equipos de valoración y orientación que han valorado a la Sra. ... coinciden en un cambio sustancial en sus secuelas, así como contradicciones en los informes.

d) Que pese a que se había dictado Resolución en el procedimiento de revisión de oficio, atendiendo a las observaciones de este comisionado parlamentario se acordó retrotraer las actuaciones al momento anterior al trámite de audiencia, a fin de que la interesada pudiera aportar la documentación médica y psicológica que avalase la no mejoría de las secuelas que padece.

5. Con fecha 1 de junio de 2015 remitimos nuevo escrito a esa Delegación, señalando que, a nuestro parecer, la resolución donde se declara que la interesada tiene un 37% debía de ser anulada y mantener el grado de discapacidad del 65% hasta la nueva valoración.

6. Finalmente, el pasado 7 de octubre hemos recibido nuevo Informe de esa Delegación Territorial donde señala que:

a) El 13 de mayo de 2015 se dirigió escrito a la interesada, para que aportase la documentación médica y psicológica que avalase la no mejoría de las secuelas que padece. Tras diversos avatares con la notificación, este escrito fue recibido por la interesada el 1 de julio y contestado el 24 del mismo mes.

b) El 14 de agosto se dicta Resolución ratificando el grado resultante de la revisión de oficio, esto es, el 37% de discapacidad. Dicha Resolución está pendiente de ser notificada.

CONSIDERACIONES

Del examen de la documentación obrante en la queja cabe plantearse como cuestión principal a dilucidar si se dan los presupuestos para llevar a cabo la revisión del grado de discapacidad de la interesada.

En este sentido, hay que señalar que la revisión del grado de discapacidad reconocido está regulada en el artículo 11 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Dicho artículo establece:

“1. El grado de discapacidad será objeto de revisión siempre que se prevea una mejoría razonable de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, debiendo fijarse el plazo en que debe efectuarse dicha revisión.

2. En todos los demás casos, no se podrá instar la revisión del grado por agravamiento o mejoría, hasta que, al menos, haya transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la fecha en que se dictó resolución, excepto en los casos en que se acredite suficientemente error de diagnóstico o se hayan producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado, en que no será preciso agotar el plazo mínimo.

3. Los Directores provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en el ámbito territorial de su competencia y dentro del plazo máximo previsto, deberán dictar resolución expresa en todos los procedimientos incoados para revisar el grado de discapacidad previamente reconocido.”

A tenor de lo dispuesto en el epígrafe primero de este artículo, el grado de discapacidad será objeto de revisión siempre que se prevea una mejoría razonable de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, debiendo fijarse el plazo en que debe efectuarse dicha revisión. En el caso de la Sra. ..., centrándonos exclusivamente en las resoluciones que obran en los archivos de esa Delegación Territorial, se produjo una primer reconocimiento de grado del 65% en 2002, que fijaba un plazo de dos años para su revisión y un segundo reconocimiento, en junio de 2004, que reconocía el grado de discapacidad del 65% con carácter definitivo. Con posterioridad, esa Delegación Territorial dictó nueva Resolución de reconocimiento de grado de discapacidad (65%) el 28 de noviembre de 2013.

Así pues, la revisión del grado de discapacidad de la Sra. ... solo cabe, ya sea por agravamiento ya sea por mejoría, una vez que haya transcurrido, al menos, un plazo mínimo de dos años desde la fecha en que se dictó Resolución, ello de acuerdo con el epígrafe 2 del referido artículo 11 del RD 1971/1999. Teniendo en cuenta que la última Resolución de reconocimiento de grado de discapacidad de la Sra. ... está fechada el 28 de noviembre de 2013, no cabría revisión de grado hasta la misma fecha de 2015.

