La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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En bicicleta, al Defensor

Desde hoy, todas las personas que quieran acercarse con su bicicleta a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, sita en la calle Reyes Católicos, 21, en Sevilla, ya disponen de una zona de aparcamiento, instalada por el Ayuntamiento de Sevilla ante la petición de la Institución.

 

Con esta iniciativa, se facilita el acceso a la Oficina del Defensor mediante el uso de este medio de transporte, que también se puede hacer utilizando el servicio municipal Sevici, que tiene paradas en c/ Reyes Católicos esquina con c/ Zaragoza y en Paseo de Colón, junto al puente de Triana.

El Defensor del Pueblo Andaluz interviene este miércoles, 5 de julio, en el Pleno del Parlamento de Andalucía para presentar el Informe Anual de gestión, correspondiente a 2016.

El Defensor del Pueblo Andaluz alerta sobre los riesgos que afectan a la conservación de Doñana

  • Un informe del CSIC, requerido a instancias del Defensor tras actuar de oficio, pone de relieve las importantes afecciones que, derivadas de la actividad humana, se están causando en Doñana y la necesidad de analizar el posible riesgo sísmico que se puede generar como consecuencia de la ejecución del gaseoducto.

  • El Defensor del Pueblo Andaluz urge a evaluar la situación de Doñana y que se adopten las medidas necesarias para su protección.

  • Tras el reciente incendio que ha asolado a la zona, confía en una pronta evaluación de los daños y las medidas necesarias para paliar sus efectos

 

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes un informe del CSIC sobre Doñana, que señala una situación preocupante del estado del acuífero y alerta de que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los 4 tramos en los que se ha subdividido el proyecto del gaseoducto no han evaluado los posibles riesgos sísmicos que, en su caso, pudiera originar la ejecución de éste.

La Institución andaluza solicitó este informe al CSIC, en marzo, dentro de las actuaciones que viene realizando tras abrir una queja de oficio para conocer la situación de este enclave natural. El pasado 19 de junio, tras su valoración, se lo remitió a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha mostrado su preocupación por estos hechos y ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que, junto a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los municipios del entorno de Doñana, valore la situación real del acuífero y adopten conjuntamente las medidas que sean necesaria para su protección.

También ha informado a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, que actualmente investiga los riesgos de la ejecución del gaseoducto para que, si lo estima oportuno, y dado el contenido del informe, proponga al Ministerio competente, “que valore la conveniencia de suspender el tramo ya en ejecución, de Marisma Occidental, de acuerdo con el principio de precaución”.

Para la Institución Andaluza esta suspensión debería adoptarse definitivamente si de los informes finales se desprende que existe ese riesgo sísmico y de contaminación del acuífero, lo que “podría tener consecuencias muy graves para la protección y conservación del Espacio Natural de Doñana y su biodiversidad”.

Según indica este informe “el hecho de no incluir en la Declaración de Impacto Ambiental los riesgos sísmicos que la inyección de gas podría implicar indica que la valoración de riesgo de contaminación del acuífero se ha realizado ignorando el efecto de dicho riesgo sísmico; esto es, asumiendo unas condiciones de inestabilidad geológica que podrían haber llevado a infravalorar el riesgo de contaminación del acuífero. Esta omisión es muy preocupante, pues sugiere que los riesgos no se han estudiado en profundidad”.

Con respecto al acuífero señala, entre otros extremos, que “en distintos informes y publicaciones se viene alertando tanto por investigadores del CSIC como de otras instituciones sobre los descensos continuados que se vienen produciendo desde hace más de tres décadas en las aguas subterráneas del área de Doñana”.

Los investigadores del CSIC que han estudiado la hidrogeología del Parque “describen que, debido a la extracción intensiva de aguas subterráneas durante las últimas décadas, se han producido descensos acumulados de los niveles piezométricos profundos que a su vez conllevan descensos en los niveles freáticos, y tienen como consecuencia la progresiva desaparición de los flujos subterráneos que alimentan el sistema de lagunas de las arenas de Doñana, la disminución de la descarga por rezumes en el contacto arenas-arcillas, la desaparición de las condiciones de surgencia en pozos y sondeos de La Vera, la disminución del flujo de goteo ascendente a través de las arcillas de marisma, y la formación de un cono de depresión piezométrica (y freática) de grandes dimensiones en el sector noreste de la marisma”.

