El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha aportado hoy que más de 22.000 personas solicitaron una actuación de la Institución durante 2018.
En su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones para exponer el resumen del Informe Anual 2018, el Defensor del Pueblo andaluz ha saludado por primera vez a los componentes de esta Comisión parlamentaria, cuya composición obedece a los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Jesús Maeztu ha ofrecido su colaboración y ha deseado una relación “cordial y fructífera”. “Uno de los cometidos de mi trabajo es visualizar los problemas porque, si los visualizo, no los escondo, y si no los escondo, los soluciono”, ha señalado el Defensor.
Como datos del Informe, el Defensor ha recogido que fueron un total de 24.761 actuaciones, repartidas en 10.915 quejas, de las que, la mayor parte, 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; 13.117 consultas y 729 actividades de promoción de derechos. Según ha comentado el Defensor, estos registros son los más elevados en la historia de la Institución, tanto en quejas nuevas y en el total de tramitadas como en consultas. Con respecto al año anterior al del Informe, el número de quejas se incrementó un 11,2% y el de consultas un 26,3%. Con respecto al inicio del mandato, el número de quejas presentadas se elevó casi un 10% y el de consultas un 56,8%.
Como reflexión, el Defensor del Pueblo andaluz ha considerado que, “pese a los mensajes de recuperación, de que la crisis se ha quedado atrás, todavía hay colectivos que padecen los efectos de la crisis económica, con secuelas que serán difíciles de subsanar”. “Todavía hoy se detectan núcleos de personas para quienes lo peor de la crisis aún no ha pasado y que necesitan de urgencia rentas de inserción para evitar la exclusión y la pobreza; ayudas para evitar el desahucio de sus viviendas; recursos para mantener a sus hijos a salvo de la pobreza infantil...”, ha subrayado Jesús Maeztu.
No obstante, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado “un aspecto positivo, la reacción que ha producido en la sociedad, con movilizaciones dirigidas a la recuperación de los derechos”. “Pensamos que la crisis nos ha proporcionado una valiosa lección: vamos siendo más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación”, ha señalado.
En cuanto a las materias, el Defensor ha indicado que en educación bajaron los conflictos por el proceso de escolarización, pero siguen siendo habituales las reclamaciones relacionadas con la educación especial.
En salud, de nuevo el protagonismo recayó en la reclamación vinculada a los tiempos de respuesta asistencial, que en sus distintas vertientes (primeras consultas de especialidades, otras consultas, procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas de todo tipo). Como novedad en este ejercicio, tuvieron gran acogida por su actividad y destacaron por su importancia las conclusiones del Informe Especial sobre derechos de las personas en el proceso de muerte presentado en 2017.
En dependencia, los puntos de discordia se concentraron en las vulneraciones del plazo para resolver el procedimiento administrativo. En servicios sociales, el Defensor apuntó las críticas sobre deficiencias de personal, sobrecargados por el aumento de la población destinataria de su intervención, así como un incremento de funciones y demandas ciudadanas a las que dar respuesta, que no parece nacer acompañada de la suficiencia de medios.
El Defensor destacó las expectativas generadas tras la aprobación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, aunquer denunció los retrasos en el acceso a este reconocimiento, de ocho meses de media, en lugar de los dos meses preceptuados para que la resolución sea dictada y notificada.
En vivienda, Jesús Maeztu señaló que un gran número de familias no puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, un fenómeno agravado por las aún elevadas tasas de desempleo, la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el alza de los precios del alquiler, entre otras cuestiones. Mención aparte hizo con las ayudas al alquiler convocadas por la Junta de Andalucía, que evidenció un año más fallos en su gestión y fue de nuevo foco de las quejas de la ciudadanía.
En Menores, el Defensor del Pueblo andaluz destacó la atención a la llegada de menores de edad migrantes no acompañados y anunció que en el Defensor del Pueblo andaluz acogerá en Andalucía las Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, cuyo tema central será este año la atención y acogida de los menores inmigrantes no acompañados (Menas).
En Justicia, el Defensor apuntó las carencias estructurales de esta función pública y la situación de colapso en algunos juzgados, así como con las circunstancias coyunturales que agravan este servicio. En Prisiones, destacó las quejas de oficio sobre los problemas de la población reclusa sorda; las medidas para el fomento del ejercicio de voto para los reclusos o hemos requerido información acerca de los criterios para la presencia y acceso de menores en las visitas a los internos.
El Defensor del Pueblo andaluz destacó las actuaciones realizadas en una materia transversal como la igualdad, con especial atención a la violencia de género; las actuaciones destinadas a la igualdad de derechos de las personas con discapacidad o el seguimiento a las entidades que prestan servicios de interés general, tanto en el suministro de luz y agua, como en servicios financieros.
También destacó la labor realizada en la protección de Doñana, sobre el que lleva trabajando tres años; las quejas relacionadas con la protección del patrimonio y el deporte; el Empleo Público; la Administración Tributaria, o el Urbanismo, Movilidad y Accesibilidad donde se han abordado cuestiones de planeamiento urbanístico, licencia de obras, disciplina urbanística, deberes en materia de conservación de inmuebles, ordenación del territorio...
Como balance interno, el Defensor del Pueblo andaluz destacó las 21 visitas realizadas por la Oficina de Información y Atención Ciudadana, seis de ellas en 2018, visitando las comarcas andaluzas para acercar la institución y pulsar directamente las preocupaciones de la población residente en pueblos pequeños y medianos y en otras zonas rurales con problemas específicos preocupantes.
Asimismo, durante el pasado año la Institución asentó el Servicio de Mediación profesional y especializado, que obtuvo el pasado año el respaldo jurídico en el Parlamento en un primer paso a nivel reglamentario. El pasado año este servició gestionó 154 quejas, por encima de las 100 que calculamos como previsión. Esta fórmula de resolución de las quejas más dinámica y participativa ha motivado el interés por implantarla de las distintas defensorías del país, comenzando por el Diputado del Común de Canarias, el Ararteko del País Vasco o el Justicia de Aragón.
