La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Por la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer

 

  • Reiteramos la necesidad de tener en cuenta la dimensión de la igualdad de género a la hora de abordar los problemas de nuestra sociedad.

     

  • Urge un cambio en el concepto de igualdad de género, más amplio del existente: no solamente igualdad de jure sino también de facto.

     

  • La falta de igualdad se sigue manifestando con toda su crudeza, como es el caso de la violencia contra las mujeres.

     

  • El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación

 

Sevilla, 8 de marzo de 2017. La eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo se configura como un factor determinante para un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad. No obstante, las estadísticas siguen mostrando, al igual que en los países de nuestro entorno, que todavía persisten importantes desigualdades entre hombres y mujeres.

 

Es evidente que, en muchos ámbitos, se han eliminado discriminaciones y que las desigualdades también han disminuido, pero aún quedan otros en donde la falta de igualdad se sigue manifestando con toda su crudeza, como es el caso de la violencia contra las mujeres, una de las violaciones de derechos humanos más habitual.

 

La igualdad no se genera por el mero trato igualitario dado a personas socialmente desiguales. No se puede gobernar ni impulsar una buena administración pública simplemente respondiendo con una normatividad jurídica que consagre la igualdad entre hombres y mujeres, cuando en la realidad no existe igualdad de oportunidades.

 

Es por ello que desde hace algunos años, urge establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres, desarrollar políticas de igualdad de oportunidades y sobre todo, impulsar una educación igualitaria.

 

Ello significa que “la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas”, tal y como recoge la Unión Europea, que destaca como elemento clave un cambio en el concepto de igualdad de género, más amplio del existente: no solamente igualdad de jure sino también de facto.

 

Por eso, hoy, Día Internacional de la Mujer, como Institución garante de derechos volvemos a reiterar la necesidad de tener en cuenta la dimensión de la igualdad de género a la hora de abordar los problemas de nuestra sociedad.

 

No en vano, el diagnóstico que se efectúa en la Resolución no vinculante del Parlamento Europeo de 9 de Junio de 2015 aludía a que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta y para su toma de consideración hay que tener en cuenta las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación que sufren muchas mujeres y niñas (por razones de discapacidad, origen inmigrante, origen étnico, edad, orientación sexual, identidad de género, embarazo, condiciones de vivienda, bajo nivel educativo, ser víctima de la violencia, etc.) y que sus condiciones han empeorado durante los últimos años.

 

Es un hecho que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental reconocido en diversos Tratados Internacionales , así como en nuestra Constitución española y en nuestro Estatuto de Autonomía, si bien, los avances siguen siendo insuficientes y aún persisten muchas desigualdades entre mujeres y hombres.

 

Los roles de género tradicionales y los estereotipos siguen teniendo una gran influencia en la división de tareas entre mujeres y hombres en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general, limitando, por tanto, las opciones de empleo y el desarrollo personal y laboral de las mujeres, e impidiéndoles realizar su pleno potencial como personas y como agentes económicos.

 

Según la Unión Europea, a este ritmo habrá que esperar hasta 2038 para alcanzar el objetivo consistente en que la tasa de empleo de las mujeres sea del 75 %, y que la igualdad salarial se hará realidad en 2084; que es posible lograr la igualdad de representación en los Parlamentos nacionales, en las instituciones de la UE y en los consejos de administración de las empresas europeas antes de 2034, pero el reparto igualitario de las tareas domésticas no sería una realidad hasta 2054.

 

Son muchos los estudios y estadísticas en los que se concluye que hay más mujeres que hombres en situación de pobreza y exclusión, en gran parte porque, por motivos familiares, las mujeres trabajan con mayor frecuencia que los hombres a tiempo parcial o con contratos de trabajo temporales, por lo que la pobreza de las mujeres se debe en gran medida a la precariedad de sus empleos y a las diferencias salariales por igual trabajo desempeñado.

 

En este orden de cosas, la tasa de empleo de las mujeres en la Unión Europea es del 63 %; la diferencia salarial entre mujeres y hombres se cifra en 16,4 %; el 73 % de los diputados nacionales en los países de la UE son hombres, las mujeres representan el 17,8 % de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas y dedican a las tareas domésticas por semana más del triple de tiempo que los hombres (por ejemplo, cuidando de los niños, de las personas de edad avanzada o de las discapacitadas y realizando tareas del hogar);

 

En otros campos, las mujeres constituyen cerca del 60 % de las licenciaturas universitarias en la UE y, sin embargo, su representación entre el alto funcionariado y en los cargos decisorios es desproporcionadamente baja; la proporción de científicas e ingenieras en la UE no alcanza el 33 %, mientras que las mujeres representan el 80 % de la población activa en los sectores de la sanidad, la educación y el bienestar social.

 

Ante este panoroma aún desolador no podemos si no concluir que aún queda mucho por hacer para la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y que para su pleno alcance hay que tener en cuenta la perspectiva de género, los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades en la elaboración de las políticas públicas, en los Presupuestos y en la aplicación de los programas y medidas que se pongan en marcha.

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará en Cádiz los días 14 y 15 de marzo

La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz se desplazará a Cádiz, los próximos días 14 y 15 de marzo para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía.

 

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

 

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta ambos días en horario de mañana, de 9:30 a 14:00 horas, y de tarde, de 17:00 a 19:00 horas, en el Aulario Simón Bolívar (primera planta), de la Universidad de Cádiz, en la avenida Duque de Najera, 16.

 

Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la Oficina y trasladar su reclamación durante esos días, si bien, para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También por facebook (https://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz/) o twitter (@DefensorAndaluz).

 

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también aprovechará este viaje para reunirse con trabajadores sociales y con representantes de asociaciones, con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

 

Junto a la atención ciudadana por parte de la Oficina del Defensor, el programa del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, lo completa reuniones con el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad de Cádiz y la Diputación de Cádiz, además de la visita a la Fundación Tierra de Todos.

 

El Defensor del Pueblo andaluz considera que el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana no debe continuar en tanto no se haga el informe de evaluación conjunto del impacto que puede generar la ejecución de los 4 tramos del proyecto

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, mantuvo ayer una reunión con varios miembros de la Plataforma Salvemos Doñana, solicitada por la iniciativa ciudadana para intercambiar información e impresiones.