Existen dos excepciones a esta regla general. Una es que se acredite suficientemente error de diagnóstico y la otra que se hayan producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado, no siendo necesario en estos casos agotar el plazo mínimo de dos años (artículo 11,2 in fine). El informe remitido por esa Delegación a este Defensor del Pueblo con fecha 5 de mayo de 2015 señala en su ordinal cuarto que los distintos equipos de valoración y orientación que han valorado a la Sra. ... coinciden en un cambio sustancial en sus secuelas, así como contradicciones en los informes. Sin embargo, en la Resolución de revisión del grado de discapacidad de 14 de agosto de 2015, que aún no ha sido notificada a la interesada, nada se señala acerca de los cambios sustanciales aludidos que habilitarían a esa Delegación Territorial para la revisión del grado de discapacidad con anterioridad al transcurso del plazo mínimo de dos años establecido. En este sentido, la Sala de lo Social del TSJA ha venido reiterando “que cuando siguen existiendo las mismas dolencias y con iguales limitaciones, ha de justificarse suficientemente la causa o razón de porqué se produce el menor grado de minusvalía y de no hacerse así, y bajo el prisma de la teoría de los actos propios, ha de presumirse que siendo iguales las dolencias, iguales han de ser las limitaciones” (Sentencia 163/2004 de 13 enero. JUR 2004\79734).

Es más, la Resolución de 14 de agosto de 2015 es difícilmente entendible por cuanto ratifica un grado de discapacidad del 37% que nunca ha tenido la Sra. ..., toda vez que el procedimiento de revisión de oficio no quedó culminado al retrotraerse las actuaciones al momento anterior al trámite de audiencia, como se expone en los antecedentes de esta resolución.

Entendemos por tanto que para activar la vía de la revisión del grado de discapacidad antes del transcurso de los dos años es necesario justificar la excepcionalidad y motivar adecuadamente la Resolución, circunstancias estas que no se dan en el procedimiento que venimos analizando. Abundando aún más en esta cuestión, procede recordar la exigencia de motivación que exige a los procedimientos de revisión de oficio la Ley 30/1992, artículo 54.

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladar a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que adopte las medidas pertinentes para que el procedimiento de revisión de oficio del grado de discapacidad reconocido con carácter definitivo a la afectada se lleve a cabo siguiendo el cauce procedimental que contempla la legislación recogida en el cuerpo de esta resolución.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ante la disconformidad de la interesada con la resolución que modificaba el grado de discapacidad reconocido, y tras la evaluación del informe recibido por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, se formula al citado organismo recomendación en el sentido de que se adopten las medidas pertinentes para retrotraer el procedimiento de revisión del grado de discapacidad al momento de subsanación de la solicitud presentada por la interesada, así como para que se verifique que por el equipo directivo del Centro de Valoración y Orientación se ha llevado a cabo la revisión de los protocolos de atención.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido por ..., con DNI ..., exponiendo su desacuerdo con la Resolución por la que se modifica el grado de discapacidad que tiene reconocido.

Una vez analizados los informes recibidos, puestos los mismos en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. La promotora de la queja remitió escrito a esta Defensoría mostrando su disconformidad con el grado de discapacidad reconocido y alegando lo siguiente:

- Que el 13/10/2010 se le reconoce un grado de discapacidad del 33%.

- El 26/11/2014 se le reconoce una incapacidad permanente absoluta debido al agravamiento de sus lesiones y solicita al Equipo de Valoración y Orientación revisión de grado por agravamiento. Al parecer le fue indicado en el Centro de Valoración y Orientación que los informes médicos y pruebas debía llevarlos el día que fuera citada para revisión médica.

- Con fecha 26/12/2014 recibe resolución ratificando grado de discapacidad por no proceder revisión de grado porque a tenor de lo presentado entienden que no se han producido cambios sustanciales en el grado de discapacidad reconocido.

- Muestra su extrañeza por este hecho, debido sobre todo a que no fue valorada por ningún médico, y que se le informó que las pruebas debería presentarlas el día de su cita.

