El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y la presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España (Gemme), Rosalía Fernández Alaya, han firmado hoy un convenio de colaboración por el cual ambas instituciones coordinarán sus actuaciones y se facilitarán información. 

El Defensor del Pueblo andaluz ha apostado por la mediación como alternativa para solucionar conflictos, tanto en el ámbito judicial como en cualquier otro ámbito, ya que fomenta la participación y la cultura de paz. En ese sentido, Jesús Maeztu ha elogiado la labor de Gemme en su esfuerzo por cambiar las prácticas en la Justicia y evitar los retrasos que se producen.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la Defensoría andaluza ha incorporado de manera pionera la mediación para la resolución de los conflictos y ya otras Defensorías, como el Diputado del Común de Canarias, va a incorporarlo, a lo que confía en que les sigan las restantes. Jesús Maeztu ha destacado que, además de las dos mediadoras profesionales, el personal de la Institución se ha formado en mediación con el fin de ofrecer otro tipo de alternativas a las personas que llegan con problemas al Defensor.

Por su parte, Rosalía Fernández Alaya ha señalado que hay jueces apostando por la mediación porque hay ocasiones en los que una sentencia no resuelve el conflicto entre las partes y ha agradecido al Defensor del Pueblo andaluz el convenio "para dar un pasito más, como ejemplo de la colaboración entre instituciones", al tiempo que ha resaltado "el ejemplo encomiable que se está dando desde el Defensor del Pueblo andaluz ofreciendo a la ciudadanía esta herramienta para un mejor entendimiento con la Administración, que se sientan escuchados y obtengan respuestas". "Muchas veces solo con sentirse escuchados, sentándose con la Administración, el ciudadano ya se queda satisfecho, y en otras con una mediación correctamente planteada se puede conseguir una solución que difícilmente se hubiera enocntrado de otra manera", ha afirmado.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por encontrar un marco regulatorio que permita aprovechar las virtudes de la economía colaborativa y, en concreto, las de plataformas digitales que conectan directamente a proveedores de bienes y servicios con los consumidores potenciales.

En la inauguración de la jornada 'Las personas consumidoras ante el reto de la economía colaborativa', junto al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado que este marco regulatorio “llega tarde, porque hace bastante tiempo que esta realidad está presente en nuestras vidas", con experimentos que han ido creciendo hasta convertirse en actores importantes de la vida social y económica, como Airbnb, Wallapop, Booking...

Estas plataformas digitales, ha señalado el Defensor del Pueblo, “ha transformado radicalmente sectores económicos asentados como el de los hosteleros o el de los transportistas; con potencialidad para incidir en problemas sociales emergentes como la turismofobia o la gentrificación y poniendo en cuestión la regulación de derechos fundamentales, como la vivienda, la educación o la salud”.

Jesús Maeztu ha apostado, no por encorsetar estos modelos, sino por “diseñar un nuevo modelo jurídico y regulatorio adaptado a estas realidades económicas”, incluso “quizás sea necesario plantearse la creación de una nueva rama del derecho dedicada a regular los conflictos derivados de la nueva era digital".

El Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que está Institución pretende con esta jornada conocer si están salvaguardados los derechos de las personas consumidoras con el actual ordenamiento jurídico y, de no ser así, reflexionar sobre cuáles serían las medidas a tomar y las normas a cambiar para garantizar que esos derechos resulten plenamente garantizados en el marco de ese nuevo modelo económico.

La jornada cuenta con expertos del ámbito jurídico y con representantes de la administración de consumo, y de las asociaciones de consumidores. La jornada se inició con la ponencia de Rosa Guirado, abogada, economista y fundadora de Legal Sharing, sobre Economía colaborativa, la difícil delimitación de un concepto ambiguo. A continuación, José Carlos Cutiño, Abogado y Delegado de OCU en Andalucía, habló en una ponencia sobre La protección de los derechos de las personas consumidoras en la economía colaborativa.