 

La Plataforma Salvemos Doñana solicitó el amparo del Defensor del Pueblo andaluz, por la posible amenaza que para la conservación del Espacio Natural Doñana y su entorno suponen los proyectos de almacenamiento de gas en el subsuelo de dicho territorio, promovidos por Gas Natural Fenosa. El Defensor expresó a los asistentes que, al menos en tanto se realiza un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas, y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.

 

Jesús Maeztu informó a los integrantes de la iniciativa ciudadana sobre el trabajo que esta Institución está desarrollando para despejar las dudas sobre los riesgos que se ciernen sobre el espacio protegido y su entorno y mantener a la ciudadanía informada sobre su situación actual. En particular, informó sobre la actuación desarrollada para valorar la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de Interés Comunitario de absoluta referencia para nuestra Comunidad Autónoma en términos ambientales. Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la Administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto, quien en su Informe de 2016 se ha pronunciado en los términos de que considera que se debe hacer ese informe conjunto.

 

Finalmente, Maeztu y todos los asistentes coincidieron en que debemos encontrar la forma de blindar Doñana y su territorio para poder dejar de hablar algún día de las amenazas de este paraíso protegido y hablar de un paraíso modelo en la conservación de sus recursos naturales, el desarrollo de proyectos integrados, la creación de empleo verde y el uso de energías limpias.

Comunicado ante la convocatoria de acceso al cuerpo de profesores de música y artes escénicas

Los candidatos/opositores andaluces a participar en las pruebas de acceso al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas de Andalucía ven peligrar su empleo con la convocatoria a efectuar en 2017.

La actual coyuntura política y económica ha provocado que durante muchos años no se hayan convocado oposiciones para este Cuerpo funcionarial en prácticamente ninguna comunidad autónoma.

Si al importante número de plazas previstas para las distintas especialidades se suma el hecho de que este año no va a haber casi ninguna otra Comunidad Autónoma que convoque oposiciones, es más que evidente que se produzca un “efecto llamada” que ocasione una masiva afluencia de opositores provenientes de otros territorios.

Estos hechos, junto al que Andalucía es una Comunidad Autónoma que no incluye entre las pruebas a desarrollar la específica de lengua propia (casos de País Vasco, Cataluña y Galicia), ciertamente pueden perjudicar a todos los aspirantes a una plaza (andaluces o no), viendo reducidas sus posibilidades en particular al actual funcionariado interino de la Junta de Andalucía, condenados a una mayor inestabilidad laboral, cuando no directamente al desempleo, toda vez que el proceso selectivo afectaría al estado de situación de las bolsas de interinidades de los Profesores de Música y Artes Escénicas al reconocerse los servicios prestados en otras Administraciones una vez se incorporen a las respectivas bolsas.

Ante esta problemática, Comunidades Autónomas como las de Navarra y La Rioja ya han manifestado su intención de no realizar convocatorias de oposiciones.

Por otro lado, tampoco resulta lógica la previsión de la Administración andaluza, respecto a las convocatorias de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, de dividir estas convocatorias: el acceso por méritos en 2017, y el acceso libre en 2018, ya que de ser así esto no da una visión real de la situación actual de plazas vacantes en los conservatorios profesionales. Entendemos que el proceso lógico de convocatoria debe ser Cátedras en primer lugar, tanto las de Acceso por Méritos como las de Ingreso, y en 2018 las correspondientes a Profesores, respetando el turno lógico, a la par que las otras Comunidades Autónomas. Y, con ello, quedaría resuelto el problema de las Comisiones de servicio de la mayoría del profesorado que actualmente prestan servicios en los Conservatorios Superiores, dejando plazas vacantes en los Conservatorios Profesionales que puedan ser incluidas en la convocatoria.

Desde este Comisionado, que asume las demandas y preocupaciones de los trabajadores andaluces, se iniciará una actuación de oficio ante la Consejería de Educación, al objeto de que se adopten cuantas medidas sean necesarias en orden a:

1) Que la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas se realicen en el ejercicio de 2018, simultánemente con el resto de Comunidades Autónomas y, coincidentes, como es habitual, con las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria.

2) Que en el presente ejercicio de 2017, se efectúen las convocatorias (por méritos y libres) al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, resolviendo así el problema de las Comisiones de servicio de la mayoría del profesorado que actualmente prestan servicios en los Conservatorios Superiores y dejando plazas vacantes en los Conservatorios Profesionales que puedan ser incluidas en la convocatoria.

El Defensor del Pueblo andaluz reclama la derogación del programa de solidaridad por "obsoleto" y su sustitución por otro

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha considerado hoy que, a la luz de las carencias que sigue detectando en la aplicación del Programa de Solidaridad de los Andaluces, la institución solicita la derogación del programa actual y su sustitución por una nueva regulación en relación al artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que regula la Renta Básica, si bien hasta tanto la misma se apruebe, la reforma del Programa de Solidaridad no puede aplazarse por más tiempo.

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, donde ha presentado el informe especial 25 años del programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en las actuaciones del DPA  al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, Jesús Maeztu ha calificado de "obsoleto" este programa. Jesús Maeztu ha repasado que este programa nace con unas deficiencias desde el primer decreto en 1990 que, lamentablemente, perduran en la actualidad, y que serían:

La excesiva lentitud en el procedimiento administrativo, tanto en las resoluciones como en la agilidad para conceder las ayudas. Y desigualdades territoriales en la gestión.

Las dificultades presupuestarias, que ya desde los primeros años genera una situación de paralización de expedientes.

La temporalidad de seis meses de la ayuda.

El programa subsiste con una misión fundamentalmente asistencial y renunciando a sus objetivos de lograr la reinserción social, ya que las medidas necesarias para ello pivotaban sobre unos itinerarios de empleo que se han convertido en ilusorios.