- El 9/1/2015 presenta reclamación. El 12/02/2015 recibe cita para ser revisada en la consulta, personándose con toda la documentación y una copia del CD que recogía las pruebas complementarias.

- El 24-/3/2015 recibe resolución estimatoria de su reclamación previa correspondiéndole un 40% de discapacidad.

La Sra. ... finaliza su queja mostrando su disconformidad por dicha valoración ya que entiende que el baremo aplicado a sus patologías y a su situación familiar, no es correcto. Entiende que la actitud del Equipo de Valoración no fue la correcta. Ruega por último que se revise la actuación y proceda a otorgársele un mayor grado de discapacidad y se valore igualmente su situación familiar.

2.- Con fecha 20 de agosto de 2015, esta Institución remitió solicitud de informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, acerca de las cuestiones expuestas por la interesada en su queja.

En respuesta a nuestra solicitud de informe esa Delegación, con fecha 14 de septiembre de 2015, nos ha remitido informe, a cuyo contenido nos remitimos, por razones de economía, pero del que cabe destacar algunas cuestiones:

- Que la interesada presentó su solicitud de revisión por agravamiento con fecha 26 de noviembre de 2014, si bien ésta únicamente iba acompañada de un informe del Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario de Jaén, sin fecha de emisión ni firma del facultativo que lo expidió.

- Que el EVO, tras concluir que no se había producido agravamiento, emitió dictamen técnico facultativo de ratificación del grado de discapacidad, en cuya virtud esa Delegación resolvió ratificar el citado grado de discapacidad (con fecha 26 de diciembre de 2014).

- Que el 15 de enero de 2015 la interesada presenta reclamación previa a la vía jurisdiccional social, en esta ocasión acompañada de abundante información clínica, lo que motivó una nueva citación para revisión médica por parte del EVO y el consiguiente nuevo dictamen técnico facultativo, que eleva el grado de discapacidad al 40%. Este nuevo dictamen motivó la Resolución de 19 de marzo por la que se estima la reclamación previa y se reconoce a la Sra. ... un grado de discapacidad del 40%.

- La Delegación Territorial lamenta que el grado de satisfacción percibido por la usuaria no haya estado a la altura de sus expectativas y añade que en consideración a los posibles deficiencias que se hayan podido producir en la comunicación entre los profesionales del centro y la interesada, el equipo directivo del centro procederá a revisar los protocolos de atención para evitar que vuelvan a producirse situaciones como la planteada por la interesada.

3. En escrito de alegaciones presentado el pasado 17 de noviembre en nuestras oficinas, la interesada se ratifica en su exposición de los hechos, indicando su malestar con la actitud del personal que le indicó que no debía presentar la documentación médica y clínica hasta el día de la cita médica que le sería notificada en su domicilio.

Insiste además en que a su juicio, no se ha aplicado correctamente el baremo del Real Decreto 1971/1999, puesto que el agravamiento de su discapacidad es a su juicio relevante y no puede limitarse a un incremento porcentual de 6 puntos.

CONSIDERACIONES

Del examen de los antecedentes descritos y de la documentación obrante en esta queja entendemos que hay tres cuestiones que merecen un análisis detallado. Estas son, en primer lugar, el procedimiento para el reconocimiento o la revisión del grado de discapacidad y el contenido de la solicitud de iniciación del procedimiento y, en segundo lugar, la información que se facilita a las personas solicitantes.

Se desprende también una tercera cuestión del expediente, que alude directamente al fondo del asunto, que sería el desacuerdo de la interesada con el grado de discapacidad reconocido, si bien este aspecto no puede ser objeto de valoración por parte de este comisionado parlamentario, puesto que la valoración del grado de discapacidad es una actividad que realiza un equipo técnico (Equipo de Valoración y Orientación), respondiendo a criterios técnicos unificados, fijados mediante los baremos descritos en el Anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, y el Defensor del Pueblo Andaluz no dispone de un equipo técnico que pueda emitir un dictamen sobre el grado de discapacidad que ratifique o contradiga el dictamen del Equipo de Valoración y Orientación, siendo la vía adecuada para el ejercicio de esta pretensión la de la demanda ante el Juzgado de lo Social.

