- El personal de empleo público, la vivienda y la educación siguen motivando el mayor número de expedientes ante la institución
- La actividad del Defensor del Pueblo andaluz aumentó un 15% tanto en quejas presentadas como en consultas
Sevilla, 31 de mayo de 2017. Los asuntos relacionados con los menores, la protección de los bienes culturales, consumo y otros servicios de interés general, los expedientes relativos a extranjería y la educación fueron las materias que experimentaron un mayor incremento en el número de quejas iniciadas ante el Defensor del Pueblo andaluz en 2016 con respecto al año anterior.
Así lo ha detallado hoy el titular de esta institución, Jesús Maeztu, en la presentación del Informe Anual de la institución ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el DPA y Peticiones del Parlamento andaluz. No obstante, el mayor número de quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo andaluz en 2016 estuvieron relacionadas con el personal del sector público (1.272 quejas), la vivienda (1.061 quejas), la educación (968 quejas), los menores (878 quejas) y el medio ambiente (632 quejas).
En total, esta institución gestionó durante el pasado año 10.128 quejas, de las que 7.103 fueron nuevas. De éstas, 6.900 fueron a instancia de parte y 203 de oficio. El incremento de quejas nuevas fue de un 15,1% con respecto a 2015. También el DPA atendió 10.811 consultas (un 15,7% más), lo que sumado a las 507 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrece un balance global de 21.446 actuaciones por parte del Defensor del Pueblo andaluz durante 2016.
Las materias que afectan directamente al Estado de Bienestar han copado el 59% del total de las actuaciones de la Oficina. El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado algunos asuntos relevantes a los que la institución ha dedicado una preocupación especial, como han sido la crisis de los refugiados, que motivó la participación de la institución en diversos foros nacionales e internacionales; los retrasos en el pago del salario social, que motivó un informe especial; los impagos de las ayudas al alquiler de vivienda, y la preocupación ciudadana sobre el acoso escolar, que motivó otro informe especial.
Sobre el balance de las actuaciones de la institución, Jesús Maeztu ha puesto el acento sobre uno de los legados de la crisis económica, la desigualdad, que se refleja en el Informe en las denuncias de la ciudadanía sobre la sensación de una prestación sanitaria desigual a la de otros territorios; padres y colectivos que denuncian que la educación no es equitativa para los niños que reciben clase en las caracolas o para los alumnos con discapacidad; una ciudadanía indignada por la falta de un techo digno, o de los suministros vitales de luz y agua; la imposibilidad de comunicarse por falta de conexiones de transporte públicas; la dificultad de afirmar que el acceso a la justicia es igual para todos por la situación que padecen algunas sedes judiciales; el debate sobre una siempre prometida política fiscal o las dificultades que siguen padeciendo las personas con diversidad funcional y los inmigrantes.
El Defensor del Pueblo ha repasado por materias algunas de las actuaciones de la Oficina en 2016. En sanidad, la actividad ha sido más conflictiva en la atención especializada (tiempos de respuesta asistencial para intervenciones quirúrgicas, o la suma de plazos a lo largo de un mismo proceso asistencial) o debido a la paralización de inversiones en la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias. El año pasado la institución investigó cómo funciona el protocolo de atención en urgencias de personas en situación de riesgo social y concluyó que los requisitos básicos se están cumpliendo de forma generalizada. También promovió queja de oficio sobre tratamiento asertivo comunitario, e investigó los plazos de lista de espera para la reproducción asistida.
En educación, hubo un incremento de padres lamentándose de que los centros escolares no disponen de todos los recursos materiales y personales para atender debidamente a sus hijos afectados por algún tipo de discapacidad, por ejemplo, por la ausencia de monitores de educación especial. Sigue habiendo reclamaciones sobre el servicio de comedor escolar y sobre retrasos en los pagos de las becas, pero lo que mayor número de quejas provocó fue la presencia de amianto en las instalaciones de los centros educativos. Entre las propuestas más destacadas en 2016, la institución valoró la atención educativa que reciben los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales, una propuesta que fue aceptada, así como el DPA logró que el alumnado mayor de 16 años pueda realizar las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas superiores de Música y Danza. Recibió una acogida muy favorable la sugerencia de que las universidades andaluzas aprueben el otorgamiento de becas o ayudas extraordinarias para el alumnado que, por situaciones sobrevenidas, no puedan continuar los estudios.