También alertan que sobre “el sistema de lagunas peridunares, donde se localizan las lagunas de mayor entidad de Doñana, se ha producido la reducción del período de inundación hasta llegar a la desecación de las situadas más próximas a la urbanización turística de Matalascañas, que se abastece a través de pozos que captan aguas subterráneas. Así, las lagunas del Brezo y El Charco del Toro, situadas a menos de 800 m de estos pozos, no se inundan significativamente desde 1976 y 1998 respectivamente”.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz urge que se evalúen y despejen las dudas sobre los riesgos que puedan afectar a la conservación de este Parque Nacional y su entorno y que, de todo ello, se mantenga informada a la ciudadanía.

Con independencia de ello, y dado que con posterioridad a esta actuación, justamente en estos días, ha tenido lugar el incendio que ha afectado tanto al entorno, como al Espacio Natural Doñana, esperamos y deseamos que, a la mayor brevedad posible, se puedan evaluar los daños causados y las medidas necesarias para paliar los efectos de este triste siniestro.

Del 15 de junio al 15 de septiembre, el Defensor del Pueblo Andaluz gestionará el certificado digital solo en horario de mañana (de 9 a 14 horas)

 

Le informamos que durante ese periodo, en horario de tarde, existen otros registros que podrán realizar la acreditación. Consúltelos en los siguientes enlaces:

 

Instituto Andaluz de Administración Pública (Consejería de Hacienda y Administración Pública)

 

Servicio Andaluz de Salud (Consejería de Salud)

 

Consejería de Turismo y Deporte

 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

 

Disculpen las molestias.

    DERECHO AL ASILO: Ya toca

    Hoy, 20 de junio, Día Internacional del Refugiado:

    1. Exigimos que las personas migrantes y refugiadas, cumpliendo con los acuerdos internacionales, puedan ejercer su derecho de asilo, de acuerdo con los estándares y tratados internacionales y europeos de derechos humanos. Que se arbitren, sin más dilaciones, medidas destinadas a proteger eficazmente la vida, la integridad, los derechos y la dignidad de estas personas.
    2. Denunciamos estos retrasos que están condenando a miles de personas a unas condiciones de vida infrahumanas, indignas de una Europa del siglo XXI.
    3. Como Defensor del Menor de Andalucía, pedimos una especial atención a los derechos y al interés superior de estos niños y niñas.
    El Defensor del Pueblo Andaluz pide en Bruselas un grupo de trabajo de los defensores europeos para garantizar los derechos de los ciudadanos tras el Brexit
    • Analiza en Bruselas la situación de Andalucía y el Campo de Gibraltar: Puerta de entrada entre Europa y África; 12.000 trabajadores transfronterizos; 80.000 británicos residentes en Andalucía; 10.000 andaluces en Reino Unido, etc
    • Aboga por reforzar el papel de los Defensores como catalizadores de las preocupaciones de los ciudadanos comunitarios y dar traslado a las respectivas instituciones: los defensores deben velar porque no haya un trato discriminatorio entre los ciudadanos
    • La Red Europea de Defensores del Pueblo está compuesta por 95 oficinas de 36 países europeos

     

    El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha participado hoy en la conferencia europea sobre las consecuencias del Brexit y su impacto en los derechos de los ciudadanos, organizada por la Red Europea de Defensores del Pueblo en Bruselas.

    Bajo el título "Brexit: aumentar la transparencia y la seguridad para los ciudadanos de la UE", el Defensor del Pueblo Andaluz ha participado en la mesa junto con la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly; Cecilia Wikström, Miembro del Parlamento Europeo y  Presidenta de la Comisión de Peticiones; Rosemary Agnew Defensora para los servicios públicos de Escocia y Assya Kavrakova, Directora Ejecutiva, Servicio Europeo de Acción Ciudadana (ECAS).