Con respecto al procedimiento que debe seguirse, hay que señalar que la revisión del grado de discapacidad reconocido está regulada en el artículo 11 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Dicho artículo establece:

“1. El grado de discapacidad será objeto de revisión siempre que se prevea una mejoría razonable de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, debiendo fijarse el plazo en que debe efectuarse dicha revisión.

2. En todos los demás casos, no se podrá instar la revisión del grado por agravamiento o mejoría, hasta que, al menos, haya transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la fecha en que se dictó resolución, excepto en los casos en que se acredite suficientemente error de diagnóstico o se hayan producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado, en que no será preciso agotar el plazo mínimo.

3. Los Directores provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en el ámbito territorial de su competencia y dentro del plazo máximo previsto, deberán dictar resolución expresa en todos los procedimientos incoados para revisar el grado de discapacidad previamente reconocido.”

El Real Decreto 1971/1999 ha sido desarrollado por Orden Ministerial de 2 de noviembre de 2000 por la que se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de minusvalía dentro del ámbito de la Administración General del Estado. Esta Orden Ministerial integra la laguna existente en cuanto a procedimiento en Andalucía, donde no se ha dictado normativa autonómica específica.

El contenido de la solicitud (de reconocimiento o de revisión) se recoge en el artículo 5.1, letras a), b), c) y d), de la Orden Ministerial de 2 de noviembre de 2000 por la que se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de minusvalía dentro del ámbito de la Administración General del Estado.

Cuando la solicitud sea incompleta, como ocurrió con la presentada por la Sra. ... según se expresa en su informe, se requerirá al interesado para que subsane la omisión en el plazo de diez días (artículo 5.1.e).

Sin embargo, del examen del expediente de la Sra. ... se desprende que no fue requerida para que subsanara la omisión de información, sino que directamente se dictó resolución ratificando el grado de discapacidad reconocido con anterioridad. Esta omisión del trámite de subsanación, que tiene además carácter de disposición general del procedimiento administrativo común (art. 71 Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), supone un vicio procedimental que debe ser corregido para una mayor garantía de los derechos de las personas usuarias del servicio.

La segunda cuestión que hay que analizar es la de la comunicación entre el personal del Centro de Valoración y Orientación y las personas usuarias. Como señalamos anteriormente, a la Sra. ... se le informó que no debía presentar la documentación médica y clínica hasta el día de la cita médica, que le sería notificada en su domicilio.

En ese sentido, este Defensor del Pueblo valora positivamente la revisión de los protocolos de atención a la ciudadanía en el Centro de Valoración y Orientación que nos han anunciado, si bien estimamos oportuno recordar, de cara a dicha revisión, que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, son principios básicos de la transparencia en nuestra Comunidad Autónoma el de utilidad, en cuya virtud la información pública que se suministre, siempre que sea posible, ha de ser adecuada al cumplimiento de los fines para los que se solicite (artículo 6.f) y los de facilidad y comprensión, en cuya virtud la información se facilitará de la forma que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades de las personas con circunstancias especiales que les dificulten el ejercicio del derecho (artículo 6.h).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladar a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.

RECOMENDACIÓN para que adopte las medidas pertinentes para retrotraer el procedimiento de revisión del grado de discapacidad al momento de subsanación de la solicitud presentada por la interesada, así como para que se verifique que por el equipo directivo del Centro de Valoración y Orientación se ha llevado a cabo la revisión de los protocolos de atención que nos adelantaron.

Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución.

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Traslado al Consejero de Fomento y Vivienda, de las conclusiones a las que llegamos las Defensorías del Pueblo Estatal y Autonómicas, en septiembre de 2015, en las XXX Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo sobre “La vivienda pública en España”.