En servicios sociales, el Defensor del Pueblo andaluz ha denunciado los problemas que aproximadamente desde 2009 vienen afectando al sistema de la dependencia y, entre ellos, el de las demoras administrativas (procedimiento de reconocimiento de la dependencia, el de la revisión de grado, la asignación de recurso o la revisión del recurso asignado). Asimismo, es especialmente problemática la situación de las personas dependientes afectadas por una discapacidad que necesitan una plaza de residencia. Entre otras propuestas en esta materia, el Defensor ha destacado la queja de oficio sobre qué actuaciones están llevando a cabo las administraciones públicas con las personas mayores que viven solas.
En vivienda, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que no existen viviendas públicas suficientes capaces de dar satisfacción a la demanda existente, y ha considerado que la Administración debe adoptar políticas en materia de vivienda que, de alguna forma, incrementen el parque público residencial. Otra parte de la actividad de la institución la ocupó los problemas que generó la convocatoria de ayudas a la vivienda.
En justicia, la institución sigue advirtiendo una progresiva morosidad en la tramitación de los procedimientos judiciales que, si en todos los órdenes jurisdiccionales generan una lógica frustración y desconfianza, es más desalentador en algunos como en el social. Este ejercicio ha coincidido con una especial atención a demarcaciones como los Juzgados de lo Social de Huelva.
En prisiones, la actividad la centró la presentación del Informe Especial sobre las Unidades de Custodia Hospitalaria, en el que se reivindica un modelo organizativo que no sea dual y que los presos no deambulen bajo dos sistemas sanitarios. También el Defensor del Pueblo andaluz inició sendos expedientes de oficio ante la insuficiencia de personal sanitario en los centros penitenciarios de Albolote y Sevilla I.
En materia de menores, la institución sigue gestionando asuntos relacionados con la pobreza infantil, los menores refugiados o la trata de seres humanos. Asimismo, son habituales las denuncias que ponen sobre aviso de que algunos niños o niñas pudieran estar recibiendo malos tratos por parte de sus progenitores, o de otras conductas negligentes, casos que nos son denunciados a través del Teléfono del Defensor del Menor. En los últimos años es objeto de una especial dedicación el aumento de la violencia filioparental, la que se produce de hijos a padres y, en especial, hacia las madres, y que en muchas ocasiones acaba con los menores en los centros de protección.
En cuanto a la sostenibilidad, la ciudad y el diseño de las políticas que le afectan ha centrado un gran debate en la actividad del Defensor. Sigue vigente el compromiso de la institución por la construcción de una ciudad accesible y segura, con itinerarios peatonales y un uso restringido del vehículo privado, con restricciones a la invasión del espacio público, con una convivencia que permita el descanso, y también el ocio de los vecinos, ha señalado Maeztu. También en el ejercicio de 2016 el DPA inició una investigación sobre el estado de las depuradoras para conseguir el ansiado vertido cero y abrió una queja para conocer el cierre y sellado de los vertederos incontrolados existentes en Andalucía. En Cultura sigue recibiendo denuncias sobre expolios en el patrimonio histórico artístico que tiene Andalucía, o actuaciones cuestionables en inmuebles o elementos declarados BIC.
Para terminar, el Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado otros temas de interés en empleo público, que origina una constante denuncia ante la institución tanto por los requisitos o baremos fijados como por los distintos aspectos formales que rodean su gestión; en los servicios de interés general, con la pobreza energética y la pobreza hídrica como principales focos de reclamación; y las denuncias de índole económica o tributaria, con un especial protagonismo este año del impuesto de sucesiones y donaciones.
