4. Relaciones institucionales

European Network of Ombudspersons for Children (Red Europea de Defensorías de Infancia)

Declaración institucional sobre “El refuerzo de las instituciones independientes de derechos de la infancia y de la adolescencia y el reconocimiento de su papel único”

*Adoptada por la 27ª Asamblea General de ENOC, 21 de septiembre de 2023, Brusela

PREÁMBULO

Esta Declaración institucional 2023 de ENOC surge de la necesidad de hacer hincapié en los principios fundamentales de las Instituciones Independientes de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (ICRI, por sus siglas en inglés, Independent Children’s Rights Institutions), entre otros, la independencia, la autonomía, los poderes y los recursos adecuados, la accesibilidad, la visibilidad y la participación. Independientemente de la forma o estructura que adopten, la declaración pretende reconocer el papel único de las ICRI como instituciones especializadas con el mandato de proteger y promover los derechos de todas las personas menores de edad.

En los últimos años, un número cada vez mayor de ICRIs de Europa se han visto sometidas a una presión considerable y han tenido que hacer frente a retos que amenazaban con comprometer su mandato y su misión. Aunque ENOC ha proporcionado orientación y asistencia a sus (44) miembros a lo largo de sus 26 años de existencia, los Estados y las autoridades internacionales, como principales vigilantes del cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, son quienes tienen la responsabilidad de apoyar y reforzar las ICRIs.

Las niñas, niños y adolescentes son titulares autónomos de derechos, que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y cumplir en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN). Independientemente de su situación específica, son, ante todo, personas menores de edad y deben ser protegidas como tales en todos los aspectos de la vida. Es necesario reconocer que se encuentran en un estado constante de desarrollo y que están en una situación más susceptible de sufrir vulneraciones de derechos, que afectan tanto a su condición actual como a sus perspectivas a largo plazo. En consecuencia, el interés superior del menor debe ser la preocupación principal y rectora de todas las leyes, políticas y decisiones que afecten a la infancia y a la adolescencia (Art. 3 CDN). Las niñas, niños y adolescentes dependen de las personas adultas para su bienestar y para el respeto de sus derechos. En numerosas ocasiones no se suelen escuchar sus opiniones y tienen más dificultades para defender sus derechos. Además, las opiniones y los intereses de los niños, niñas y adolescentes pueden diferir de los de las personas que les cuidan, lo que puede hacer que su posición sea aún más vulnerable.

En la mayoría de los países, las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a dificultades considerables para acceder a mecanismos de queja eficaces, lo que restringe aún más su acceso a recursos adaptados a sus necesidades y a una reparación rápida cuando se vulneran sus derechos. Las personas menores de edad son las principales usuarias de algunos servicios públicos (educación, servicios sociales de protección, etc.), pero su limitado poder político puede llegar a excluirlas de los procesos públicos de toma de decisiones.

Reconociendo esta contradicción y la condición específica que ostentan los niños, niñas y adolescentes, ENOC destaca el papel vital de las ICRIs para proteger, promover y supervisar los derechos de la infancia, esforzándose por garantizar que los Estados, incluidos los gobiernos, cumplan sus obligaciones en virtud de la CDN.

Las ICRIs deben ser accesibles a todas las personas menores de edad y deben informar y concienciar proactivamente a las niñas, niños y adolescentes sobre sus derechos. Deben esforzarse por que todas las niñas y todos los niños puedan expresar sus puntos de vista, y que sus opiniones se tengan en cuenta y se actúe en consecuencia. La independencia de las ICRIs es un aspecto fundamental en su trabajo, que garantiza la primacía de un enfoque basado en los derechos de la infancia y la adolescencia y en el interés superior del menor. Las ICRIs deben ser independientes de los gobiernos y deben poder determinar todos los aspectos de su trabajo, incluida la asignación de recursos, las estrategias políticas y operativas, así como otras cuestiones. La visibilidad, la accesibilidad y la dotación adecuada de recursos son elementos esenciales que garantizan la eficacia de las ICRIs, así como su acercamiento a las niñas y los niños y a las personas que las defienden. Al fortalecer las ICRIs, éstas pueden defender eficazmente los derechos de la infancia, aumentando la probabilidad de que se reconozcan y se prioricen las preocupaciones expresadas por los niños, niñas y adolescentes.