"Resulta por tanto evidente que la inmediatez de la intervención social ha quedado sepultada por el marasmo de la lentitud burocrática y por la imposibilidad de resolver los procedimientos en unos plazos aceptables", ha señalado el Defensor del Pueblo andaluz.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que el derecho a percibir una renta mínima garantizada debería formularse como un derecho subjetivo igual para todos los ciudadanos y ciudadanas de todo el territorio nacional en situación de necesidad. Jesús Maeztu se ha mostrado convencido de que gracias al Programa de Solidaridad muchos miles de familias andaluzas han visto paliadas sus circunstancias de pobreza, y por ello ha solicitado una nueva regulación que debiera estudiar las siguientes 21 recomendaciones:

PROPUESTAS DE DEFINICIÓN
1.- Derogación o sustitución del programa.
2.- Aclaración del concepto de unidad familiar adaptado a las actuales circunstancias sociales.
3.- Definición de recursos computables de unidad familiar.
4.- Protocolos de coordinación con servicios sociales.
5.- Armonización con ley orgánica 4/2000 y Ley de Servicios Sociales de Andalucía para el reconocimiento de personas extranjeras no comunitarias.
6.- Instrucciones generales de los Servicios Centrales de la Consejería ante las dudas de órganos provinciales de gestión.
7.- Medios para facilitar la acreditación de requisitos.
8.- Adaptación de la aplicación informática SISS para gestiones.
9.- Reconsiderar si sigue siendo conveniente la previsión de medidas adicionales al Ingreso Mínimo de Solidaridad.
10.- Analizar la pervivencia del Compromiso de Inserción.
11.- Participación de los servicios sociales comunitarios como colaboradores en la gestión inicial del procedimiento.

PROPUESTAS DE GESTIÓN

12.- Unidades o personal específico para ofrecer información en la fase inicial en las delegaciones territoriales.
13.- Aclaración sobre el informe que deben elaborar las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Asuntos Sociales sobre las condiciones sociales y económicas en que se hallen las familias.
14.- Valorar si se mantiene la obligación de revisión de oficio cuando cambian las circunstancias de las familias.
15.- Valorar la existencia de las comisiones de valoración.
16.- Indicadores o criterios objetivos sobre la consideración de situación de emergencia ante las desigualdades territoriales que actualmente se están provocando.
17.- Aclarar si el IMS es una subvención u otro tipo de prestación económica, debiendo adaptarse y regularse su tramitación económica y contable.
18.- Instrucción de la Intervención General de la Junta sobre su fiscalización.
19.- Estudiar la posibilidad de que Tesorería pague el IMS como si de una nómina se tratase.

PROPUESTAS DE RECURSOS

20.- Ampliar anualmente el crédito presupuestario hasta la cuantía necesaria para absorber la demanda que en cada momento pudiera existir.
21.- Dotar de efectivos de personal adecuados al volumen de trabajo de las delegaciones territoriales y las intervenciones provinciales.
 

10 h: Entrega al Presidente del Parlamento de Andalucía del Informe Especial "25 años del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en las actuaciones del dPA
Sugerimos a las 8 Diputaciones que presten asistencia a los pequeños ayuntamientos para que puedan informar a su población del proceso de reclamación de las cláusulas suelo

Nos hemos dirigido a las 8 Diputaciones provinciales y les hemos pedido que faciliten asistencia a aquellos Ayuntamientos de sus respectivas provincias que así lo soliciten y acrediten no disponer de recursos propios suficientes para ofrecer asesoramiento a su población en relación con el proceso de reclamación establecido por el RDL 1/2017, de 20 de enero, para la solicitud de devolución de las cantidades cobradas en exceso por las entidades financieras en virtud de la inclusión de cláusulas suelo abusivas en los contratos hipotecarios.

Ciudad abierta, ciudad de todos

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha intervenido este viernes 17 de febrero en una mesa de diálogo, junto a Manuel Delgado Ruiz, dentro del encuentro organizado en torno a una “arquitectura por y para la sociedad”,

Partiendo de la ciudad como espacio “de y para las personas”, el Defensor ha aportado algunas reflexiones en torno al papel que deben desarrollar nuestras ciudades en estos primeros años del siglo XXI y que pueden resumirse en:

1) Nuestras ciudades tienen que ser inteligentes, es decir conocer las necesidades de la población y dar respuestas eficaces y eficientes. Más allá de la enorme expectativa de negocio que la incorporación de las TIC genera al “funcionamiento” de nuestras ciudades, el objetivo irrenunciable de un modelo “smart city” de ciudad es la inclusión social y la sostenibilidad ambiental aprovechando las oportunidades que ofrecen las TIC.

2) En coherencia con ello pero también con el objetivo de la lucha contra el cambio climático habrá que hacer un reparto bastante más equitativo del espacio público del que hoy ofrecen nuestras ciudades entre las personas y los automóviles, devolviendo el espacio ocupado por vehículos.

3) Nuestras ciudades continúan siendo inaccesibles para ese gran colectivo, que representa en torno al 9 % de nuestra población, que son las personas con movilidad reducida o con discapacidad. Es tiempo y hora de inventariar barreras, planificar actuaciones y asumir financieramente los costes para su supresión como premisa indispensable para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en nuestras ciudades.

4) Hay que incorporar la perspectiva de la salud y la calidad de vida como referencias obligadas en el ejercicio profesional de la arquitectura.

5) Finalmente, la quinta reflexión está muy relacionada con el auge de las redes sociales, el acceso a los “big data” y, en suma, las oportunidades que las TICs ofrecen para una participación real y efectiva de la ciudadanía en el diseño de ciudad.

Durante su intervención, Jesús Maeztu ha defendido que la ciudad que queremos debe ser fruto de “la codecisión” adoptada por los gobiernos locales y la ciudadanía facilitando a través de las plataformas idóneas la participación ciudadana, tanto en la aprobación de los planes, como en las modificaciones que imponga la dinámica social, económica o ambiental, evitando que éstas se lleven a cabo, como ocurre con frecuencia, de espaldas a la ciudadanía. "No podemos diseñar ciudades inteligentes si no ponemos en marcha políticas que apuesten por un modelo de desarrollo económico sostenible en un escenario de economía circular. No podemos crear ciudades inclusivas si las políticas de vivienda, de salud, de educación y prestación de servicios públicos no parten, como referencia obligada, de un objetivo de inclusión social. El futuro de nuestras ciudades no va a depender de los instrumentos tecnológicos, aunque éstos sean imprescindibles para garantizar la eficiencia y eficacia de los objetivos trazados, sino de que, desde el consenso con la sociedad civil, los poderes públicos asuman el compromiso político de poner los medios para que, entre todos -no puede ser de otra forma-, construyamos la “ciudad de y para la ciudadanía”, ha dicho.