Para terminar, se celebró una mesa redonda en la que intervinieron Daniel Escalona, jefe de Servicio de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía; Joaquim Bernat, jefe de Servicio de Normativa y Procedimiento Sancionador de la Agencia Catalana de Consumo; Jordi Castilla, del departamento jurídico de FACUA Andalucía; Francisco Rodríguez, consultor en economía colaborativa y fundador de startupscolaborativas.com y Rosa Guirado, con Ignacio Aycart, asesor de Área del Defensor del Pueblo Andaluz, como moderador.

Clausuraron la jornada Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, y Manuel Alejandro Hidalgo, secretario general de Economía de la Junta de Andalucía.

Los servicios sociales, la educación y la vivienda han sido los asuntos que mayor preocupación han generado a las mujeres que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz durante 2018. Un año más, la mayoría de las personas que solicitaron la intervención de este comisionado parlamentario, dirigido por Jesús Maeztu, fueron mujeres (54%).

Estos datos pertenecen a un anticipo del Informe Anual 2018 de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las conclusiones de este Informe aportan que los asuntos relacionados con la igualdad de género, la dependencia o la educación son mayoritariamente abordados por las mujeres a diferencia de los hombres.

En cambio, los asuntos que más han preocupado a los hombres son, al igual que a las mujeres, los servicios sociales y a continuación los asuntos relacionados con personal de sector público y el medio ambiente. Asimismo, las quejas y consultas sobre prisiones; agricultura, ganadería y pesca; cultura y deportes, y tráfico y transportes son los asuntos sobre los cuales los hombres reclaman en mayor número una actuación a diferencia de las mujeres.

Las mujeres presentaron ante esta institución menos quejas que los hombres (49% del total), pero son las que más acuden a los distintos mecanismos de consulta de la institución (56%).

En cuanto a las actuaciones que reclaman, se pone de manifiesto la pervivencia de los roles de género tradicionalmente asignados a las mujeres como son los ligados al cuidado de mayores y personas dependientes o la preocupación por todo lo relacionado con el derecho a la educación de sus hijos e hijas. Asimismo, las familias monomarentales alcanzan un alto grado de protagonismo como promotoras de las quejas en materia de vivienda o de servicios sociales. Esta Defensoría está implicada desde hace años en la reivindicación de la igualdad de género.

En esta materia, el Defensor del Pueblo andaluz tramitó el pasado año 307 quejas en las que de forma directa o indirecta los principios de igualdad de trato y de oportunidades han estado presentes y han sido aquellas en las que la materia transversal asignada ha sido Igualdad; 96 de esas quejas corresponden a expedientes de otros años que a 2018 aún seguían en tramite y 211 a quejas presentadas en el ejercicio de cuya gestión y resultado daremos cuenta en la próxima presentación del Informe Anual 2018.

Son casos, por ejemplo, relacionados con el empleo público, donde el Defensor del Pueblo Andaluz ha destacado las actuaciones dirigidas a corregir y prevenir situaciones de desigualdad en estos ámbitos ante la persistencia de situaciones de discriminación al no quedar garantizado el principio constitucional de igualdad y no aplicarse las medidas de acción positiva que aseguren la efectiva igualdad de oportunidades de todas las personas en el ejercicio de sus derechos en estas materias.

Por otra parte, el rol de género tampoco es ajeno a la salud, y aunque en las quejas de esta materia no encontramos que se esgrima el sexo femenino como un factor de discriminación, la cuestión es mucho más sutil, puesto que evidentemente existen diferencias en salud por razón de género. De hecho, es comúnmente sabido que las mujeres, a pesar de tener una mayor esperanza de vida, también se ven más afectadas desde el punto de vista de la morbilidad y la incapacidad.