La colaboración con las personas menores de edad es un elemento central del funcionamiento de las ICRIs y la promoción de su participación significativa forma parte de su mandato.

Esta declaración institucional se basa en el estudio “Instituciones Independientes de Derechos de la Infancia: estrategias actuales, enfoques y desafíos en la protección y promoción de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia” y en consultas con los miembros de ENOC.

También se ha nutrido y enriquecido con las recomendaciones acordadas por la Red Europea de Jóvenes Consejeros (ENYA – European Network of Young Advisors). El documento hace un llamamiento al reconocimiento y a la protección de las ICRIs por parte de los Estados y de los actores internacionales, haciendo hincapié en el compromiso compartido de los miembros de ENOC de colaborar, independientemente de sus contextos diversos, en la protección y promoción de los derechos y el bienestar de la infancia y la adolescencia.

Subrayando que los Estados tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias para aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), también mediante la creación de Instituciones Independientes de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (ICRI) eficaces;

Subrayando que los Estados tienen que garantizar el acceso a una ICRI a las personas menores de edad y a quienes las cuidan;

Reconociendo que las ICRIs, con diversidad de estructuras y formas, desempeñan un papel fundamental en la aplicación nacional/regional de la Convención sobre los Derechos del Niño, con una serie de competencias para proteger y promover los derechos de la infancia y la adolescencia y exigir responsabilidades a las autoridades;

Afirmando que ENOC es una voz fuerte para las ICRIs, comprometida con la defensa de instituciones independientes, accesibles, visibles, comprometidas y dotadas de los recursos adecuados;

Apoyando la realización de todas las disposiciones consagradas en la CDN y, especialmente, los siguientes derechos y principios generales: el derecho a la no discriminación (Artículo 2), el derecho de las personas menores de edad a que su interés superior sea una consideración primordial (Artículo 3), el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (Artículo 6), y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchadas y a que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones (Artículo 12).

Nosotras, las instituciones miembros de ENOC, instamos a las organizaciones, a los Estados y a las autoridades nacionales y regionales, internacionales y europeas, a que cumplan sus obligaciones aplicando las siguientes recomendaciones.

ENOC hace un llamamiento a la UE, al Consejo de Europa, al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y a otras instituciones europeas e internacionales pertinentes a:

• Promover la creación de Instituciones Independientes de Derechos de la Infancia, garantizando que cumplen las normas mínimas establecidas en los Principios de París, los Principios de Venecia y la Observación General Nº 2 del Comité de los Derechos del Niño;
• Supervisar que en los países en los que existen ICRIs, y especialmente cuando forman parte de una INDH más amplia o de una Defensoría de mandato general, las autoridades estatales garanticen los recursos adecuados específicos para la infancia con el fin de aumentar la visibilidad de las ICRIs y su capacidad para llevar a cabo su mandato de forma efectiva;
• Evaluar periódicamente si los Estados proporcionan la base legislativa y las competencias, así como los recursos técnicos, financieros, humanos y de otro tipo necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo del mandato de las ICRIs;
• Desarrollar recomendaciones específicas para los Estados sobre el papel clave de las ICRIs en la supervisión independiente de la aplicación de las normas sobre los derechos de la infancia, y sobre la necesidad y los medios para reforzar su papel y
• Adoptar un enfoque basado en derechos en la toma de decisiones públicas, en el desarrollo y aplicación de leyes, políticas, decisiones presupuestarias, programas y servicios que afecten a la infancia y la adolescencia, en consonancia con la Declaración institucional de ENOC sobre la evaluación de impacto sobre los derechos de la infancia (2020);
• Garantizar que la educación en Derechos Humanos y Derechos de la Infancia se incluye en el currículo escolar de todos los niveles, incluyendo contenidos que expliquen cómo acceder y solicitar una reparación efectiva por vulneración de derechos, incluso ante las ICRIs.