    CLÁUSULAS SUELO: Información sobre el procedimiento de reclamación

    Tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 ha quedado claro que aquellas personas que tengan en sus contratos hipotecarios cláusulas suelo que sean nulas por incumplir los requisitos de transparencia que exige el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de mayo de 2013, tienen derecho a que se dejen de aplicar dichas cláusulas suelo y a que se le devuelvan todas las cantidades que se le hayan cobrado de más como consecuencia de la misma, junto con los intereses correspondientes.

    Para evitar que haya que acudir a los Tribunales para conseguir que las entidades financieras accedan a eliminar las cláusulas suelo y devuelvan las cantidades cobradas en exceso, el Gobierno ha establecido, mediante el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, un procedimiento de reclamación, que pretende solucionar de forma ágil y rápida estos procesos.

    Como orientación para aquellas personas que desean poner en marcha este procedimiento de reclamación, ofrecemos unas indicaciones que pueden consultar en el enlace que se adjunta.

    El Defensor del Menor de Andalucía entrega al Parlamento el Informe Especial sobre Acoso Escolar y Ciberacoso

    El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha entregado este lunes, 13 de febrero, al presidente del Parlamento de Andalucía, el "Informe Especial sobre Acoso Escolar y Ciberacoso: prevención, detección y recuperación de las víctimas". El mismo, supone una aproximación al acoso escolar y al ciberacoso desde la perspectiva de esta institución, que ya desde finales de la década de los 90 comenzó a interesarse por este fenómeno, y recoge una definición del acoso escolar, sus modalidades, causas y responsabilidades, así como una serie de propuestas para afrontar este maltrato entre iguales.

    El informe aporta unas recomendaciones y sugerencias con el objetivo de que esta realidad no permanezca oculta y prime el interés superior del menor como principio inspirador de las intervenciones, tanto con las víctimas, como con los agresores.

    Por eso, entre otras propuestas, hemos pedido la aprobación de un Plan integral de convivencia escolar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Un Plan integral donde queden recogidas las líneas de actuación de desarrollo de las políticas en materia de acoso escolar y ciberacoso, y que contenga las medidas a desarrollar de prevención, intervención y protección, las acciones que deben ejecutar cada uno de los organismos implicados, así como la estimación presupuestaria para su ejecución, con un sistema de evaluación de seguimiento. Y que por la Administración educativa se promueva realizar estudios epidemiológicos rigurosos y periódicos sobre la incidencia real y evolución del fenómeno del acoso escolar y ciberacoso en todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

    1. ¿Por qué un informe especial sobre el acoso escolar?

    2. ¿Qué debemos entender por acoso escolar y ciberacoso?

    3. ¿Cuál es la incidencia del acoso escolar en Andalucía?

    4. ¿Quiénes son los protagonistas del acoso y cuáles sus consecuencias?

    5. ¿Qué nos cuentan los protagonistas?

    6. Conclusiones

    7. Propuestas

    1.- ¿Por qué un informe especial sobre el acoso escolar?

    • Nuestro Sistema educativo debe incidir en la educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social del alumno. La escuela, junto con la familia, forman los dos principales escenarios donde niños y niñas han de gozar de mayor protección frente a actos violentos.
    • La conflictividad en la escuela ha existido siempre. ¿Qué es lo que ha cambiado? La diferencia esencial es que ahora esas conductas ni se aceptan, ni se justifican. Asistimos al surgimiento de una conciencia social que valora la violencia y el acoso escolar como formas de maltrato entre iguales y, paralelamente, demanda de los poderes públicos soluciones que garanticen una adecuada convivencia en las aulas compatible con los principios y valores en los que se fundamenta la Educación.
    • El Defensor del Pueblo andaluz comenzó a dar la voz de alarma allá en la década de los 90 sobre la necesidad de abordar el maltrato entre iguales de una forma seria y rigurosa. Tenemos el convencimiento de que a pesar de las intervenciones públicas realizadas para combatir el problema; aunque asistimos a una nueva conciencia social respecto del reproche del maltrato entre iguales; y a pesar de que disponemos de nuevos instrumentos jurídicos para luchar contra el acoso escolar, lo cierto es que todavía estamos lejos de erradicar el problema.
    • La mayoría de nuestros centros presentan unos niveles de convivencia aceptables, y un porcentaje mayoritario de nuestros alumnos acude a los centros a diario sin sentir temor o desasosiego. Pero si no queremos crear una alarma injustificada, tampoco deseamos caer en el error de minimizar la importancia de un problema que es muy real para bastantes centros docentes y alumnos. Negar o relativizar el problema es el error más grave que se puede incurrir. Ningún niño o adolescente puede ser maltratado por sus compañeros sin merecer la justa respuesta de protección y tutela.
    • Hemos comprobado la escasa efectividad de las respuestas que se están ofreciendo a nuevas realidades como son el ciberacoso, la violencia de género en las aulas, o el incremento de los casos a edades cada vez más tempranas. Hemos sido testigos de las dificultades con las que se encuentran los profesionales de la educación para aplicar en su integridad los protocolos contra el acoso. Y no hemos podido conocer la incidencia real de la violencia entre iguales por no contar la Administración educativa con un sistema apropiado de recogida de datos.

    2.- ¿Qué debemos entender por acoso escolar y ciberacoso?

    Debemos distinguir y delimitar claramente dos conceptos: violencia escolar y conflictividad escolar. Es necesario diferenciar los supuestos graves de ruptura de la convivencia escolar (agresiones físicas y psicológicas, vandalismo, insultos, amenazas, agresiones con el uso de las TICs, etc) precisados de medidas duras y expeditivas aunque reeducativas, de aquellas situaciones menos graves o leves (simple indisciplina, falta de respeto, desobediencia...) que son consustanciales a la propia dinámica de los grupos de menores que conviven en un mismo entorno y que sólo precisarían de medidas disciplinarias de carácter educativo.