Asimismo, en los expedientes de queja en el Área de menores, educación y extranjería, aparecen en un buen número de quejas las relativas a litigios en el ámbito familiar. Continuamos también recibiendo quejas de mujeres víctimas de violencia de género que cuestionan que el ente público competente proceda a retirarles la guarda y custodia de sus hijos con fundamento en el deterioro personal y psíquico que padecen precisamente por haber sido sometida durante años al maltrato de sus parejas. La publicidad sexista, la discriminación de uniformes en los colegios según sexo del alumnado o la defensa de mujeres trabajadoras agrícolas temporeras, también han sido asuntos en los que ha intervenido esta Defensoría.

En materia de servicios sociales destaca, por su novedad en esta anualidad, la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía que entró en vigor el día 1 de enero de 2018, para sustituir al Ingreso Mínimo de Solidaridad, con la naturaleza de derecho subjetivo, el cual reconoce específicamente como situación de urgencia social aquella en la que se encuentran las víctimas de violencia de género. En el sistema de la dependencia no hemos tenido particularidades dignas de reseñar durante el año 2018 atinentes a la igualdad y a la perspectiva de género, que constituyan diferencias con respecto de la importancia que representa la implicación femenina en las labores de cuidado de los miembros más vulnerables de la unidad familiar, en sentido amplio, por lo que solo citamos en este Informe algún caso aislado.

En el ámbito de los servicios de interés general y referido concretamente al servicio de suministro eléctrico, debemos destacar durante 2018 el importante número de quejas recibidas en relación con la nueva regulación del bono social eléctrico, que permite bonificar el precio de la electricidad a aquellas personas que acreditan determinadas circunstancias de vulnerabilidad social. Muchas de estas quejas traían causa de la excesiva complejidad del procedimiento de solicitud del bono diseñado en la normativa estatal de referencia, especialmente por la dificultad para acreditar la situación de vulnerabilidad alegada.

Por otra parte, especialmente dramáticas son las quejas en materia de vivienda presentadas por mujeres víctimas de violencia de género; ello debido a que a su condición de víctima se unen otros muchos factores de vulnerabilidad que agravan su situación, colocándolas al borde de la exclusión, cuando no en verdadera situación de exclusión social. Son las mujeres víctimas de esta lacra social que, además, son titulares de familias monoparentales con personas menores a cargo; ellas mismas o alguno de sus hijos e hijas, con discapacidades reconocidas; con carencia casi absoluta de ingresos, sin empleo o con empleos precarios o en economía informal; en situaciones también de extrema exclusión residencial, como es el ocupar viviendas ya sean públicas o privadas de entidades financieras sin título legal para ello; o que van a ser desahuciadas por falta de pago de la renta de la vivienda que tienen alquilada en fechas muy próximas, etc.

En cuanto al deporte, esta Institución entiende como una necesidad la integración de la perspectiva de género en el deporte, debiéndose fomentar la participación de la mujer y su visualización en el deporte, por lo que también damos cuenta de las actuaciones de oficio que hemos llevado a cabo en esta materia.

En materia de violencia de género, destacan las XXXIII Jornadas de Coordinación de las defensorías del pueblo de nuestro país, que bajo el título “Atención a las mujeres y a menores víctimas de violencia de género”, se celebraron los días 23 y 24 de octubre de 2018, en la sede del Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, cuyas recomendaciones y sugerencias hemos trasladado a la Consejería andaluza competente en la materia.

Este jueves, 7 de marzo, participamos en la jornada "Incidencia y defensa de derechos: Avanzando en derechos y políticas sociales", que organiza la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).

El Defensor del Pueblo Andaluz interviene en la inauguración, junto con el presidente de EANP-Andalucía y la secretaria general de Servicios Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

A continuación, la asesora del Área de Políticas Sociales del Defensor ofrecerá la ponencia marco "Garantía y enfoque de derechos en los diferentes escenarios y marcos de regulación"

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha explicado en Canarias, a petición del Diputado del Común, la apuesta que está llevando a cabo la Institución por la herramienta de la mediación como medio para resolver conflictos, un instrumento que ha incorporado la Defensoría y que se suma a la ya clásica supervisión de la labor de las administraciones públicas.

