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La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a las condiciones de accesibilidad y acogida para alumnado con singularidades de movilidad en el centro educativo de referencia.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla y al propio ayuntamiento trasladando dicha problemática y hemos recibido sendas comunicaciones sobre el tema.

El 7 de febrero de 2025 la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional indicaba:

“La Delegación Territorial no ha tenido conocimiento de la problemática que expone el AMPA del CEIP, hasta que el escrito del Defensor del Pueblo Andaluz, ha sido remitido a esta administración. Con esto, queremos decir que la forma de proceder de dicho AMPA no ha seguido los canales administrativos que se establecen para este tipo de casos y que son los que se explican a continuación.

Dado que entendemos que el alumno al que se refiere el escrito se encuentra cursando 6º de Educación Primaria y que transitará a la enseñanza secundaria el próximo curso 25/26, será el equipo de orientación asignado al CEIP, los responsables de realizar un informe de evaluación que refleje, tanto los problemas de movilidad que presenta el alumno, como de determinar las necesidades que presenta.

Dicho informe, que se eleva al Servicio correspondiente de la Delegación Territorial, servirá para determinar las condiciones que de presentar el centro al que va a transitar el alumno, al objeto de garantizar su escolarización obligatoria, independientemente cuáles sean sus necesidades educativas. En caso de que el centro asignado no dispusiese de los medios necesarios para ello, se plantean dos vías:

- Dotar al centro de los recursos necesarios e infraestructuras acordes a la realidad del nuevo alumnado, ya sea realizando las obras precisas o asignándole el equipamiento oportuno.

- Asignar al alumno otro centro educativo, de la misma zona de escolarización, que ya tenga todos los recursos acordes a sus necesidades, por no ser viable la opción anterior.

Volviendo al caso que nos ocupa, indicar que, consultada la situación con el equipo de orientación del CEIP, se nos informa que, actualmente, el documento de evaluación del Equipo de Orientación Educativa, está en proceso de redacción y que en todo caso, estará disponible antes del mes de marzo de 2025, que será cuando se inicia el proceso de escolarización y las familias solicitan el centro en el que quieren matricular a sus hijos para el curso 25/26.

Por ello, desde esta administración consideramos oportuno aclarar que no estamos impidiendo que el alumno en cuestión no se matricule en el IES, por el hecho de que este inmueble tenga problemas de accesibilidad.

En este sentido, tenemos que decir que, llegado el momento de la escolarización, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, estudiará el caso y planteará las opciones disponibles, garantizando la escolarización de todo el alumnado y cumpliendo con el decreto que rige este proceso”.

Por su parte los servicios municipales informaban con fecha 20 de diciembre de 2024 al respecto:

“Referente al escrito recibido del Defensor del Pueblo Andaluz respecto a la queja arriba indicada, se informa:

Que con fecha 28/11/2024 se recibe correo desde Alcaldía con escrito adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz de referencia arriba indicada tras lo cual procedemos a solicitar información al Servicio de Patrimonio sobre los convenios que afectan al conjunto edificatorio donde se ubica el IES.

Con fecha 10/12/2024 se recibe informe del Servicio de Patrimonio con nº de expediente 289/2024.

En dicho informe queda recogida la situación administrativa de los terrenos del Antiguo Matadero Municipal, en los que se hallan los edificios de uso educativo y administrativo, destinados actualmente a:

1. Sedes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación sito en Ronda del Tamarguillo s/n.

2. El Instituto de Educación Secundaria sito en la calle Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, nº 5.

3. El Conservatorio Profesional de Música "Francisco Guerrero" sito en Avda. Ramón y Cajal s/n.

Se adjunta al presente escrito el informe emitido por el Servicio de Patrimonio donde se aclara la situación administrativa actual del IES y en particular las condiciones de la mutación demanial externa para este IES que incluye las obligaciones de conservación y mantenimiento sobre el citado Bien.”

