Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 21/2381 dirigida a Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a nuestra petición de informe inicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que dicte resolución a la mayor brevedad posible al escrito de la persona reclamante, que resulta objeto de nuestra intervención.
ANTECEDENTES
Con fecha 22 de junio de 2021 interesábamos de ese Ayuntamiento el envío del preceptivo informe solicitado en el curso de la investigación del expediente de queja que se tramita con el número de referencia que se indica en el encabezamiento de este escrito.
La petición de ese informe no ha sido atendida por lo que, como conoce, nos hemos visto obligados reiterar en una ocasión dicha petición con fecha 12 de agosto de 2021 (se remiten copias de los documentos citados).
Esta Institución debe manifestar de manera expresa la deficiente atención que ha prestado a las labores de investigación. Debemos señalar la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja.
Creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales.
En cuanto a la cuestión analizada en el presente expediente de queja y a pesar de la falta de información concreta que le ha sido solicitada, esta Institución debe ofrecerle sus valoraciones.
Así, la persona reclamante nos exponía lo siguiente:
“Denuncié en urbanismo la legalidad de una Antena o repetidor de telefonía móvil, instalada en el piso en el cual solo somos dos propietarios. En un principio no denuncié estos hechos, puesto que está colocado en el techo de su trastero que está en la azotea el vecino de arriba que según me parece algo tiene que ver con esta compañía de telefonía.
Hablando con mi seguro de hogar me han comunicado que es un elemento común puesto que está en la fachada. Solicité en urbanismo la retirada de dicha antena pero según me explicó el perito que solo le van a pedir la licencia, aunque no me pidieran permiso para la colocación de dicha antena. Iba a pedir abogado de oficio para ir por lo civil pero me han comentado que tengo que ir por lo penal.
Según mis escrituras tanto las cargas como los beneficios son al 50 por ciento. No hay comunidad de vecinos. Puesto que solo somos dos.
Los operarios tienen llaves y vienen cuando quieren, no tengo intimidad, da igual que sea las 8 que las 16. Suben por las ventanas al tejado donde está colocada la antena. Pudiendo caer hacia el ojo patio que da al interior de mi vivienda.
Pérdida del valor de mi vivienda en el caso de que quisiera venderla, ya que ni el propietario del 1 piso ni la compañía han contado con mi autorización.
Ya que urbanismo no retira dicha antena, ¿si presentan licencia podré reclamar el 50% de los beneficios?. Mi pregunta es ¿tengo que hacerlo por la vía penal?¿No me ampara ninguna ley?. En el caso de hacerlo, tendré yo que asumir las costas del juicio.”
Se adjunta documentación remitida por la interesada en torno al asunto planteado.
A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera.- El silencio de esa esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.
Segunda.- El artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.
Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.
Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos a Vd. la siguiente
RESOLUCIÓN
RECORDATORIO 1. - del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.
RECORDATORIO 2.- del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.
RECOMENDACIÓN. - consistente en la necesidad de dictar resolución a la mayor brevedad posible al escrito de la persona reclamante, que resulta objeto de la presente intervención del Defensor del Pueblo Andaluz.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
0 Comentarios
Escribir un comentario