En su ponencia, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que ésta fue una de las principales líneas directrices que marcó desde su nombramiento: la incorporación de un nuevo modelo de intervención transversal a todas las áreas temáticas (salud, vivienda, medioambiente, cultura, urbanismo, administración local, o asuntos sociales), un enfoque diferente y mucho más participativo y creativo para la defensa de los derechos que constituyen la función esencial de la Defensoría.

Gracias a este impulso a la mediación, la Defensoría está innovando el tejido social, la forma de participación de los ciudadanos y da respuesta a las exigencias actuales de más transparencia en la toma de decisiones públicas, en la necesidad de más flexibilidad y de mayor eficacia en términos de resultados. Para Jesús Maeztu, siendo la supervisión una facultad que otorga la ley para la garantía de derechos, la mediación está en el propio ADN de la Defensoría.

“Por ello mi apuesta ha sido y sigue siendo firme y sostenida, no solo por mi apuesta personal sino porque entiendo que en el rol de defensor del pueblo va implícito el enfoque mediador”, sostuvo. En resumen, el Defensor del Pueblo andaluz se mostró convencido de que “para prevenir los conflictos y solucionar de forma eficaz las quejas que nos dirigen los andaluces y que requieren medidas rápidas y pronta solución, la mediación es una potentísima facultad que el Defensor no puede considerar como la hermana pequeña de su función esencial, sino que debe otorgársele el lugar que merece si queremos mejorar en eficacia y ubicarla en términos de igualdad de importancia al mecanismo de supervisión”.

Jesús Maeztu se congratuló de que a finales de diciembre el Parlamento andaluz aprobara la reforma del Reglamento de funcionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz para incorporar la mediación, como un primer paso del reconocimiento normativo. “Hoy tenemos, aprobada la reforma del art. 26 del Reglamento que incorpora expresamente la mediación como modelo de intervención y con una innovación tremendamente importante: la incorporación de la sesión informativa a las partes, incluida por supuesto la administración afectada, de manera preceptiva”, aportó el Defensor del Pueblo andaluz.

El Diputado del Común trabaja para incorporar a sus servicios este modelo de mediación pionero del Defensor del Pueblo andaluz.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha emitido una Resolución dirigida a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la que recomienda que, previo análisis y valoración de la situación, se adopten conclusiones acerca de los medios personales y, en su caso, de otra índole, que resultan imprescindibles para permitir que se resuelva el procedimiento para conceder la Renta Mínima de Inserción (RMI) en los dos meses establecidos por el artículo 32.2 del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, acordando en consecuencia los refuerzos, incrementos y medidas que procedan.

En esta resolución, a partir de la queja de oficio iniciada, el Defensor del Pueblo andaluz promueve que se adopten medidas para la formación de los servicios sociales comunitarios y así mejorar los instrumentos a su disposición para resolver de forma ágil las posibles dudas planteadas en cada solicitud en particular y suplir las deficiencias o lagunas de conocimiento en general. Esta Institución considera que, ante los déficits de información, asesoramiento y atención a la ciudadanía, únicamente una información y asesoramiento adecuados permiten un correcto ejercicio de los derechos.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz insta a que se corrijan las disfunciones en la aplicación del este decreto ley y de las reglas de su procedimiento administrativo. En particular, el Defensor del Pueblo andaluz se refiere a la acumulación o inadmisión de solicitudes sucesivas de un mismo solicitante, con el fin de garantizar prácticas homogéneas. En todo caso, subraya el Defensor del Pueblo andaluz, es preciso que la Administración complete los modelos de inadmisión por esta causa y advierta a la persona interesada de su derecho a desistir de la petición anterior en curso para formalizar una nueva.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz recomienda que la Administración se pronuncie sobre las medidas que hayan de acometerse para evitar que las resoluciones desestimatorias del derecho recaídas en mora de la Administración, hagan a la persona interesada cargar con consecuencias desfavorables, imputables a su falta de diligencia. Para el Defensor del Pueblo andaluz, deben corregirse especialmente aquellas denegaciones fundadas en no haber mantenido el solicitante determinados requisitos durante el tiempo de la tramitación de la prestación, ya que la norma establece que los requisitos se cumplan en el momento de presentación de la solicitud, durante todo el proceso de tramitación y que se mantengan mientras se esté percibiendo. Sin embargo, este precepto ha dado lugar a situaciones injustas, ya que el expediente administrativo tarda en ser resuelto una media de ocho meses, en cuyo transcurso son muy diversas las situaciones personales y laborales que puede atravesar una familia en situación de necesidad.