Nosotras, Defensorías y Comisariados para la Infancia, nos comprometemos a:

• Defender siempre la perspectiva de niños, niñas y adolescentes; actuar sin discriminación en favor de sus intereses superiores y promover el disfrute de sus derechos, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;
• Adoptar medidas para ejercer todas las facultades de nuestro mandato, incluyendo la vigilancia, protección y promoción de los derechos de todas las niñas y los niños, en la mayor medida posible;
• Actuar de forma independiente, en consonancia con los Principios de París, los Principios de Venecia y la Observación General Nº 2, para proteger y promover los derechos de la infancia y la adolescencia a nivel regional o nacional;
• Promover disposiciones legales que garanticen la existencia de Departamentos/Unidades de los derechos de la infancia o Adjuntías de la Infancia dentro de una INDH más amplia o de una Defensoría de mandato general, y que dichas instituciones tengan el poder, el espacio y la autonomía para ser visibles y activas a través de intervenciones públicas;
• Adoptar medidas proactivas, estratégicas y creativas para cumplir todos los aspectos de nuestro mandato, incluido, cuando proceda, la creación de mecanismos de queja eficaces y adaptados a la infancia y adolescencia, para ofrecer reparación por las vulneraciones de sus derechos;
• Proporcionar una respuesta, un apoyo y un remedio rápidos, teniendo en cuenta la diferente percepción y experiencia del tiempo para las personas menores de edad, así como adaptar nuestros procedimientos o procesos a sus necesidades evolutivas;
• En relación con las quejas, proporcionar o garantizar un enfoque riguroso, justo, centrado en la persona menor de edad y basado en derechos, y poner periódicamente en conocimiento de las personas que tomen decisiones las conclusiones y recomendaciones que se emitan;
• Proporcionar o promover que se ofrezca formación y desarrollo para profesionales, personas voluntarias y personas que trabajen con y en defensa de las niñas, los niños y los adolescentes, con el fin de integrar y salvaguardar los derechos de la infancia en su labor;
• Sensibilizar, de manera adecuada a su edad, a las niñas, niños y adolescentes sobre los derechos de infancia y, de forma especial, a quienes pertenezcan a grupos vulnerables, a quienes les cuidan y a cualquier otra persona adulta que trabaje con o para ellos y ellas;
• Aumentar la visibilidad y accesibilidad de la ICRI entre las niñas, niños y adolescentes, especialmente entre quienes se encuentran en grupos y/o circunstancias vulnerables; las personas que los cuidan; así como, los profesionales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con y en defensa de las niñas y niños;
• Acercarse regularmente a los niños, niñas y adolescentes, reunirse y comprometerse con ellas de forma significativa en todos los entornos y áreas geográficas posibles, como centros educativos, residenciales y cerrados, centros comunitarios y otros;
• Diseñar las ICRIs de acuerdo con su finalidad, con espacios físicos y digitales adecuados a la edad;
• Implicar sistemáticamente a las niñas, niños y adolescentes en el trabajo de la institución de diferentes maneras, incluso a través de mecanismos participativos significativos como encuestas, grupos de discusión, entrevistas, paneles consultivos infantiles, etc., de modo que se tengan plenamente en cuenta las experiencias y puntos de vista de las personas menores de edad. Esto incluye su participación en el futuro desarrollo, evaluación y ejecución del trabajo de la institución;
• Desarrollar, cuando proceda, procedimientos de autoevaluación o evaluación independiente sobre el impacto y el alcance de las competencias y recursos de la institución, de modo que su potencial pueda aprovecharse plenamente;
• Promover la puesta en marcha de las evaluaciones de impacto sobre los derechos de la infancia y la adolescencia en la elaboración y aplicación de leyes, políticas, decisiones presupuestarias, programas y servicios que afecten a los niños y niñas;
• Garantizar que las ICRIs sean una referencia como centro de conocimiento cualificado y fiable, y que todo el personal reciba formación periódica avanzada e intersectorial sobre los derechos de la infancia y la adolescencia. Además, hay que asegurarse de que el personal designado tenga una formación especial sobre la participación y la protección de los niños, niñas y adolescentes;
• Alinear las estrategias y prioridades de las ICRIs con los problemas a los que se enfrentan las personas menores de edad en el disfrute diario de sus derechos, incluidas aquellas que se encuentran en circunstancias especialmente vulnerables;
• Presentar informe(s) alternativo(s), informado(s) por las opiniones de niñas, niños y adolescentes, al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el marco de la Revisión Periódica al Estado. Facilitar la participación de los niños, niñas y adolescentes en los intercambios de puntos de vista ante el Comité.

La Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), conformada por las Defensoras y Defensores del pueblo, Procuradoras y Procuradores, Comisionadas y Comisionados para los derechos humanos de Iberoamérica, celebra la apertura al diálogo por parte de las delegaciones de todos los países de la región que hizo posible la adopción de la Declaración para la Protección e Integración de la Niñez y Adolescencia Migrante y Refugiada en Las Américas por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Recibimos esta Declaración como una reafirmación del compromiso en los países de la región por dar continuidad a los esfuerzos previos plasmados en instrumentos adoptados previamente, como la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños de Naciones Unidas,2 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, y los estándares desarrollados por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo la Opinión Consultiva OC-21/14 Derechos y garantías de:

1. Para conocer la Declaración para la Protección e Integración de la Niñez y Adolescencia Migrante y Refugiada en Las Américas por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, visite el siguiente enlace https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2023/06/Declaracion-Ninez-Migrante-Adoptada-junio-OEA.pdf.
2. Para efectos del presente posicionamiento y reconociendo la importancia de incorporar un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, es que nos referiremos a todo tratado y/o marco normativo en materia de derechos humanos de manera explícita a niñas y niños.

Resaltamos la importancia que tiene reconocer a la migración como un fenómeno inherente a la naturaleza humana en las primeras líneas de la Declaración, pues es la primera vez que esto aparece en un documento del Sistema Interamericano.

La Declaración es importante porque refuerza el marco regional para abordar los desafíos relacionados con la migración de las infancias y adolescencias reconociendo sus derechos y necesidades específicas; promueve el fortalecimiento de la cooperación regional desde una perspectiva de responsabilidad compartida entre los Estados respecto de la protección y promoción de los derechos humanos y del interés superior de la niñez en contextos migratorios, y fomenta la adopción de medidas que faciliten la incorporación social de las niñas, niños y adolescencias migrantes y sujetas de protección internacional.

Con esta Declaración, los países de la región y las instituciones del Sistema Interamericano nuevamente se colocan al frente en la integración e implementación de los estándares más avanzados para la protección de derechos de las infancias y adolescencias en situación de movilidad humana a nivel mundial.

Se hace necesario destacar y poner atención especial a las opiniones de infancias y adolescencias, dado que las políticas públicas deben considerar sus experiencias, necesidades y propuestas.

Finalmente, para la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas y la de Niñez y Adolescencia, hacemos un llamado a los Estados de la región a dar seguimiento a la Declaración manteniendo el diálogo y articulando esfuerzos para definir prioridades y desarrollar una agenda regional para trasladar los compromisos asumidos en políticas públicas, medidas legislativas concretas y diseñando indicadores que permitan evaluar de manera periódica, regular y a través de información pública y accesible, el cumplimiento de dichos compromisos en favor de la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana.

Los organismos que componen el sistema no jurisdiccional de derechos humanos en Las Américas continuarán realizando sus labores de defensa, protección, promoción, investigación y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescencias en situación de movilidad, para favorecer el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la Declaración a través del reconocimiento de las problemáticas que les atañen a las infancias y adolescencias migrantes en cada uno de los países de la región, atendiendo las quejas y denuncias por presuntas violaciones a sus derechos, incidiendo en la legislación y en la observancia de políticas públicas favorables al ejercicio de sus derechos humanos, favoreciendo la creación e implementación de mecanismos especializados para atenderles, propiciando la profesionalización de quienes les atienden directamente y colaborando en el diseño de procedimientos de consulta y participación para que sus voces sean escuchas y tomadas en cuenta para la toma de decisiones.