El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado hoy en la comisión de Igualdad del Parlamento andaluz el informe especial elaborado por la institución sobre los '25 años del programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz'.
En su comparecencia, el Defensor del Pueblo andaluz ha insistido en la necesidad de una derogación del programa actual y su sustitución por otro que supere las principales deficiencias detectadas en la investigación.

En opinión de Jesús Maeztu, se deben "cerrar filas" ante este programa de emergencia para garantizar su continuidad y ha recomendado la aprobación de una regulación transitoria hasta que esta ayuda sea de facto un derecho subjetivo, como recoge la reciente ley de Servicios Sociales, o bien se apruebe una ayuda de estas características en todo el territorio nacional. 
Para el Defensor del Pueblo andaluz, el cambio en el perfil de los solicitantes o los retrasos en los pagos del Ingreso Mínimo de Solidaridad (o salario social) dejan "obsoleto" el programa, por lo que urge su modificación. En este sentido, Jesús Maeztu ha reconocido la voluntad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de proceder a la modificación del programa y ha destacado la acogida que han recibido las propuestas emitidas por la institución.

En este informe, el Defensor del Pueblo andaluz reúne una serie de recomendaciones y conclusiones para, entre otras cuestiones, redefinir y mejorar la regulación de las personas beneficiarias, así como aclarar el concepto de unidad familiar de acuerdo a las actuales circunstancias sociales y mejorar los recursos destinados a las familias, así como su determinación y valoración.

Los Ombudsman miembros de la sección europea del IOI, reunidos en el Segundo Seminario sobre los Retos de los Derechos Humanos II: “¿Populismo? Regresiones de derechos humanos y el papel del Ombudsman”, en Barcelona los días 3 y 4 de abril de 2017 han concluido este seminario con una Declaración conjunta en la que exigen a sus respectivos Estados que "cumplan plenamente con sus deberes internacionales en materia de derechos humanos, suprimiendo los estados de excepción y las suspensiones del Convenio europeo allí donde estas limitaciones no sean absolutamente imprescindibles".

Denuncian los obstáculos para la llegada a muchos países de Europa de personas refugiadas provenientes de situaciones graves de vulneración de derechos humanos, que condenan a estas personas a condiciones de vida infrahumanas indignas de la Europa del siglo XXI y criminalizan iniciativas humanitarias que son expresión del valor de la solidaridad de la sociedad civil europea.

Por todo ello, se reafirman en la "exigencia a los Estados de la Unión Europea de acoger a las personas migrantes y refugiadas, cumpliendo con la propuesta de la Comisión Europea de septiembre de 2015, y tratarlas de acuerdo con los estándares y tratados internacionales y europeos de derechos humanos, con especial atención a los derechos y al interés superior de los niños y niñas. Asimismo, respetarlas recomendaciones de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que propugnan excluir la asistencia humanitaria a migrantesy refugiados de la persecución penal prevista para el tráfico de personas".

Los Ombudsman europeos, celebran este lunes y martes, 3 y 4 de abril, en Barcelona, el Segundo Seminario sobre los Retos de los Derechos Humanos II: “¿Populismo? Regresiones de derechos humanos y el papel del Ombudsman”.

PROYECTO DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ANDALUCÍA.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha intervenido este lunes, 27 de marzo, en la Comsión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, en relación a la tramitación del Proyecto de Ley de Participación Ciudadana en Andalucía. En la misma, ha referido como conclusiones:

- El Proyecto de Ley supone un avance innegable en la profundización democrática al incorporar instrumentos de participación ciudadana propios de la democracia participativa.

- Representa una oportunidad inmejorable para ir introduciendo, en la práctica cotidiana de administraciones y ciudadanía, unas fórmulas participativas que no solo resultan novedosas para la mayoría, sino que además suponen la ruptura con una cultura basada tradicionalmente en el abstencionismo de la ciudadanía y en el paternalismo de la Administración.

- No obstante, estimamos que el Proyecto presenta algunos márgenes que permitirían ahondar en la incorporación real de la ciudadanía a los procesos decisorios, potenciando así un régimen de responsabilidad compartida entre ésta y los poderes públicos.

- Asimismo, entendemos aconsejable no demorar la regulación del tercer pilar que sustenta el modelo de Gobierno Abierto, que afecta a la rendición de cuentas, ni el desarrollo reglamentario que requiere el Proyecto de Ley al objeto de que su efectividad resulte garantizada.

- Finalmente, creemos necesario ahondar desde ya en el desarrollo de políticas de fomento de la participación, de formación de la ciudadanía para la utilización adecuada y responsable de los instrumentos participativos, y de sensibilización de los poderes y empleados públicos para la asunción de nuevos principios de actuación que resulten más acordes con este nuevo modelo de administración.

La sociedad de hoy exige opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos. un modelo de gobierno más transparente, más participativo y que rinda cuentas a partir de la evaluación conjunta de las políticas públicas.

La reforma de nuestro Estatuto de Autonomía ha servido de impulso para este cambio de modelo con el reconocimiento del derecho a la Buena Administración, la fijación de la transparencia como principio de actuación de la Administración Pública y las reiteradas referencias que se hacen en el texto a la participación ciudadana, entre otras.

Como dPA es una asunto que siempre ha formado parte de nuestra actividad, de ahí el Informe Especial “Normativa sobre Participación Ciudadana en las Diputaciones Provinciales y en los Grandes Municipios de Andalucía” de 2009,

El mismo, aunque centrado específicamente en el ámbito local, nos llevó, entre otras cuestiones, a sugerir la mejora de la regulación de la participación ciudadana en la normativa autonómica; a reivindicar el indudable protagonismo que en todo este proceso han de tener las nuevas tecnologías; y a demandar ayudas e iniciativas de apoyo a colectivos y entidades que adquieren un marcado protagonismo en los procesos participativos.

1. El compromiso de las Defensorías de promover medidas para acabar con el incumplimiento por parte de las Universidades andaluzas de la obligación de reserva de plazas para personas con discapacidad en las convocatorias de puestos de trabajo para personal docente e investigador.
2. El apoyo de las Defensorías a las medidas que están adoptando las Universidades andaluzas para prevenir y sancionar conductas que supongan acoso, ya sea sexual, laboral o motivado por razón de sexo, por orientación sexual o por identidad de género.
3. La preocupación de las Defensorías por los casos de fraude intelectual que se producen en el ámbito universitario y en particular por la proliferación de prácticas de copia y plagio entre el alumnado y el personal docente, facilitadas por un uso inadecuado de las nuevas tecnologías.

Hemos abierto una queja de oficio dirigida a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, al Ayuntamiento de Vegas del Genil y a Endesa, al conocer que la población de Vegas del Genil se está movilizando en contra de los cortes de luz que llevan sufriendo desde hace diez años y que se han visto agravados en los últimos meses. Queremos conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con el Presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, para abordar diferentes asuntos que afectan a la provincia.

El Defensor ha mostrado su preocupación, entre otros temas, por:

1) El cierre de oficinas bancarias en 35 municipios de la provincia, sobre el que ha insistido en la necesidad de acompasar la ineludible modernización y el uso de las tecnologías con los derechos de los ciudadanos, porque hay una brecha digital importante, sobre todo, con los mayores.

2) Los cortes de luz y enganches ilegales en zonas de la capital y provincia

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se reúne este martes, 14 de marzo, con el Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, para tratar los asuntos de interés de la ciudad, a partir de las reclamaciones ciudadanas. Entre ellos, la situación de la vivienda, temas de servicios sociales, medioambientales, etc.

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz atenderá las reclamaciones de la ciudadanía y colectivos sociales de Cádiz a través de su Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz, que tiene previsto desplazarse a la ciudad gaditana este martes 14 y miércoles 15 de marzo, respectivamente, para atender en persona las quejas y consultas que quieran hacerle llegar los vecinos y entidades sociales, en materia de vivienda, salud, educación, servicios sociales, medioambiente, etc.

También mantendrá encuentros de trabajo con asociaciones de vecinos, colectivos y trabajadores sociales, con el fin de conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta ambos días en horario de mañana, de 9:30 a 14:00 horas, y de tarde, de 17:00 a 19:00 horas, en el Aulario Simón Bolívar (primera planta), de la Universidad de Cádiz, en la avenida Duque de Najera, 16.

El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado este jueves, 9 de marzo, el Informe Especial "Acoso Escolar y Ciberacoso: Prevención, Detección y Recuperación de las Víctimas" en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía. El presente informe del Defensor del Menor de Andalucía supone una aproximación al acoso escolar y al ciberacoso desde la perspectiva de esta institución, que ya desde finales de la década de los 90 comenzó a interesarse por este fenómeno. El informe parte de una definición del acoso escolar, sus modalidades, causas y responsabilidades, así como se detiene en la aparición del ciberacoso o en la incidencia de este tipo de maltrato entre iguales en la comunidad autónoma de Andalucía.

• Demandamos que el acoso escolar y el ciberacoso no permanezcan ocultos

• Demandamos que prime el interés superior del menor a la hora de intervenir, tanto con las víctimas, como con los agresores.

• El acoso escolar y el ciberacoso son formas de violencia entre iguales. Ningún niño o adolescente puede ser maltratado por sus compañeros sin merecer la justa respuesta de protección y tutela.

• Pedimos un Plan integral de convivencia escolar en la Comunidad Autónoma de Andalucía

• La escuela, junto con la familia, principales escenarios donde niños y niñas han de gozar de mayor protección frente a actos violentos

• Los centros escolares deben disponer de todos recursos de los protocolos contra el acoso escolar y el ciberacoso

• Es fundamental la participación de los menores en la resolución de los conflictos menos graves a través de los sistemas de mediación.

• Ciberacoso: Los padres deberían ejercer una labor de supervisión y control en el uso de las TICs

• Luchar contra el acoso y el ciberacoso no puede realizarse exclusivamente desde la institución educativa