El Defensor del Pueblo andaluz, ante las quejas que nos han venido dirigiendo la ciudadanía denunciando retrasos y dilaciones en la tramitación de esta prestación y otro tipo de disfunciones, inició esta queja de oficio para conocer si está funcionando adecuadamente la nueva Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.

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Nunca ha sido voluntad de esta Institución la prohibición de menores con diversidad funcional en estas pruebas, más bien al contrario. Esta institución alienta los valores y beneficios de la práctica deportiva en los niños y las niñas, en especial para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, y destacamos la condición de factor corrector de desequilibrios sociales que tiene el deporte.

Dado que en pruebas como la Media Maratón o la Maratón la participación de menores está prohibida, sugerimos al Ayuntamiento de Sevilla que anexe en la convocatoria una normativa específica para participantes menores de edad con diversidad funcional asistida. Como precedente, el Ayuntamiento así lo ha incorporado en el Circuito de Carreras Populares #Sevilla 2018, una iniciativa que esta Institución comparte y elogia.

Por tanto, esta Institución persigue simple y llanamente que las administraciones incorporen unas condiciones de seguridad que garanticen que todos los niños y niñas con diversidad funcional participen en las carreras con toda seguridad. En ningún caso esta Institución ha pretendido prohibir la participación de estos menores, como se ha interpretado erróneamente. En ningún caso esta Institución considera que con esta actuación se restrinja la participación de menores de edad en pruebas deportivas y solo reclama la existencia de medidas de seguridad en beneficio de los menores participantes.

Por ello el Defensor del Menor, Jesús Maeztu, solicitó una entrevista con responsables de Carros de Fuego, celebrada el pasado miércoles 23 de enero, y donde se aclararon algunos malentendidos. El Defensor del Menor de Andalucía ha intentado explicar en todo momento a la asociación este procedimiento y ha recibido información de la asociación Carros de Fuego sobre medidas positivas en materia de seguridad. Entre las medidas acordadas, el Defensor del Menor anunció que se ocuparía personalmente de atender las actuaciones sobre la cuestión. Aclarados malentendidos y posibles disfunciones, el Defensor del Menor se puso a disposición de estos menores y sus padres para conseguir la promoción de estas actividades con todas las garantías en Andalucía.

El Defensor del Pueblo Andaluz, acompañado por las responsables de Áreas de Vivienda, Menores y Servicios Sociales, se ha reunido este lunes, 21 de enero, con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, para explicarle nuestras actuaciones en defensa de los derechos de los colectivos más desfavorecidos.

En el encuentro, el Defensor le ha informado de nuestras actuaciones con los colectivos de etnia gitana, inmigrantes, familias vulnerables, mujeres y menores víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y quejas concretas sobre las dificultades de las personas sordomudas, la religión en los centros educativos andaluces, etcétera.

El Relator se encuentra en España de visita oficial hasta el próximo 25 de enero para conocer la situación de las minorías en nuestro país.

El Relator Especial de Naciones Unidas tiene el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar y superar los obstáculos a la realización de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, identificar las mejores prácticas, aplicar una perspectiva de género y promover la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.