En el año 2023 hemos presentado ante el Parlamento de Andalucía, primero a la presidencia -febrero- y después en la Comisión de Educación -octubre- un informe especial que analiza la atención que recibe el alumnado escolarizado en los colegios públicos rurales de Andalucía.
Con este trabajo se han pretendido dos objetivos principales: otorgar visibilidad de esta realidad educativa, que parece estar en segundo plano en cuanto a su conocimiento; y, mejorar dicho servicio educativo. También otros objetivos no menos importantes, que pivotan sobre este trabajo: reconocer y garantizar el derecho de todos los niños y niñas a recibir educación en su propio entorno social y geográfico, un derecho que está reconocido por ley; y la importancia que tienen estos colegios como instrumentos en la lucha contra la despoblación.
La impresión general sobre el asunto tratado lleva a manifestar la apuesta firme y decidida de esta Defensoría por la continuidad de las escuelas rurales. Y ello porque contribuyen a evitar las desigualdades de partida del alumnado en función del territorio en el que vivan; y, también porque este mantenimiento ayuda a paliar uno de los fenómenos sobre los que más trabajamos de manera transversal, como es la despoblación territorial: “Recreos mudos, pueblos muertos”.
En cuanto a la metodología, una parte muy importante para este trabajo ha sido la elaboración de un cuestionario, previamente debatido con profesionales e Inspección Educativa. El documento contiene 273 cuestiones (sedes, número de alumnos, necesidades especiales, profesionales, estabilidad, grado de implicación de las familias, problemas en infraestructuras…) que se remitió a los 106 colegios públicos rurales andaluces. Es de justicia expresar el agradecimiento de la Institución por la colaboración casi unánime de los equipos directivos de los colegios públicos rurales (CPR) en su cumplimentación.
Además, hemos visitado al menos un colegio y sus sedes correspondientes en cada una de las 8 provincias andaluzas. En las visitas se han realizado entrevistas con el personal, se han conocido las infraestructuras, se han producido reuniones con las asociaciones de madres y padres (AMPAs) y familias, y se han mantenido encuentros con los responsables municipales.
En cuanto a los recursos, cuando procedemos a la elaboración del trabajo, Andalucía contaba con 106 colegios públicos rurales (CPR), con 346 sedes, repartidos de forma desigual por las distintas provincias. Así, Sevilla solo cuenta con un CPR mientras que la provincia de Granada dispone de 38. Aproximadamente 10.500 alumnos y alumnas acuden a estos recursos educativos.
En cuanto a las principales conclusiones que se pueden deducir del informe, citamos alguna de ellas:
- El conocimiento de la realidad y bondades de la Educación en el mundo rural debe ser difundido como incentivo para que las familias opten por este tipo de enseñanza y su consiguiente traslado a muchas zonas rurales de Andalucía, contribuyendo de ese modo a frenar los procesos de despoblación.
- Por ello, como consecuencia, apostamos por la enseñanza en los colegios públicos rurales y demandamos de la Administración educativa la continuidad o, en su caso, la creación en determinadas zonas andaluzas de los recursos educativos, proporcionándoles todos los medios necesarios para atender sus singulares y específicas necesidades.
- En tercer lugar, considerando necesarios los recursos, abogamos por reordenar los CPR para su adaptación a la demanda actual y futura. Hemos detectado que existe una distribución irregular de estos colegios por la geografía andaluza acorde con la gran complejidad del relieve geográfico de Andalucía. Por ello es necesario reordenar la red, en un ejercicio de prospección futura a corto y medio plazo.
- Necesidad de una normativa educativa que contemple las peculiaridades de estos centros. La mayoría de las normas que se aplican están orientadas a los colegios ordinarios, sin tener presente las peculiaridades de la enseñanza rural. Como ejemplo, se aplican medidas numéricas estrictas propias de los centros ordinarios en cuanto al número de alumnos que deben estar escolarizados. O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones. Igualmente sucede en la normativa para los servicios educativos complementarios (aula matinal, comedor escolar, transporte escolar y actividades extraescolares), que no se acomodan a las características de los CPR, por lo que la presencia de dichos servicios es muy escasa.
- También abogamos por mejorar las infraestructuras de los CPR con la colaboración de la Administración educativa y los ayuntamientos. El estado de conservación de los inmuebles de los CPR, con carácter general, es bueno a excepción de los sistemas de calefacción y refrigeración, pero algunos inmuebles tienen escasas dimensiones, impidiendo atender a toda la demanda del alumnado y la implementación de servicios educativos complementarios por falta de espacio.
Andalucía tampoco cuenta con una norma reguladora de los requisitos que, en materia de infraestructura, han de cumplir los CPR. En nuestra opinión, la Administración educativa y los ayuntamientos deben establecer mecanismos de colaboración y cooperación permanente para mantener y mejorar las infraestructuras de estos singulares recursos educativos. - Existe una brecha digital en los CPR: en 8 de cada 10 colegios se confirma la existencia de una brecha digital, más patente durante la pandemia. Las zonas rurales se caracterizan a menudo por sufrir una triple brecha digital: las conexiones de banda ancha, el desarrollo de las capacidades y la utilización. Por ello, reclamamos medidas de discriminación positiva a favor de la presencia de las TIC en los colegios públicos rurales andaluces.
