6. ASUNTO A DEBATE

Anualmente venimos dedicando este Capítulo del Informe a reflexionar sobre algunas cuestiones que consideramos deben ser objeto de una especial atención por la ciudadanía, en general, y por los poderes públicos, en particular. Se trata de asuntos relevantes y con singularidad por su repercusión social o por su incidencia en los derechos de la infancia y adolescencia que una Institución garantista, como es el Defensor del Menor, está llamada a tutelar.

6.1. Niños refugiados: las víctimas más vulnerables

En este contexto, los acontecimientos producidos en Europa en los últimos meses tras la llegada masiva de familias que huyen de los conflictos de Oriente Medio, hacen necesario que nos detengamos en analizar y valorar la difícil situación por la que han pasado y están pasando actualmente los niños refugiados. Más concretamente abordamos el drama que están sufriendo miles de menores por la guerra, el hambre, o la intolerancia, y que está provocando lo que desde distintos ámbitos no dudan en calificar como el mayor éxodo migratorio desde la II Guerra Mundial. Unos acontecimiento que, por otra parte, están resultando ser un desafío sin precedentes en la historia de la Unión Europa.

Pretendemos, además, que estas líneas sirvan de reflexión y llamada de atención acerca de la necesidad de otorgar la máxima protección y ayuda a los niños, niñas y adolescentes que están atravesando nuestras fronteras -muchos de ellos sin la compañía de sus familias- en busca de un futuro lejos de disparos y bombardeos.

Niña refugiada recién desembarcada en la playa de Cantina B (Lesbos).

Y es que en este dramático proceso donde familias enteras huyen para salvar sus vidas, como siempre, los más vulnerables son los menores. Son ellos quienes están pagando el precio más alto del conflicto. Es a ellos principalmente a quienes las sociedades europeas deberían dirigir sin ningún tipo de condicionantes ni cortapisas acciones conjuntas, solidarias, sensibles y responsables. Sin embargo, a pesar de que los niños resultan acreedores de este tipo de intervenciones, tal como reconocen los convenios y tratados internacionales, lamentablemente la realidad está siendo bien distinta.

Una de las consecuencias sociales más relevantes y contradictorias del fenómeno de la globalización es el incremento experimentado por los movimientos migratorios como consecuencia, por un lado, del flujo de personas entre los países menos desarrollados y los encuadrados en el llamado primer mundo; y por otro, derivado del aumento de personas solicitantes de asilo que huyen de conflictos bélicos. Destacamos lo contradictorio de la situación porque los mismos países que abogan por la supresión de fronteras y el libre tránsito como premisas sobre las que construir ese mundo globalizado, supuestamente mejor y más justo, son a la vez los primeros en demandar el cierre de fronteras y las restricciones al libre tránsito cuando estas premisas se aplican, no a las mercancías, sino a las personas, sobre todo si se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

A pesar de su reconocimiento formal, la realidad es que nunca hemos asumido el auténtico alcance del derecho a emigrar como un derecho, y que hemos reducido la identidad de ciudadanos a una nueva identidad de mano de obra, en función de las coyunturas de nuestras economías. Cuando la crisis económica y social se hace más evidente, las sociedades y los poderes públicos huyen de su responsabilidad y construyen muros: muros políticos, muros legales y muros sociales que no entienden de globalidad, ni de universalidad, e incluso dejan a un lado los aspectos más definitorios de la naturaleza humana como son los Derechos Humanos.

Prueba de ello ha sido la adopción por la Unión Europea de medidas como el cierre de la inmigración laboral para los ciudadanos no comunitarios a cambio de un aumento de la reagrupación familiar para aquellos instalados legalmente en Europa, o la reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y, por tanto, del derecho de asilo. Dentro de estas acciones cobra protagonismo la decisión de que la persona solicitante de asilo deba presentar su petición en el primer país de llegada a Europa y no en el país de destino, lo que ha obligado a los primeros a realizar funciones de control de la estrategia migratoria y crear barreras en las fronteras externas europeas para contener a los inmigrantes, habilitando a tal fin los campos de internamiento.

