El sistema sanitario público es uno de los principales pilares del Estado del bienestar. El establecimiento de una cobertura integral de la asistencia sanitaria en los casos de pérdida de la salud, se percibe como un derecho fundamental que trasciende el limitado marco de garantías que le otorga su reconocimiento constitucional. La vinculación de este mecanismo de protección a un bien tan esencial como la propia vida le ha conferido un valor especial para la ciudadanía y ha propiciado el interés y la preocupación de la misma por su correcto funcionamiento.
Un interés y una preocupación que constatamos en las numerosas quejas que ha venido recibiendo el Defensor del Pueblo Andaluz en relación con el sistema sanitario desde el inicio de la actividad de esta Institución.
No obstante, esa inquietud ciudadana por el funcionamiento del sistema sanitario andaluz ha experimentado últimamente un crecimiento significativo, como lo atestigua el aumento de las quejas recibidas, y ha trascendido el ámbito de la queja o la reclamación para trasladarse a la calle en forma de manifestaciones multitudinarias que, iniciadas en determinadas localizaciones y en relación a problemáticas concretas, parecen extenderse a otros puntos de nuestra geografía y abarcar un campo mas amplio de reivindicaciones, auspiciadas bajo la proclama de la defensa de “una sanidad digna”.
Una muestra tan significativa de malestar ciudadano no puede ser ignorada, ni menos aún descalificada o menospreciada, porque supone la expresión pública de un descontento con el funcionamiento del sistema sanitario andaluz, que se extiende desde hace tiempo entre el colectivo de profesionales de la sanidad y también entre usuarios y pacientes.
Un descontento que trae causa, entre otras razones, de los retrocesos habidos en la calidad del sistema sanitario como consecuencia de las medidas de austeridad implantadas durante la crisis económica y que afectaron a todos los servicios públicos. Una pérdida de calidad, que para los usuarios del sistema se ha traducido en incrementos de las listas de espera para recibir las prestaciones sanitarias que precisan, en aumentos en los copagos de medicamentos, en saturación de dispositivos asistenciales y en una disminución de la calidad asistencial. Por su parte, los profesionales sanitarios acusan el impacto de las tasas de reposición que han dificultado la contratación del personal necesario para cubrir con garantías los servicios sanitarios y ha conllevado un incremento de la presión asistencial y una disminución de los recursos disponibles para una correcta atención a los usuarios.
Es obligado, no obstante, reconocer que durante la crisis económica la Junta de Andalucía, a diferencia de lo ocurrido en otras Comunidades Autónomas, asumió como prioritario el mantenimiento del servicio público de salud y como consecuencia de ello la Administración Sanitaria andaluza realizó una opción decidida por destinar los escasos recursos disponibles al mantenimiento de los servicios sanitarios, aunque ello implicara dejar en suspenso algunas de las inversiones previstas para mejorar la calidad del sistema o reducir los presupuestos destinados a otras necesidades del sistema sanitario.
Sea como fuere, es evidente que los retrocesos habidos en la calidad del sistema sanitario andaluz como consecuencia de la crisis económica constituyen uno de los motivos que explican los movimientos ciudadanos de protesta, cuyas reivindicaciones traslucen el anhelo ciudadano por recuperar los niveles de calidad del sistema y por seguir avanzando en la consecución de un sistema sanitario de excelencia.
Junto a ello, es necesario mencionar la incidencia que en algunas de las protestas mas multitudinarias ha tenido la decisión de aplicar nuevos modelos organizativos sin someter los mismos al previo debate con los sectores profesionales y ciudadanos afectados, que hubieran posibilitado un modelo mas consensuado y respetuoso con las necesidades y aspiraciones de todos los colectivos.
Un olvido de los cauces participativos previstos en el sistema que nos lleva a valorar muy positivamente la decisión de la Administración sanitaria de paralizar estas decisiones y retomar la senda del diálogo para alcanzar un consenso, que estamos seguros de que será la base desde la que recuperar la confianza pérdida y lograr diseñar el mejor de los sistemas para las zonas afectadas.
En esta Institución pensamos que de esta experiencia pueden extraerse enseñanzas positivas y servir para la creación de mecanismos de diálogo que resultarán de suma utilidad en situaciones futuras. En este sentido, consideramos necesaria y urgente la revitalización de los foros establecidos de participación en el ámbito sanitario.
Somos conscientes de que el sistema sanitario público de Andalucía goza de un reconocimiento merecido pero también creemos que el mismo ofrece un amplio margen de mejora, incluso asumiendo que deberá hacerse sobre la base de unos recursos siempre limitados y sometido permanentemente al debate de su sostenibilidad. Por eso pensamos que es necesario llegar a un acuerdo que fije los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública por parte de quienes están llamados a ejercerla, que en definitiva somos todos los sectores de la sociedad.