ANTECEDENTES

Como recordará el pasado mes de Junio, tras su visita Institucional a esta Defensoría se le hizo entrega de un documento general de síntesis de la situación del acceso al derecho a la vivienda en nuestra Comunidad, a partir del análisis de la problemática planteada en la Oficina del Defensor en las quejas y consultas de los ciudadanos y ciudadanas andaluces en estos últimos años de crisis económica.

El resultado era un primer resumen de lo ya analizado en el Capítulo de Crisis Económica y Capítulo de Vivienda de los Informes Anuales que el Defensor del Pueblo ha venido presentado ante el Parlamento de Andalucía, en el que se incluían también algunas nuevas propuestas, así como un avance de las aportaciones de la Defensoría Andaluza a los talleres en los que estaba participando con todos los Defensores del Pueblo de España.

Nuestros siguientes objetivos iban encaminados a seguir avanzando y profundizando en esta problemática, incorporando el resultado de su actividad diaria a raíz de las reclamaciones ciudadanas sobre vivienda y las actuaciones de oficio que mantenía abiertas y las que irían incoándose, así como en las aportaciones y propuestas a realizar tanto a nivel estatal y autonómico, como local, que se verían en la XXX Jornada de Coordinación de los Defensores del Pueblo, que estaba prevista para septiembre de 2015 y que este año iba versar sobre la vivienda pública y otros instrumentos de la política de vivienda.

No podemos olvidar que, debido fundamentalmente a los efectos de la crisis económica que venimos padeciendo desde hace ya algunos años, hay muchas personas con necesidad de ser tuteladas en la protección de sus derechos constitucionales y autonómicos, pese a que los poderes públicos, por diferentes motivos, cuentan con menos recursos para atenderlas. Entre estos derechos se encuentra el de la vivienda, que debe quedar garantizado tanto para las personas que ya vienen disfrutando del mismo, como para quienes forman parte de esa demanda creciente de personas y familias con menores recursos económicos que no pueden acceder a éste en el mercado libre y, a veces, ni tan siquiera en el mercado protegido.

Cuando la crisis comenzó a afectar a los derechos sociales de los ciudadanos, los Defensores del Pueblo fueron unánimes en la denuncia de una actuación insuficiente de los poderes públicos en orden a garantizar una protección eficaz del derecho constitucional de todos a acceder a una vivienda digna y adecuada. Ya en 2010, al ocuparse en las Jornadas de Coordinación del impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas, se hizo especial hincapié en la necesidad de aportar soluciones eficaces a los problemas relacionados con el acceso a la vivienda en España. Dos años más tarde, en una Jornada monográfica se volvió a analizar la realidad dramática que estaba afectando a un gran número de personas que se veían excluidas del acceso a una vivienda y, en muchos casos, privados de aquella en la que residían, así como a recomendar una serie de medidas dirigidas a luchar frente a esta realidad.

CONSIDERACIONES

Pues bien, ahora, cuando ha transcurrido más de un lustro desde el inicio de la crisis, es necesario reivindicar con claridad que en nuestro modelo de Estado social no cabe la existencia de personas excluidas del derecho a la vivienda, del mismo modo que no cabría la exclusión de otros derechos, como el derecho a la educación, la protección de la salud o el acceso un régimen público de Seguridad Social. Por este motivo, se debe denunciar la imposibilidad real y actual para muchas familias de acceder a una vivienda digna y el elevado número de personas que continúan siendo desalojadas de su vivienda por falta de pago de su hipoteca o de su alquiler, sin que se les ofrezcan alternativas residenciales.