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha coincidido en que los efectos y la magnitud del "Brexit" son difíciles de determinar y cuantificar dado que el proceso está aún en una etapa muy incipiente pero sí ha querido aprovechar su intervención para pedir a la Red Europea de Defensores del Pueblo, trabajar de forma coordinada, alertando sobre las amenazas que puedan afectar a los derechos y las libertades de los ciudadanos, haciendo un llamamiento al diálogo y al encuentro, y propiciando la localización de soluciones que garanticen la mejora de los derechos y de las libertades de la ciudadanía y que atiendan a los principios que inspiran nuestro ordenamiento.

    En concreto, ha propuesto un grupo de trabajo de todos los defensores que aborden los problemas de los ciudadanos comunitarios y dé traslado de sus preocupaciones a las instituciones europeas. En la misma línea, defiende reforzar su papel como Defensor del Pueblo Andaluz para mantener informados a los ciudadanos sobre la defensa de sus derechos y cómo estos pueden verse afectados. Para el Defensor del Pueblo andaluz "los defensores también deben velar porque después del Brexit no haya trato discriminatorio a los ciudadanos europeos en el Reino Unido y viceversa". 

    El Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado ante los representantes europeos la posición geoestratégica de Andalucía, al ser la región más meridional del continente europeo y vértice geográfico natural entre Europa y África, así como la posición particular de la Comarca del Campo de Gibraltar y la incertidumbre y el temor a un cambio en el actual estatus de Gibraltar que suponga un impacto directo sobre los derechos de la ciudadanía.

    Jesús Maeztu ha expuesto los estrechos vínculos económicos, comerciales, culturales y laborales entre el Reino Unido y la Comunidad andaluza, especialmente representados por la convivencia con Gibraltar.

    En este sentido, ha puesto de relieve, la situación de los 12.000 trabajadores transfronterizos que a diario cruzan la verja; los 10.000 trabajadores andaluces que residen en el Reino Unido, la mayor parte jóvenes, e igualmente la situación de los más de 80.000 ciudadanos británicos en Andalucía, que representan un tercio del total del país.

    También ha destacado la especial relevancia de las relaciones con el Reino Unido de los sectores agroalimentario y turístico. En ambos casos, supone el 10%, aproximadamente.

    La Red Europea de Defensores del Pueblo está compuesta por 95 oficinas de 36 países europeos. La Red engloba a Defensores del Pueblo nacionales y regionales y organismos similares de los Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos a la adhesión a la UE y otros países del Espacio Económico Europeo, así como a la Defensora del Pueblo Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Cada uno de los Defensores del Pueblo nacionales y organismos similares que participan en la Red designa un funcionario de enlace que actúa como punto de contacto para los demás miembros de la Red.

     

     

    El Defensor analiza en Bruselas las consecuencias del Brexit para Andalucía

    El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Meztu, participa el próximo lunes en Bruselas en una jornada de trabajo organizada por la Red Europea de Defensores del Pueblo. El Defensor del Pueblo andaluz participará en la mesa de trabajo organizada para analizar las consecuencias del Brexit y su impacto en los derechos de los ciudadanos.

    En esta reunión, el Defensor del Pueblo andaluz expondrá ante los representantes europeos las consecuencias que tendría el Brexit en la comarca del Campo de Gibraltar y el impacto en la economía de esta zona, donde a diario cruzan la Verja unos 12.000 trabajadores transfronterizos. Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz se interesará por la situación de los 10.000 trabajadores españoles en el Reino Unido, la mayor parte jóvenes, e igualmente por los ciudadanos británicos en Andalucía, que representan un tercio del total del país.

    La Red Europea de Defensores del Pueblo está compuesta por 95 oficinas de 36 países europeos. La Red engloba a Defensores del Pueblo nacionales y regionales y organismos similares de los Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos a la adhesión a la UE y otros países del Espacio Económico Europeo, así como a la Defensora del Pueblo Europea y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Cada uno de los Defensores del Pueblo nacionales y organismos similares que participan en la Red designa un funcionario de enlace que actúa como punto de contacto para los demás miembros de la Red.

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    Exclusión financiera: Nos preocupan las consecuencias del cierre de oficinas de bancos en los pueblos

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio, dirigida a las 8 Diputaciones provinciales, ante su preocupación por la situación de exclusión financiera que sufre la población que reside en municipios rurales y dispersos por el cierre de oficinas bancarias, sobre todo, por lo que afecta a las personas más mayores o personas con dificultad en el acceso y manejo de las herramientas digitales.

    El Defensor ha alertado sobre "el importante porcentaje de población que reside en localidades pequeñas y que se ve especialmente perjudicada por el cierre de sucursales, ya que, por su edad o por otras razones, carece de una mínima cultura digital y el acceso a los medios electrónicos les resulta complicado y, a veces, imposible. Es en referencia a estas personas que se ha acuñado el término exclusión financiera”.

    La Institución viene tramitando diversas quejas sobre la prestación de servicios financieros en localidades pequeñas, que han puesto de manifiesto la problemática de exclusión financiera existente en las mismas.

    Ante la falta de soluciones a este problema y dado que es muy previsible que dicho problema vaya a extenderse a otras zonas del territorio andaluz, es por ello que solicita a las 8 Diputaciones Provinciales de Andalucía -a quienes corresponde la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de menor capacidad económica y de gestión-, para que adopten medidas que puedan ayudar a resolver la situación expuesta en esos municipios.

    Entre ellas, la Institución del Defensor señala la celebración de conciertos con las propias entidades financieras para la atención presencial; la realización de programas específicos de alfabetización financiera digital para personas mayores en zonas rurales a través de la red guadalinfo; la firma de convenios con los Ayuntamientos para formar a personas que puedan realizar labores de monitorización y ayuda a personas que necesiten realizar gestiones financieras telemáticas, etc.

    Asimismo se ha dirigido a las principales entidades financieras radicadas en Andalucía, para que promuevan posibles soluciones para la adecuada atención de sus clientes en pequeños municipios como pueden ser oficinas móviles; la utilización ocasional de dependencias municipales; el concierto con entidades comerciales o con oficinas de farmacia, etc.

    Jesús Maeztu presenta el Informe Anual del Menor de 2016

    El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado hoy al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, el Infome Anual 2016 del Defensor del Menor de Andalucía.

    En rueda de prensa, el Defensor del Menor ha destacado que el número total de actuaciones de la Defensoría en asuntos de menores y adolescentes realizadas a lo largo del año 2016 se ha elevado a 5.009, de las cuales 2.385 se refieren a quejas, y 2.624 a consultas.

    De las 2.385 quejas tramitadas, 1.872 fueron nuevas, lo que supone un incremento de la actividad de la Institución del 71,9% respecto del ejercicio anterior de 2015. El aumento señalado ha tenido especial incidencia en el número de quejas a instancia de parte, que han pasado de 970 del año anterior a 1.804 en 2016; por su parte, las actuaciones iniciadas de oficio durante el pasado año fueron 68, frente a las 75 intervenciones realizadas en 2015.

    Las reclamaciones más numerosas presentadas en 2016 afectan a la educación con un total de 731 expedientes. Destacan asimismo aquellas que contienen cuestiones relativas a la familia (155) en las que se abordan principalmente asuntos relativos a ruptura de la pareja y conflictos por la guarda y custodia de los hijos, principalmente. Las intervenciones relativas al Sistema de Protección, donde se engloban las situaciones de guarda, desamparo, tutela y medidas de protección también han adquirido un destacado protagonismo, al haberse tramitado un total de 108 expedientes.

    El Defensor del Menor de Andalucía ha destacado que este año se ha centrado en el debate sobre la desigualdad como una de las herencias que nos ha dejado la crisis económica. Esta crisis sigue afectando a miles de hogares andaluces, y en muchos de ellos habitan niños, niñas y adolescentes.

    Jesús Maeztu ha señalado que la desigualdad en la infancia es especialmente perjudicial no sólo por sus consecuencias, sino también porque las niñas y niños carecen en general de las posibilidades de modificar sus circunstancias y a menudo están sujetos a las decisiones y elecciones de su entorno familiar.