    El acoso escolar engloba todas aquellas conductas, permanentes o continuadas en el tiempo, y desarrolladas por uno o más alumnos sobre otro, susceptibles de provocar en la víctima sentimientos de terror, de angustia e inferioridad idóneos para humillarle, envilecerle y quebrantar su resistencia física y moral. Se caracteriza por:

    a) Intencionalidad: Existe en el agresor o agresores una intención inequívoca de hacer daño de forma deliberada a otro alumno o alumnos. La agresión infringida a la víctima no constituye un hecho aislado, y se dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en el centro de los ataques. La motivación que guía a los autores del acoso a través de sus acciones destructivas es hacer el mayor daño posible a la víctima. Es necesario, por consiguiente, una actitud dolosa del agresor.

    b) Desequilibrio de poder: El acosado siempre se encuentra en una situación de inferioridad respecto del acosador, llegando a producirse una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera a su vez un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales, y que hace que la víctima no pueda defenderse fácilmente por si misma.

    c) Reiteración: Se trata de una violencia ejercida y repetida en el tiempo. El marco temporal del acoso se puede prolongar días, semanas, meses e incluso años, incrementando la gravedad de las secuelas de aquellos que reciben los ataques. Un hecho aislado, por muy grave que sea, no es considerado acoso escolar, con la salvedad de que este ataque se haya realizado usando las TICs.

    Ciberacoso: A pesar de las peculiaridades que confluyen en el ciberacoso, existen elementos comunes con el acoso (intencionalidad, desequilibrio de poder, reiteración, dimensión grupal e indefensión) que nos deben inclinar a deducir que nos encontramos ante un mismo problema que ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades tecnológicas. Tanto el acoso como el ciberacoso son formas de maltrato entre iguales; el acoso se produce en el ámbito escolar y el ciberacoso emerge de la vida escolar.

    • La violencia de género está presente en el ciberacoso. Se trata de un acoso que invade la vida privada de la chica durante las 24 horas, a través del móvil, de la red social, o a través de internet. El agresor desea controlar, busca pruebas constantemente, también tiene conductas violentas de insultos, amenazas, o chantaje emocional. El agresor utiliza estas herramientas para acercarse emocionalmente a la víctima, sobre todo cuando la relación de pareja se ha roto, generalmente a instancias de la menor.

    3.- ¿Cuál es la incidencia del acoso escolar en Andalucía?

    La variedad de cifras disponibles, las diferentes metodologías utilizadas en los trabajos de investigación, los distintos ámbitos de estudios analizados y las variables tomadas en consideración hacen muy difícil formular un pronunciamiento serio y riguroso sobre la incidencia real del fenómeno del acoso escolar y ciberacoso en Andalucía. En todo caso, y con las debidas cautelas, no podemos afirmar que en la actualidad, la situación de los centros escolares en nuestra Comunidad Autónoma sea alarmante.

    Pero el acoso es todavía una realidad que permanece oculta en muchos casos, probablemente en demasiados porque:

    • Desconocemos cuántos menores están sufriendo en silencio la violencia, bien por miedo a las represalias de los agresores tras hacer público el conflicto y demandar ayuda a la familia o profesorado, o bien porque simplemente desconocen que lo que les está ocurriendo es un caso de maltrato.
    • Algunos colegios son reticentes en comunicar oficialmente los supuestos de acoso por lo que ello pueda suponer de desprestigio. La pasividad, cuando no desidia, de algunos centros educativos en reconocer la gravedad del maltrato constituyen uno de los principales motivos de queja de las familias.
    • La Administración educativa andaluza sólo contabiliza el número de agresores, olvidándose de contabilizar a las víctimas. No es infrecuente que un mismo agresor haya participado en más de un caso de violencia entre iguales.
    • Es muy difícil conocer los casos de acoso escolar que terminan en la jurisdicción penal de menores debido a la inexistencia de un tipo delictivo específico, y al hecho de que la aplicación informática de la Fiscalía no permite registrar los asuntos como “acoso escolar”.

    4.- ¿Quiénes son los protagonistas del acoso y cuáles son las consecuencias?

    Las víctimas: Las víctimas no presentan un perfil único, si bien gran parte de ellas son menores con dificultades para defender sus propios derechos, con escasa red social y pocos amigos, dificultades de interacción social, o bajo rendimiento escolar y baja autoestima.

    • Tienen más probabilidades de ser atacado por sus compañeros los alumnos “diferentes” o que “se comportan de forma diferente”. Es esta una de las causas por las que el alumnado con algún tipo de discapacidad sea atacado más frecuentemente. Esta diferencia puede basarse en la situación contraria, esto es, el alumno que por su inteligencia y resultados académicos sobresale del resto. La apariencia física, como ser obeso; ser inmigrante o el color de la piel son otros de los factores determinantes.
    • La víctima puede ver afectado su rendimiento escolar. Puede sufrir trastornos deficitarios de la atención, con empeoramiento de los resultados académicos. Los cambios de hábitos del alumno pueden ser un indicio del sufrimiento. Los síntomas psicosomáticos o depresivos son frecuentes. El suicidio representa la consecuencia más grave.

    Los agresores: No existe un único perfil, ni especialmente perturbado desde el punto de vista psicológico. El agresor es un menor que no tiene una escala de valores conforme a un código moralmente aceptable y en el que priman o se instalan con no demasiada dificultad constantes como el abuso, el dominio, el egoísmo, la exclusión, el maltrato físico, la insolidaridad o la doble moral. Tras el comportamiento agresivo de estos menores se puede esconder un grave problema, por eso es fundamental trabajar y atender al agresor para indagar sobre las razones que le llevan a mantener esa conducta agresiva con sus compañeros.

    • Es usual que de los agresores utilicen la violencia contra sus iguales como elemento de gestión de sus relaciones sociales, bien para ser valorados socialmente, para obtener estatus y poder dentro del grupo, o como forma de establecer vínculos sociales.

    Los espectadores pasivos: El miedo impide a los espectadores denunciar el acoso. Miedo a ser también objeto de las agresiones o la marginación social. Miedo a ser tachado de “chivato”. Un miedo que impide a estos espectadores que conocen el problema y saben que deberían hacer algo, a denunciar públicamente el maltrato.

    • Para estos protagonistas, las consecuencias más habituales de observar el acoso pueden ser el refuerzo de posturas individualistas y egoístas, la falta de sensibilidad ante los casos de violencia, la valoración positiva de la conducta agresiva, la apatía, la insolidaridad respecto a los problemas de los demás, o el riesgo de ser en el futuro protagonistas de la violencia, entre otras.

    Las familias: Las familias también sufren a diario las consecuencias y los efectos negativos que el acoso ocasiona a sus hijos. Unos padres que no saben qué les está pasando a sus hijos, que desconocen el porqué del cambio de actitud del menor hacia el colegio. Padres y madres reconocen que juegan un papel fundamental en la prevención y lucha contra el acoso escolar, por lo que su implicación y colaboración con el centro educativo es una pieza esencial. Las familias destacan la ausencia de formación específica del profesorado en la materia, lo que dificulta conocer con la suficiente anticipación el acoso y, consiguientemente, impide que el profesor pueda intervenir a tiempo.

    El profesorado: El profesorado o los equipos directivos, que comprueban cómo los principios de convivencia y resolución pacífica de los conflictos que deben impregnar el Sistema educativo se ven seriamente comprometidos cuando se producen situaciones de acoso en los colegios e institutos. A lo que habría que añadir la importante carga emocional que sufren los docentes cuando deben abordar estas situaciones en sus aulas. Una carga que se une a las difíciles condiciones laborales en las que han de desempeñar su labor, incrementadas de trámites burocráticos en los últimos tiempos, y afectadas por los recortes que en materia educativa se vienen produciendo desde que estalló la crisis económica.

    Otros profesionales: Los servicios de salud, incluidos pediatras, médicos de familia o profesionales de la salud mental, adquieren un papel destacado a la hora de detectar los casos de acoso y en su tratamiento. En determinados supuestos los Servicios Sociales Comunitarios o Especializados, sobre todo los Equipos de Tratamiento Familiar, cuando trabajan con las familias pueden llegar a conocer o detectar que detrás de la actitud violenta de los hijos hacia los padres está una situación de acoso escolar.

    La Administración educativa: Es la Administración educativa quien debe elaborar planes y estrategias para la prevención y detección. Le corresponde también liderar la coordinación institucional entre todos los agentes implicados, es decir, actuaciones conjuntas con la Administración sanitaria y de servicios sociales, Fiscalía, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es competencia de las Administraciones en materia de educación promover una conciencia social de que el acoso es una forma de maltrato contra los menores.

    5.- ¿Qué nos cuentan los protagonistas?

    “El primer año de instituto recuerdo que me costaba relacionarme con las chicas. Me sentía sola en clase y que no me gustaba nada educación física porque siempre te hacían ponerte en pareja y yo no tenía a nadie. Ese año vi una libreta que tenía una compañera mía de clase en que hablaba fatal de mí. Nunca dije nada sobre eso pero me puse super triste al ver lo que la gente pensaba de mí". Lucía, 14 años.

    “Los niños del colegio ya se empezaron a meter conmigo. Esto fue muy doloroso e insoportable, odiaba ir al colegio, porque cada día pensaba que el siguiente me esperaba un infierno, y así era. Era un constante agobio saber que en cualquier momento me podían volver a joder. Un día, un compañero que se metía conmigo en clase de lengua, leyó una redacción que había hecho sobre un personaje gordo, refiriéndose a mí, toda la clase se reía, pero la profesora no lo sabía y encima lo aplaudió”. Esteban, 16 años.

    “Yo odiaba ir al colegio, hasta en el autobús del colegio se metían conmigo los mayores. Recuerdo que había uno que se llamaba Adrián que fumaba y yo le decía que por qué lo hacía, que se pusiera la música más baja… y él me insultaba, hacía piña con los demás y se reían de mí llamándome 4 ojos, cabezón, mil historias. me sentía indefenso porque era lo normal, los mayores se metían con los pequeños y punto". Álvaro, 17 años.

    “Recuerdo tener 12 años y ninguna gana de seguir, solo tenía ganas de hacerme mayor y aislarme. Recuerdo la soledad, una que nunca se acababa, no encontraba fuerzas para sonreír pero tampoco para suicidarme y lo único que hacía era encerrarme en la habitación y llorar, durante horas, sin poder parar, nada me consolaba. La vida para mi pasó de ser blanca a negra, nunca entendí el término medio”. Luis, 14 años.

    “Me pregunté una y otra vez por qué yo no encajaba con ellas, por qué me sentía diferente. En el colegio era un bicho raro. Todo sobresalientes. Buen comportamiento. No quiero pensar que ése era el problema, porque ellas también eran así. Las niñas llegaban a ponerse de acuerdo para un día halagarme y al siguiente hacerme el vacío”. María, 16 años.

    “A través de cualquier red social, todo puede ser anónimo, el acosador no tiene nombre ni rostro, el acosado no sabe quién es el enemigo, y entonces el miedo corre y crece como el fuego sin que ninguna alarma pueda detectarlo, cualquier persona puede acosar sin motivos siquiera, por simple diversión ya que al no ver el daño que producen, al no ver el dolor ajeno, creen que no está ahí, que no están haciendo sufrir a esa persona. Es como si el maltrato fuera un videojuego, en donde la realidad se confunde con la ficción”. Alumna, consejera e-Foro Menores.

    6.- ¿Qué conclusiones sacamos de esta investigación?

    • La violencia no es un fenómeno sólo educativo. La escuela, en este ámbito, se limita a reproducir unos esquemas sociales caracterizados por el culto a la violencia y la consagración de la competitividad y la agresividad como claves para el triunfo social y personal. No creemos que sea la escuela la que fomenta, crea o enseña la violencia, sino que la misma, como reflejo de la sociedad que es, se limita a reproducir en su seno, y muy a su pesar, la violencia que existe en su entorno.
    • Erradicar la violencia en las escuelas es una utopía si se aborda exclusivamente desde la vertiente educativa obviando otros factores con incidencia en el fenómeno. Sin embargo, la escuela ocupa una posición privilegiada para luchar contra la violencia ya que está llamada a facilitar las habilidades necesarias para comunicarse, negociar y resolver conflictos de manera más constructiva
    • El acoso escolar no es una moda pasajera. No podemos continuar minimizando o relativizando el problema porque con ello estaremos contribuyendo a que continúe oculto en una zona de sombras donde se ha venido manteniendo desde hace muchos años.
    • Preocupa que la Administración educativa, hasta la fecha, no haya sido capaz de contabilizar los casos de acoso o ciberacoso, también los de violencia de género, que se producen en los colegios o institutos de Andalucía.
    • En un elevado porcentaje de los casos, cuando se pone en marcha el protocolo las agresiones se vienen produciendo ya desde hace tiempo, debido, entre otros motivos, a la ausencia de formación del profesorado para detectar tempranamente los acosos. En general, no se ha dotado a los centros escolares de los recursos necesarios para la puesta en práctica de todas las medidas del protocolo. El protocolo está resultando de difícil aplicación cuando el acoso se produce entre centros educativos diferentes.El protocolo debería desarrollar con mayor amplitud la participación del alumnado en la gestión de conflictos que revistan menor gravedad.
    • Tras la detección e intervención del maltrato, la siguiente actuación es la recuperación de las víctimas para superar la situación vivida.
    • En el proceso de recuperación se ha de tener presente asimismo al agresor. Debemos buscar las razones que motivan su comportamiento, poniendo en marcha mecanismos de justicia restaurativa encaminados a su educación y desechando postulados basados en la criminalización. El interés superior del menor exige que al agresor se le apliquen medidas educativas y restauradoras, y dentro de estas se han de incluir asimismo el apoyo psicológico porque detrás del comportamiento agresivo o disruptivo se puede esconder una situación de maltrato, abusos, o problemas de salud mental que necesariamente han de ser abordados. Las medidas sancionadoras deben tener un contenido educativo que promueva la reflexión en la figura del agresor, y el lugar más apropiado para el desarrollo de las mismas es el aula de convivencia.
    • Valoramos la participación de los menores en la resolución de los conflictos menos graves a través de los sistemas de mediación. La mediación escolar es una herramienta de gran utilidad para educar a través del conflicto, transformándolo en una oportunidad para impulsar la cultura de la paz y la no violencia.
    • Existe paralelismo entre acoso y violencia de género: abuso de una persona frente a otra, graves daños para las víctimas, y realidades ocultas e ignoradas por la sociedad durante mucho tiempo. El control del chico sobre la chica se ejerce al amparo de mensajes o principios erróneos como que los celos son una expresión de amor y, por tanto, cuanto más celoso es el agresor, mayor es el afecto que siente hacia la víctima.
    • Que el acoso sea todavía una realidad oculta es responsabilidad también de los adultos: los padres no advierten que la sintomatología de los menores es fruto del maltrato entre iguales; los pediatras, por ausencia de formación específica, tienen dificultades para reconocer el origen de los síntomas; y el profesorado, también por ausencia de formación o de herramientas para abordarlo, no detectan los acosos.
    • Los profesores cuestionan la escasez de herramientas y tiempo suficiente para poner en marcha las distintas acciones que contempla el protocolo de acoso escolar en orden a la recuperación de las víctimas. Ponen de relieve la ausencia de protocolos de coordinación en el que queden recogidos cómo se han de desarrollar las distintas intervenciones entre el ámbito escolar, sanitario, social, e incluso con la Fiscalía.
    • Uno de los principales retos para el profesorado es detectar con la suficiente antelación el acoso e intervenir adecuadamente una vez constatado el maltrato. Señalan a la prevención como la principal herramienta, y una de las técnicas más valoradas para esta labor es la tutoría. Se lamentan de las graves dificultades para intervenir ante el ciberacoso porque la mayoría de los ataques se realiza concluida la jornada escolar y fuera de las instalaciones del colegio o instituto, e incluso entre alumnos de diferentes centros educativos.
    • El ciberacoso, por las potencialidades de las herramientas que se utilizan, provoca un mayor impacto sobre la víctima y, unido a la gravedad de sus consecuencias y a las dificultades que presenta para su prevención y abordaje, hacen de este fenómeno un serio problema en el contexto escolar de consecuencias imprevisibles.
    • Los padres deberían ejercer una labor de supervisión y control en el uso de las TICs por sus hijos, desde la razonabilidad, que incluirá consejos, la adopción de medidas preventivas y el establecimiento de límites.
    • Los medios de comunicación deberían hacer llegar a la sociedad la idea de que el acoso de que son víctimas los menores por el uso inadecuado de las TICs supone un comportamiento reprochable, y eludir el tratamiento de la noticia de modo que implique un riesgo de imitación de estos comportamientos antisociales y delictivos.
    • El abordaje del acoso no puede realizarse exclusivamente desde la institución educativa. La prevención, detección y atención a las víctimas o a los agresores se debe llevar a efecto con un enfoque multidisciplinar. El personal sanitario representa una pieza fundamental en el diagnóstico, tratamiento y prevención de los casos de acoso y ciberacoso. Los distintos ámbitos que atienden al alumno (educativo, sanitario y social) disponen de instrumentos que permiten intervenir ante el acoso escolar o ciberacoso, pero no se dispone hasta la fecha de un documento que aune los esfuerzos conjuntos de todos ellos, y que determine el papel que debe desempeñar cada uno.
    • La respuesta al acoso debe venir de la combinación de un elenco de medidas cuya finalidad sería afrontar la globalidad del reto convivencial a medio y largo plazo, y dar respuestas eficaces y rápidas a los problemas inmediatos de conflictividad que puedan atravesar los centros docentes. La prevención de la violencia con los niños y niñas es la mejor manera de acabar con otras formas de violencia en la sociedad.

    7.- ¿Cuáles son nuestras propuestas?

    A) Aprobación de un Plan integral de convivencia escolar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

    1.- Un Plan integral donde queden recogidas las líneas de actuación de desarrollo de las políticas en materia de acoso escolar y ciberacoso, y que contenga las medidas a desarrollar de prevención, intervención y protección, las acciones que deben ejecutar cada uno de los organismos implicados, así como la estimación presupuestaria para su ejecución. También este instrumento de planificación deberá establecer un sistema de evaluación de seguimiento.

    B) Estudios epidemiológicos del acoso escolar y ciberacoso en los centros educativos andaluces y sobre recogidas de datos.

