• El artículo 46 del Estatuto de Autonomía para Andalucía no hace distinción alguna. Por tanto, pueden ser objeto de tutela y protección los derechos fundamentales, tal sería el caso de la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la igualdad, como los denominados "derechos sociales"; si bien estos últimos se protegen de acuerdo con la legislación que los desarrolla. Tal es el caso del derecho a un medio ambiente adecuado, una vivienda digna, a la protección de la salud, a la integración de quienes poseen una discapacidad, etc.

• Cualquier persona, nacional o extranjero, que estime que han sido vulnerados sus derechos constitucionales por la Administración Autonómica y, dentro de su ámbito competencial, por la Local, así como las entidades públicas dependientes de estas Administraciones
• También puede hacerlo quien estime que las normas que regulan el reconocimiento, acceso y protección de los derechos deben ser modificadas para mejorar su tutela efectiva, sin que, necesariamente, se haya producido una irregularidad.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla que una Ley regulará la Institución del Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma, como Comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos y libertades del Título I de la Constitución Española.

Con esta publicación reeditamos un texto que recoge la normativa reguladora de esta Institución, constituida por la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, y por diversas normas reglamentarias.