A esta situación se ha llegado tras unas políticas públicas de vivienda previas a la crisis centradas en el fomento del acceso de las clases medias a una vivienda en régimen de propiedad, combinadas con el posterior abandono de medidas eficaces de protección de este derecho, justo cuando éstas eran y continúan siendo más necesarias. Este abandono evidencia una mayor justificación de la imposición de limitaciones a la satisfacción del derecho a la vivienda, frente a lo que ocurre con otros derechos, como por ejemplo el derecho a la protección de la salud, cuando esta diferenciación no responde ni al reconocimiento constitucional de los mismos, ni a su importancia para garantizar la dignidad de las personas y otros derechos fundamentales.

Ahora bien, el reconocimiento legal de este derecho debe ir seguido necesariamente del desarrollo de una política pública de vivienda que integre, en términos generales, las obligaciones de los poderes públicos cuyo cumplimiento es necesario para la realización de un derecho a la vivienda con un contenido determinado. No cabe, en ningún caso, un modelo de comportamiento pasivo ante la vulneración de este derecho amparado en la imposibilidad de llevar a cabo políticas activas motivada por una presunta incapacidad de gasto de las administraciones públicas; más bien al contrario: en situaciones de crisis, más que nunca, esas políticas son necesarias.

Todo ello, a nuestro juicio, ha originado una situación extraordinariamente grave que, en lo que concierne a la la protección al derecho constitucional a acceder y disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y exige una respuesta del Estado (art. 149.1.1 y 149.1.13) y de las Comunidades Autónomas (art. 148.1.3ª) ya que ambas administraciones poseen amplias competencias en este ámbito.

Ello requiere un esfuerzo no sólo financiero, siempre difícil y aún más actualmente por motivos obvios, sino también de búsqueda de fórmulas y medidas novedosas que favorezcan la eficiencia en la tutela de ese derecho y en la aplicación de unos recursos limitados para atender a tanta necesidad.

Algunas de estas medidas son de naturaleza normativa, otras implican un cambio drástico en algunos de los contenidos de las políticas de vivienda seguidas hasta ahora, otras ya han sido puestas en marcha por la Ley 4/2013 de la Función Social de la Vivienda, aunque en suspenso por el Tribunal Constitucional y, otras, en fin, nos consta que pueden estar estudiándose con motivo de la redacción del nuevo Plan Autonómico de Vivienda y Rehabilitación y esperamos que este permita poner en marcha, efectivamente, unas medidas eficaces para dar respuesta a la tutela de este derecho, tal y como demanda la ciudadanía.

En este contexto, el objeto de nuestro escrito no es otro que trasladarle formalmente, y en forma de Sugerencia, las conclusiones a que llegamos las Defensorías del Pueblo Estatal y Autonómicas el pasado mes de septiembre del presente año, en la XXX Jornada de Coordinación de Defensores del Pueblo, sobre “La vivienda pública en España” .Tales conclusiones fueron las siguientes:

“DECLARACIÓN DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO SOBRE LA VIVIENDA PÚBLICA EN ESPAÑA

El Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges de Catalunya, el Valedor do Pobo de Galicia, el Diputado del Común de Canarias, el Ararteko del País Vasco, el Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Procurador del Común de Castilla y León y el Defensor del Pueblo de Navarra, se han reunido en Santander en las XXX Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, que han tenido por objeto “La vivienda pública en España”, y desean difundir la siguiente

DECLARACIÓN

1ª. Resulta necesario que los poderes públicos den respuesta a uno de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos en nuestro país, como es la situación de quienes no pueden disponer de una vivienda digna y adecuada, problema que se ha hecho más visible con la situación de crisis económica que ha atravesado nuestro país.

Los Defensores del Pueblo recordamos que la Constitución considera el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada como derecho constitucional en el Título I de los derechos y deberes de los ciudadanos (artículo 47), y que corresponde a los poderes públicos del Estado social (artículo 1) asegurar este derecho a través de la legislación positiva (tanto estatal como autonómica) y dotarlo de un contenido concreto y exigible ante la Administración y los Tribunales de Justicia, así como a disponer de los recursos suficientes para hacer efectivo este derecho de los ciudadanos en atención a las circunstancias familiares, personales y económicas de estos (artículo 53 de la Constitución).