Estas medidas han funcionado relativamente de forma pacífica hasta que en el año 2003 comenzó el caos en la zona de Oriente Medio con la destrucción del Estado Iraquí, y continúa con la guerra en Siria, provocando la huida de millones de personas hacia la ansiada Europa en busca no de una vida mejor para dejar atrás la miseria y la pobreza, sino como única esperanza para huir de la muerte y la destrucción. Con su marcha de los países de origen las familias no están buscando un futuro mejor para sus hijos, luchan para que éstos puedan seguir respirando, comiendo, o educándose, en definitiva, para que puedan seguir existiendo. Es la huida por la vida.

Pero lamentablemente Europa ha sido incapaz de reaccionar colectivamente ante éstas más que justificadas llamadas de socorro y ayuda. Dentro del complejo mundo de la inmigración, es ahora cuando con mayor claridad somos testigos de la contradicción entre las proclamas y la práctica de quienes defienden la globalización como panacea universal. Es en este momento cuando se ha demostrado la incapacidad para otorgar a los menores la especial tutela y protección internacional por parte de aquellos países que proclaman su acendrada defensa de los derechos de los menores como una de las manifestaciones más relevantes de su elevado nivel de desarrollo y progreso.

Bebé en el campo extraoficial “Better Days for Moria” para los refugiados rechazados por los campos oficiales.

La crisis de los refugiados que está viviendo Europa, y las decisiones que se están adoptando al respecto han llegado a poner en tela de juicio algunos de los valores fundamentales sobre los que se ha asentado la construcción de la Europa unida. Sin embargo, Europa cuenta con un sistema normativo suficientemente construido y bien definido en los tratados y normas internacionales: el derecho de asilo y la labor de asistencia y protección a personas refugiadas que huyen de conflictos bélicos o persecuciones políticas, religiosas o étnicas. No nos encontramos ante una polémica reguladora; no estamos en un debate legal.

Europa ha construido su fundamento constitutivo en el respeto a estos derechos y ahora Europa tiene ante sí la obligada respuesta de protección y acogida de estas víctimas, como ella misma reguló.

Familia en caseta de ACNUR del campo de Kara Tepe tras recibir noticia del acuerdo entre la UE-Turquía para deportar a los refugiados.

En nuestro espacio continental creamos el “Rapto de Europa”, aquel mito que relataba cómo la figura de un toro capturaba a la princesa Europa para lanzarla al mar hasta la isla de Creta. Hoy asistimos no al Rapto, sino al “Hundimiento de Europa”, viendo cómo esa Europa se ahoga en las aguas del Mediterráneo al igual que miles de familias y niños desesperados por llegar a sus costas.

Centrando nuestra atención en los menores, todos los datos que conocemos sobre los niños víctimas del conflicto son aterradores, lo que tiñe este drama de unos efectos emocionalmente muy difíciles de asumir. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cifra en 14 millones el número de menores afectados.

UNICEF, en su informe titulado “El impacto de cinco años de guerra en los niños sirios y en su infancia”, señala que más de un millón de personas alcanzaron Europa cruzando el Mediterráneo en 2015, y de ellas 290.000 son niños y niñas. Actualmente uno de cada tres refugiados es menor de edad. Más de 200.000 viven en zonas sitiadas donde pueden ser reclutados desde los siete años para utilizarlos como verdugos o francotiradores. Otros 2.400.000 se han visto forzados a huir a sus países vecinos. Más de 6.000 escuelas ya no pueden ser utilizadas en Siria, y el año pasado se contabilizaron 40 ataques directos a las escuelas.

En cuanto al número de menores fallecidos, entre 2011 y 2013 se contabilizaron más de 10.000, si bien ya no se disponen de datos oficiales sobre los menores que han perdido la vida en el conflicto desde entonces.

Destaca el mencionado informe que no hay ningún lugar seguro para los niños en Siria. La violencia se ha convertido en lo habitual, afectando a hogares, escuelas, áreas de juego, parques y lugares de culto. Los propios hospitales son objetivos de guerra. En 2015 UNICEF ha verificado casi 1.500 violaciones de niños y niñas, incluyendo asesinatos, mutilaciones, reclutamiento, secuestros, arrestos, ataques a escuelas y hospitales, y denegación de asistencia humanitaria para los niños. También se ha comprobado la utilización de los menores por las partes en conflicto. Los responsables saben que los niños son los primeros afectados y, aún así, o precisamente por ello, son utilizados como táctica de presión para conseguir una ventaja militar, en flagrante desafío del derecho internacional humanitario.

De los casos confirmados, más de 400 eran niños asesinados y 500 mutilados, y aunque estos datos sólo representan la punta del iceberg, constituyen el 63 por 100 de todas las violaciones graves contra los niños verificadas por UNICEF. La mayoría de los niños murieron o fueron mutilados como resultado del uso de armamento explosivo en las zonas pobladas. En los casos en los que fue posible verificar el sexo de los menores, el 70 por 100 eran niños. Más de 150 de esos niños murieron cuando estaban de camino a la escuela.

Otro informe de Save The Children que lleva por título “Infancia bajo asedio: vivir y morir en las zonas asediadas de Siria” detalla la aterradora realidad de los niños que malviven en las estos lugares del país, así como sus devastadoras consecuencias. Destaca este trabajo el relato de profesionales que todavía quedan en la zona, quienes se refieren a la existencia de francotiradores que disparan a todo el mundo en la carretera, y minas en el campo. En los puestos de control se para a todo lo que entra: alimentos, medicinas, combustible; todo lo que se necesita para vivir. Se detiene a la gente que se va, incluso a los niños enfermos que necesitan ayuda médica. Las casas y los colegios están en ruinas debido a los bombardeos. Los niños se mueren de hambre, o están mal nutridos, y los mercados están vacíos.

Las graves consecuencias que estas vivencias están ocasionando en los menores son relatadas en el mencionado informe. La guerra y el asedio han dejado profundas heridas psicológicas en los niños y niñas, muchos de los cuales han sido testigos de una violencia extrema. Padres, profesores y trabajadores de la salud informan de una variedad de síntomas comunes entre los niños a los que atienden: micción involuntaria durante las clases, pesadillas recurrentes, tartamudeo y dificultades en el habla y aislamiento social. Los servicios de salud mental raramente están disponibles y los padres están sumamente preocupados por cómo ha cambiado el comportamiento de sus hijos durante el asedio.

Estos eventos traumáticos, junto con los efectos a largo plazo de la desnutrición, es probable que afecten a los niños y niñas durante largos años después de que los asedios finalmente terminen. Muchos menores, bien sea debido a la pobreza o la muerte de sus padres, han tenido que asumir responsabilidades de adultos y cuidar de sus familias. A menudo son forzados a trabajar en granjas o talleres mecánicos, o a rebuscar en las calles cualquier cosa que se pueda comer o vender. No es infrecuente que pasen varias horas al día juntando leña o plástico para quemar y calentarse.

Recoge el informe de Save The Children cómo los trabajadores sociales han notado un aumento en las denuncias de abusos sexuales contra chicas adolescentes y de adolescentes que han buscado en las drogas un alivio a su miseria diaria. Niños que mendigan y cometen delitos menores; éstas son las respuestas ante su desesperante pobreza. En las pocas zonas donde hay electricidad, los entrevistados informaron de que los jóvenes se han vuelto hacia las redes sociales como una vía de escape y para encontrar amigos en lugares “normales”.

Desembarco de sesenta refugiados en la playa de Cantina B. isla de Lesbos (Grecia).

Por otro lado, la guerra ha generado una alta cifra de huérfanos en las zonas bajo asedio de Siria, y no hay redes formales de apoyo para esos niños y niñas, aunque muchos de ellos son acogidos por familiares o amigos de la familia. Algunos reciben apoyo de ONG locales, pero otros tienen que arreglárselas ellos mismos.

En este entorno se desarrolla la vida de los menores en Siria. Como consecuencia de la escalada de violencia y destrucción unido a la ausencia de ayuda internacional, los padres -aquéllos que pueden- no tienen otra alternativa que abandonar sus casas y encaminarse con sus hijos rumbo a Europa o países vecinos huyendo de la muerte. Y decimos aquéllas que pueden porque para el pasaje los traficantes, al parecer, están exigiendo hasta 1.500 euros para todos los miembros del grupo familiar, cuando lo cierto es que el billete en barco, en condiciones normales, asciende a 10 euros.

Lo que les espera a las familias tras tomar la decisión de abandonar sus hogares, especialmente a los niños, no es mucho mejor. En el viaje han de enfrentarse a nuevos riesgos y peligros, atravesando el mar Egeo, desde las costas turcas hacia la ansiada Unión Europea.

La Red Europea de los Defensores del Niño (ENOC), a la que pertenece el Defensor del Menor de Andalucía, ha elaborado un importante documento donde se describen los grandes riesgos de seguridad de los niños durante su viaje hacia Europa. Estos riesgos incluyen la muerte, la enfermedad, la trata, la separación de los padres, la extorsión de los contrabandistas y la explotación y el abuso.

Según este trabajo los niños llegan húmedos y con frío, y muchos están muy debilitados, lo que provoca múltiples enfermedades, como la neumonía. Los voluntarios que trabajan en las orillas de Grecia están señalando que los niños mueren debido a que llegan con síntomas de hipotermia. Hay una falta de coordinación y apoyo inmediato a las costas de Grecia. En Lesbos (Grecia) las personas migrantes tienen que caminar 70 kilómetros hasta el centro de acogida, a pesar de una serie de ONG están proporcionando transporte para los niños y las familias.

También destaca ENOC que los centros de tránsito a lo largo de la ruta de los Balcanes occidentales no están debidamente equipados para la temporada de invierno y carecen de instalaciones de saneamiento básico.

Además de ello, existe el riesgo de que los niños sean separados de sus padres durante el viaje, sobre todo en el control de determinadas fronteras. Algunos niños sufren abusos sexuales y violencia en los centros de tránsito. Muchos menores, tanto los que viajan solos como los que se encuentran acompañados de sus familias, son extorsionados por los contrabandistas, siendo frecuentes las amenazas dirigidas a miembros de la familia todavía en el país de origen o en campamentos de refugiados.

Por otro lado, se ha podido constatar que los menores no acompañados se enfrentan a un mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata y la explotación sexual. No es infrecuente que los chicos muestren resistencia a revelar a las autoridades su condición de menores, ya que temen ser retenidos y no poder continuar su viaje hacia el norte de Europa.

Llama la atención ENOC que algunos Estados no tienen un sistema de tutela jurídica para los menores no acompañados, dejando a éstos sin la debida protección. En otros países el nombramiento de un tutor legal lleva demasiado tiempo. Incluso se ha denunciado la desaparición de los niños en los centros de acogida.

Profesionales de las ONG que trabajan en las costas griegas describen cómo esas barcas de plástico, llamadas “dinghys”, atestadas de familias con sus hijos arriban a costas griegas muy afectados. Otros, en cambio, nunca llegan a destino, bien porque fallecen o bien porque desaparecen.

En el año 2015 se contabilizaron 500 muertes de niños y niñas en el Mediterráneo. Europa quedó conmocionada con las imágenes del cuerpo sin vida del pequeño Aylan, ahogado en una playa de Turquía cuando junto con su familia huían de la guerra. Unas instantáneas que parecieron despertar la conciencia de la comunidad internacional, de modo que los acuerdos de acogida europeos se elaboraron a toda prisa tras la impactante foto.

Pero hemos de lamentarnos que esa expectativa no llegó a más. A partir de ahí han surgido nuevas imágenes sin que haya sido suficiente para que Europa reaccione de una vez por todas y otorgue a los menores la protección internacional a la que tienen derecho. Esas imágenes han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana. Se calcula que en la actualidad mueren dos niños cada día en la ruta hacia Grecia. Es como si nos hubiéramos acostumbrado a vivir con ese dolor.

Desembarco de un dinghy en la playa de Camp Fire. isla de Lesbos (Grecia).

Respecto de otros menores, simplemente no conocemos su destino. La Oficina Europea de Policía (Europol) estima que al menos 10.000 niños refugiados han desaparecido nada más llegar a Europa. Existen evidencias de que gran parte de ellos han podido caer en mafias o redes de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Sabemos que estos niños llegaron a nuestras costas porque estaban cansados de vivir rodeados de guerra y de violencia. Sabemos que se registraron en algún país europeo. Pero no sabemos dónde se encuentran. No sabemos quién los está buscando. E ignoramos qué futuro les espera.

Para la elaboración de este Capítulo del Informe hemos recabado el testimonio de periodistas que han estado en isla de Lesbos (Grecia) y que han conocido de primera mano la situación de los refugiados. Estos profesionales han tenido a bien compartir con nuestra Defensoría sus vivencias con las familias y los menores refugiados desde su llegada a la zona. Nos cuentan que en los “dinghys”, niños, mujeres y discapacitados o ancianos viajan en el centro, mientras que los hombres, adultos son dispuestos en el perímetro. El desembarco en la playa suele ser dramático pese a la alegría de pisar tierra europea que manifiestan con continuos “¡Gracias, Europa, tierra de los derechos humanos!, ¡Al fin salvados!”. Y es dramático por el miedo que padres, tíos y abuelos sienten de que los niños no superen la hipotermia.

Nos relatan que todos los ocupantes de las barcas llegan empapados, sea de la humedad o del agua de mar que anega los botes, y los niños, peor cuanto más pequeños, temblando de frío. Cuando sus madres y padres, incapaces por sí mismos de secarles y cambiarles por sus tiriteras, son ayudados por voluntarios (y hasta periodistas cuyo auxilio se precisa), es frecuente que los niños lloren asustados. El tumulto de particulares, que asumen la responsabilidad de una primera ayuda humanitaria que extrañamente no dispensa ninguna autoridad oficial, es potencialmente peligroso, pues no resulta difícil que un menor se pierda en manos ajenas en tal situación. Más teniendo en cuenta que las familias viajan con un número alto de niños, con frecuencia, cuatro o cinco por pareja.

Destacan los periodistas que “Sin embargo, por otro lado, el cariño y cuidado con que los voluntarios secan -sin toallas- con las mantas que se usan para abrigar, a pequeños y adultos, con que les cubren con mantas térmicas y ponen ropa seca e incluso los zapatos de nuevo empapados a falta de repuestos, suponen un trato humanitario inexistente a bordo de las fragatas de guardacostas griegos y buques de Frontex que los trasladan calados a puerto. Colocar los zapatos, aunque sean mojados, es clave porque tras ser trasladados por autobuses de ACNUR a las puertas de la ex cárcel de Moria -centro único de registro en la isla- adultos y niños hacen colas, a veces de kilómetros, durante horas. Hasta que, al amanecer, abre el recinto, no reciben ni alimentos, ni asistencia médica”.

Después de experimentar tanta atrocidad en su país de origen y durante el viaje, cuando las familias llegan a destino, a la ansiada y esperanzadora Europa, ésta les recibe cerrando sus fronteras. En vez de encontrar un lugar de acogida donde se les otorgue la protección internacional de la que resultan acreedores, se les victimiza nuevamente con la aplicación de un pacto bien llamado “pacto de la vergüenza”. Un acuerdo a través del cual la Unión Europea “externaliza” su política de refugio y deporta de forma masiva y sin garantías a demandantes de asilo a Turquía.

Con este acuerdo se da al traste con el principio de libre circulación de la vieja Europa, uno de sus pilares básicos. En el origen de ese pacto está el temor de la comunidad internacional a que, entre las personas que solicitan refugio, se encuentren terroristas del autoproclamado “Estado Islámico”. Es comprensible y justificada esta preocupación a raíz de los últimos acontecimientos y los últimos atentados terroristas producidos en suelo europeo, pero no olvidemos que el Sistema de control de fronteras Schengen del año 1985 permite introducir determinados controles de seguridad. Lamentablemente, en lugar de incrementar esos controles o la cooperación policial y judicial, Europa acuerda cerrar sus fronteras para las víctimas del conflicto y en la práctica, al amparo del señalado acuerdo, permite las denominadas “devoluciones en caliente” de familias con sus hijos menores de edad.

Manifestación el 8 de marzo en el campo extraoficial “Better Days for Moria” para los refugiados rechazados por los campos oficiales.

Según el relato de profesionales de la información que se encontraban en Grecia en el momento de la entrada en vigor del acuerdo señalado, desde el 20 de marzo de 2016 todos los campos de refugiados se vaciaron, conduciendo a los internos a zonas de Grecia continental. Iban obligados, sin informarles de su destino y separando incluso a familias. Desde entonces, las personas que han ido llegando a la zona han sido arrestadas en Moria, a la espera de su deportación a Turquía. ONG como Médicos Sin Frontera abandonaron el campo, que ahora es de internamiento, para no cooperar, en su criterio, con un sistema carcelario que condena.

Ésta es la realidad que están viviendo y experimentando los niños refugiados. Ante lo cual los Defensores del Menor europeos que formamos parte de ENOC hemos hecho una serie de llamamientos a los líderes europeos para dar la máxima prioridad a la seguridad de los menores, y a tal efecto, hemos solicitado a la Comisión Europea que desarrolle con urgencia un plan de acción global de la Unión Europea para todos los niños víctimas del conflicto, otorgando prioridad al régimen de reubicación, con el fin de prevenir los riesgos a los que se enfrentan los niños mientras realizan el camino a través de Europa.

Estas peticiones de los Defensores se han hecho extensivas a las condiciones de los centros de acogida y de tránsito en la ruta a través de Europa para que se mejoren su calidad y condiciones. No podemos permitir que estos recursos carezcan de agua caliente, mantas o ropa de abrigo o de espacios amigables para los niños.

Y mientras en instancias internacionales se solucionan cuestiones normativas como la supresión del tratamiento semi-carcelario para los refugiados, las tramitaciones eficaces de las peticiones de asilo, o se ponga término a las “devoluciones en caliente”, debemos centrarnos en las responsabilidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía con los menores refugiados, más allá de importantes manifestaciones públicas de apoyo o de rechazo a determinadas decisiones que somos conocedores ya se vienen realizando.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 62, otorga a la Comunidad Autónoma, en materia de inmigración, las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, y en consecuencia, la Junta de Andalucía ha de colaborar con las entidades que desarrollen actuaciones de ayuda y apoyo para las personas solicitantes de mecanismos de protección internacional, facilitando su integración en la comunidad.

Es un hecho que Andalucía tiene una experiencia dilatada en la atención a personas inmigrantes. Nuestra región es la frontera Sur de Europa; sus 800 kilómetros de costas son una vía importante de llegada de personas que buscan llegar a Europa desde el Magreb y que provienen desde el corazón de África. Esta es una vía constante de movimientos migratorios y también ha debido resolver situaciones de crisis como la avalancha de pequeñas embarcaciones -los conocidos los “cayucos”- desde Senegal o Mauritania, que supuso atender a más de 34.000 personas en tránsito entre Canarias y Andalucía.

Tampoco resulta novedoso para Andalucía la situación de las familias sirias que han huido de su país. Han pasado ya por nuestra Comunidad Autónoma alrededor de 8.000 personas de nacionalidad siria, la mayoría con entrada por Málaga. No obstante estas personas no han permanecido mucho tiempo en territorio andaluz porque su destino final es principalmente Alemania y los Países Escandinavos.

En relación con los refugiados sirios, España recibió de las autoridades comunitarias la solicitud de reasentamiento, y aceptó el cupo asignado en el seno de las negociaciones europeas para dibujar la política de reasentamiento. Dicho contingente era en principio de 8.023 personas, de las cuales 6.127 procederían de Grecia y el resto de Italia, estando pendiente a su vez de repartir este contingente entre las distintas Comunidades Autónomas.

En este contexto se aprueba una norma, el Real Decreto 816/2015, de 11 de septiembre, a través de la cual se concede subvenciones a determinadas ONG, en concreto a Cruz Roja Española, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y la Asociación Católica Española de Migraciones (ACCEM), con el propósito de financiar el refuerzo de los recursos dedicados a la acogida e integración de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional.

Para el cumplimiento de sus cometidos, y más allá de otras acciones solidarias y humanitarias que, como decimos, se están desarrollando, el Gobierno de Andalucía ha informado a esta Institución acerca de las iniciativas de puesta en marcha de trabajos preparatorios con las distintas Administraciones implicadas y entidades comprometidas en apoyo de los refugiados. Se ha mencionado la posibilidad de acoger a 2.000 ó 3.000 personas, aún a falta de una concreción por parte de las autoridades españolas y europeas.

El interés de la Defensoría por estos colectivos nos ha llevado a reunirnos con entidades sociales de apoyo a los inmigrantes y refugiados, y más concretamente con las delegaciones en Andalucía de ACCEM, CEAR, CEPAIM y Cruz Roja, cuyos representantes nos han ofrecido una información perfectamente actualizada de la situación y de los preparativos que se han puesto en marcha para dar acogida a los cupos que se designen para España y para Andalucía.

En el criterio de estas Organizaciones, los dispositivos de acogida están preparados y dotados por todo el territorio de Andalucía en cuanto se tenga a bien asignar los cupos. No dudan en señalar que nuestra Comunidad Autónoma está preparada para acoger a los refugiados que lleguen. Se dispone de los recursos económicos, materiales y humanos suficientes, y los preparativos pueden acoger unas 17.000 personas que estarían atendidas bajo los programas de recepción y acogida a cargo de estas ONG.

No obstante esta predisposición, las entidades destacan la importancia de conocer con suficiente antelación las características y perfiles de las personas que han de atender para preparar adecuadamente su llegada y acogida.

A pesar de este despliegue de medios, y de la voluntad expresada tanto por el Gobierno andaluz como por las entidades señaladas, lo cierto es que en el momento de elaborar este Capítulo -abril de 2016- todavía no ha llegado a nuestro país ni un solo refugiado sirio procedente de Grecia o Italia que recalaron en estos territorios antes de la entrada en vigor del famoso pacto entre la Unión Europea y Turquía. Es más, la escasa y cambiante información de las autoridades europeas sobre la política de cupos de refugiados hace muy difícil, por no decir imposible, conocer cuándo, cómo, y cuántas personas llegarán a Andalucía, muchas de las cuales son niños, niñas y adolescentes.

Niño en el campo oficial municipal de Kara Tepe para refugiados sirios, iraquíes y kurdos (Mitilene, Lesbos, Grecia).

Pero no lo olvidemos, la atención a los refugiados, especialmente a los menores, no puede quedar limitada a unas instalaciones que den cobijo o unos profesionales que los atiendan en aquellas. Un buen proceso de integración necesita una acogida eficaz, planificada, que sepa responder a necesidades muy diversas. Esta buena organización debe permitir acogidas serenas, normalizadas, lejos de impactos o improvisaciones que suelen derivar en problemas que se traducen mal en la opinión pública.

La Administración ha de estar preparada, en definitiva, para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los refugiados en condiciones de dignidad e igualdad con el resto de ciudadanos que viven en Andalucía. Es por ello que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha de emplear un especial celo en los recursos que se pongan a disposición para la atención a las familias de refugiados, especialmente a los niños. Unos recursos que garanticen el pleno respeto del derecho a la educación, a la salud y a vivir bajo un techo digno.

Y así, tenemos el pleno convencimiento de que un factor esencial en la atención a los menores refugiados ha de venir del ámbito educativo, y de modo especial en los procesos de integración e inclusión en las escuelas. Los colegios deben estar preparados para la escolarización, en cualquier época del año, de este colectivo, facilitando no sólo el acceso al aula sino también al resto de servicios educativos complementarios, especialmente el comedor o el transporte escolar. Asimismo se ha de incidir en los métodos e instrumentos para facilitar a estos alumnos el aprendizaje de la lengua española. Todo ello en un contexto integrador, que no segregue y con medidas y recursos especializados para hacer realidad los principios de igualdad de oportunidades en la educación, favoreciendo un clima de convivencia pacífica en el respeto de los derechos.

Niño sirio de 14 años en el campo de Kara Tepe (Mitilene, Grecia).

Una parte importante del trabajo compete también al Sistema de Protección de Menores con los menores no acompañados que puedan llegar a territorio andaluz. Una tarea, la de la atención a menores de otros países que llegan sin la compañía de sus familias, en la que Andalucía también tiene una dilatada experiencia desde hace más de 15 años, cuando comenzó la llegada masiva de niños procedentes del continente africano, y supuso la incorporación de éstos al Sistema y la adaptación simultánea de los centros de protección.

Algunos de los niños procedentes del conflicto de Oriente Medio han tenido serias dificultades para salir de sus países con la documentación necesaria (pasaporte o visado), por lo que han viajado sin documentos o con documentación falsa, recurriendo a las redes de tráfico de personas para poder emprender el viaje. Resulta de vital importancia detectar de inmediato la presencia de posibles menores no acompañados entre los extranjeros que lleguen a Andalucía, especialmente cuando vengan en grupos con adultos.

Y en este sentido la primera intervención ha de ir referida a la determinación de la edad con el propósito de verificar la condición de minoría de edad de la persona, lo que exige extremar el cumplimiento de los protocolos de dichos procesos, e incrementar las medidas de coordinación con las Administraciones e instituciones que intervienen en los mismos.

Otro reto compete asimismo a la Entidad Pública: una especial protección a los menores potenciales víctimas de trata de seres humanos o de otros tipos de explotación. Por regla general, la identificación de un o una menor como posible víctima de trata es realizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con carácter previo a la adopción de una medida de protección. Sin embargo, las distintas vicisitudes que pueden acontecer en este fenómeno determinan que en muchas ocasiones los indicios sobre las víctimas no se detecten hasta transcurrido un tiempo, y fruto del trabajo y atención que aquéllas reciben en los recursos a los que son derivadas. Ello obliga al personal que presta sus servicios en los recursos residenciales de atención a menores a adquirir la formación especializada para que puedan desarrollar las capacidades específicas en la identificación de estos menores.

Por otro lado, la Entidad Pública no puede obviar que estos niños y niñas que están bajo su tutela precisan de unas medidas y recursos especializados que garanticen su protección y asistencia como víctimas de trata. Las medidas deberán estar basadas en la condición de especial vulnerabilidad de la víctimas; y los recursos deberán contar con la especialización en la asistencia, apoyo, seguridad, y recuperación física y psicosocial del menor o de la menor. En el centro de protección la víctima ha de restablecerse, sentirse segura, recuperarse física y psicológicamente de todo el sufrimiento padecido, y cuando esta primera fase haya culminado con éxito, ha de prepararse para la vida adulta una vez alcance la mayoría de edad. De no ser así, cuando cumplen la mayoría de edad, existe el riesgo, si no se trabaja específicamente las consecuencias psi y sociales de ser víctima de trata, de que estos y estas jóvenes sean captados nuevamente por las redes.

Todos estos avatares hacen necesario la existencia de programas o recursos específicos en el Sistema de Protección de menores para chicas o chicos presuntos víctimas de trata. Una especialización de la Entidad Pública que ya ha visto obligada a llevar a cabo. Recordemos en este ámbito los programas específicos para MENAS que se han desarrollado cuando a finales de los años 90 comenzaron a llegar a las costas andaluzas menores inmigrantes, procedentes de Marruecos principalmente, sin la compañía de personas adultas.

Finalmente hemos de referirnos a la importante labor que han de desarrollar los poderes públicos en Andalucía para evitar la aparición de fenómenos renovados de xenofobia y reacciones de rechazo a los refugiados, especialmente a los niños.

Las ONG con las que hemos tenido ocasión de reunirnos para la elaboración de este documento, nos han trasladado su preocupación por la batalla que parece estar librándose en la opinión pública para corregir algunos comportamientos incomprensibles de rechazo o miedo hacia estas víctimas.

Con tal propósito entendemos que se han de fomentar en la sociedad andaluza mensajes claros de acogida y de respeto. Concienciar a los ciudadanos de que la verdadera acogida se logrará cuando sumemos a estas personas como vecinos, integrados y participantes de la vida de nuestras ciudades y pueblos. En este ámbito nos parece necesario desarrollar estrategias de sensibilización social dirigidas a todos los agentes implicados: sociedad civil, instituciones culturales, sociales, políticas, religiosas y económicas. En esta ardua tarea habrá que contar con el apoyo y ofrecimiento de recursos ya manifestado expresamente por universidades, ayuntamientos, asociaciones y colegios profesionales para ayudar a la atención a las personas refugiadas.

Hemos de trabajar con ahínco para conseguir una verdadera integración social de los menores refugiados una vez que hayamos conseguido acogerlos, evitando que los niños vuelvan a ser víctimas -una vez más- pero en esta ocasión de la xenofobia y la discriminación.

Los poderes públicos, la sociedad andaluza y las instituciones debemos realizar el mayor de los esfuerzos para disponer la acogida y la ayuda inmediata de este grupo de personas a las que estamos situando entre la vida y la muerte; mientras aguardan en una frontera de miedo e incomprensión. Y debemos prestar una especial atención a las personas más vulnerables, los menores, para evitar generaciones perdidas o resentidas. De nosotros depende que en el futuro estos niños sean personas en paz y armonía con un mundo civilizado, unos adultos respetuosos de las leyes y los tratados de derechos humanos, o por el contrario, que se conviertan en supervivientes ante un mundo que le ha sido hostil desde su infancia.