- La permanencia del alumnado en su entorno obliga a reflexionar sobre la conveniencia de impartir la ESO en los CPR. La Ley de Educación de 2006 señala la necesidad de favorecer la permanencia en el sistema educativo del alumnado en las zonas rurales más allá de las enseñanzas básicas. La presencia de alumnado de ESO en los CPR es muy escasa debido a que solo se imparten los dos primeros cursos de dicha etapa educativa. Por ello, consideramos necesario un estudio que aborde la conveniencia de extender todos los cursos de la ESO en los CPR, teniendo en cuenta las peculiaridades del entorno y las zonas donde se ubican los centros.
- En 7 de cada 10 CPR están escolarizados alumnos con necesidades educativas especiales, mayoritariamente por trastornos generales del lenguaje o alteraciones del comportamiento. Como Defensoría, hacemos un llamamiento para potenciar la labor de estudio y dictamen para el alumnado con necesidades educativas especiales para disponer con certeza y garantías las atenciones programadas en un entorno de escuela rural.
- Hemos analizado la presencia de las familias. Siendo positiva, nos gustaría medidas para estimular e impulsar la participación de padres y madres en las enseñanzas del mundo rural.
- Por último, pero no por ello menos importante, hemos reconocido la labor del profesorado en los centros y, por ello, demandamos la mejora de sus condiciones. Esto puede pasar por potenciar el conocimiento de la realidad de la enseñanza en entornos rurales para su conocimiento integral del sistema y así generar interés en sus futuras orientaciones profesionales. También podría ser positivo estimular la permanencia de estos profesionales educativos, estableciendo programas de formación continua y promoción profesional que se adapten a las necesidades del personal docente de las zonas rurales, así como disponer de medidas de incentivos económicos sostenibles en términos presupuestarios para compensar el costo de oportunidad asociado con el trabajo en zona rurales y mejorar la retención en esas zonas. Otra de las propuestas que aportamos en este sentido trata de clasificar como especial dificultad el trabajo del personal docente y no docente que prestan sus servicios en los centros rurales por tratarse de difícil desempeño, así como promover acuerdos con Universidades para que en el Grado en Magisterio se aborde la enseñanza en las zonas rurales.
Como resulta evidente, tras el análisis de la realidad, la Defensoría ha propuesto una serie de mejoras para estos recursos educativos que beneficie a la comunidad educativa, y que se han materializado en una serie de recomendaciones y sugerencias. Hasta un total de 20, que pueden quedar resumidas del siguiente modo:
- Elaborar un Plan para evitar la pérdida de unidades en la Escuela Pública Rural de Andalucía, que contribuya en la lucha contra la despoblación.
- Elaborar un mapa específico e integral de los CPR para la identificación de los recursos disponibles, las capacidades de atención educativa y la planificación de las atenciones que deben brindar al conjunto del Sistema educativo en todo el territorio andaluz.
- Actualizar la red de CPR, reforzando su oferta educativa para que puedan atender a la totalidad de la demanda de escolarización en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Sevilla.
- Fomentar y divulgar los CPR y la labor educativa que desarrollan.
- Extender la continuidad de las enseñanzas al primer y segundo ciclo de la ESO para favorecer el derecho del alumnado a permanecer en su entorno.
- Dotar a los CPR de recursos humanos y materiales necesarios para el alumnado con discapacidad.
- Crear un marco normativo específico para los CPR que recoja las peculiaridades de estos recursos educativos, en especial por lo que respecta a los procesos de escolarización.
- Modificar la normativa de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y transporte escolar para su acomodo a los CPR.
- Implantar en los CPR servicios y actividades extraescolares gratuitos y de calidad.
- Promover la cultura de la calidad y excelencia en las prestaciones del servicio público educativo en el ámbito rural.
- Analizar el estado de las sedes e instalaciones de los CPR para su mejora con la colaboración y cooperación de la administración educativa y las corporaciones locales.
- Elaborar una norma reguladora de los requisitos mínimos en materia de instalaciones generales y condiciones de los CPR., en cumplimiento de lo establecido en el RD 132/2010.
- Impulsar acciones colaborativas previstas en la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables en las sedes e inmuebles que acogen a los colegios rurales.
- Estimular la participación y colaboración de las familias en el proceso educativo y en el funcionamiento de los CPR especialmente a través de las TIC.
- Formar a padres y madres en asuntos relacionados con la Escuela Rural especialmente a través de técnicas como las Escuelas de Padres y Madres.
- Incrementar las medidas, acciones o programas a favor de la presencia de las TIC en los CPR.
- Clasificar, como especial dificultad, por tratarse de difícil desempeño, los puestos de trabajo del personal docente y no docente que prestan sus servicios en los CPR. Además, para estos profesionales diseñar medidas de incentivos económicos en términos presupuestarios.
- Fomentar la estabilidad de las plantillas de los CPR.
- Ofrecer formación inicial, continúa y especifica al profesorado y resto de profesionales que prestan sus servicios en los CPR.
- Promover acuerdos con las Universidades a fin de que en las enseñanzas de Grado en Magisterio se aborde la realidad de CPR.
Nuestra labor de análisis con estos recursos educativos no ha concluido con el informe descrito y su presentación al Parlamento. Hemos pretendido que este trabajo sea conocido también por el resto de la sociedad, y a tal efecto organizamos en el mes de junio una jornada de presentación que se celebró en la ciudad de Granada.
Además de su presentación, pudimos reflexionar conjuntamente con todos los agentes que intervienen en este complejo escenario sobre aspectos claves y retos de futuro de este destacado e importante servicio educativo en la comunidad autónoma de Andalucía.
Desde luego el encuentro constituyó un excelente escenario en el que a través de la participación se pudiera intercambiar opiniones, valoraciones o sugerencias que ayuden a mejorar el servicio siempre en interés superior del alumnado que acude a estos recursos educativos.