(…)

“Con relación a la solicitud de información sobre la calzada del IES, con motivo de la queja del Defensor del Pueblo, ante la falta de accesibilidad desde la calle hasta la puerta de acceso al Instituto, se informa lo siguiente:

Con fecha 17 de agosto de 2023 la Consejería de Desarrollo Educativa y Formación Profesional, Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Delegación Territorial de Sevilla (Junta de Andalucía) solicitó el inicio de los trámites para regularizar la situación administrativa de los terrenos del Antiguo Matadero Municipal, en los que se hallan los edificios de uso educativo y administrativo, destinados actualmente a:

1. Sedes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación.

2. El Instituto de Educación Secundaria.

3. El Conservatorio Profesional de Música.

Dichos inmuebles, hasta entonces se venían rigiendo por un Convenio de fecha 13 de diciembre de 1988, suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en materia de equipamiento educativo, en virtud del cual el Ayuntamiento de Sevilla cedía gratuitamente a la Junta de Andalucía, para su afectación a la Consejería de Educación y Ciencia, el uso de terrenos y edificaciones del antiguo Matadero Municipal de titularidad del Ayuntamiento de Sevilla, para la creación en el mismo de varios centros de enseñanza, así como también para ubicar la nueva sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Sevilla.

Dicha cesión se estipulaba por un tiempo de 30 años, prorrogables automáticamente por plazos de cinco años, salvo denuncia en contrario.

Puesto que el citado convenio y su correspondiente prórroga se encuentran vencidos por finalización del plazo con fecha 02 de octubre de 2020, surge la necesidad de regularizar la situación administrativa de dichos inmuebles.

Con fecha 30 de julio de 2024 se notificó a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación Junta de Andalucía, acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla adoptado el 26 de julio de 2024, "aprobando la mutación demanial externa a favor de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Delegación Territorial de Educación de Sevilla (Junta de Andalucía) sobre los bienes que se describen a continuación, en los términos y condiciones que se expresa:

A) Sede de la Delegación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

B) IES.

C) CONDICIONES DE LA MUTACIÓN DEMANIAL EXTERNA.

• Fin al que se destinan los bienes:

A) Sede administrativa de la Junta de Andalucía.

B) Instituto de Educación Secundaria Obligatoria.

• La mutación demanial externa no implica cambio de la titularidad de los bienes, que seguirá siendo del Ayuntamiento de Sevilla, ni de su carácter demanial.

• Corresponde a la Junta de Andalucía el ejercicio de las competencias demaniales en relación a los bienes, incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación. En concreto, la Junta de Andalucía debe:

- Mantener los bienes en buen estado, asumiendo los gastos de conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación, respondiendo de la seguridad e integridad de los bienes.

- Asumir cuantos tributos, impuestos y tasas procedan.

- Abonar cuantos gastos procedan por suministro de luz y agua, siendo de su cargo.

- Asegurar los inmuebles, suscribiendo las pólizas de seguro necesarias.

- Obtener cuantas licencias y permisos requiera el uso de los bienes o las intervenciones a realizar en los mismos, que deben ser adecuadas a los fines establecidos, y ajustarse al nivel de protección que tienen los edificios conforme al catálogo de protección del Pion General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU).

- Remitir al Servicio de Patrimonio copia de los proyectos de obra de reforma o rehabilitación a ejecutar sobre los inmuebles, a fin de mantener actualizado el Inventario General de Bienes y Derechos.

- Permitir el acceso a los inmuebles al personal del Ayuntamiento de Sevilla para inspeccionar los mismos y verificar el cumplimiento de las condiciones de la mutación"

Para que tenga efectividad la mutación demanial externa es necesario que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acepte la misma, extremo que aún no ha sido comunicado. La situación en la que se encuentra la Junta de Andalucía sobre los bienes expuestos es en precario, debiendo asumir todas las obligaciones de conservación y mantenimiento, conforme establece el artículo el artículo 85 del Decreto 18/2006, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, al establecer que:

"Tienen la obligación de conservar, proteger, defender y mejorar sus bienes, de acuerdo con lo dispuesto en el Título 111 de la Ley 7/1999, y en el presente Reglamento:

d) Las personas concesionarias de bienes de las Entidades Locales.

e) Las personas cesionarias de bienes pertenecientes a una Entidad Local y cualquier otra persona física o jurídica que por cualquier título posea y utilice bienes de la entidad Local”.

Tras estudiar los informes enviados, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, así como por el ayuntamiento en relación a las cuestiones planteadas en la queja.

En un análisis del caso se pueden desglosar varios aspectos. De un lado, y en una problemática más general, se alude al estado de determinados accesos y acerados que rodean al IES y que pueden resultar incompatibles con las condiciones de accesibilidad de los miembros de la comunidad educativa, en especial el alumnado con movilidad reducida. Al respecto comprobamos la existencia de una discrepancia a la hora de determinar el marco de responsabilidad de gestión y mantenimiento de determinados espacios de los entornos del centro educativo e itinerarios. Y destacamos que se ha clarificado el régimen de uso y de responsabilidad de las zonas afectadas, encontrándose, al día de fecha del informe, en trámite para su formalización.

Por tanto, las noticias ofrecidas y los compromisos que parecen deducirse permiten considerar que se están acometiendo las gestiones necesarias para mejorar y adecuar estos itinerarios que, sin duda, merecen una adaptación para vecinos y transeúntes pero sobre todo para determinadas personas que por su vinculación con el Instituto van a hacer uso harto previsible de tales recorridos viarios.

También observamos que el informe recibido de la Delegación alude a una situación previsible de especial afectación para un menor que, en cursos próximos, estaría en condiciones de estar matriculado en el centro. A la vista de las afirmaciones ofrecidas, los condicionantes del alumno serán motivo de su valoración y dictamen y, consecuentemente, merecerán la definición de las respuestas de atención que específicamente se determinen. Cierto es que tales previsiones disponen de un determinado plazo que, en términos de la Delegación, “se estudiará el caso y planteará las opciones disponibles, garantizando la escolarización de todo el alumnado y cumpliendo con el decreto que rige este proceso”.

Efectivamente, este singular apoyo derivará de los respectivos informes psicopedagógicos de cada alumno o alumna que permite determinar las necesidades de recursos específicos del alumnado de necesidades educativas especiales. Además, en función del dictamen de escolarización, se establecerá, si procede, la atención en el centro asignado para que el alumnado pueda continuar con su desarrollo evolutivo y formativo.

En el marco de esta metodología confiamos que, en su momento, y una vez ejecutadas estas medidas, desde su fecha de implantación, se logre una normalizada presencia del alumno, y de otros casos análogos, en el IES de referencia.

Comprendiendo la preocupación generada en la AMPA y en las familias implicadas por disponer de los accesos adecuados en el centro educativo y la futura presencia de alumnado con dificultades de movilidad, valoramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables; y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse debidamente tratado otorgando un plazo de tiempo oportuno para activar las medidas previstas que logren la debida atención a este futurible alumno del Instituto así como para el resto del alumnado con similares condicionantes.

Y así, procedemos a concluir nuestra intervención quedando dispuestos a realizar todas las actuaciones de seguimiento que resulten oportunas.

La persona interesada en el presente expediente de queja nos exponía los graves perjuicios que se le podían causar a ella y otros compañeros y compañeras del ciclo formativo que estaba realizando debido a no facilitársele empresa o centro de trabajo en el que realizar el módulo de Formación en Centro de Trabajo.

De este modo, según expresaba la alumna, tan solo habían ofrecido 14 plazas para los 24 alumnos y alumnas que en total estaban realizando el ciclo, por lo que 10 personas se quedarían sin realizar sus prácticas, las cuales son obligatorias para la obtención del título.

Estamos en un instituto público, decía, y aunque las prácticas las pospusieran a septiembre tampoco les aseguran que pudieran realizarlas, además de tener que repetir curso, perder las becas o tener que devolverlas, no poder presentarse a selectividad en las fechas previstas y perder un año al no poder obtener el título en el mes de junio.

Solicitada información a la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, esta nos informa de que la problemática planteada pudo ser resuelta en los últimos días del mes de febrero de 2025 con la celebración de una reunión de la Mesa Provincial Educación-Salud de Huelva constituida en virtud de la instrucción conjunta 2/2024 de la Secretaria General de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de la Secretaría General de Salud Pública e i+D+I en Salud de la Consejería de Salud y Consumo y de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, para el desarrollo del período de formación en empresa u organismo equiparado de las ofertas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en los centros sanitarios integrantes del Sistema Sanitario Público de Andalucía y organismos adscritos a la Consejería de Salud y Consumo, en la que se crearon más puestos formativos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, lugar en el que en el momento de emitirse el informe, tanto la interesada como sus compañeros estaban realizando ya su formación práctica.

A la vista de la respuesta recibida, entendemos que el asunto objeto de la presente queja está solucionado, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Sugerencia al Ayuntamiento de Granada para que en las próximas y sucesivas convocatorias de acceso a las escuelas de primer ciclo de educación infantil de titularidad de ese Ayuntamiento se establezca como criterio de admisión el de que la persona o personas que ejerzan la guardia y custodia y con las que convivan los menores para los que se solicitan la plaza tengan su vecindad administrativa en el municipio de Granada.

De igual modo, se formula Recomendación a fin de que, en el caso de que se dicten nuevas instrucciones o informaciones aclaratorias, estas sean congruentes con las bases de la convocatoria, evitando con ello errores en su interpretación.

En respuesta, se recibe informe indicando que se acepta expresamente la Resolución formulada.

De este modo, señala la corporación municipal que revisadas las bases para el curso 2025-2026, en aras de atender las situaciones que se pueden derivar por distintas casuísticas que impiden el empadronamiento de toda la unidad familiar y atendiendo la sugerencia efectuada por la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, se ha acordado incorporar en éstas lo siguiente:

“Solo a los efectos de otorgar los puntos por territorialidad. En el caso de que algún miembro de la Unidad familiar no se encuentre empadronado en el municipio de Granada, se deberá acreditar la obligatoriedad de haberse empadronado en otro municipio distinto al de Granada por algún medio válido en derecho.”

La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con las gestiones para la atención y apoyo a un alumno con necesidades en su centro educativo.

Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información ante los servicios de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga. Pues bien, en el informe recibido desde la Delegación se ofrecía un detenido relato de las gestiones y contactos realizados para tales gestiones.

“D. presentó el 13 de diciembre de 2024 hoja de sugerencias y reclamaciones sobre el mismo asunto que la queja a la que se le dio la siguiente respuesta el pasado 3 de febrero:

“Acusamos recibo del escrito de fecha 13 de diciembre de 2024 presentado por D., a través del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, en el que se queja de varias agresiones sufridas por su hija, alumna de la escuela infantil, por parte de un alumno censado con necesidades educativas especiales (NEE). Explica que las agresiones se producen porque la personal técnico de intervención social (PTIS) encargada del alumno con NEE no realiza bien su trabajo.

Solicitado informe al Servicio de Inspección Educativa de esta Delegación Territorial, le comunicamos que:

Se han hecho las diligencias oportunas para comprobar los hechos por parte del Servicio de Inspección. La dirección del centro es conocedora de los incidentes, se han dado indicaciones al personal de la escuela infantil y se han adoptado decisiones con el fin de evitar, en la medida de lo posible, futuros incidentes. En el centro tienen instrucciones de comunicar al Servicio de Inspección de Educación cualquier nuevo incidente que se produzca para poder intervenir al respecto.

También se ha informado por la directora a la empresa encargada de la contratación de PTIS. Para que adopte las medidas que correspondan respecto al desempeño profesional de su trabajadora.

A la fecha de redacción de este informe no se han vuelto a producir incidentes.

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que se entienda necesaria”.

Solicitado nuevo informe al Servicio de Inspección Educativa para dar respuesta a la queja, le comunicamos que:

Al margen del trabajo desarrollado por la PTIS, cabe señalar que el alumno que origina los incidentes, requiere una vigilancia constante y suele permanecer en el centro educativo desde antes del inicio del periodo lectivo, asistiendo al aula matinal, hasta las 17,00 horas, pues después del horario de comedor asiste a actividades extraescolares.

Durante este horario, no siempre está presente en el centro un personal con el perfil de PTIS, de acuerdo con el horario de trabajo que tienen asignado. Además, en el centro existe otro alumnado que también precisa este recurso. Dadas las características del alumno, que precisa una atención constante, en el centro se consumen muchos recursos para que esté adecuadamente atendido y vigilado (intervención del equipo directivo, de personal docente de otras aulas y monitoras de comedor y actividades extraescolares), haciendo que estos recursos no estén disponibles para el resto de alumnado del centro.

Desde que el alumno se incorporó al centro educativo, se detectaron una serie de comportamientos que aconsejaban una revisión de su evaluación psicopedagógica.

Durante el presente curso escolar se ha realizado dicha evaluación psicopedagógica. En el informe de evaluación psicopedagógica, de fecha 27 de marzo de 2025, se determina, entre otras cuestiones, que:

- El alumno precisa una atención específica personalizada que no es posible en el aula ordinaria para adquirir el máximo desarrollo de las competencias claves establecidas.

- El alumno requiere, por un período de escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar limitaciones significativas en la participación y desenvolvimiento en varios aspectos de la vida diaria, en comparación con los miembros de su misma edad y grupo cultural.

- El alumno no presenta noción de peligro, por lo que requiere supervisión constante para evitar incidentes.

Se está realizando el dictamen de escolarización donde, de acuerdo con el informe de evaluación psicopedagógica referido en el párrafo anterior, con lo informado por la Sra. Directora del centro y lo que consta en el sistema Séneca, se va a proponer que el alumno se escolarice en una aula específica de un centro ordinario (modalidad C).Tras lo expuesto se concluye que:

Los incidentes protagonizados por el alumno se deben a que requiere supervisión constante y el personal de PTIS, de acuerdo con su horario laboral, no permanece en el centro durante todo el tiempo que está el alumno, por lo que esta supervisión debe realizarla otro personal del centro que no tiene encomendada esta tarea o que deja de realizar otras para atender al alumno y evitar incidentes: equipo directivo, docentes, personal del comedor escolar o actividades extraescolares. Así se hace habitualmente, pero hay ocasiones en las que puntualmente el alumno está sin supervisión pues se debe tener en cuenta que existe otro alumnado en el centro que también precisa la atención del personal de PTIS.

Además, de acuerdo con su informe de evaluación psicopedagógica y con el borrador de dictamen de escolarización que se está elaborando, se está valorando la conveniencia de un cambio de modalidad de escolarización a aula específica si bien en la decisión final hay que valorar igualmente la corta edad de y la posible evolución del menor.

Por último, se ha dado traslado del informe del Servicio de Inspección al Servicio de Ordenación Educativa de esta Delegación Territorial, para su conocimiento y actuaciones oportunas respecto a los recursos y escolarización del alumno”.

Por todo ello, y a la vista de las informaciones recibidas, hemos de considerar que el asunto abordado parece haber encontrado ya su solución o, al menos, se han dispuesto las medidas regladas para el abordaje de la situación. En todo caso, consideramos muy oportunas las reflexiones de la Delegación procurando una respuesta más ágil en estos procesos añadidos de apoyo continuo de personal PTIS que generan, sin duda, las lógicas expectativas entre las familias más estrechamente relacionadas con las circunstancias del caso.

Los apoyos del alumno se han visto necesitados de refuerzo y, a su vez, la respuesta educativa más elaborada y completa aconsejaba una actualización de las necesidades que acreditaba el alumno en cuestión. Dicho proceso se viene acometiendo y se prevé la adscripción a un modelo C de escolarización que dictaminaría formalmente la atención educativa que este alumno necesita.

En todo caso, permaneceremos atentos a cualquier nueva actuación que resulte necesaria para la adecuada atención del alumno por el centro y superar las consecuencias difíciles que generaba en su inmediato entorno, en especial sobre la alumna, hija del promotor de la queja.

Se nos da traslado al Defensor del Pueblo Andaluz de las peticiones rubricadas ante el Ayuntamiento de Luque por una pluralidad de vecinos, dirigidas a demandar de la Administración sanitaria una mayor dotación de facultativos en el Consultorio de Luque.

Sobre este particular explica el remitente que en el Consultorio solo presta servicio un especialista de atención primaria, dado que el otro se ha encontrado disfrutando del permiso de maternidad desde el mes de mayo de 2024 y el pediatra, al tiempo de dirigirse a esta Institución, estaba de vacaciones reglamentarias estivales.

Los vecinos expresan la petición de que el médico pediatra sea sustituido durante sus vacaciones y ponen de manifiesto la insuficiencia de un solo médico para una población de tres mil personas.

En todo caso, manifiestan su necesidad de conocer la previsión sobre la cobertura de plazas facultativas del Consultorio y la falta de respuesta a sus escritos.

Nos trasladan que el Consultorio médico solo cuenta con una especialista de familia para toda la población, considerando que son precisos dos facultativos en función del volumen de población y de que el 25% es mayor de 65 años. Y en lo alusivo a pediatría, expresan que solo pasa consulta en la localidad un día por semana y, en el mejor de los casos, dos días, en vez de tres como consideran sería deseable.

Interesados ante la Administración sanitaria se nos informa de que desde el Equipo Directivo del Área de Gestión Sanitaria junto con la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica se tomaron las siguientes medidas para asegurar la continuidad asistencial: reorganización interna del equipo sanitario; búsqueda activa de candidatos; apoyo a la contratación: Se ha intentado priorizar la cobertura de este puesto frente a otras posibilidades dentro del AGS; realización de consultas médicas por el propio equipo directivo en el consultorio, tanto consulta de adultos como infantil, no ocupándose más del 40% de las citas disponibles en el segundo caso.

Habida cuenta que por parte de la Administración sanitaria se están adoptando las medidas necesarias para resolver la coyuntura actual en el Distrito, concluimos nuestras actuaciones.

La persona interesada en dicha comunicación nos exponía su discrepancia con la propuesta de denegación de la ayuda para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo solicitada para su hijo, debido ello, según manifestaba, al presunto error cometido por el Departamento de Orientación del centro educativo siguiendo las instrucciones del Equipo de Orientación, el que indicó que sólo se concedían ayudas hasta 4º ESO ya que el centro no dispone de Pedagogía Terapéutica (PT).

Solicitada información a la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa nos informó de que desde el Servicio de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad del centro directivo se iba a informar al Departamento de Orientación del centro docente en el que se encontraba escolarizado su hijo de la necesidad de revisar el certificado correspondiente, y ello para que se comprobara que se había considerado toda la documentación aportada por la familia y así emitir, si procediera, un nuevo certificado en el que se propusiera ayuda de Reeducación pedagógica o del lenguaje que establece la convocatoria.

A la vista de la respuesta recibida, entendimos que el asunto objeto de la presente queja estaba en vías de solución, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Se recibía en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación de una persona que exponía que presentó escrito con fecha 14 de junio de 2023 en el Ayuntamiento de San Roque, solicitando información sobre la documentación necesaria para llevar a cabo una determinada actividad, sin que hubiera recibido una respuesta.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado Organismo resolviese el escrito presentado por la promotora.