Por ello, instamos al Estado y a las Comunidades Autónomas a que impulsen la legislación suficiente que garantice este derecho constitucional y a que, a través de los presupuestos respectivos doten de recursos a las Administraciones competentes para materializarlo a favor de los ciudadanos que lo necesiten.

2ª. Demandamos a las administraciones públicas que aumenten y refuercen el parque de vivienda pública en alquiler.

3ª. Sería necesario disponer de información y de datos fiables en cada territorio sobre loa necesidad real de vivienda, sobre la evolución de los precios de las viviendas protegidas en comparación con los precios de las viviendas libres, sobre el parque público de viviendas en alquiler, y en general sobre los instrumentos básicos que permitan una estadística útil para el diseño de las políticas públicas de vivienda.

4ª. Es necesario reservar un porcentaje de las viviendas a los colectivos vulnerables y personas con especial necesidad de vivienda.

5ª. Consideramos más justo que la adjudicación de las viviendas de protección pública se realice conforme a un sistema de baremación previamente establecido y no por sorteo. Deben reforzarse la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación de viviendas.

6ª. Es necesario definir y regular el concepto de vivienda vacía e impulsar su correcto inventario, dinamizar la puesta a disposición en el mercado de alquiler de las viviendas protegidas deshabitadas y, en caso contrario, adoptar medidas de intervención pública.

7ª. Es necesaria la implantación de registros de viviendas protegidas, o la mejora de los ya existentes, donde se inscriban todas ellas. Dichos registros deben contener datos suficientes para permitir un control fiable del número de viviendas, y además estar diseñados de modo homogéneo en las distintas Comunidades Autónomas.

8ª. En relación con las ayudas a la vivienda proponemos que se revisen y que se mejore su gestión para evitar el retraso en la resolución de las convocadas y en el pago de las ya reconocidas.

Debe hacerse efectivo el sistema de ayudas para el fomento del alquiler y de la rehabilitación edificatoria y de la regeneración y renovación urbanas.

Debe mejorarse la fiscalidad de la vivienda y aliviar el esfuerzo para mantenerse en la vivienda por las personas que, por circunstancias sobrevenidas no imputables a ellas, no puedan hacer frente a sus obligaciones.

9ª. Deben hacerse efectivos los patrimonios públicos de suelo, y estudiarse la creación por las Comunidades Autónomas de patrimonios o bancos de suelo público destinados a la construcción de viviendas de protección oficial o promoción pública.

10ª. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y el Fondo Social de Viviendas (FSV) son actores cualificados del mercado de vivienda. Consideramos que en política de vivienda se debe tener en cuenta las bolsas de vivienda, entre ellos las de la SAREB, las entidades financieras y el FSV.

Deben ampliarse los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el Fondo Social de Vivienda”.

De acuerdo con el contenido de estas conclusiones, al amparo del art. 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA en el sentido de que esa Consejería valore la conveniencia de poner en marcha las medidas propuestas por las Defensorías del Pueblo Estatal y Autonómicas a través de los mecanismos que considere más adecuados, con la finalidad de que, si total o parcialmente las comparte, impulse su puesta en marcha y ejecución, ya sea directamente en todo aquello que posea competencia nuestra Comunidad, ya proponiendo su adopción al Gobierno de la Nación a través de la Comisión Interterritorial Estado-Comunidades Autónomas.

Creemos que el deterioro que está sufriendo en nuestro país y Comunidad Autónoma la garantía efectiva del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, exige un esfuerzo sin precedentes, pero inaplazable, para que los poderes públicos, en el marco de un Pacto por la Vivienda, ya tantas veces reclamado por esta Defensoría, ejerzan sus competencias para la protección de este derecho.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz