- Organiza un Seminario de debate con la FAMP, en el que han participado las entidades financieras, asociaciones de consumidores y Tercer Sector

- Alerta sobre la situación en la que se encuentra la población afectada por la exclusión financiera, ya sea por circunstancias personales, ya sea por el lugar donde residen.

- El Defensor alerta sobre la situación de las personas mayores, las personas en situación de precariedad económica y las personas con alguna discapacidad que tienen dificultades de acceso o coste a estos servicios financieros

El Defensor del Pueblo Andaluz ha celebrado este martes una jornada de reflexión sobre la situación en la que se encuentra la población afectada por la exclusión financiera, ya sea por circunstancias personales, ya sea por el lugar donde residen.

Para el Defensor andaluz, la población más afectada son las personas mayores, las personas que se encuentran en situación de precariedad económica, las que residen en pequeños núcleos rurales donde se ha producido el cierre de sucursales o las que tienen algún tipo de discapacidad para el acceso a estos servicios financieros.

Jesús Maeztu ha recordado que los servicios financieros se encuentran incluidos entre los servicios económicos considerados de interés general por la incidencia que tienen en la vida cotidiana de las personas y por ser una herramienta necesaria para el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Es el caso del requisito de una cuenta corriente para percibir determinadas prestaciones públicas o cobrar una nómina, o la necesidad de disponer de una tarjeta de crédito para hacer uso de muchos servicios que ofrece internet, entre otros.

Es por ello que ha pedido a los agentes implicados un mayor esfuerzo en la búsqueda de soluciones y medidas para evitar que alguna persona o colectivo se pueda ver privado o limitado en el uso de estos servicios financieros básicos.

Es el caso de la situación de exclusión en la que se encuentran las personas que residen en núcleos rurales afectados por el progresivo cierre de oficinas bancarias. O la situación de las personas mayores que carecen de habilidades para el uso telemático para acceder a los servicios financieros.

También las personas con discapacidad por la falta de accesibilidad de algunas sucursales y cajeros o la situación de personas con escasos recursos económicos que no pueden asumir el coste derivado por la prestación de estos servicios.

Una preocupación que ya motivó el año pasado una queja de oficio por parte de la Institución alertando de esta situación y proponiendo algunas soluciones tanto a las entidades financieras como también a los Ayuntamientos y Diputaciones.

La celebración ahora de este Seminario refuerza esta iniciativa. El Defensor ha valorado como muy positivo y muy participativo este debate abierto, donde se han analizado las causas de la exclusión y se han formulado diversas propuestas y alternativas  que pueden ayudar a solucionar estas situaciones y favorecer la inclusión financiera de todas las personas.

Al seminario han asistido una treintena de participantes, entre ellos, las entidades financieras BBVA, Caixa, Cajamar, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Jaén, Cajasur y Santander; responsables de la FAMP, de la Diputación, la Mancomunidad de municipios de la Alpujarra, Ayuntamiento de Benaoján y de la Dirección General de Consumo, en el ámbito de la Administración, y asociaciones de consumidores y sociales (Facua, Al Andalus, Adica, Cáritas, FOAM y Cermi).   

Hemos recibido un número considerable de quejas denunciando la incidencia habida durante la realización de las pruebas de acceso a la Universidad (PEvAU), que ha afectado al examen de
matemáticas II. Según las quejas recibidas, el incidente se produce al detectarse un error en la formulación de uno de los ejercicios correspondientes a la opción B del
examen de matemáticas II. Aunque el error fue rápidamente detectado, la corrección del mismo por parte de los responsables de las pruebas demoró un tiempo que algunos cifran
en 15 minutos y otros en 30 minutos.

Esta incidencia, aparte de la reducción en el tiempo para la realización de  la  prueba,  afectó  también a  muchos de los  aspirantes al incrementar su lógico estado de ansiedad por la importancia de la prueba realizada.

Las personas que promueven las quejas recibidas manifiestan sentirse discriminados por las incidencia habidas en este examen respecto de aquellos aspirantes   que   optaron   por   la   opción   B   o   tuvieron   un   tiempo   superior   para realizar el ejercicio y, con carácter general, respecto del resto de personas que han realizado estas pruebas en otras partes del territorio nacional sin padecer
incidencia alguna.

Teniendo en cuenta la trascendencia que estas pruebas y la calificación que las mismas tiene para el futuro educativo y profesional de quienes participan,   consideramos   oportuno,   de   conformidad   a   la
posibilidad contemplada en el art. 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor   del   Pueblo   Andaluz,   iniciar   una   investigación   de   oficio   a   fin   de conocer lo ocurrido en estas pruebas y las medidas que al respecto piensan adoptarse por parte de las autoridades competentes.

A tal efecto, hemos solicitado informe a la Universidad de Córdoba, al ser la encargada este año de la coordinación de las pruebas de acceso a la Universidad   en   la   Comunidad  Autónoma   de  Andalucía   y   a   la  Comisión  de Distrito Único Universitario.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, presenta este miércoles, 20 de junio, el Informe Anual de 2017 en el Pleno del Parlamento de Andalucía.

1. Denuncia la vergonzosa e indignante situación en la que se encuentran los 629 inmigrantes que actualmente esperan a que Europa los acoja, entre ellos, niños y mujeres embarazadas.
2. Europa no puede continuar dando esta respuesta incumpliendo sus propios reglamentos. No puede ni debe seguir obviando esta realidad
3. Alerta de la situación de especial vulnerabilidad de los menores en su triple condición de «menores», de «migrantes», y de «no acompañados»
   

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alertado este jueves sobre la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los menores inmigrantes no acompañados que llegan a nuestro país por su triple condición de «menores», de «migrantes», y de «no acompañados». Y ha recordado la obligación de los poderes públicos de garantizar su especial protección en aplicación de los tratados internacionales y de las normas de todos los ámbitos.

“Europa no puede continuar dando esta respuesta incumpliendo sus propios reglamentos. No puede ni debe seguir obviando esta realidad y cómo la misma está afectando a algunos de sus socios, especialmente a aquellos países de entrada a la Unión Europea. Necesitamos ya respuestas legales, pero justas, coordinadas y solidarias”, ha dicho durante su intervención en la jornada que ha organizado junto con Save the Children este jueves en Málaga para debatir sobre uno de los asuntos que concita mayor preocupación: la inmigración de menores sin referentes familiares o de otras personas adultas que los acompañen.

Para el Defensor, la inmigración de menores es una cuestión de interés nacional y europeo, que no puede abordarse como una cuestión aislada y circunstancial que afecta a una parte concreta del territorio español o a un país concreto de la Unión Europea.

En este sentido, ha lamentado la actuación de los poderes públicos que todavía continúan sin asumirlo, a la vez que ha reclamado unas políticas desde los distintos ámbitos orientadas a ordenar y regular los flujos migratorios de menores.

“No podemos consentir, y aprovecho esta acto para denunciarlo públicamente, la vergonzosa e indignante situación en la que se encuentran los 629 inmigrantes que actualmente esperan a que Europa los acoja, entre ellos, más de un centenar de menores no acompañados, niños y mujeres embarazadas”, ha dicho, a la vez que ha recordado que situaciones similares estamos viviendo prácticamente a diario en las costas andaluzas y otros puntos de España y Europa, con la llegada de centenares de personas.

Ante la recepción de numerosos escritos de personas afectadas por el cierre de las clínicas iDENTAL demandando información sobre cómo se debe actuar en estos casos, consideramos oportuno informar de que actualmente existen ya varios procesos judiciales en curso, así como actuaciones administrativas por parte de la Consejería de Salud y por parte de los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía.

Para saber cómo actuar, facilitamos enlace a la información que ofrece el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para las personas afectadas por el cierre de alguna de las clínicas iDENTAL:
 http://www.consumoresponde.es/artículos/aviso-cierre-determinadas-clínicas-idental

Recomendamos seguir estas indicaciones y nos ponemos a disposición de cualquier persona que considere insuficiente o inadecuada la respuesta recibida de las Administraciones o entidades afectadas.

• Participamos en el II Foro Ibeoramericano de Economía Social

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha reivindicado hoy un nuevo modelo económico en un contexto de cohesión social y de equidad en la distribución de los recursos para alcanzar sociedades más justas, éticas, sostenibles e inclusivas.

En este sentido, ha apostado por la economía social como un instrumento privilegiado para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y alcanzar la necesaria igualdad y justicia social que demanda la crisis ecosocial global que atravesamos. " Lo es, porque rescata el apellido social que la economía nunca debió perder, convirtiéndose de nuevo en un medio de intercambio y desarrollo para satisfacer las necesidades humanas, y no como un fin en sí misma", ha dicho.

Durante su intervención, ha recordado que la desigualdad social y los procesos relacionados con la pobreza, la defensa del medioambiente, la igualdad de género, el respeto de los derechos humanos y la consecución de sociedades más pacíficas son hoy en día globales: tienen manifestaciones en todos los países y su superación pasa por la acción coordinada y responsables a nivel internacional.

"Es por esto, que las instituciones y los agentes sociales de todo el mundo estamos llamados actualmente a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 objetivos que abarcan muchas de las áreas necesarias para conseguir un planeta más sostenible e igualitario. Estos objetivos incluyen retos relacionados con el fin de la pobreza, con el derecho a una salud y educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, el respeto del medioambiente y la consecución de ciudades y comunidades sostenibles".

Estas declaraciones del Defensor del Pueblo Andaluz han tenido lugar durante la ponencia que ha ofrecido este miércoles 5, en Osuna, en uno de los ejes temáticos del II Foro Iberoamericano de Economía Social. Estrategia y Alianzas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, el eje sobre "Inclusión social. Economía social en Andalucía e Iberoamerica".

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, imparte hoy la ponencia marco del eje "Inclusión Social. Economía Social en Andalucía e Iberoamérica", que celebra el II Foro  Iberoamericano  de  Economía  Social. Estrategias  y  Alianzas  para  las  ODS", organizado por la Fundación  Escuela  Andaluza  de Economía Social en Osuna y Sevilla del 5, 6 y 7 de junio de 2018.

El  objetivo  de  este  encuentro consiste  en “compartir  experiencias  en  torno  a  las  dinámicas  del  conjunto  de  las  instituciones,  organizaciones  y  empresas  de  la  economía  social  iberoamericana  que faciliten  la  promoción  del  modelo  en  los  distintos  países  desde  los  Objetivos  para  el  Desarrollo Sostenible (ODS)”, en torno a cinco ejes:

1. Crecimiento Económico y Trabajo Decente

2. Ciudades y Desarrollo Local Sostenible

3. Igualdad de Género e Inclusión Social

4. Cambio Climático

5. Alianzas Estratégicas