En respuesta el Ayuntamiento nos informó de la respuesta dada y notificada a la parte promotora de la queja, entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a este escrito se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de atención al alumnado con necesidades educativas y refuerzo de apoyo de monitor del Profesional de Audición y Lenguaje (AL) y profesorado especializado en el centro educativo de referencia.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla trasladando dicha problemática y hemos recibido comunicación sobre el tema.

“PRIMERO.- Que el C.E.I.P. cuenta con un profesional de Audición y Lenguaje (AL) compartido con otro centro de la zona y tres profesionales de Pedagogía Terapéutica para la atención de todos los niños con necesidad educativa especial en el centro para el curso 2024-2025.

SEGUNDO.- Que es responsabilidad del Equipo de Orientación Educativa y del Equipo directivo la organización de la respuesta educativa del alumnado NEAE del centro tal y como se recogen en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

TERCERO.- Que en cuanto al marco normativo, señalar la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, donde recoge en su CAPÍTULO V, OTRAS DISPOSICIONES en su Artículo 19. Profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales:

‘4. El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su centro o con carácter itinerante en los centros que se le encomienden, de acuerdo con la planificación elaborada por cada Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Educación’.

También, queda recogido en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, en su Artículo 9 del Capítulo III. Recursos humanos, medios materiales y apoyos:

‘El número y la cualificación de los profesionales que intervengan en un centro docente público que escolarice alumnado con discapacidad, variará en función del número de alumnos y alumnas, el tipo y el grado de discapacidad que presenten y las necesidades educativas de los mismos. En las plantillas del Cuerpo de Maestros se incluirán los puestos de trabajo especializados para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales que deban existir, de acuerdo con la planificación educativa que realice la Consejería de Educación y Ciencia […..] La Consejería de Educación y Ciencia establecerá la cualificación y la proporción de los profesionales por alumnos y alumnas para las aulas y centros específicos de educación especial’.

Que con estos datos desde el Servicio de Ordenación Educativa, según la normativa vigente, las necesidades del alumnado están cubiertas, teniendo en cuenta los recursos que para este alumnado existen en la zona en la que se ubica el centro.”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla para abordar las necesidades del centro y de las familias del alumnado afectado.

También observamos que el informe recibido de la Delegación alude a un mantenimiento del refuerzo de los servicios educativos en relación con la dotación de la figura de Audición y Lenguaje a través de la adecuación del servicio según se alude al indicar que “las necesidades del alumnado están cubiertas, teniendo en cuenta los recursos que para este alumnado existen en la zona en la que se ubica el centro”.

Efectivamente esta definición del servicio avanza en los detalles de reordenación, dado que entendemos que que la evaluación del servicio ha establecido la conveniencia de los criterios de ordenación del horario de AL y de los PT asignados.

Este singular apoyo deriva de los respectivos informes psicopedagógicos de cada alumno o alumna que permite determinar las necesidades de recursos específicos del alumnado de necesidades educativas especiales. Además, en función del dictamen de escolarización, se establece, en ocasiones, la atención en centros específicos de educación especial, o bien en aulas específicas en centros ordinarios o bien la atención del alumnado se realiza dentro de las aulas con apoyos en periodos variables para que el alumnado pueda continuar con su desarrollo evolutivo y formativo y su integración global en la sociedad. Por otra parte, los recursos se distribuyen cada curso escolar, tras el estudio de las necesidades detectadas en todos los centros educativos a través de los Servicios de Ordenación Educativa proponiendo la distribución de estos recursos personales.

En el marco de esta metodología, confiamos que finalmente, una vez ejecutadas estas medidas y desde su fecha de implantación, los resultados puedan aportar una mejora de la situación.

Comprendiendo la preocupación generada en las familias por disponer de los recursos adecuados, valoramos que la situación se está abordando desde unas pautas razonables y, por ello, consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para el resultado que se logre con organización del servicio de apoyo de profesorado especializado en el centro público.