    2.- Que por la Administración educativa se promueva realizar estudios epidemiológicos rigurosos y periódicos sobre la incidencia real y evolución del fenómeno del acoso escolar y ciberacoso en todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

    El análisis deberá contener, al menos, información sobre los casos de acoso escolar y ciberacoso en cada uno de los cursos académicos en todos los centros educativos andaluces, diferenciando cada ciclo de la Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria, y haciéndolo extensivo también a la Formación Profesional y Bachillerato. Asimismo es importante que en el análisis se especifique la provincia donde se hayan producido los incidentes y a la titularidad del centro educativo (público o concertado). Deberá hacerse constar también en los estudios epidemiológicos la tipología del acoso (exclusión y marginación social, agresión verbal, vejaciones y humillaciones, acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso, etc) así como las agresiones derivadas de violencia de género en el ámbito educativo. También estos análisis deberán abordar las actuaciones desarrolladas con las víctimas y agresores tras la detección del maltrato. Los resultados de los estudios deberán ser divulgados anualmente para conocimiento de la comunidad educativa y de la sociedad en general.

    3.- Que la Administración educativa modifique el actual Sistema informático Séneca o se cree un registro específico sobre supuestos de acoso escolar y ciberacoso en Andalucía.

    4.- Que por el Servicio de Inspección educativa se incremente la labor de inspección sobre los centros educativos para asegurar que sus responsables registran en el Sistema informático Séneca o, en su caso, el registro que se cree al efecto, toda la información sobre las conductas contrarias a la convivencia.

    C) Sobre medidas de sensibilización social respecto del maltrato entre iguales en el ámbito educativo.

    5.- Que se promuevan medidas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general sobre el fenómeno del acoso escolar y ciberacoso.

    6.- Que se incrementen las campañas publicitarias contra el acoso en los medios de comunicación social.

    D) Sobre medidas de formación en materia de acoso escolar y ciberacoso dirigidas a los profesionales, las familias y el alumnado.

    7.- Que por la Administración educativa andaluza se valore la conveniencia de proponer a la Administración del Estado la posibilidad de incluir en los currículos de los Grados en Magisterios y Pedagogía y Máster universitarios contenidos específicos relativos a la violencia escolar.

    8.- Que por la Administración educativa andaluza se proceda a incrementar la formación al profesorado y a los equipos directivos sobre el fenómeno del acoso escolar y ciberacoso.

    9.- Que por la Administración sanitaria andaluza se establezcan medidas de formación a los pediatras y resto de personal sanitario respecto de la sintomatología del acoso escolar y ciberacoso en los menores y adolescentes.

    10.- Que por la Administración educativa andaluza se impulsen programas de formación para las familias a través de la parentalidad positiva y la ciudadanía digital.

    11.- Que por la Administración educativa andaluza se incremente la formación al alumnado sobre el fenómeno del acoso escolar y ciberacoso y sobre ciudadanía digital responsable.

    E) Sobre el establecimiento de medidas de coordinación entre las Administraciones educativa, sanitaria y social, y las familias.

    12.- Que se incrementen las medidas de coordinación entre las Administraciones educativas, sanitaria y social respecto de la labor preventiva contra el acoso escolar.

    13.- Que se promuevan medidas de coordinación entre las Administraciones sanitaria, educativa y social para un abordaje integral de los casos de acoso y ciberacoso.

    F) Sobre el actual Protocolo de actuación contra el acoso escolar en Andalucía de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

    14.- Que por la Administración educativa andaluza se dicten unas instrucciones en desarrollo del Protocolo de actuación contra el acoso escolar que contemple las intervenciones a desarrollar cuando el maltrato se produzca entre alumnado de distintos centros educativos.

    15.- Que por la Administración educativa andaluza se dicten unas instrucciones en desarrollo del Protocolo de actuación contra el acoso escolar que contemple las peculiaridades del ciberacoso. (*El pasado 11 de enero la Consejería de Educación dictó unas instrucciones en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de ciberacoso).

    16.- Que por la Administración educativa andaluza se proceda a dotar a los centros educativos públicos de los recursos personales y materiales necesarios para poder poner en prácticas las medidas que contempla el protocolo de actuación tras acreditar la existencia del acoso en el centro.

    G) Otras medidas contra el acoso escolar y ciberacoso.

    17.- Que por los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos se potencie el establecimiento de sistemas de mediación entre el alumnado para la resolución de conflictos.

    18.- Que por los centros educativos sostenidos con fondos públicos se potencien las tutorías como herramienta de promoción de la convivencia pacífica en los centros educativos.

    19.- Que por los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos se potencie la participación del alumnado en la elaboración de las normas de régimen interno del centro, en los planes de convivencia, así como en cualquier otro programa sobre el maltrato entre iguales.

    20.- Que por la Administración educativa andaluza se valore la conveniencia y oportunidad de modificar los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, para establecer la obligatoriedad de crear aulas de convivencia en todos los centros educativos andaluces.

    21.- Que los centros educativos sostenidos con fondos públicos dispongan de mecanismos de denuncia de acoso escolar y ciberacoso de fácil acceso para el alumnado y donde se garantice su confidencialidad.

    22.- Que por la Administración educativa andaluza se facilite a todos los centros educativos estrategias basadas en buenas prácticas contra el acoso escolar y ciberacoso.

    23.- Que por el Observatorio para la convivencia en Andalucía, conforme a las competencias atribuidas, se proceda todos los años a realizar un seguimiento del estado de la convivencia en los centros educativos.

    24.- Que por la Consejería de Justicia e Interior se proceda a modificar el Sistema informático “Adriano” para que las Fiscalías de menores de Andalucía puedan hacer constar expresamente en los expedientes de reforma la relación de los hechos que se investigan o se instruyen con el acoso escolar y ciberacoso.

    H) Sobre el papel de los medios de comunicación social en asuntos relacionados con acoso escolar y ciberacoso y con la violencia.

    25.- Que el tratamiento de la información periodística por los medios de comunicación social sobre los casos de acoso escolar se realice respetando la confidencialidad, intimidad de los menores afectados y evitando crear alarma social injustificada.

    26.- Que por los medios de comunicación social se potencie la construcción de una cultura contraria a la violencia.

    • Defensor del Pueblo Andaluz
    • Otras defensorías