    El Defensor del Menor ha repasado los derechos analizados en el Informe bajo esta óptica, y ha subrayado cómo la desigualdad afecta por ejemplo, en la salud, en laausencia de pediatras en determinadas zonas de Andalucía, en la atención temprana,donde ha mostrado su preocupación por cómo se esté dando la prestación, o en la falta de adaptación de espacios asistenciales para menores.

    En educación, ahora las familias demandan una educación de calidad en igualdad de condiciones para todo el alumnado. Así, un elevado número de quejas tiene como protagonista a la equidad en la educación (equidad para compensar desigualdades de tipo económico, o para alumnado con necesidades educativas especiales). Jesús Maeztu ha destacado que “la educación inclusiva es una poderosa herramienta para combatir el riesgo de exclusión, porque la exclusión escolar precede a la exclusión social”. Otras reclamaciones están relacionadas con el servicio complementario de comedor escolar, o los retrasos que se producen en los pagos de las becas de la convocatoria general, gestionada por la Junta. En 2016 presentamos el informe sobre acoso escolar, qué es acoso y qué no, qué se está haciendo para abordarlo y qué soluciones proponemos, como un registro específico sobre los casos que, junto a los protocolos, ayuden a conocer mejor el acoso, y también el ciberacoso.

    El Defensor del Menor ha señalado que este ano el asunto relevante se ha centrado en el consumo de alcohol por parte de los menores, ante la preocupación de que cada año siga incrementándose el número de adolescentes que empiezan a ingerir alcohol y a edades cada vez más tempranas. El Defensor del Menor ha señalado que desde hace años hemos venido recibiendo multitud de quejas sobre las molestias sufridas como consecuencia de las concentraciones juveniles (el ruido), y sin embargo ha quedado relegada las consecuencias negativas que acarrea estos comportamientos en personas que se encuentran en pleno proceso de formación o cómo estas situaciones pueden afectar a su futuro.

    Por ello, Jesús Maeztu ha reclamado un mayor control de las normas vigentes que prohíben el consumo de alcohol de menores en las vías públicas. El Defensor del Menor ha propuesto al Parlamento de Andalucía que estudie la viabilidad de modificar la actual normativa para restringir la publicidad y el acceso de los menores al alcohol.

    El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, y la Defensora del Pueblo Estatal, Soledad Becerril, informan de las conclusiones de la 4ª reunión del grupo de trabajo constituido para la protección de menores extranjeros que llegan a Andalucía acompañados de adultos sobre los que recaen indicios de ser víctimas de trata, celebrada a instancias de ambas instituciones el pasado mes de mayo.

    1. Revisar el procedimiento utilizado para la detección de potenciales víctimas de trata entre los inmigrantes que son interceptados intentando acceder irregularmente a territorio español. Tomar en consideración la necesidad de establecer un procedimiento bien diferenciado con dos fases: la primera para el restablecimiento de las presuntas víctimas y una segunda fase para la reflexión.
    2. Un procedimiento de identificación centrado en las víctimas NO puede confundir un indicio con una prueba para el procedimiento penal. El procedimiento de identificación de una víctima de trata no puede depender de su autoidentificación y se ha de poner en marcha ante la existencia de indicios. Esto es especialmente relevante en los casos en los que existen dudas acerca de la edad de la persona o cuando viene acompañada de menores de corta edad.
    3. Los menores que acceden de manera irregular a España junto a adultos indocumentados han de ser considerados en situación de riesgo. Se han de adoptar las medidas previstas para ellos en el artículo 17 de la Ley 26/2015.
    4. Resulta imprescindible poner en marcha un protocolo nacional (con intervención de las entidades de protección de menores autonómicas) para establecer los indicios específicos para considerar a un menor de edad víctima de trata. Estos indicios han de ser conocidos por cualquier autoridad que tenga contacto con estos menores. Se ha de incluir en este protocolo de manera específica la situación de los menores de corta edad, hijos de mujeres potenciales víctimas de trata.
    5. Adoptar las medidas necesarias para que la desaparición de estos menores junto a sus madres de un centro de acogida humanitaria sea inmediatamente comunicada a Fiscalía y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se han de agilizar los trabajos para que los datos de estos menores puedan ser consultados por las autoridades policiales europeas.
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